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Oscar Thomas, juicio por corrupción y el espía de la era K

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La fiscal que investiga la mega causa conocida como los Cuadernos de las coimas, denunció por “retardo de justicia” a los tres jueces que tienen que llamar a juicio, y exhortó a que se fije fecha “de manera urgente” para el debate oral.

El 31 de julio se cumplirán seis años de la aparición pública de la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, una investigación por corrupción en la obra pública que involucra a empresarios y varios ex funcionarios kirchnerista, y que señala como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner.

En la misma causa iniciada en 2018, también está procesado Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá –EBY– durante la presidencia de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández, *entre los años 2003 y 2015.

El 1 de agosto de 2018 el arquitecto misionero fue de los primeros imputados por el fallecido juez Claudio Bonadío. Estuvo 48 días prófugo hasta que fue capturado por la Policía Federal en un departamento de Barrio Norte, en Ciudad de Buenos Aires.

Thomas estuvo siete meses detenido en el penal de Ezeiza, pero no soportó el encierro y, luego de que él mismo confesara dos intentos de suicidio, le concedieron el arresto domiciliario con tobillera electrónica y estricto control médico. Tres meses después consiguió la excarcelación bajo caución de 60 millones de pesos y ahora espera el juicio en libertad.

A principio de la semana pasada, la fiscal federal Fabiana León, que lleva adelante la acusación, hizo un planteo en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que exhorte a los jueces Enrique Martínez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7, a que “de manera urgente” fijen fecha para el debate oral.

Según publicó Infobae, la fiscal León afirmó en su escrito ante el tribunal de alzada que “la dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces”.

“Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad que este Ministerio representa”, señaló.

El mega juicio

El ex director ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas, quedó ligado a la investigación tras ser mencionado en los cuadernos que dieron origen a la causa por corrupción más importante de la historia en Argentina.

El autor de los escritos es Oscar Centeno, quien era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, el ex ministro de planificación entre 2003 y 2015. Mientras hacía los recorridos recolectando las supuestas coimas para sus jefes, el ex militar anotó durante años y con muchos detalles los movimientos que luego denunció.

En las anotaciones, Centeno ubica a Thomas como protagonista en más de una ocasión durante la supuesta entrega de dólares que iban a parar a las manos de funcionarios del Poder Ejecutivo kirchnerista, por lo que fue imputado como integrante de la asociación ilícita cuyo liderazgo se atribuye a CFK.

El abogado de Oscar Thomas, Juan Manuel Ubeira, abona a la teoría de que todo se trata “un extraordinario armado para criminalizar a funcionarios y empresarios y borrar la obra pública nacional”, señaló a La Voz de Misiones y opinó que “es muy probable” que Casación rechace el recurso de la fiscal, por cuanto “existen acciones pendientes que piden la nulidad del juicio a la Corte”.

DEFENSOR. Juan Manuel Ubeira representa los intereses de Oscar Thomas.

Ubeira planteó también el desafío que representa la realización del juicio, que implicaría un despliegue logístico “sin precedentes en la historia judicial argentina”.

 “Es un juicio que tendrán que hacer en el Luna Park, no hay sala de tribunal en el país que pueda albergar a todos los acusados, los abogados de cada uno, el tribunal, sus miembros, asistentes y secretarios”, argumentó el abogado de Thomas.

En septiembre del año pasado, la fiscal Fabiana León publicó un informe en el que detalló que fueron investigados 540 hechos de corrupción, con 159 imputados (todos esperan el juicio en libertad), y 899 testigos en lo que configura “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina, comparable a unas pocas a nivel mundial”.

Mi vecino, el espía

Los 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner alumbraron el crecimiento del misionero Oscar Thomas al frente de la hidroeléctrica Yacyretá mientras que, en las sombras, otro hijo de la tierra colorada también alcanzó notoriedad: Ramón Allan Héctor Bogado, un ex espía de la Secretaría de Inteligencia (SI) que fue señalado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como el nexo entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los iraníes investigados por el atentado terrorista a la AMIA.

Según aquella investigación del fiscal Nisman, Allan Bogado era el contacto oculto entre el gobierno argentino y los iraníes señalados en la investigación sobre el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para la investigación del atentado perpetrado a la sede de la mutual judía el 18 de julio de 1994.

BOGADO. El ex espía fotografiado en una nota con el diario Perfil en enero de 2020.

El ex espía confesó en notas periodísticas su rol dentro de los servicios de inteligencia dejando al descubierto el alcance de sus contactos y relaciones con el mundo del espionaje.

Allan Bogado declaró frente al extinto juez Claudio Bonadío en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego dijo que el gobierno de Mauricio Marcri lo obligó a hacerlo. No quedó detenido ni un solo día, aunque perdió su condición de hombre desconocido y, probablemente, su carrera dentro del espionaje.

Ahora, el ex agente secreto nacido el 15 de mayo de 1970 en Leandro N. Alem, pasa sus días entre Buenos Aires y Misiones. “Allan es un hombre con muchos vínculos. A algunos les ofrece negocios con empresarios extranjeros y, a otros, información, carpetazos que pueden utilizarse fácilmente para cuestiones de política local”, comenta una fuente consultada por LVM para conocer más del enigmático personaje fotografiado en varias oportunidades cuando otorgó notas a la prensa.

EX ESPÍA. Allan Bogado entrevistado por Gustavo Silvestre para C5N.

La fuente revela que Bogado tendría información sensible de actores de la escena política local: “montó una especie de aparato de inteligencia y hay algunos opositores a la renovación que comenzaron a utilizar sus servicios”.

Otra de las fuentes consultadas por este medio ubicó a Bogado en un departamento con vista al río en un edificio de la calle Sargento Cabral, en el barrio de Villa Sarita, en Posadas. “El edificio es de los hermanos Thomas. Cuando viene Allan, suele quedarse ahí. Pero no sé qué relación tiene con los Thomas, a lo mejor son solo vecinos”, ironizó entre risas.

 

Política

Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ

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PJ

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.

Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.

“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.

El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.

“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.

El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.

El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.

Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.

En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.

 

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Política

En medio de protestas, se trata la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil

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Reforma laboral protestas

Con la movilización de alrededor de 100 gremios, un corte con incidentes sobre la avenida 9 de Julio y una movilización hacia Plaza Congreso, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para debatir la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Desde tempranas horas de la mañana, la situación generó caos y tensión en la zona, debido a que la interrupción del tránsito -protagonizada por manifestantes de diferentes agrupaciones- fue sorpresiva y tomó diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según un informe del Same, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.

En tanto, entre los manifestantes se observaron personas mayores que sufrieron forcejeos y enfrentamientos con efectivos policiales, tensión que en el transcurso de la mañana se trasladó hasta el edificio del Congreso, donde está previsto que a las 11 inicie la sesión en la que senadores oficialistas y aliados buscarán aprobar ambos proyectos impulsados por Javier Milei.

Tanto el proyecto de reforma laboral como el de régimen penal juvenil, fueron aprobados por la Cámara de Diputados previamente y podrían quedar sancionados este viernes en el Senado.

Las iniciativas cuentan con el respaldo de una coalición heterogénea liderada por La Libertad Avanza (LLA), junto al apoyo clave de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunos bloques provinciales.

Con los votos de los misioneros, Diputados aprobó la reforma laboral de Milei

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Senado aprobó Ley de Glaciares con los votos de Arce, Rojas Decut y Goerling

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Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, el Senado de la Nación aprobó esta noche la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua potable, y achicó el escudo para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.

Los misioneros, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, acompañaron la media sanción de la ley, que pasa ahora a la Cámara de Diputados.

El pleno convalidó el proyecto del gobierno de Javier Milei, mientras en las redes se viralizaban las fotos de los activistas de Greenpeace y el camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, tirado al piso y golpeado a patadas por efectivos de la Policía Federal.

Ante la ausencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que se encuentra de viaje en Chile, donde participa de la IV Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi), la vocera de la represión en las afueras del Congreso fue la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

“Ya no soy ministra de Seguridad”, se escudó Bullrich, pero informó de un sumario contra el policía que se ensañó con Tedeschini.

Calificó la conducta del agente como “reprochable” y “desmedida”. Afirmó que “hubo una conducta que no fue normal” y que el jefe de la Policía Federal ya había tomado medidas al respecto.

Compatible

En el debate, que se desarrolló por varias horas, luego de que el pleno tratara el acuerdo del Mercosur – Unión Europea, participó la misionera Rojas Decut, quien aseguró que la reforma de la ley de glaciares no compromete el medioambiente.

“Este no es solo el debate de la modificación de una ley, sino de una visión de un país que queremos construir”, dijo Rojas Decut.

“Misiones no tiene glaciares, tiene reconocidos recursos naturales y un reconocido liderazgo en materia climática; Misiones es la provincia con mayor biodiversidad en la Argentina”, alegó.

“Nos hemos posicionado en los mercados de carbono, con una categoría doble A, que solo ha logrado el 0,2 % de programas ambientales en el mundo; lo que legitima la integridad y calidad de la gestión ambiental en Misiones”, señaló.

La parlamentaria misionera argumentó que el proyecto “representa la demostración de que el desarrollo sostenible, cuando se apoya en la institucionalidad es posible”.

“Defendemos la institucionalidad ambiental, creemos en el desarrollo sostenible; estamos convencidos que no podemos hipotecar nuestros recursos estratégicos, pero tampoco podemos condenar a nuestra Argentina a la improductividad”, afirmó.

“Las provincias son dueñas originarias de sus recursos, por lo tanto, deben ejercer sus atribuciones con base científica, evaluaciones y participación ciudadana”, agregó y aseguró que “el tenor de la reforma es compatible con el ‘principio de no regresión ambiental’ del acuerdo de Escazú”, que fue ratificado por el Congreso Nacional en 2020, mediante la Ley 27.566.

“Misiones puede afirmar con absoluta seguridad, porque supo construir todo un ecosistema de leyes de vanguardia, en una provincia que brinda servicios ecosistémicos no solamente en la Argentina”, dijo Rojas Decut.

“Nosotros consideramos que estas reformas no significan una reducción de la protección ambiental; no se bajan los estándares, se clarifican las competencias, se ordenan los criterios y se fortalecen los procesos de evaluación científica y ambiental”, afirmó y planteó: “El tenor de la reforma es plenamente compatible con el principio de no regresión ambiental”.

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