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Herrera Ahuad sobre el acampe: “Hace rato esta gente no está en la tarefa”

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El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se refirió a la protesta del grupo de tareferos de Oberá que mantiene, hace diez días, el campamento en la plaza 9 de Julio.

“Los que están en la plaza no son tareferos”, ratificó el mandatario a La Voz de Misiones, al referirse a las familias que piden una respuesta del gobierno a sus reclamos sobre el subsidio interzafra de este año.

“No son tareferos porque ninguno está en los yerbales; no tienen recibos de tarefero”, afirmó Herrera Ahuad y explicó: “Tienen el Potenciar Trabajo de la Nación y reciben módulos alimentarios por riesgo social”, argumentó.

“Si averiguan en el Inym, van a ver que hace rato esta gente no está en la tarefa”, aseguró el mandatario a LVM.

Los recibos de sueldo mencionados por Ahuad están en el epicentro del conflicto. Los manifestantes afirman tener solo los de la cosecha de 2020, ya que, como a la vez son beneficiarios del plan nacional Potenciar Trabajo, este año tuvieron que tarefear en negro para no perder tal asignación.

Con sus dichos, el gobernador de Misiones apuntó al dirigente de la Agrupación Tareferos Justos, Hugo Silva, cuyo grupo resolvió mantener el acampe luego que el sector de su colega Julián González se retirara el miércoles para esperar la mesa de diálogo propuesta por el gobierno en Oberá.

En la misma línea, se manifestó el dirigente del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja), Antenor Alves, quien también pareció apuntar contra Silva, desconociéndolo como trabajador de la tarefa, y acusándolo de utilizar a los tareferos para “beneficio propio”.

“Los que son realmente tareferos hoy están trabajando, porque la cosecha todavía no terminó”, señaló Alves al diario Misiones Online, y afirmó: “Están usando a los tareferos para beneficio propio”.

Política

Proponen derogar la Ley de Bioinsumos y eliminar la prohibición del glifosato

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El bloque Movimiento por lo que Viene presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley que busca modificar el artículo 7 de la Ley de Bioinsumos, el cual fijó un plazo de dos años para erradicar el uso de glifosato de las actividades productivas en toda la provincia.

La iniciativa lleva la firma del diputado que lidera el bloque, Juan José Szychowski, como también de las legisladoras que integran el mismo espacio, Sara Carolina Butvilofsky y Anazul Centeno.

El documento consta de tres artículos, de los cuales, el primero dispone la derogación del artículo 7 de la Ley VIII Nº103, que estableció originalmente la prohibición del uso del glifosato en todo el territorio provincial.

El segundo artículo incorpora el artículo 7, pero elimina toda referencia expresa al glifosato y establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones cuando los organismos competentes del orden nacional o las autoridades de los países de destino de las exportaciones provinciales hayan autorizado fitosanitarios amigables con el ambiente.

Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial la determinación de los plazos, condiciones y requisitos que tendrá ese proceso de transición progresiva.

En sus fundamentos, la iniciativa expresa: “La provincia necesita buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales, debemos brindar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para la adopción de bioinsumos, que sean aprobados por las autoridades nacionales competentes y/o estén aprobados en los países donde exportamos nuestros productos, no solo en defensa de nuestro ambiente sino también para fortalecer y proteger el motor productivo y económico de nuestra/ provincia y por ello pido a mis pares su acompañamiento con el voto afirmativo”.

La prohibición del uso de glifosato en Misiones fue establecida en el año 2023 mediante la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, una iniciativa impulsada por Carlos Rovira, actual referente de Encuentro Misionero.

Tras su aprobación, la medida generó cuestionamientos por parte de pequeños y medianos productores, como también de organizaciones rurales, cooperativas y empresas exportadoras, ante la ausencia de productos sustitutos aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y con las condiciones impuestas por los compradores internacionales.

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Diputados aprobó la rebaja del IVA a la mandioca sin votos negativos

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El proyecto de ley impulsado por el diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad, que busca reducir del 21% al 10,5% el IVA para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca, logró media sanción con 231 votos afirmativos y ningún voto negativo en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que ahora se encamina al Senado, busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el que ya tienen otros productos alimenticios, como la harina de trigo. 

Actualmente, la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, mientras que cuando es procesada para obtener fécula, harina o fariña alcanza el 21%.

En este sentido, la propuesta apunta a corregir una diferencia dentro de la estructura tributaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de competitividad de una cadena productiva concentrada principalmente en Misiones, donde conviven alrededor de 10.000 productores de mandioca y la totalidad de las industrias productoras de fécula del país. 

Según indicó el legislador, mientras que el 75% de la producción se destina al consumo fresco, el resto se utiliza como materia prima para la elaboración de fécula, harina, fariña y otros derivados. En tanto, la producción industrial anual ronda las 18.000 toneladas.

Durante el debate, Herrera Ahuad planteó que la modificación tributaria podría tener un impacto fiscal acotado para las cuentas nacionales, pero generar un efecto mayor sobre una economía regional integrada por pequeños productores y establecimientos que agregan valor en origen.

También, vinculó la iniciativa con el precio de los alimentos destinados a personas que no pueden consumir gluten. Según los datos que presentó durante la sesión, un kilo de pan tradicional cuesta entre $3.000 y $4.000, mientras que el mismo volumen de pan sin TACC puede alcanzar entre $19.000 y $32.000.

De esta manera, la propuesta busca reducir la carga tributaria sobre insumos utilizados para elaborar panificados, pastas, galletitas, productos de pastelería y otros alimentos destinados a ese segmento.

De aprobarse definitivamente, el beneficio alcanzaría a una variedad de productos que utilizan derivados de mandioca como materia prima, ya que el objetivo es que la reducción de la alícuota no quede limitada a la etapa industrial, sino que pueda trasladarse también a productos que llegan al consumidor.

Passalacqua pidió a Nación bajar el IVA al 10,5% para la harina de mandioca

 

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Con el voto de los misioneros, Diputados dio media sanción a reforma del BCRA

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El gobierno de Javier Milei logró este miércoles la media sanción, en la Cámara de Diputados, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

El proyecto fue acompañado por los diputados misioneros Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, el bloque presentado este mediodía y presidido por el ex gobernador, que aglutina también a legisladores de Salta, San Luis y Formosa.

El oficialismo obtuvo también el apoyo de sus aliados de la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, y los bloques provinciales de Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad.

Entre los que se abstuvieron, se cuenta a un sector de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica; mientras que en contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y los diputados Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

La iniciativa prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, blinda al directorio del organismo, y acota su misión a “la preservación del valor de la moneda nacional”, eliminando los objetivos múltiples que fueron introducidos en la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

 

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