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El Pays pidió suspender auditorías en discapacidad: “Es maltrato y humillación”

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Con una presentación judicial contundente, el Partido Agrario y Social (Pays) de Misiones, encabezado por el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro, denunció el viernes el accionar cruel e inconstitucional del Gobierno nacional contra miles de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. Ante el Juzgado Federal de Oberá, dirigentes solicitaron la suspensión inmediata de las auditorías que se están llevando adelante con una violencia institucional inadmisible.

“Lo que está haciendo el gobierno nacional con chicos con discapacidad es una aberración, por eso estamos cumpliendo nuestra promesa de defender a los más vulnerables”, expresó Bárbaro con profunda indignación al salir del juzgado. “Queremos que se pare esta auditoría hasta que definan un mecanismo que no humille a las personas. No estamos en contra de que revisen si algunos casos no deben cobrar, pero lo que están haciendo es maltrato, es desinformación y es una humillación”. 

La presentación judicial fue realizada por los diputados Cristian Gabriel Castro, Blanca Ester Álvez y el propio Bárbaro (mandato cumplido), quienes promovieron una medida autosatisfactiva exigiendo la suspensión del proceso de auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Argumentan que las auditorías, tal como están instrumentadas desde marzo de este año, violan derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Ley de Protección de Datos Personales. Además, denuncian que hay clínicas privadas que especulan con la necesidad de las personas discapacitadas y le cobran 50 mil pesos para realizar los controles que se exigen en la auditoría.

En Misiones se auditan unas 80 mil pensiones por invalidez, mediante citaciones que en muchos casos no llegan por carta documento. Los beneficiarios deben presentarse en centros de salud distantes, en fechas precisas, bajo la amenaza de perder el único ingreso mensual que perciben: 207 mil pesos

En localidades del interior, donde los domicilios se identifican por número de lote o parcela, la entrega de cartas resulta prácticamente inviable. Al conocer esta situación, la Andis recurrió a una práctica escandalosa: la publicación de listados con nombres completos, fechas y horarios en medios de comunicación y redes sociales, violando la confidencialidad y exponiendo públicamente a personas con discapacidad.

El ejemplo más gráfico de este atropello fue el 6 de mayo en San Vicente, donde más de 500 personas de El Soberbio –la mayoría sin notificación formal– debieron trasladarse 50 kilómetros para ser auditadas. Sin baños disponibles, sin agua, bajo el sol, con niños en brazos y discapacidades diversas, esperaron durante horas. Algunos llegaron sin comida, sin dinero para volver a sus casas, otros con estudios médicos vencidos o perdidos, sin posibilidad de reprogramarlos por meses debido a la saturación del sistema de salud público.

El Pays advierte que la brecha digital agrava aún más la situación: en zonas rurales de Misiones, donde no hay conectividad ni acceso a computadoras o celulares, la posibilidad de justificar inasistencias por correo electrónico –como exige la Andis– es una burla cruel e ineficaz. Todo el operativo es, en definitiva, una maquinaria de exclusión disfrazada de control.

Exigencias del pedido judicial 

Excluir del operativo a quienes ya poseen Certificado Único de Discapacidad o fueron auditados en 2017, garantizar notificaciones fehacientes y personalizadas, respetando las condiciones geográficas, prohibir la publicación de listados en medios, desplegar operativos médicos móviles en el territorio, proveer transporte a quienes viven en zonas alejadas y ofrecer alternativas presenciales para entregar documentación sin depender de internet.

El Pays es el único espacio político de Misiones que salió en defensa de las personas con discapacidad frente a esta embestida burocrática. Así como lo hizo con los yerbateros ante el saqueo del precio de la hoja verde tras la desregulación, hoy alza la voz por los que más necesitan. En tiempos donde muchos miran para otro lado, el Pays reafirma su coherencia: siempre del lado del pueblo, siempre con los humildes.

Además de los diputados mencionados, de la presentación participaron Elvani Goring (2°candidata a diputada del Pays), Isaac Lenguaza (presidente del Partido), Cali Goring (intendente de Colonia Autora), Normelia Dos Santos (concejal de El soberbio), Ariel “Opa Opa” Pereyra (candidato de El Soberbio); Luis Benítez (concejal de Aristóbulo); y Bidu Rivero (concejal de El Soberbio).

Política

El STJ permitirá voto policial a pedido del procurador Carlos Giménez

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Carlos Giménez

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se dispone a habilitar el voto de los uniformados en las elecciones del 8 de junio próximo, según dejaron trascender fuentes del gobierno misionero, que aseguraron que la revocatoria a la prohibición resuelta por el Tribunal Electoral fue sugerida por el procurador General de la Provincia, Carlos Giménez.

Según las fuentes, Giménez y su equipo trabajan en estas horas en un escrito que considera “inaplicable” el famoso inciso 10, del artículo 48, de la Constitución Provincial, que prohíbe el sufragio a soldados pertenecientes a las fuerzas armadas, y agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

De esta manera, las fuentes aseguraron que el STJ ya está al tanto de la iniciativa del Ejecutivo misionero y en las próximas horas estaría haciendo público un fallo en sintonía con lo planteado por el procurador Giménez, habilitando el voto de los uniformados el 8J.

Controversia

La controversia por el voto de los uniformados en la provincia, se originó con el Acta-Acuerdo Nº 1221/25, del 19 de mayo pasado, donde el Tribunal Electoral de Misiones resolvió dar cumplimiento al artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial y excluir del padrón electoral a todo el personal activo de las diferentes fuerzas de seguridad.

La resolución, firmada por los jueces Cristian Benítez, Gregorio Busse y Andrés Poujade, provocó enseguida la reacción de los espacios políticos que se autoperciben como depositarios naturales del voto uniformado, La Libertad Avanza (LLA), el Partido Libertario, y Por la Vida y los Valores, que lleva como primer candidato para la Legislatura al ex policía preso en Cerro Azul, Ramon Amarilla.

Los tres espacios apelaron en sucesivos recursos de revocatoria, pero el Tribunal Electoral rechazó el lunes todos los pedidos y se reafirmó en la prohibición del sufragio para los uniformados en actividad.

Sin embargo, el partido del presidente en Misiones encaminó esta mañana una presentación en el STJ, poniendo la resolución de la controversia en manos del máximo tribunal provincial que, de acuerdo a las fuentes del gobierno, habilitaría el voto policial en las próximas horas.

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Sebastián Macías: “No se trata de buscar al nuevo Messi, sino de generar espacios de contención”

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Sebastián Macías: “No se trata de buscar al nuevo Messi, sino de generar espacios de contención”

En el marco de una actividad destinada a fortalecer el deporte local, Sebastián Macías, candidato a diputado provincial por el Frente Renovador Neo, participó de la entrega de kits deportivos y del Deporbono a ocho clubes que integran la Liga Posadeña de Fútbol.

Las instituciones beneficiadas fueron V. Cabello, Argentinos Juniors, Estudiantes, Garupaense, Acapulco, La Picada, Garupá y Estudio Galeano. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno provincial, tiene como objetivo brindar recursos para mejorar los entrenamientos y promover la generación de ingresos para las entidades deportivas.

Durante el encuentro, Macías destacó la importancia de los clubes como espacios de formación y contención social. “No se trata de buscar nuevos talentos ni de encontrar al próximo Messi. Lo esencial es crear ámbitos donde los jóvenes puedan formarse y sentirse parte de una comunidad”, afirmó. Además, valoró el trabajo de los dirigentes que, además de administrar, aportan tiempo y esfuerzo personal en las actividades.

El candidato resaltó la organización y el compromiso de la Liga Posadeña, señalando que “sin orden y trabajo incansable no sería posible disputar 100 partidos cada fin de semana”. También destacó el esfuerzo de las comisiones directivas que se encargan del mantenimiento de los campos de juego: “Muchas veces vimos a dirigentes manejando el tractor o armando las redes de los arcos, todo por amor al deporte y orgullo comunitario”.

En detalle, el Deporbono es un bono que los clubes pueden vender para recaudar fondos, involucrando no solo a la dirigencia, sino también a toda la comunidad que participa en el trabajo diario de la entidad. Esta herramienta busca fortalecer la economía de los clubes y fomentar la colaboración entre deportistas, dirigentes y vecinos.

Finalmente, Macías subrayó la necesidad de contar con políticas públicas que favorezcan el desarrollo deportivo en todas sus categorías. “Es fundamental crear un contexto propicio para facilitar la gestión y el crecimiento de los clubes. Todos podemos colaborar para mejorar estos espacios que tanto significan para la comunidad”, concluyó.

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Política

Convergencia Justicialista pide voto policial y reforma constitucional

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La agrupación Convergencia Justicialista, que conduce Gonzalo Costa de Arguibel, se pronunció este martes a favor del voto de los uniformados en las elecciones del 8 de junio próximo, cuya resolución está en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de que el Tribunal Electoral rechazara todos los recursos contra su acordada del 19 de mayo, y La Libertad Avanza (LLA) Misiones decidiera recurrir a la máxima instancia judicial de la provincia.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el espacio peronista misionero pidió “el voto irrestricto de toda la ciudadanía provincial en su conjunto”, y exigió: “Sin excepciones por estado o causa que fuere”.

“Hacemos un llamado a unificar en adelante el cronograma electoral con los Comicios Nacionales como Municipales, evitando gastos innecesarios a la Provincia de Misiones, que tanto presupuesto requiere para atender las necesidades de toda su población”, apunta el pronunciamiento y dispara contra el gobierno provincial: “Porque no se está cerca de la gente, como rimbombantemente se anuncia”.

En otro tramo, Convergencia reclama “una reforma constitucional integral”, para “hacer efectivo el principio ‘pro elector’ y terminar con estos resabios anacrónicos”.

Según el pronunciamiento, Misiones tiene la “única Constitución Provincial no reformada en el país”, producto de “un peronismo proscripto, sin participación de la mayoría justicialista”, lo que representa “la mayor deuda de nuestra democracia provincial”.

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