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Nombramiento de jueces de la Corte por decreto ahonda interna en la UCR Misiones

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La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, que se viene expresando con una sangría a cuentagotas de militantes y dirigentes, sumó otro capítulo esta semana con el nombramiento por decreto, por parte del presidente Javier Milei, de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ).

Con dos sendos comunicados, el Comité Provincial y el abanico de sectores internos articulados bajo el paraguas de UCR Diversidad y Género, el radicalismo misionero rechazó las designaciones de Milei en el máximo tribunal y acusó al presidente libertario de gobernar al límite de la institucionalidad.

La República es el límite”, se titula el pronunciamiento hecho público por el Comité Provincial del partido, donde expresa “su rechazo al Decreto N° 137/2025 del Poder Ejecutivo Nacional por el que se designa como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los doctores Lijo y García Mansilla, en un acto de tinte autoritario que pone al país al borde de un severo conflicto interpoderes”.

El comunicado sostiene que “el acto revela una peligrosa actitud de desprecio a los principios republicanos que deben guiar en todo momento el accionar de quien, como el presidente Javier Milei, tiene la máxima representación en nombre del pueblo argentino que lo eligió para dirigir los destinos de la Nación”.

Asimismo, advierte que “esa distinción no lo autoriza a obrar al temerario límite de la constitucionalidad de sus actos, violando las normas que juró cumplir y hacer cumplir y poniendo al país en un peligroso sendero que pone en riesgo los objetivos económicos como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, logrados con el enorme esfuerzo de todos los argentinos, así como también poniendo bajo un cono de reserva a quienes de buena fe se proponen invertir en nuestra patria pero no cuando está en juego algo tan elemental como la seguridad jurídica”.

“Fieles a nuestros principios y más de 133 años de historia que nos avalan, es la República y sus principios los que, insistimos, deben guiar a quienes tienen las más altas responsabilidades de los Poderes del Estado, por lo que instamos a que, a través del diálogo y la búsqueda de los necesarios consensos, volvamos al carril institucional del que nunca debemos apartarnos”, finaliza el documento, firmado por el Comité Provincial que conduce el ex diputado Walter Molina, quien reemplazó al ex concejal posadeño Rodrigo De Arrechea, que renunció a principios de febrero para asumir como consejero de Yacyretá.

El comunicado se conoció el mismo día en que los “radicales con peluca” misioneros, el diputado nacional Martín Arjol, el consejero De Arrechea, y el legislador provincial Javier Mela, participaban de un acto de respaldo a Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inclinación fascista

En defensa de los valores fundantes de la UCR”, se titula el documento firmado por figuras del partido, como la diputada provincial Rosi Kurtz, el presidente de la Juventud Radical Posadas, Nahuel Exequiel Jainikoski; la ex diputada y ex presidenta de la Convención Provincial, Anita Minder; el ex diputado nacional Luis Mario Pastori, el ex legislador y convencional nacional Gustavo González; los concejales Fabio Daniel Velazco (Jardín América), Lidia Miryam Báez (Cerro Cora) y Darío Chamorro (Puerto Esperanza); Gustavo Daniel Duarte, secretario adjunto de Franja Morada Misiones; y Cynthia Marcela Cardozo, presidenta del Comité de Concepción de la Sierra, entre muchos otros.

En el texto, difundido en Instagram, los firmantes convocan a “mantener la identidad partidaria sin formar parte ni alinearnos con el gobierno de Javier Milei y LLA (La Libertad Avanza) y afirman que “el ideario político del radicalismo no tiene ninguna coincidencia con los valores que encarna el gobierno libertario”.

“Frente a años de gobiernos kirchneristas impregnados de corrupción, nos comprometimos con el cambio para fortalecer las instituciones republicanas y recuperar la ética pública, pero el cambio de ninguna manera puede significar el abandono de principios, ni mucho menos ser un contrato de adhesión o cheque en blanco”, advierten.

“La baja de la inflación, el déficit cero, la necesidad de ordenar el Estado y reducir gastos innecesarios, no pueden ser la excusa para atropellar las instituciones, agredir a quienes plantean disidencias con el gobierno, hacer un ajuste salvaje a las universidades, los jubilados, y a los trabajadores, ni destruir normas e instituciones que se lograron con mucho esfuerzo y consenso”, sostienen.

“El desapego del presidente por las instituciones de la democracia queda expuesto en su visión del Congreso, al que considera ‘un nido de ratas’, y cada vez que pretende gobernar por DNU, cuando el parlamento está en pleno funcionamiento y sin la Ley de leyes que es el presupuesto”, argumentan y puntualizan: “No podemos abrazarnos a la simplicidad del déficit O sin tener la previsibilidad de contar con un presupuesto que garantiza los controles imprescindibles en cualquier país”.

“En el plano provincial, la necesidad de generar una alternativa al gobierno renovador enquistado en el poder hace más de 20 años, nos demanda bregar por la construcción de un frente electoral que pueda articular a los diferentes sectores de la oposición, pero de ninguna manera ello puede significar adherir de forma acrítica al gobierno nacional, como tampoco aliarnos con actuales adherentes a LLA, que fueron parte de la Renovación hasta hace muy poco y que serán infiltrados renovadores dentro de un frente opositor”, alertan.

En otro tramo, los firmantes del documento señalan que “las economías regionales nuevamente son ignoradas por los centros de decisión económicos y políticos y en el caso de la yerba mate y su cadena de producción, sus eslabones más vulnerables son los más castigados”.

Sostienen que “la popularidad circunstancial del gobierno nacional reflejada en algunas encuestas no es razón suficiente para avalar todo lo que plantea y callar ante las actitudes, discursos de odio y medidas contra las que luchamos históricamente”, y advierten que “el radicalismo nació y se desarrolló como defensor acérrimo de la Constitución y el gobierno de Milei exhibe una clara intención autocrática”.

“El radicalismo bregó por la transparencia y la ética pública, sin embargo, cada vez se hace más evidente la impronta de un núcleo muy reducido en la Rosada que decide y manipula a su antojo la cosa pública”, señalan y apuntan que “el bochorno internacional de la cripto moneda $Libra refleja una decisión política personal del presidente, quien prescinde de toda consulta y control institucional”.

Ante la antinomia entre libertarios y kirchneristas, el radicalismo tiene la obligación de promover una tercera alternativa que escape a la lógica binaria que plantean desde ambos espacios, diferenciándose del autoritarismo que representan esos extremos que manejan con la billetera o la motosierra a los gobernadores y esto se refleja en el voto de algunos senadores, sin distinción de partidos”, apuntan y disparan: “No se puede cambiar un populismo por otro, ni avalar un gobierno con creciente inclinación fascista”.

Política

El gobierno retiró el proyecto de Ley de Tierras por falta de votos

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tierras

Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.

La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.

Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.

“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.

Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.

Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.

El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.

Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.

Capítulo 3

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.

El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.

Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.

Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.

El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.

Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.

Fuego

El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.

Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.

El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.

En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

 

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Rovira adelantó que votará a favor del Presupuesto 2027 de Passalacqua

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Rovira

El diputado provincial de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, adelantó que votará a favor del proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Legislatura por el gobernador Hugo Passalacqua.

Rovira eligió al portal de noticias MOL para hacer pública su decisión y envió un comunicado a ese medio anticipando su voto afirmativo al ejercicio presupuestario propuesto por el Ejecutivo Provincial para 2027.

“Siempre apoyé la necesidad de otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para Gobernar, y el Presupuesto es la principal”, escribió el legislador, según MOL, y señaló: “Voy a ser coherente como lo fui siempre”.

El Presupuesto 2027 enviado por Passalacqua a la Cámara de Representantes de Misiones, prevé un total de más de $5,2 billones y destina el 63% a la inversión social y un 14% al desarrollo económico, con énfasis en la reactivación de la obra pública en la provincia.

 

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Herrera Ahuad: “No puedo estar con el que le va a sacar la tierra al colono”

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Herrera Ahuad

El diputado nacional de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, participó este martes en la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cuestionó la nueva Ley de Tierras Rurales impulsada por el gobierno de Javier Milei y adelantó su voto negativo si el proyecto, que se tratará el jueves en el Senado, llega a la cámara baja.

“Es muy importante entender las realidades que se dan con este tipo de leyes”, dijo el ex gobernador misionero en el arranque de su alocución en la reunión que tenía como tema “Soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”.

Flanqueado por su colega de bloque, la diputada Yamila Ruiz, Herrera Ahuad opinó que “muchos seduce el título de la primera parte de la ley, que habla de la ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, porque, claro, a quien le gusta que le intrusen su terreno, su campo”, pero advirtió que “detrás de todo esto hay un proceso que va contra los intereses de las provincias”.

“Tanto Misiones como Santiago del Estero son las provincias con más alta ruralidad de la República Argentina”, afirmó el legislador y precisó que “el 30% de la población” de la tierra colorada “vive en la ruralidad, en la colonia, en la chacra, que no es algo negativo, ya que significa vivir en el lugar donde producen”.

“Estamos hablando de 500.000 habitantes que viven en las chacras misioneras”, puntualizó y señaló que se trata de familias que “viven en minifundios que van de 1 hectárea a 22 hectáreas”.

“Ustedes imagínense el impacto que tiene para nosotros, como economía regional minifundista, una ley con estas características, donde la compra de 20 hectáreas significa llevarse puestos a 20 familias, y donde la compra de 100 hectáreas pone en jaque todo el sistema social de una provincia”, alertó.

“Hay que ser muy cuidadosos cuando tratamos este tipo de leyes”, opinó Herrera Ahuad y sostuvo que la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza “no es aplicable a una provincia donde el índice de ruralidad es tan alto y el índice de la mayor producción de su PBI está dado por la producción, por ejemplo, de yerba mate”.

El ex gobernador de Misiones advirtió que el proyecto, comúnmente llamado de “extranjerización de la tierra”, llega en “el momento en que peor está la economía regional, el momento de la tormenta perfecta, donde las chacras no valen nada, la producción yerbatera cayó, y el sector productivo no puede levantar la cosecha”.

Herrera Ahuad estimó que, de aprobarse la nueva ley, “el daño social, el gasto social, va a ser superior a los U$S15.000 millones que se estipulan pueden entrar al país por la venta de tierras”.

Asimismo, el legislador rechazó el artículo del proyecto de ley que pone en manos de los estados provinciales la decisión final sobre la venta de tierras, ya que “en realidad otorga la potestad a los gobernadores”, es decir que “va a depender de la voluntad de un gobernador”, que “puede meter el papel en el cajón seis meses y se termina vendiendo por falta de respuesta”.

Herrera Ahuad comentó al pleno de la reunión legislativa los pronunciamientos que hubo en las últimas semanas en Misiones en contra del proyecto mileísta y contó: “Hemos tenido manifestaciones, de la Iglesia, campesinos, productores, intendentes, ex intendentes, que nos dijeron que debemos resguardar nuestro patrimonio”.

“A lo largo de los cuatro años que me tocó ser gobernador, los momentos más felices fue cuando pude entregar a un colono el título de propiedad para que sea dueño de su propia tierra”, apuntó Herrera Ahuad y lanzó: “Yo no me permito estar del lado del que se la va a sacar”.

 

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