Si bien no hay información oficial, y desde la Junta Electoral partidaria señalaron a La Voz de Misiones que la Resolución del organismo se conocerá durante la semana, el PJ Misiones cerró en la madrugada de este sábado la inscripción de las listas que participarán de las elecciones internas del 19 de abril próximo.

Por lo que se sabe, hasta ahora son tres las listas que llegaron a tiempo con los avales exigidos para el proceso electoral: la de Cristián Humada, la de Gonzalo Costa de Arguibel, respaldada por otros sectores del kirchnerismo misionero, como Cristina Brítez y Francisco Fabio; y una tercera, del diputado nacional Alberto Arrúa.

El exintendente de Campo Viera, Juan Carlos Ríos y la exdiputada Carmen Mendez Asón, no llegaron a tiempo y, por lo que pudo saber LVM, quedaron fuera de la competencia.

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Tanto en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú como en de Wanda, trataron esta semana sendos proyectos de ordenanza impulsados por concejales de La Libertad Avanza (LLA) para declarar la emergencia por consumo problemático en los municipios.

En el caso de Puerto Iguazú, la iniciativa fue presentada por el edil Fabián De Sá, quien solicitó un tratamiento preferencial del proyecto, es decir que sea tratado con prioridad. La propuesta del concejal también incluye la emergencia en área de Seguridad local.

Como argumento para la declaración de emergencia, De Sá expuso el visto “incremento” en el consumo de estupefacientes en la ciudad de las Cataratas; la “presunta” presencia de puestos de venta de drogas en diferentes barrios; y las manifestaciones públicas de vecinos e instituciones sobre el flagelo.

De la propuesta legislativa, se destaca la creación de un Mapa Municipal de Zonas Críticas de Seguridad y Consumo Problemático y el Sistema Municipal de Denuncia Anónima Digital, para denuncias anónimas de presuntos puestos de venta de estupefacientes. El documento explica que el municipio actuará “exclusivamente” como órgano canalizador, derivando “inmediatamente” los casos a la Justicia Federal y fuerzas federales.

Aprobado el tratamiento preferencial por unanimidad el pasado 12 de marzo, la iniciativa fue analizada por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación General, Salud y Medio Ambiente del Concejo de Iguazú, al tiempo que se solicitó una opinión jurídica al asesor legal del HCD, Gonzalo De Jesús, sobre la iniciativa.

“No aconsejable”

El último jueves, el proyecto de Ordenanza entró al debate en el recinto incluido en el Orden del Día. En esa instancia, se leyó el dictamen de las comisiones, basado en la opinión jurídica del abogado asesor legal del Concejo.

En el documento, De Jesús dictaminó como “no aconsejable” la declaración de emergencia en materia de seguridad y consumo problemático en los “términos propuestos” por el concejal De Sá, entendiendo que el proyecto propone “atribuir al Municipio funciones que exceden el marco de competencias que le reconoce la Carta Orgánica de Puerto Iguazú”.

Entre las observaciones que hizo en el dictamen jurídico, el asesor legal marcó que la creación de un mapa de zonas críticas de la ciudad basado en “denuncias anónimas” vinculadas a “presuntos” puntos de venta de estupefacientes “configura una posible invasión de competencias que el ordenamiento jurídico reserva a la jurisdicción federal con consecuencias penales”.

Además, De Jesús señaló que la identificación territorial “basada en denuncias o información no verificada judicialmente podría generar situaciones de “estigmatización” de los barrios, “afectando directamente” a los vecinos y comercios de dichas áreas.

Con ese análisis, las comisiones intervinientes del Concejo de Iguazú resolvieron que el expediente “vuelva a comisión para un exhaustivo estudio con las autoridades competentes del fuero federal”.

Sometido a votación, el proyecto para declarar la emergencia en Seguridad y Consumo Problemático en la ciudad turística, los concejales Fabián De Sa, Alejandro Verón y Omar Gómez votaron afirmativamente, mientras que Carlos Ríos, Graciela Sosa, Raquel Matcoski y Humberto Pereyra lo hicieron en contra, por lo cual la iniciativa volvió a comisión y seguirá siendo analizada por los ediles en conjunto con autoridades federales y otras instituciones provinciales.

El caso de Wanda

Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales de la localidad de Wanda también debatieron un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia por consumos problemáticos en la comuna.

En este caso, la iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático. Dado que las iniciativas formales deben ser presentadas por los ediles, la propuesta fue ingresada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad por la concejal Silvia Lutz.

Lutz fundamentó su iniciativa legislativa en la importancia de “reconocer la gravedad” del aumentos de casos de adicciones en la localidad y dar una respuesta estatal “urgente” a los vecinos.

En ese sentido, la edil propuso que la municipalidad y que el gobierno provincial brinden acompañamiento, recursos y equipos interdisciplinarios para “garantizar” un abordaje integral, profesional y seguro de las adicciones, articulando con el sistema de Salud y regularizando iniciativas como el agrocamping, mediante respaldo legal, supervisión y políticas públicas sostenidas de prevención, tratamiento e inclusión social.

“Se pretende que esta declaración de emergencia sea una herramienta para ordenar, acompañar y fortalecer los esfuerzos comunitarios en la recuperación de las personas en situación de consumo y activar otras opciones de ayuda concretas”, precisó Lutz en diálogo con La Voz de Misiones.

Tratado en el recinto, el proyecto contó con el consenso de los siete concejales, aunque no fue aprobado y fue girado a comisión. Además, se solicitó que se presente una propuesta formal con los “requisitos técnicos y profesionales” necesarios para avanzar con la habilitación y la asignación de recursos al agrocamping.

Visión provincial

En diálogo con La Voz de Misiones, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, Roberto Padilla, habló sobre el tema de que los concejales de Puerto Iguazú y Wanda busquen declarar la emergencia por el consumo problemático en los municipios.

“Desde la secretaría y el gobierno provincial reconocemos el fuerte trabajo que hay que hacer contra las adicciones y los municipios tienen la autonomía para una decisión de este tipo”, afirmó el secretario Padilla.

Asimismo, sostuvo que si desde la gestión local “consideran” necesario el instrumento legal para abordar la problemática “lo pueden hacer”, al tiempo que remarcó que dicha medida “va a seguir fortaleciendo el trabajo con el organismo provincial”.

En ese marco, el funcionario comentó que la secretaría de Prevención de Adicciones está “haciendo un fuerte trabajo en la zona Norte” de Misiones y añadió que una declaración de emergencia por la problemática “tendrá que ver con una mirada más local. Nosotros en todo lo que sea necesario para acompañar, lo vamos a hacer”.

Padilla enfatizó que debe “seguir habiendo un fuerte trabajo” contra las adicciones en la zona Norte de la tierra colorada; sin embargo, puntualizó que dicha labor tiene que ser articulada entre municipios; escuelas; iglesias; asociaciones deportivas; entre otros.

“Es una responsabilidad compartida. Nosotros podemos hacer muchísimo desde lo estatal, pero si después la familia o el contexto no nos ayuda, a veces, no podemos llegar a lograr los resultados que se esperan, incluso, a veces, no es ni siquiera el contexto. Es una situación compleja que tiene que tener una mirada integral”, remarcó.

Sobre ese punto, el secretario adelantó que en los próximos días abrirán un espacio de abordaje integral en Eldorado “para que los casos que necesitan una internación, una desintoxicación, se puedan hacer puntualmente en la zona Norte y no trasladar hasta Posadas a esa persona que, a veces, cuesta generar la empatía, la adhesión al tratamiento, o ese reconocimiento de la enfermedad”.

En esa línea, Padilla explicó que en “muchos casos” no se puede intervenir porque no hay una decisión voluntaria de iniciar un tratamiento, por lo cual “tiene que haber una orden judicial para una intervención involuntaria. Son cuestiones muy complejas que, más allá de la declaración de una emergencia, hay todo un trabajo en equipo que hay que seguir haciendo con o sin declaración”.

Otras acciones

Con respecto a la propuesta del concejal iguazuense Fabián De Sá de crear un mapa de zonas críticas de seguridad y consumo en el municipio, el secretario precisó que el organismo de Adicciones no tiene el rol “de la seguridad o de la lucha contra el narcotráfico” y subrayó que son cuestiones que le competen a la Justicia Federal.

“Si podemos tener una mirada o percepción, la nuestra no es estigmatizante, porque si hoy las sustancias estuvieran en un solo lugar, vamos todos a ese lugar y la combatimos”, analizó Padilla.

También añadió que hoy en día los estupefacientes “han transversalizado la sociedad” y apuntó que tanto una persona en estado de vulnerabilidad, que habita un barrio humilde, como una que tiene una mejor posición económica o vive en otra barriada puede “consumir” o estar expuesta al flagelo.

“Desde mi perspectiva, avanzar con eso -por la propuesta del concejal de Iguazú-, no sé si es lo más conveniente; me parece que hay otras acciones que se pueden llevar adelante”, dijo a LVM.

Para cerrar, Padilla resaltó que las acciones contra el consumo problemático necesitan un abordaje “en forma conjunta, programada, trabajando juntos, porque es un tema que a todos nos interesa. Bienvenido sea si se instala el tema o el debate, pero lo que nosotros buscamos es que también se tome conciencia de que no es solo cuestión de un ministerio trabajar esto, es una tarea que nos debe involucrar a todos como sociedad, desde la prevención como caso inicial”.

Consenso

Cabe mencionar que existe consenso entre concejales oficialistas y opositores de Puerto Iguazú y Wanda respecto a la necesidad de abordar de manera institucional y municipal la problemática de las adicciones a distintas sustancias en sus respectivas localidades.

No obstante, las diferencias radican en la metodología propuesta para dar respuesta a la situación. En ese marco, todo indica que las iniciativas podrían avanzar hacia su aprobación, aunque resta definir si será bajo una declaración de emergencia o mediante otras estrategias para enfrentar el problema.

Wanda y un agrocamping para afrontar la problemática de las adicciones

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A cuatro días de asumir la intendencia, Norma Gularte pasó la motosierra por el municipio de Caraguatay. Nancy Lezcano, quien se desempeñaba hasta hoy como directora de Acción Social, en comunicación con La Voz de Misiones, denunció haber sido despedida de manera “sorpresiva y arbitraria”.

Las medidas se dan luego que la flamante intendenta interina expresara en RadioUp  que mantendría el gabinete municipal tal como lo dejó Mario Peyer y que su prioridad sería garantizar la continuidad administrativa en la comuna.

Las cesantías que también alcanzaron a otros empleados municipales fueron expedidas por la alcaldesa interina y, según expreso Lezcano, la propia Gularte les dio como fundamento que: “Ella necesita gente de su entorno, porque es de la Libertad Avanza”.

Para Lezcano, la notificación fue de manera irregular. “La intendenta me llamó a su oficina y me comunicó verbalmente que desde ese momento rescinden mi servicio. Le pregunté por qué y me dijo que era por reestructuración, pero no hay ningún motivo concreto en contra de mi trabajo. Yo no firmé ni pienso hacerlo”, sostuvo. 

La directora de Acción Social cesanteada explicó que su contrato con la municipalidad estaba vigente hasta el 31 de diciembre y que llevaba cerca de dos años y medio en funciones. De acuerdo a su testimonio, al menos otras tres personas fueron desplazadas bajo la misma modalidad: “el secretario de Hacienda, la contadora y otro trabajador”. 

Según pudo saber este medio, ninguno de ellos firmó la notificación y todos continuarán presentándose en sus puestos laborales “el miércoles vamos a ir a las 6.30 am”.

 “No hay acta, no hay nada, es solo una nota con una firma. Para mí, eso no tiene validez”, comentó Lezcano y atribuyó los despidos a las tensiones internas en el municipio desde la denuncia por abuso sexual al  intendente con pedido de licencia Mario Peyer.

En paralelo, informó que en el día de ayer se elevó al Honorable Concejo Deliberante un pedido de resguardo para todo el personal municipal, aunque denunció que la intendenta estaría “haciendo caso omiso”, dado que el HCD resolvió a través de la ordenanza 16/26, expresar el acompañamiento institucional en resguardo de los derechos laborales de los trabajadores municipales. 

La resolución del Concejo al amparo laboral de los trabajadores municipales

Por otra parte Lezcano advirtió sobre el impacto de los despidos en los servicios: “No solo nos afecta a nosotros, sino a toda la comunidad. Hay problemas con la ambulancia, pacientes sin atención y la recolección de residuos no se está haciendo con normalidad”, aseguró.

Frente a este escenario, confirmó que continuará asistiendo a su lugar de trabajo hasta recibir una notificación formal: “No voy a dejar mi puesto. Vamos a seguir presentándonos y reclamar por nuestros derechos”, concluyó.

Compromiso

Norma Gularte asumió hace cuatro días, luego de que el intendente, solicitara licencia por pedido del propio gobernador Hugo Passalacqua, tras conocerse la denuncia en su contra por abuso sexual de parte de una empleada del Concejo.

La flamante alcaldesa dejó su cargo de concejal, ex Renovadora reconvertida hacia La Libertad Avanza, y al asumir había expresado que no llevaría adelante ningún cambio en el municipio, ya que horas antes de la toma de poder en el Ejecutivo circulaba una supuesta lista de empleados municipales que serían despedidos.

La información fue desmentida por la propia Gularte y se comprometió en mantener el plantel municipal tal como lo había dejado Peyer y que su prioridad sería garantizar la continuidad administrativa de la localidad de Caraguatay.

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