Política
El Pays pidió suspender auditorías en discapacidad: “Es maltrato y humillación”

Con una presentación judicial contundente, el Partido Agrario y Social (Pays) de Misiones, encabezado por el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro, denunció el viernes el accionar cruel e inconstitucional del Gobierno nacional contra miles de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. Ante el Juzgado Federal de Oberá, dirigentes solicitaron la suspensión inmediata de las auditorías que se están llevando adelante con una violencia institucional inadmisible.
“Lo que está haciendo el gobierno nacional con chicos con discapacidad es una aberración, por eso estamos cumpliendo nuestra promesa de defender a los más vulnerables”, expresó Bárbaro con profunda indignación al salir del juzgado. “Queremos que se pare esta auditoría hasta que definan un mecanismo que no humille a las personas. No estamos en contra de que revisen si algunos casos no deben cobrar, pero lo que están haciendo es maltrato, es desinformación y es una humillación”.
La presentación judicial fue realizada por los diputados Cristian Gabriel Castro, Blanca Ester Álvez y el propio Bárbaro (mandato cumplido), quienes promovieron una medida autosatisfactiva exigiendo la suspensión del proceso de auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Argumentan que las auditorías, tal como están instrumentadas desde marzo de este año, violan derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Ley de Protección de Datos Personales. Además, denuncian que hay clínicas privadas que especulan con la necesidad de las personas discapacitadas y le cobran 50 mil pesos para realizar los controles que se exigen en la auditoría.
En Misiones se auditan unas 80 mil pensiones por invalidez, mediante citaciones que en muchos casos no llegan por carta documento. Los beneficiarios deben presentarse en centros de salud distantes, en fechas precisas, bajo la amenaza de perder el único ingreso mensual que perciben: 207 mil pesos.
En localidades del interior, donde los domicilios se identifican por número de lote o parcela, la entrega de cartas resulta prácticamente inviable. Al conocer esta situación, la Andis recurrió a una práctica escandalosa: la publicación de listados con nombres completos, fechas y horarios en medios de comunicación y redes sociales, violando la confidencialidad y exponiendo públicamente a personas con discapacidad.
El ejemplo más gráfico de este atropello fue el 6 de mayo en San Vicente, donde más de 500 personas de El Soberbio –la mayoría sin notificación formal– debieron trasladarse 50 kilómetros para ser auditadas. Sin baños disponibles, sin agua, bajo el sol, con niños en brazos y discapacidades diversas, esperaron durante horas. Algunos llegaron sin comida, sin dinero para volver a sus casas, otros con estudios médicos vencidos o perdidos, sin posibilidad de reprogramarlos por meses debido a la saturación del sistema de salud público.
El Pays advierte que la brecha digital agrava aún más la situación: en zonas rurales de Misiones, donde no hay conectividad ni acceso a computadoras o celulares, la posibilidad de justificar inasistencias por correo electrónico –como exige la Andis– es una burla cruel e ineficaz. Todo el operativo es, en definitiva, una maquinaria de exclusión disfrazada de control.
Exigencias del pedido judicial
Excluir del operativo a quienes ya poseen Certificado Único de Discapacidad o fueron auditados en 2017, garantizar notificaciones fehacientes y personalizadas, respetando las condiciones geográficas, prohibir la publicación de listados en medios, desplegar operativos médicos móviles en el territorio, proveer transporte a quienes viven en zonas alejadas y ofrecer alternativas presenciales para entregar documentación sin depender de internet.
El Pays es el único espacio político de Misiones que salió en defensa de las personas con discapacidad frente a esta embestida burocrática. Así como lo hizo con los yerbateros ante el saqueo del precio de la hoja verde tras la desregulación, hoy alza la voz por los que más necesitan. En tiempos donde muchos miran para otro lado, el Pays reafirma su coherencia: siempre del lado del pueblo, siempre con los humildes.
Además de los diputados mencionados, de la presentación participaron Elvani Goring (2°candidata a diputada del Pays), Isaac Lenguaza (presidente del Partido), Cali Goring (intendente de Colonia Autora), Normelia Dos Santos (concejal de El soberbio), Ariel “Opa Opa” Pereyra (candidato de El Soberbio); Luis Benítez (concejal de Aristóbulo); y Bidu Rivero (concejal de El Soberbio).
Política
Goerling y su ausencia en votación de jubilaciones y discapacidad: “Fue ilegal”

El senador del PRO Misiones, Martín Goerling, justificó su ausencia de ayer en el Senado, cuando el pleno votó el aumento a los jubilados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
“No vamos a convalidar el atropello institucional”, tituló el parlamentario misionero un posteo de este viernes en su cuenta de X, donde argumentó sobre irregularidades de procedimiento de los proyectos que el pleno aprobó, prácticamente, por unanimidad.
“Mi planteo, y de varios senadores, fue claro: los proyectos que vinieron de Diputados sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad —temas de enorme sensibilidad y relevancia— debían ser tratados con la seriedad que corresponde: en comisión, con debate, con participación y buscando los mejores consensos”, explicó Goerling y sentenció: “Eso no ocurrió”.
Según el senador macrista, “el kirchnerismo forzó una mayoría, se autoconvocó en una comisión que no estaba habilitada, emitió un dictamen inválido y lo llevó al recinto para votar su validez”.
“Nos opusimos firmemente, porque consideramos que ese dictamen es ilegal”, acusó y retrucó: “Lo dijimos en el recinto y lo sostenemos”.
“No nos negamos a tratar estos temas”, aclaró, sin embargo, Goerling. “Todo lo contrario: queremos discutirlos, mejorarlos y darles tratamiento parlamentario serio, buscando consensos, para que sea ley y no se discuta un posible veto”, continuó y, volviendo sobre las supuestas irregularidades del trámite parlamentario, advirtió: “Pero no aceptamos que se atropellen las normas, el reglamento y las instituciones”.
“Por eso -explicó Goerling-, una vez que se impuso ese tratamiento irregular, decidí levantarme y retirarme del recinto para no convalidar estos dictámenes”.
Mayorías
Los tres proyectos a los que el senador del PRO Misiones se refiere, fueron, sin embargo, aprobados por una mayoría que superó con creces los dos tercios de los parlamentarios presentes, como también las mociones para el tratamiento que se votaron antes.
El aumento de las jubilaciones y el bono previsional, se aprobó por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones; lo mismo que la emergencia en discapacidad, que registró 55 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.
La emergencia en discapacidad tuvo el acompañamiento de cuatro de los siete parlamentarios que integran el bloque del PRO: votaron a favor la chubutense Andrea Marcela Cristina, la pampeana María Victoria Huala, la porteña Guadalupe Tagliaferri y el cordobés Luis Juez, que se quebró al hablar en el recinto de su hija Milagros, que sufre de parálisis cerebral.
Se ausentaron para no votar: el misionero Goerling, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el enterriano Alfredo De Angeli, titular del bloque.
El senador del PRO Misiones volvió al recinto para votar por el proyecto de los gobernadores, por la transferencia automática de los ATN y la coparticipación de partidas asignadas a fondos fiduciarios eliminados y el impuesto a los combustibles, que acompañó junto a sus colegas renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
NO VAMOS A CONVALIDAR EL ATROPELLO INSTITUCIONAL
Mi planteo, y de varios senadores, fue claro: los proyectos que vinieron de Diputados sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad —temas de enorme sensibilidad y relevancia— debían ser tratados con la seriedad que corresponde:…
— Martín Goerling (@MARTINGOERLING) July 11, 2025
Política
Gervasoni denunció al Gordo Dan por tuits que “alientan un golpe cívico militar”

El dirigente renovador y actual presidente del Imac, Roque Gervasoni, decidió pasar a la acción judicial esta mañana e interpuso una denuncia por intimidación pública, apología al delito y discriminación contra Daniel Parisini, el operador libertario y tuitero más conocido como Gordo Dan, y Pedro María Lantaron, otro acérrimo usuario de X, por las publicaciones donde ambos arengaban a militarizar las calles en contra del funcionamiento del Congreso nacional.
“Me parece que al menos debemos manifestar en la justicia lo peligroso de actitudes como las del Gordo Dan y El Pyttt, que desde sus redes sociales convocan a la violencia, alientan un golpe Cívico militar y son profundamente discriminatorias”, expresó Gervasoni al exponer en Facebook la denuncia que este viernes presentó ante el Juzgado Federal de Posadas.
En su acusación el funcionario provincial hizo referencia a las diferentes publicaciones que tanto el Gordo Dan como Lantaron, a través de su cuenta @elpittttt, efectuaron el jueves a la tarde mientras el Senado aprobaba leyes de aumento para las jubilaciones, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y transferencias del Tesoro Nacional a las provincias, iniciativas que para el gobierno liderado por presidente Javier Milei atentan contra el “equilibro fiscal”.
“Los tanques a la calle ya. Es ahora” y “Los strikers por 9 de julio ahora javeto. El momento ha llegado” fueron parte de larga seguidilla de tuis que Parisini, uno los conductores del streaming libertario Carajo, lanzó ayer mientras el Congreso sesionaba.
En misma sintonía se expresó Lantaron. “Que todos los de LLA vayan desalojando el Congreso que se viene el ataque”, advertía en una publicación, mientras que en otro tuit subió la foto de un tanque de guerra acompañado del enunciado: “Es ahora Javo!!! Metan todos los tanques dentro del Congreso”.
LOS TANQUES A LA CALLE YA
ES AHORA
— DAN (@GordoDan_) July 10, 2025
“Todo tiene un límite”
Para Gervasoni, estas acciones suman gravedad porque se dan “en un contexto enmarcado por la violencia en redes sociales, por un alto nivel de disconformidad de una sociedad que se ve cada vez más oprimida y confundida, puede llevar sin dudas a personas con un alto grado de Estrés a tomar decisiones impulsadas por el odio y el hartazgo que provocan este tipo de publicaciones”.
“No es ni gracioso, ni inocente y mucho menos”, consideró y en contrapartida afirmó que “es altamente riesgoso, pone en peligro la Paz y la integridad física de legisladores y el pueblo en General”.
“No se trata de persecución o afectar la libertad de expresión, todo tiene un límite, en una sociedad donde el presidente de la república marca la agenda verborragia de las redes sociales, alguien debe poner límites a los excesos de fanáticos o seguidores libertarios a todas luces dispuestos a todo con tal de sembrar miedo y confusión, alterando la paz social”, culminó el dirigente renovador, adjuntando una copia de la presentación judicial que efectuó con el patrocinio de la abogada Valeria Ocampo.
Los delitos denunciados por Gervasoni se encuadran en los artículos 212 y 213 del Código Penal de la Nación y en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23592.
Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias
Política
Senadores misioneros votan a favor de transferencias a las provincias

Con 56 votos a favor, entre los que se cuentan los tres senadores misioneros, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el macrista Martín Goerling, el Senado aprobó esta noche el proyecto de ley que obliga al gobierno a repartir entre las provincias los Aportes del Tesoro (ATN) y de fondos fiduciarios de infraestructura, transporte y vivienda, eliminados.
Fueron dos proyectos y ambos obtuvieron igual resultado de votos a favor, y el mismo rechazo del cordobés Luis Juez, que fue el único que votó en contra.
La primera de las iniciativas activa el giro automático a las provincias de los ATN que el gobierno retiene desde que asumió en diciembre de 2023.
La otra, elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Transporte, Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, de Desarrollo Eléctrico del Interior, y Nacional de la Vivienda, y redirige todos estos recursos, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos, a las provincias conforme la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
El pleno votó el proyecto de los gobernadores, luego de un debate que se prolongó durante horas, después que aprobara el aumento para los jubilados, la moratoria previsional por dos años, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca.
Ambos proyectos superaron, holgadamente, la mayoría calificada de dos tercios que necesitaban, y eran un reclamo de los 23 mandatarios provinciales, entre los que se contó al misionero Hugo Passalacqua, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Jorge Macri, que se reunieron hace dos semanas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) porteño y consensuaron una hoja de ruta común.
El debate en el recinto plasmó el humor de los gobernadores y el primo de Mauricio Macri con Milei, que, en lugar de apaciguar los ánimos, rompió lanzas y acusó a los mandatarios de querer “destruir al gobierno”.
Hubo menciones a las deudas de Nación a las provincias por la coparticipación, la asimetría del reparto y la necesidad de rediscutir la distribución de los ingresos federales; la paralización de la obra pública, especialmente de infraestructura vial, y el interrogante que abre, en tal sentido, la decisión del gobierno de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El Bárbaro
“Los une es espanto”, dijo el formoseño José Mayans, sobre la alianza de mandatarios de credos políticos variopintos por recursos que puedan esquilmarle al plan de ajuste del gobierno, que amenaza con desfinanciar a las provincias.
“No es que los gobernadores de repente alcanzaron la madurez política”, apuntó Mayans y lanzó: “Se cansaron de ser humillados”.
“Reclaman y el presidente los manda a hablar con (Federico, ministro de Desregulación) Sturzenegger, el Bárbaro; y Sturzenegger les dice que les va a aplicar la motosierra a todos”, disparó el senador kirchnerista.
Mayans se refería a los últimos intentos de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, por destrabar las negociaciones con el Poder Ejecutivo, que finalmente se cayeron y desembocaron en la cumbre del CFI, donde el anuncio de recurrir al Congreso por los recursos encendió la ira presidencial.
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