Política
El posadeño radicado en Miami que enfrenta a la EBY con Misiones
La Entidad Binacional Yacyretá volvió a ser noticia en la escena local al intentar trasladar a los clubes náuticos establecidos en la bahía El Brete. El gobernador Hugo Passalacqua respaldó a las asociaciones civiles e intimó a la EBY para que le entregue a Misiones los terrenos que no fueron afectados por el embalse, según dicta la Ley.
Pasada la mitad del año, la EBY puso en marcha un plan para impulsar modificaciones en torno al paseo capitalino en la vera del río Paraná, que fue presentado oficialmente en su sitio web como una “propuesta para el reordenamiento del espacio costero en El Brete”.
La maniobra, inconsulta con las autoridades locales, chocó de frente con el gobierno de Misiones que de inmediato tomó partido a favor de los clubes y los acuerdos vigentes, abriendo una disputa en la Justicia Federal sobre la titularidad de los terrenos que Yacyretá pretende modificar como si fueran propios.
“Resulta inadmisible cualquier acto de disposición que implique su privatización o mercantilización, por constituir un patrimonio común que pertenece al pueblo misionero”, advirtió el gobernador Hugo Passalacqua en una nota enviada al director ejecutivo de la Binacional por Argentina, Alfonso Peña, ante la falta de información concreta sobre las pretensiones de la EBY.
Hasta ahora, la Entidad Binacional Yacyretá no respondió al planteo del gobierno de Misiones. No lo hizo a través del departamento jurídico, ni públicamente.
Misioneros en la EBY
Desde la designación del ingeniero civil Alfonso Peña como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá en diciembre de 2023, Misiones dejó de tener representantes oriundos de la tierra colorada en el máximo cargo de la Binacional, quedando Rodrigo de Arrechea como el único misionero entre los cuatro argentinos que integran el Consejo de Administración.
Otro misionero en la EBY es el primo de Rodrigo, Juan Pablo Arrechea, funcionario de carrera en la Entidad que ocupa actualmente la Secretaría General en representación argentina.
En medio de recortes, despidos y modificaciones, consecuencias de las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, un nuevo actor desembarcó en la Entidad: el posadeño Ignacio Palacios, que trabaja sin un cargo destacado, pero con el aval de Santiago Caputo, quien a principios de este año impulsó su incorporación como un asesor con capacidades extraordinarias dentro de la Binacional.
Ignacio Palacios, “Nacho” para todo el mundo, nació y se crio en la Posadas de los años ’70s y ’80s, parte de una familia de clase alta con vínculos políticos y empresariales. Jugó de manera destacada al rugby en el Progreso Rowing Club y terminó la secundaria en la escuela Industrial en 1.985.
Su pasión por los deportes, la mecánica y los autos lo llevaron a las pistas de carrera, primero de la mano de la familia Urrutia, para luego convertirse en parte del equipo de competición del cuádruple campeón de automovilismo nacional, Ernesto Tito Bessone, con quien forjó una amistad entrañable.
En el ambiente tuerca conoció a Carlos Menem Junior y a su hermana Zulema, con quienes también cultivó una relación, siendo hoy la hija del expresidente una amiga cercana de Nacho Palacios.
Con el nuevo siglo, Nacho maduró su faceta empresarial y, a mediados de 2014, se radicó en Miami donde forjó un negocio exitoso que no para de crecer: Top Miami Rental, una agencia de alquiler de autos y yates con un tipo de servicio especializado, que posicionó la marca entre miles de argentinos -y personalidades del país- que visitan la península en Estados Unidos.
Las cualidades para las relaciones públicas y una agenda propia con vínculos relevantes, catapultaron a Nacho Palacios -merced a su relación con Santiago Caputo- al manejo de asuntos del poder.
En Misiones ahora se plantea un nuevo capítulo a partir de las pretensiones de la EBY -y su nuevo interlocutor, Nacho Palacios- de disponer de los terrenos costeros para desarrollar infraestructura (espacios de esparcimiento, paseos de compras y gastronomía), lo que convocaría a inversores privados que los exploten.
El pulso de Palacios para comunicar el proyecto de la EBY y sus beneficios para el crecimiento de Posadas, generó hasta ahora un conflicto abierto no solo con el gobierno provincial, que ya hizo presentaciones en la Justicia; también los clubes y parte de la opinión pública se posicionaron en contra, ante la falta de claridad del mega plan.
Cronología del conflicto
Las intenciones de la EBY en Posadas salieron a la luz a partir de una intimación que se conoció el 24 de septiembre; llevaba la firma del Secretario del Comité Ejecutivo del Departamento de Obras Complementarias, Julio Ricardo Skanata, y requería el desalojo -con fecha límite el 31 de diciembre- de los clubes Río Paraná y Vayruzú; el Astillero Río Libre y al Liceo Naval Almirante Storni, todos instalados en torno a El Brete.
Ese día los clubes y el propio Liceo Storni revelaron el plan de Yacyretá que pocos conocen, y que comenzaba por romper los comodatos con las instituciones, el documento con el que la misma Entidad les otorgó una ocupación de los terrenos por 99 años.
El 25 de septiembre Yacyretá emitió un comunicado a través de su sitio web oficial, en el que insistió: “La EBY ha procedido conforme a lo expresamente previsto en los documentos firmados con los representantes de dichas instituciones, otorgándoles un plazo más que razonable para que los espacios que ocupan se adecuen real y efectivamente al ordenamiento territorial originalmente previsto, destinado al disfrute de toda la población”.
Al mismo tiempo, aclaró: “la Entidad mantiene un diálogo abierto, permanente y constructivo con las autoridades de las instituciones involucradas, con el objetivo de que las actividades deportivas, recreativas y educativas se desarrollen en ámbitos adecuados y seguros”.
Ante el revuelo mediático y social que provocó el anuncio de la medida, los clubes náuticos iniciaron una colecta de firmas para revertir la situación y convocaron a una movilización “por agua y tierra” que se concretó el 4 de octubre en la zona de los predios afectados.
El 2 de octubre el gobernador Hugo Passalacqua se sumó a la preocupación de la comunidad náutico-deportiva y emitió un documento a través del cual solicitó al titular de la EBY, Alfonso Peña, transferir a la provincia los terrenos costeros de El Brete, para que continúen siendo de uso público.
Al día siguiente, entidad binacional difundió un nuevo comunicado en el que manifestó que “en función de las interpretaciones erróneas que se produjeron respecto de las medidas adoptadas”, la EBY decidió suspender la medida del desalojo y presentó una serie de propuestas orientadas a optimizar el uso de la zona costera conocida como El Brete, “asegurando su plena accesibilidad y disfrute por parte de todos los habitantes y visitantes”.
Sin embargo, ante la ausencia de interlocutores válidos para ejercitar el diálogo, el 21 de octubre el gobernador Hugo Passalacqua firmó un Decreto a través del cual instruyó al fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte, a accionar ante la Justicia “…para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial, en pos del cumplimiento del objetivo de la Ley I – 158 y sus concordantes, relativas y/o cualquier norma que resulte aplicable a tal fin, y que pudiesen encontrarse afectados por acciones u omisiones de la Entidad Binacional Yacyretá”.

CON COLAPINTO. Nacho Palacios en noviembre de 2.024. FOTO EL TERRITORIO.
Política
Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.
Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.
En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.
En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.
El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.
Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.
Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.
En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.
El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.
Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.
Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.
Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.
Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.
El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.
Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
Política
Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá
El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.
La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.
Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.
El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.
La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.
Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.
En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.
La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.
Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026
Política
Kicillof recibió reclamo de yerbateros y organizan reunión con él en Misiones
En una reunión llevada adelante hoy, productores yerbateros de Misiones pusieron en conocimiento al gobernador Axel Kicillof sobre la crisis del sector y advirtieron que “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o será un commodity, estandarizado y concentrado”.
Organizaciones de productores y la Cooperativa Río Paraná de Misiones le hicieron llegar al gobernador peronista un documento donde se detalla la crítica situación del sector de la yerba mate.
La presentación se dio hoy, 30 de marzo, de la mano de Gastón Borsini, integrante de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, quien entregó el escrito donde se ratifica la necesidad de recuperar todas las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Esta es una reunión que el gobernador convocó con la idea de interiorizarse sobre las distintas problemáticas de los sectores productivos a nivel federal”, explicó Borsini a La Voz de Misiones.
El documento, con contenido de la problemática del sector, fue titulado con el eslogan “La chacra no se vende, es Patria” y en sus más de 700 páginas refleja el crecimiento y desarrollo del sector durante la gestión del Inym (dos décadas) ejerciendo todas sus facultades, como así también la situación de crisis generada a partir de la desregulación. Además de las recientes modificaciones normativas introducidas a partir de la sanción del DNU 70/2023.
“Desde la Confederación somos críticos con el ministerio de Desregulación. A (Federico) Sturzenegger y a sus medidas lo consideramos ‘anti productivo’”, apuntó.
El escrito contó con las firmas de los misioneros Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; y Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte , con el patrocinio letrado de José Federico Padolsky.
En el texto se advierte sobre la situación yerbatera a partir de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei, donde se plantean dos modelos productivos claramente diferenciados: “Lo que se encuentra en juego es un modelo de desarrollo regional basado en la producción, el trabajo y la inclusión, frente a una dinámica que tiende a la concentración, la estandarización y la pérdida de valor territorial”.
Encuentro en Misiones
Segú comentó Gastón Borsini de CGP -Organización que representa a economías regionales- y donde el misionero Skripczuk es parte del Directorio en representación de la provincia de Misiones, Kicillof escuchó con preocupación la problemática planteada y pactó una visita Misiones.
“El gobernador nos pidió si en el corto plazo se puede organizar un encuentro con las bases de los sectores yerbateros, dado que le gustaría visitar la provincia y escuchar de boca de los reales actores las problemáticas reales”, reveló.
La reunión, añadió Borsini, será en un plazo de no más de tres meses y se prevé que el mandatario bonaerense llegue acompañado por Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.
Y agregó que este “encuentro Agrario” convoca a los yerbateros, los tabacaleros y los demás productores, coordinado por la confederación “él asistirá como Gobernador y como posible candidato y construir su campaña presidencial”.
Jorge Skripczuk explicó que para la Asociación Impulso Yerbatero es fundamental que el gobernador de Buenos Aires tenga conocimiento de la problemática.
“En el grupo de impulso participan productores que están dentro de la Confederación y hace unas semanas comenzamos con reuniones con funcionarios bonaerense para delinear estrategias de ventas. Buscando canales más directos de comercialización en esa provincia ya que es un nicho importante para ubicar la yerba de cooperativas o de pequeñas marcas”, indicó.
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