Política
Estancieros correntinos piden volver a la EBY y apelan al “derecho alimentario”
Entre los amparos judiciales contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de quienes fueron desvinculados tras el cambio de administración, aparecen los promovidos por dos estancieros correntinos, familiares del ex senador del Partido Justicialista (PJ), empresario de medios y ganadero de la vecina provincia, José Rodolfo Martínez Llano.
Se trata de Aitor Zugasti y Juan Delio Martínez Llano, que revestían como funcionarios de la EBY en la categoría A6 y fueron despedidos el 11 y 15 de abril pasados, a través de las resoluciones 27.325 y 27.353, respectivamente.
Ambos son sobrinos del político y ganadero correntino y en la acción contra la Entidad, que se tramita en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, están representados por su tío.
En el amparo, el abogado Martínez Llano, solicita al juez José Luis Casals que declare la inconstitucionalidad de la normativa aplicada, derogue las resoluciones contra sus parientes, ordene la reincorporación de ambos en sus puestos y el pago de los salarios caídos desde que fueron despedidos, más los intereses hasta el momento de hacerse efectivos los cobros.
En el relatorio de los hechos, Martínez Llano, presenta la documentación por la cual sus sobrinos fueron nombrados en la planta permanente de la EBY, las resoluciones 24.609, del 6 de noviembre de 2019, en el caso de Juan Delio; y 26.045, del 14 de octubre de 2022, de la designación de Aitor; ambas firmadas por los entonces directores ejecutivos de la entidad: el argentino Fernando De Vido y el paraguayo Nicanor Duarte Frutos.
“La relación laboral con mis mandantes se desarrolló sin sobresaltos”, argumenta el letrado correntino y adjunta los legajos de sus sobrinos: “Los que desde ya se ofrecen como pruebas”, afirma.
El extenso escrito de 44 páginas al que accedió La Voz de Misiones, repasa los “antecedentes normativos” de la constitución de la EBY, invocando el Tratado de Yacyretá, del 3 de diciembre de 1973, que firmaron el entonces presidente paraguayo, general Alfredo Stroessner, y la vicepresidenta argentina, María Estela Martínez, en representación del presidente Juan Domingo Perón, que se encontraba aquejado de una bronquitis.
Asimismo, cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la naturaleza “binacional intergubernamental” de la EBY, regida por un régimen jurídico “propio”; y establece un intrincado orden de jerarquía jurídica para la relación laboral de la entidad con sus funcionarios, en especial los que revisten en la planta permanente, como es el caso de sus sobrinos.
Según Martínez Llano, el despido de Aitor y Juan Delio es “ilegítimo”, en los términos del derecho a la estabilidad del empleo público que rige en el país, y que vale aplicar en ambos casos, dada la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, firmado en septiembre de 2022, que alcanza a todos los funcionarios de la margen argentina de la EBY.

José Rodolfo Martínez Llano, empresario y político correntino.
Pobres extremos
Entre sus alegatos, el político correntino apela a lo que en la jerga jurídica se conoce como “derecho alimentario”, una prerrogativa universal que se encuentra establecida en gran parte en la Ley 18.284, del Código Alimentario Argentino, y que vela por la seguridad alimentaria de la población.
“En este orden de cosas, es oportuno señalar que mis mandantes se encuentran desempleados y, conforme surge de las Cartas Documentos recibidas, el despido operó hace varios días, por lo que no percibirán íntegramente sus salarios, sino un proporcional, colocándolos así en una situación de extrema necesidad personal y familiar”, alega Martínez Llano.
“Frente a ello, el gravamen irreparable de imposible reparación ulterior resulta ostensible, toda vez que se afectó, no solo el haber mensual -único medio de subsistencia-, sino también la calidad de vida propia y la de sus familias”, agrega.

Fortuna familiar
Hasta aquí, el relato de un drama que excede el caso de los sobrinos del empresario, político y ganadero correntino, y podría pasarle a cualquiera de los 50.000 funcionarios públicos despedidos de la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas, según números que ofreció esta semana el mismo presidente Javier Milei, quien incluso anunció otros 70.000 despidos en el marco del ajuste del gasto público.
Sin embargo, Aitor Zugasti y Juan Delio Martínez Llano no anotan entre los casos de desempleo más dramáticos, como los que suelen mostrarse en las redes sociales y los medios críticos al gobierno libertario de Milei.
Ambos, comparten la fortuna de una familia de tradición ganadera, como son los Martínez Llano, con tierras en todo Corrientes, y un apellido arraigado en la historia del poder político y económico de la provincia.
De hecho, en el escrito dirigido al juez Casals, Martínez Llano declara como domicilio de sus sobrinos la estancia “El Cármen del Itaembé”, ubicada apenas pasando el Arco que marca el límite provincial, ya en territorio correntino, y que tiene a ambos como parte de la administración.
Ubicado en el Departamento de Ituzaingó, el establecimiento posee miles de hectáreas y comparte la cría de ganado bovino y porcino, con la actividad turística, con paseos guiados por un bosque de azahares muy comentado por visitantes que dejaron sus impresiones en internet.
Aitor Zugasti y Juan Delio Martínez Llano continúan la tradición familiar, y crían ganado de raza para competencia, y caballos cuarto de milla.
La estancia El Carmen del Itaembé se inscribe, además, en el calendario litúrgico correntino, con una misa anual en honor a la Virgen del Carmen, instaurada en 1961 por la antigua propietaria, Luisa Amelia Llano, madre del tío de Aitor y Juan Delio, quien heredó la tradición de su abuelo, José Romilio Llano.
La celebración religiosa se cumple cada 16 de julio, en la capilla en honor a la Virgen que se encuentra en la estancia, y convoca a vecinos, personal del establecimiento y, en los últimos años, a fieles católicos llegados de distintos puntos de la provincia.
El establecimiento también es célebre por haber sido lugar de nacimiento del reconocido bandoneonista y compositor correntino, Ramón Felipe Méndez, el 25 de mayo de 1933.

La estancia ubicada apenas pasando el Arco que marca el límite de Misiones, ya en territorio correntino.
Búfalos
El abogado José Rodolfo Martínez Llano encarna la figura de los viejos caudillos correntinos, al estilo de los Romero Feris, cuya estrella en la política taragui se apagó en los ’90, con la caída del último exponente del clan: Tato Romero Feris.
Pero a diferencia de estos últimos, Martínez Llano, supo reciclarse y su voz continúa teniendo predicamento en el justicialismo correntino, pese a que el partido se diluyó electoralmente en la provincia en los últimos años.
Martínez Llano ocupó diversos cargos electivos durante su carrera política: fue legislador provincial, senador y diputado nacional, y convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994.
Su época dorada terminó a mediados de los ’90, cuando debió renunciar a su banca en el Senado correntino por la difusión de un audio donde pedía coimas para la aprobación de un expediente durante el gobierno del último Romero Feris, una conversación que fue grabada por el entonces secretario del gobernador, el Vasco Schaerer, padre de Cristhian, el muchacho secuestrado.
En diciembre de 1999, fue víctima de una carta bomba, en un episodio que se registró a la par del desalojo de los manifestantes que ocupaban el puente interprovincial “General Manuel Belgrano”, donde hubo dos muertos y 16 heridos de bala.
En la ocasión, el empresario y político correntino estuvo al borde de perder varios de los dedos de ambas manos, al manipular un sobre dirigido a su nombre con el rótulo “confidencial”, que explotó al abrirse.
Íntimo amigo del ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, el empresario y político correntino maniobró a través del yerbatero de Apóstoles para ser nombrado embajador argentino en Paraguay durante el gobierno de Mauricio Macri.
Incluso, las crónicas periodísticas de la época lo encuentran pidiendo juicio político para una jueza de La Plata que había dado curso a un amparo contra los tarifazos macristas de 2015, pero Macri nunca lo tuvo en cuenta para el cargo.
A esa altura, el nombre de Martínez Llano, aparecía en, al menos, dos casos que retumbaron fuerte en la política de la vecina provincia, aunque después quedaron en la nada: la muerte del periodista Hernán González Moreno, que había sido gerente general del diario “El Libertador, propiedad del político correntino, y que apareció con un balazo en la cabeza en el interior de su automóvil en 2009; y un operativo antidrogas realizado en su estancia “Santa María del Aguapey”, un enorme establecimiento ubicado en cercanías de Santo Tomé, donde en 2013 Gendarmería Nacional encontró avionetas, una pista de aterrizaje y 300 kilos de cocaína.
Martínez Llano es miembro de la Sociedad Rural y de la Asociación de Criadores de Búfalos, una especie con cada vez más aceptación en el país e incluso se ha mostrado en sus redes sociales caminando con el torso desnudo a la cabeza de una manada de estos animales en su estancia de Santo Tomé.
NO PELEO SÓLO POR UNA BANCA. SOY SOLIDARIO Y PONGO TODA LA ENERGÍA PARA QUE EL PERONISMO RECUPERE LA PROVINCIA.
Dirán que son los cabecitas negras, pero caminar con un rodeo de toros Bufalos atrás es tener bien cubiertas las espaldas. pic.twitter.com/ONcz2oNv4H
— Rodolfo Martinez Llano (@RodolfoMLlano) March 22, 2021
Política
Goerling no aceptó el aumento de la dieta: “Lo voy donar al Hospital de Niños”
El senador por el PRO, Martín Goerling, no aceptó el reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, elevando el salario de los funcionarios a más de $11 millones.
“Como todos los años, no acepté el aumento”, confirmó Goerling en comunicación con La Voz de Misiones.
Así como sus pares Arce y Rojas Decut del Frente Renovador renunciaron al aumento, el jefe del Bloque del Pro, se adhirió al acuerdo que el Senado realizó este año.
Según explicó, dicho acuerdo tiene como finalidad donar el incremento de la dieta de aquellos senadores que se adhieran. “Este año corresponde que se designe al Hospital de Niños”, precisó.
“La Presidencia del Senado manda un formulario para hacer efectiva la donación”, añadió Goerling.
El legislador indicó que el listado de los funcionarios que aceptaron la donación a través del formulario, se dará a conocer en la página oficial del Senado.
“Desde que asumí lo hice, el primer año lo doné, el segundo renuncié y este aumento lo voy a donar”, señaló.
El aumento acordado fue del 12,5% acumulativo, producto de la paritaria entre las autoridades del Senado y los gremios legislativos, impacta directamente en las dietas de los senadores que esta sujeta al salario del personal por la Resolución 8/24, que fija la dieta en 2.500 módulos. A ese monto se suman gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos para legisladores del interior).
Desde junio de 2025 los senadores pueden renunciar de manera individual a estos incrementos, medida incorporada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las polémicas por aumentos anteriores.
Política
Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”
El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.
“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.
En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.
“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.
El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.
“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.
Decisión política
Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.
“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.
“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.
Política
La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes
La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.
La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria.
“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.
De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.
Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.
En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
FOTO: EL TERRITORIO
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
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