Con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación sancionó esta noche la Ley de Modernización Laboral, del gobierno de Javier Milei.

La votación llegó al cabo de una maratónica jornada, que arrancó a las 11 de la mañana con el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, y que fue aprobado por una mayoría que incluyó a los misioneros.

La sanción de la reforma laboral se decidió por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.

Es la segunda vez que el Senado trata el proyecto, luego de la media sanción del 12 de febrero, que cayó en la Cámara de Diputados con la decisión del oficialismo de retirar el artículo 44, de las licencias médicas, porque el rechazo abarcaba a sus aliados políticos y comprometía la suerte de la ley en el recinto.

El texto que sancionó hoy el Senado es el mismo que la Cámara ya había aprobado hace dos semanas, pero sin el artículo que recortaba el salario de los trabajadores con licencias médicas, que fue retirado por el gobierno luego de la controversia generalizada.

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Con 44 votos afirmativos, entre los que se contaron a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación, aprobó esta tarde el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

El debate se extendió durante varias horas en el recinto y tuvo su correlato en la calle, donde la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reprimió con hidrantes y gases a los manifestantes.

En el transcurso de la sesión, las posiciones se dividieron entre la aceptación, por parte del oficialismo y sus aliados; y el rechazo a la ley, de parte del peronismo y fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Fueguino, y fue casi un calco de lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo la media sanción el 12 de febrero pasado.

Resultados de la votación en general

Intervenciones

En el cierre del debate, el senador misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, sostuvo que se trata de una “reforma largamente postergada” y afirmó que actualizar el marco normativo constituye “una obligación moral, institucional y constitucional”.

El legislador subrayó que la iniciativa no tiene un carácter punitivo sino formativo, al señalar que apunta a “fomentar la responsabilidad del imputado”, haciendo especial hincapié en el “adolescente”, que puede comprender el acto delictivo cometido. En ese sentido, remarcó que el proyecto promueve la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.

“Estamos acá para legislar para proteger a las víctimas, a sus familias y a sus funciones”, expresó, al tiempo que advirtió que el fenómeno delictivo juvenil no es homogéneo en todo el país. Por ello, planteó la necesidad de diseñar políticas con una mirada federal que garanticen su aplicación de acuerdo a la realidad de cada provincia.

Arce también señaló que el Estado nacional deberá adaptar institutos, capacitar recursos humanos e incorporar equipos interdisciplinarios. 

En materia presupuestaria, indicó que el proyecto prevé una partida para 2026, aunque consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual, sucesivo y continuo, al entender que la problemática no puede resolverse en un solo año.

Asimismo, recordó la comisión plenaria realizada el 19 de febrero, donde nueve familiares brindaron testimonio sobre el “doble sufrimiento” atravesado: primero por la pérdida de sus seres queridos y luego por la situación de injusticia que, según señalaron, persiste en la actualidad.

Finalmente, anticipó su voto favorable retomando el pedido de los familiares: “Por favor, legisladores, sancionen una ley que evite nuevos delitos y que terminemos con el sufrimiento de nuestras familias”.

Goerling, optó por hablar “desde lo que siento como ciudadano” y desde su rol como legislador con la responsabilidad de tener que votar.

Sostuvo que se trata de una ley “de sentido común” que busca dar respuesta a un problema que, según afirmó, es real y que Argentina arrastra desde hace años. 

En relación con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, señaló que el debate también implica equiparar a la Argentina con otros países de la región. “Los únicos de América Latina que tienen desde los 16 años son Argentina y Cuba”.

Goerling planteó que, además del dolor de las víctimas, existe una problemática social vinculada a la ausencia del Estado y a familias que no saben cómo abordar situaciones de menores que delinquen. 

Para el senador la iniciativa prevé la creación o adecuación de institutos con programas de capacitación, educación, tratamiento de adicciones y reinserción social. “Si mató a los 14 o 15 y no hacemos nada, cuando cumpla 18 o 19 va a estar peor”, afirmó.

También hizo referencia a la situación en Misiones, provincia que tiene un 92% de frontera con Brasil y Paraguay. Describió problemáticas vinculadas al narcotráfico en zonas como Puerto Iguazú, Andresito, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y Eldorado, y mencionó la circulación de una droga conocida como “pedra”, que, según afirmó, afecta a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, consideró que la ley representa “un avance significativo” y que también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de rehabilitación y tratamiento de adicciones. En nombre de su bloque, anticipó el acompañamiento a la iniciativa.

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El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.

Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.

“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.

El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.

“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.

El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.

El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.

Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.

En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.

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