Política
Presidente de la Corte denunció registro de teléfonos a su nombre en Misiones
El presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti denunció que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre, registradas en Misiones y con prefijos de la tierra colorada.
El magistrado realizó la presentación judicial el miércoles en los tribunales de Comodoro Py, informó el portal de noticias Infobae.
Según el diario porteño, las líneas fueron habilitadas en enero pasado, y Rosatti se enteró cuando comenzaron a llegarle a su casa reclamos de una empresa de telefonía de la que ni siquiera es cliente, exigiendole el pago de facturas adeudadas, por lo que el magistrado le envió una carta documento.
“Estimado Horacio Rosatti, estamos procesando su pedido, cuando tengamos novedades lo contactaremos”, fue la respuesta de la empresa, según publicó el medio porteño.
El juez plantea en su presentación judicial que el registro de las cuatro líneas telefónicas falsas a su nombre puede guardar relación con la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia recayó en el juzgado de federal a cargo de Marcelo Martínez Giorgi, y el delito penal que pudiera desprenderse del hecho que se investiga es el de falsificación de documento de identidad, que prevé de uno a seis años de prisión.
Gurises
La denuncia de Rosatti se produjo en medio de investigación del hackeo del teléfono celular del ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que también se efectuó desde la tierra colorada, más precisamente desde Eldorado.
Esta semana, uno de los cinco misioneros acusados del hackeo del ex funcionario de Horacio Rodriguez Larreta, varios jueces federales, un fiscal y un diputado del PRO, confesó haber cobrado $15.000 por cada objetivo.
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, de 22 años, relató los pormenores de los ataques a los teléfonos móviles de D’Alessandro, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba, Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.
Indagado por la fiscal especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, y la jueza Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°29 de Caba, el jóven contó que lo contactaron por Telegram, que le pagaron $15.000 por cada ataque, y que el pago se efectivizó con criptomonedas.
Nuñes Pinheiro dio a entender que por “la terminología” que manejaba quien lo contactó, a través de un perfil registrado como “ElJuanxd”, sería misionero. “Utilizaba la palabra ‘gurises’”, indicó.
El joven desligó al resto de los acusados por el hackeo de los teléfonos de los funcionarios porteños, su padre Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, Antonio Aquino, Julio César Escobar y Cecilia Mercado, cuyos domicilios en la capital del trabajo fueron allanados por Dupuy.
Hackeo misionero
Según fuentes de la investigación, la banda de hackers de Eldorado venía intentando violar los teléfonos del funcionario porteño, y los jueces y fiscales federales, desde mayo de 2022.
En septiembre, irrumpieron en los celulares de Basso, Hornos y Giménez Uriburu; y más tarde, en octubre, concretaron el hackeo a Santilli y D’Alessandro.
El hackeo del teléfono del ministro porteño se registró en la tarde del 19 de octubre, a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, que a la vez aparece como la técnica más común.
Entre los chats filtrados se cuentan conversaciones del ex funcionario de Rodríguez Larreta con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti.
En las conversaciones filtradas hablaban de cómo encubrir con facturas truchas el viaje “secreto” a la mansión del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro, de jueces, fiscales y Ceos del grupo Clarín en los primeros días de octubre de 2022.
Política
Presupuesto: misioneros votaron capítulo contra discapacidad y universidades
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
Política
ATE y CTA marcharon en Posadas contra la reforma laboral
Trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), provenientes de organismos provinciales, municipales y delegaciones nacionales en Misiones, marcharon desde el Mástil de Uruguay y Mitre hacia la Plaza 9 de Julio en rechazo a la Reforma Laboral Regresiva que propone el Gobierno Nacional, entre otros reclamos afines.
La concentración inició a las 9 en la sede de ATE, ubicada en calle Salta 2362 de la capital provincial, y se masificó minutos más tarde en el Mástil, donde confluyeron distintas organizaciones sociales y políticas.
La columna de manifestantes sostuvo durante su recorrido un pasacalle sobre el que plasmaron: “No a la reforma laboral. Unidad del pueblo trabajador. Fuera Milei”.
Al petitorio incorporaron la urgente apertura de paritarias y convocatoria a mesas sectoriales, como también el cumplimiento de los acuerdos pactados en mesas: contratos, recategorizaciones y pases a plantas.
En la Plaza 9 de Julio también estuvieron presentes los estudiantes, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), sector que también exige mejoras laborales y salariales en defensa del Conicet.
Jornada de movilización y protesta
En horas de la tarde, los trabajadores nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) harán lo propio con una concentración que iniciará a las 15 en el Mástil de Uruguay y Mitre.
Allí estarán presentes los referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otras organizaciones sociales y políticas provenientes de la izquierda, quienes sostendrán el mismo reclamo.
En tanto, la mayor movilización se realizará de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las CTA, la CGT, piqueteros, agrupaciones de izquierda y sectores del Partido Justicialista (PJ) llevarán el reclamo con una marcha hacia el Congreso de la Nación.
El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
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