La Cámara de Representantes de Misiones aceptó este jueves la renuncia del legislador de Activar, Pedro Puerta, que el yerbatero presentó a principios de julio pasado.

La renuncia de Puerta tuvo un trámite express, que no ocupó debate y fue aceptada por unanimidad de los 36 legisladores presentes en el recinto.

La moción fue presentada por la diputada renovadora Mabel Cáceres, y el yerbatero será reemplazado por el también apostoleño Juan Ahumada, dirigente de Activar, que completará el mandato de Puerta.

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La Legislatura provincial aprobó hace minutos la adhesión de Misiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), un programa contenido en la ley Bases 27.742 del gobierno de Javier Milei, que tiene como objetivo atraer y fomentar inversiones de gran escala en Argentina.

El acompañamiento al proyecto barrió todo el arco político de la Cámara de Representantes, con excepción de los diputados del PAyS, Cristian Castro y Blanca Alves, y se aprobó por 33 votos a favor y 2 en contra.

De esta manera, Misiones se acopla al grupo de 15 provincias que adhirieron al Rigi en el país: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

El proyecto fue presentado por la diputada renovadora Suzel Vaider, quien definió al Rigi como “una herramienta para atraer inversiones que superen los 200 millones de dólares, para aumentar la exportación, la transferencia de tecnología, la generación de empleos calificados, a cambio de beneficios impositivos y aduaneros”.

“Misiones lidera hace 50 años la cadena de valor de la foresto industria, con el papel, la madera aserrada, la celulosa”, indicó y remarcó: “Misiones es pionera en la energía renovable a partir de la biomasa forestal hace medio siglo”.

“Es allí, donde este Rigi podría ser un incentivo más para generar inversiones”, destacó.

“No se instalan empresas donde hay problemas de recursos humanos, materia prima, energía”, afirmó. “Nosotros tenemos recursos formados, gerentes, mandos medios, jóvenes con entrenamiento digital”, ponderó.

El apoyo sumó las palabras del ex radical Javier Mela, la macrista Analía Labandoczka, del PRO, y Lilia Noemí Torres, de la UCR Misiones.

Rechazo por “entreguista”

En solitario, se expresó el legislador del PAyS, Cristian Castro, quien calificó al Rigi como “un régimen de entrega de la soberanía y los recursos a corporaciones extranjeras” y adelantó el rechazo de su bloque.

“Esta no es un apolítica de desarrollo, es un régimen de entrega”, advirtió Castro y aseguró: “Detrás del discurso se esconde un modelo que beneficia a un puñado de corporaciones, afectando el trabajo argentino y la industria nacional”.

“Otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos, nunca vistos a los grandes grupos económicos, mientras las Pyme están desprotegidas”, alertó.

“Es una hipoteca de la soberanía, permite litigar contra el Estado en tribunales internacionales”, advirtió y opinó que “la Ley Bases no puede estar por encima de la legislación provincial que tiene rango constitucional”.

“Si realmente se defiende a Misiones, no podemos votar un esquema que hipoteca, que profundiza la desigualdad, mientras el pueblo trabajador sufre el tarifazo y la motosierra”, proclamó.

“¿De qué lado estamos, del lado de los productores o de los fondos buitres que vienen por nuestras chacras y nuestro acuífero guaraní?”, lanzó Castro.

Votar a favor es entregar el agua, condenar a las industrias locales a competir en desventaja con los grandes grupos económicos multinacionales”, alertó y afirmó: “El Rigi es una herramienta del neoliberalismo por un modelo primario dependiente”.

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Los legisladores del PRO, Analía Labandoczka y Horacio Loreiro presentaron un proyecto de comunicación en la Cámara de Representantes de Misiones, con el objetivo de que el Poder Ejecutivo intervenga en la disputa de tierras privadas en Colonia Polana. Se trata de una segunda iniciativa sobre el caso, luego de la expuesta por el diputado del Partido Libertario, Javier Mela, la semana pasada.

En el documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones, los firmantes sostienen que “verían con agrado” que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, “informe sobre las denuncias realizadas por los ciudadanos en relación a la usurpación de tierras, tráfico de influencias y abuso de autoridad en la localidad de Colonia Polana, Departamento San Ignacio, Provincia de Misiones”.

Se trata de la denuncia presentada por los hermanos Germán y Julio Llanos, contra el primer concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, quien había presentado un boleto de compra venta con la supuesta firma del padre de los hermanos, Julio César Llanos, para la compra de 107 hectáreas en 2013.

Al observar irregularidades en la firma de su padre, los hermanos solicitaron una pericia documentológica acompañada por varias acciones judiciales, tanto civiles como penales, caratuladas como “estafa” y “falsificación de instrumento público y privado”, las cuales se encuentran en trámite ante el juzgado de Instrucción de Jardín América.

Búsqueda de “seguridad” y “confianza”

Los diputados, Loreiro y Labandoczka solicitan conocer “el estado actual de las actuaciones judiciales vinculadas a la presunta falsificación de un boleto de compraventa atribuido al padre de los denunciantes, Julio César Llanos, y medidas adoptadas para garantizar la posesión legítima de los inmuebles en disputa”.

En segundo lugar, plantean la “participación y actuación de la Policía de la Provincia de Misiones en relación a los hechos denunciados. Informar sobre posibles irregularidades, medidas disciplinarias adoptadas y situación actual del personal involucrado perteneciente a la comisaría local”.

A su vez, requieren tener conocimiento sobre las “acciones implementadas por el Poder Ejecutivo y la Justicia Provincial para garantizar la seguridad e integridad física de los denunciantes, dado que manifestaron haber recibido amedrentamientos tras iniciar sus reclamos judiciales”.

De esta manera, recordaron que “el presente pedido de informe tiene por objeto esclarecer los hechos denunciados públicamente a través del medio digital “La Voz de Misiones” donde una familia manifiesta ser víctimas de usurpación de tierras que poseen desde hace más de tres generaciones en Colonia Polana”.

Y resaltaron: “El involucramiento de autoridades locales y provinciales, sumado a la inacción o complicidad señalada en el ámbito policial, demanda respuestas claras y verificables. Resulta imperioso que este Alto Cuerpo Legislativo acceda a información precisa sobre los hechos suscitados a fin de garantizar transparencia y el resguardo de los derechos de los ciudadanos afectados”.

Finalmente, el pedido se fundamenta en la necesidad de “brindar seguridad jurídica y confianza en las instituciones”.

Y concluye: “La ciudadanía debe tener la certeza de que el Estado actúa de manera imparcial frente a situaciones que involucran posibles delitos de falsificación documental, usurpación de tierras, abuso de poder y tráfico de influencias”.

La semana pasada, el diputado provincial por el Partido Libertario, Javier Mela, presentó una iniciativa similar frente al cuerpo legislativo. Sin embargo, no logró obtener debate en el recinto al ser rechazada con 24 votos.

Legislatura rechazó pedido para investigar conflicto territorial en Colonia Polana

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