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Oscar Thomas, juicio por corrupción y el espía de la era K

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La fiscal que investiga la mega causa conocida como los Cuadernos de las coimas, denunció por “retardo de justicia” a los tres jueces que tienen que llamar a juicio, y exhortó a que se fije fecha “de manera urgente” para el debate oral.

El 31 de julio se cumplirán seis años de la aparición pública de la causa conocida como los Cuadernos de las coimas, una investigación por corrupción en la obra pública que involucra a empresarios y varios ex funcionarios kirchnerista, y que señala como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner.

En la misma causa iniciada en 2018, también está procesado Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá –EBY– durante la presidencia de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández, *entre los años 2003 y 2015.

El 1 de agosto de 2018 el arquitecto misionero fue de los primeros imputados por el fallecido juez Claudio Bonadío. Estuvo 48 días prófugo hasta que fue capturado por la Policía Federal en un departamento de Barrio Norte, en Ciudad de Buenos Aires.

Thomas estuvo siete meses detenido en el penal de Ezeiza, pero no soportó el encierro y, luego de que él mismo confesara dos intentos de suicidio, le concedieron el arresto domiciliario con tobillera electrónica y estricto control médico. Tres meses después consiguió la excarcelación bajo caución de 60 millones de pesos y ahora espera el juicio en libertad.

A principio de la semana pasada, la fiscal federal Fabiana León, que lleva adelante la acusación, hizo un planteo en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que exhorte a los jueces Enrique Martínez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7, a que “de manera urgente” fijen fecha para el debate oral.

Según publicó Infobae, la fiscal León afirmó en su escrito ante el tribunal de alzada que “la dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces”.

“Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad que este Ministerio representa”, señaló.

El mega juicio

El ex director ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas, quedó ligado a la investigación tras ser mencionado en los cuadernos que dieron origen a la causa por corrupción más importante de la historia en Argentina.

El autor de los escritos es Oscar Centeno, quien era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, el ex ministro de planificación entre 2003 y 2015. Mientras hacía los recorridos recolectando las supuestas coimas para sus jefes, el ex militar anotó durante años y con muchos detalles los movimientos que luego denunció.

En las anotaciones, Centeno ubica a Thomas como protagonista en más de una ocasión durante la supuesta entrega de dólares que iban a parar a las manos de funcionarios del Poder Ejecutivo kirchnerista, por lo que fue imputado como integrante de la asociación ilícita cuyo liderazgo se atribuye a CFK.

El abogado de Oscar Thomas, Juan Manuel Ubeira, abona a la teoría de que todo se trata “un extraordinario armado para criminalizar a funcionarios y empresarios y borrar la obra pública nacional”, señaló a La Voz de Misiones y opinó que “es muy probable” que Casación rechace el recurso de la fiscal, por cuanto “existen acciones pendientes que piden la nulidad del juicio a la Corte”.

DEFENSOR. Juan Manuel Ubeira representa los intereses de Oscar Thomas.

Ubeira planteó también el desafío que representa la realización del juicio, que implicaría un despliegue logístico “sin precedentes en la historia judicial argentina”.

 “Es un juicio que tendrán que hacer en el Luna Park, no hay sala de tribunal en el país que pueda albergar a todos los acusados, los abogados de cada uno, el tribunal, sus miembros, asistentes y secretarios”, argumentó el abogado de Thomas.

En septiembre del año pasado, la fiscal Fabiana León publicó un informe en el que detalló que fueron investigados 540 hechos de corrupción, con 159 imputados (todos esperan el juicio en libertad), y 899 testigos en lo que configura “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina, comparable a unas pocas a nivel mundial”.

Mi vecino, el espía

Los 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner alumbraron el crecimiento del misionero Oscar Thomas al frente de la hidroeléctrica Yacyretá mientras que, en las sombras, otro hijo de la tierra colorada también alcanzó notoriedad: Ramón Allan Héctor Bogado, un ex espía de la Secretaría de Inteligencia (SI) que fue señalado por el fallecido fiscal Alberto Nisman como el nexo entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los iraníes investigados por el atentado terrorista a la AMIA.

Según aquella investigación del fiscal Nisman, Allan Bogado era el contacto oculto entre el gobierno argentino y los iraníes señalados en la investigación sobre el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para la investigación del atentado perpetrado a la sede de la mutual judía el 18 de julio de 1994.

BOGADO. El ex espía fotografiado en una nota con el diario Perfil en enero de 2020.

El ex espía confesó en notas periodísticas su rol dentro de los servicios de inteligencia dejando al descubierto el alcance de sus contactos y relaciones con el mundo del espionaje.

Allan Bogado declaró frente al extinto juez Claudio Bonadío en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego dijo que el gobierno de Mauricio Marcri lo obligó a hacerlo. No quedó detenido ni un solo día, aunque perdió su condición de hombre desconocido y, probablemente, su carrera dentro del espionaje.

Ahora, el ex agente secreto nacido el 15 de mayo de 1970 en Leandro N. Alem, pasa sus días entre Buenos Aires y Misiones. “Allan es un hombre con muchos vínculos. A algunos les ofrece negocios con empresarios extranjeros y, a otros, información, carpetazos que pueden utilizarse fácilmente para cuestiones de política local”, comenta una fuente consultada por LVM para conocer más del enigmático personaje fotografiado en varias oportunidades cuando otorgó notas a la prensa.

EX ESPÍA. Allan Bogado entrevistado por Gustavo Silvestre para C5N.

La fuente revela que Bogado tendría información sensible de actores de la escena política local: “montó una especie de aparato de inteligencia y hay algunos opositores a la renovación que comenzaron a utilizar sus servicios”.

Otra de las fuentes consultadas por este medio ubicó a Bogado en un departamento con vista al río en un edificio de la calle Sargento Cabral, en el barrio de Villa Sarita, en Posadas. “El edificio es de los hermanos Thomas. Cuando viene Allan, suele quedarse ahí. Pero no sé qué relación tiene con los Thomas, a lo mejor son solo vecinos”, ironizó entre risas.

 

Política

Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling

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Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.

En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.

Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.

En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).

Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral

Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.

Los detalles

A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.

El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.

Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral

 

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Política

Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil

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Herrera Ahuad cuestionó el financiamiento para la reforma penal juvenil

El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, quien integra el interbloque Innovación Federal, participó hoy como orador en el debate del dictamen del proyectos de reforma penal juvenil en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su exposición, puso el foco en la falta de precisiones sobre el financiamiento que deberían asumir las provincias para implementar la legislación, en caso de que sea aprobada.

“Otra vez ponen en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, cuestionó frente a sus pares el legislador, también médico pediatra y ex gobernador de Misiones.

En ese marco, Herrera aseguró que la ley “genera incertidumbre” en cuanto al financiamiento y que “muchas familias” están esperando “estos equipos multidisciplinarios”. Además, aclaró que no se refería al “crimen” que pudieran cometer los menores, sino “al delito que comete y la familia no lo puede contener porque es un menor adicto y está en un sistema que lo lleva cada día a eso”.

El diputado señaló que actualmente “se pone 23 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio de Justicia de la Nación” y, en esa línea, interpeló a los presentes con la pregunta: “¿Ustedes están convencidos de que con ese dinero van a poder construir centros modelos en toda la Argentina, cuando se han desfinanciado hasta los centros mínimos que tenemos de desarrollo infantil?”.

“No hay plata”, arremetió Herrera citando la premisa del presidente Javier Milei y continuó: “Otra vez va esto en el lomo de los gobernadores y las provincias, y otra vez escuchamos la otra campana, de decirles a los gobernadores ‘bajen los impuestos’, ‘achiquen los gastos’. ¿Ustedes creen que con esto se soluciona este problema? Yo le puedo asegurar que no”.

El diputado por Misiones también se refirió a la situación actual del sistema de salud mental del país, al que describió como “total y absolutamente desmembrado”.

“Se quitó el financiamiento a lo que es el programa de salud mental de la Argentina, que, con errores o con aciertos, en mi provincia lo pudimos aplicar muy bien y no coincido en eso de mandarlos a un manicomio. Nosotros los socializamos: los enfermos con alguna patología mental acuden a hospitales normales y son atendidos por equipos que están ahí, pero se hace cargo la provincia”, subrayó Herrera.

Y agregó: “Le estamos dando la responsabilidad a las provincias de construir centros multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”.

Seguidamente, el exgobernador volvió a poner el foco en los recursos que propone la legislación: “La discusión está dada en todos los órdenes. Nosotros, en nuestra provincia, queremos saber: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir: bajen los impuestos, achiquen el gasto. Ese es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.

Por último, el diputado solicitó incorporar al dictamen un “capitulo de asignación de recursos específicos y taxativo para las provincias para llevar adelante esto, esos es una gran solución no para construir cárceles, sí para construir centros modelos y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política publica que es la contención de nuestros jóvenes”.

Herrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad

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Marcharon contra la reforma laboral en Posadas

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Al igual que en otros puntos del país, esta mañana, trabajadores nucleados en diferentes agrupaciones sociales, gremiales y políticas, marcharon a la plaza central de la capital provincial en rechazo al tratamiento legislativo de la reforma laboral, conocida como Ley de Modernización Laboral que se debate hoy en el Senado. 

La columna ocupó al menos dos cuadras y se desplazó por calle Junín, desde el Mástil de Uruguay y Mitre hasta la Plaza 9 de Julio, donde referentes del Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Partido Obrero (PO) y otras agrupaciones, brindaron discursos advirtiendo sobre los riesgos de la aprobación e implementación de la reforma laboral en el país.

Desde la manifestación, Jazmín Kinder, integrante del Partido Obrero, expresó: “Me parece realmente gravísimo lo que se está por votar hoy. Es una contrarreforma a la que no consideramos laboral, sino esclavista, porque lleva a una involución de los derechos laborales hasta la desaparición de los mismos”. 

Y sumó: “Quiero que se llame la atención respecto al discurso del gobierno, de enfrentar a trabajadores y trabajadoras porque hay una realidad: no se puede tapar el sol con la mano, hay una gran mayoría de trabajadores que están siendo precarizados en el país y eso se debe a que no hubo control por parte de los gobernantes”. 

En ese sentido, refirió a las “facilidades” que implementó el gobierno para continuar “precarizando” a distintos sectores de trabajadores “con exenciones impositivas a los empleadores y una burocracia sindical que no luchó por el pase a planta de los trabajadores, sino que abogó por aumentar a la precarización, tercerización y demás. Que unos tengan derechos y otros no es algo muy peligroso”. 

En ese contexto, recordó la pérdida de más de 400 empresas en Misiones y al menos 2 mil puestos de trabajo en blanco. Por lo que también refirió al éxodo de trabajadores argentinos a Brasil, lo que, a su entender, respondería a “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo”.  

Desde la CTA, Martín Ayala, enfatizó: “Hay que buscar la mayor unidad posible en todo el campo nacional y popular de las centrales obreras y los sindicatos de base, las organizaciones sociales, políticas y de jubilados, no es reforma, es regresión. Los trabajadores sabemos que es un revanchismo social de la vieja oligarquía”.

Desde el mismo espacio, Mónica Gurina, resaltó: “Hemos trabajado como pueblo para construir un derecho protectorio para los trabajadores, para la clase trabajadora que hace la riqueza de la Argentina. Sin embargo, nuestros carteles hablan, los legisladores han traicionado sucesivamente a los trabajadores”. 

A nivel provincial, la protesta se replicará en Oberá y en Eldorado, y en distintas ciudades ubicadas a lo largo y ancho del país, desde donde proponen generar un “plan de lucha para derrotar la reforma esclavista y al gobierno nacional”.

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