El diputado nacional de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, afirmó que, hoy, el sobreendeudamiento afecta a más argentinos que el Covid durante la pandemia de hace seis años.

“En la pandemia, el 22% de los argentinos estuvieron enfermos, según las estadísticas de la cantidad de Covid”, aseguró el legislador misionero y precisó que “hoy, el 26,9 % de los argentinos está afectado por el virus financiero”.

“Esta es una pandemia macroeconómica y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de resolver por el bienestar de todos los argentinos”, afirmó Herrera Ahuad, este martes, en la reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, de la Cámara de Diputados de la Nación.

En la ocasión, el diputado de Argentina Federal defendió su proyecto para atender la situación de los millones de argentinos que tomaron deudas impagables para enfrentar la crisis económica derivada del ajuste del gobierno.

“Lo que proponemos es un programa nacional destinado a ser una herramienta concreta de restauración y cancelación de deudas”, presentó Herrera Ahuad, en una reunión de la que también participó el diputado de LLA Misiones, Diego Hartfield, y una docena de panelistas invitados, entre consultores, banqueros y economistas.

“Tomo el tema que decía la gente de los bancos, de que hay cerca de 500.000 argentinos que se acercaron a las ventanillas para refinanciar sus deudas, pero parece que el Banco Central no se enteró, porque siguen creciendo los deudores mes a mes”, señaló.

“Los datos oficiales del Banco Central muestran con claridad la evolución reciente de este fenómeno”, indicó Herrera Ahuad y alertó: “La morosidad de las financieras destinadas a las familias alcanzó el 10,6% en enero, el 11,11% en febrero, el 11,5% en marzo, el 12,5% en abril, y el 12,8% en mayo”.

“La irregularidad de las familias se incrementó de manera sostenida y alcanzó niveles que requieren una respuesta institucional urgente”, afirmó y sostuvo que “de acuerdo con los indicadores consolidados de la Central de Deudores del BCRA, el 26,9% de los usuarios del sistema financiero registran atrasos superiores a los 90 días, existiendo lugares del país donde la morosidad alcanza marcas del 30,5%”.

Herrera Ahuad opinó que, contrariamente a lo que sostienen el presidente Javier Milei y su equipo económico, “estos indicadores permiten afirmar que el sobreendeudamiento de los hogares no constituye un problema individual o derivado de una deficiente administración de las finanzas personales”.

“Cuando la carga de las cuotas absorbe una proporción desmedida de los ingresos familiares, el crédito desvirtúa su función de herramienta de fomento y comienza a comprometer, de manera directa, la capacidad de subsistencia de las familias para afrontar los gastos esenciales, como alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud”, argumentó.

Sentido común

El diputado misionero destacó medidas provinciales, como el decreto del gobernador Hugo Passalacqua de un tope del 30% para el descuento a estatales por créditos impagos, pero sostuvo que “estas respuestas locales resultan aisladas e insuficientes ante una crisis de endeudamiento que es de naturaleza general y macroeconómica”.

“La existencia de estas medidas en las provincias, constituye un reconocimiento concreto de la problemática y demuestra la necesidad de avanzar hacia una política legislativa”, reclamó.

Explicó que su proyecto propone “generar una herramienta que permita recuperar la capacidad de pago y reducir la carga financiera de los hogares argentinos”.

“El Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, propone que las personas que cumplan determinados requisitos puedan consolidar y refinanciar obligaciones provenientes de préstamos personales, tarjetas de crédito, financieras, mutuales, cooperativas y otros proveedores de crédito habilitados”, detalló.

Aclaró, asimismo, que “los créditos otorgados no estarán destinados a generar nuevo consumo, ni entregar dinero para nuevos gastos”, sino que “su finalidad será canjear, refinanciar o sustituir obligaciones existentes”.

“El programa prevé también la cancelación directa, por lo que los fondos destinados a la cancelación podrán ser transferidos directamente a los acreedores, evitando que el usuario utilice para objetivos distintos”, añadió.

“La transparencia constituye otro de los pilares de la iniciativa, toda operación deberá informar previamente el capital refinanciado, la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, el costo financiero total; el número y valor de las cuotas y el sistema de amortización; los intereses totales, el importe final a pagar, y todos los gastos asociados”, abundó.

Herrera Ahuad señaló que la iniciativa de su autoría “no pretende eliminar el crédito, ni desalentar el financiamiento, sino recuperar su función social para que resuelva necesidades sin comprometer la subsistencia familiar”.

“El sobre endeudamiento exige una respuesta institucional, que combine protección del ingreso, transparencia y condiciones sostenibles de pago”, remarcó y aseguró que la propuesta de su bloque propone “cambiar el enfoque estrictamente financiero y macroeconómico, por una economía basada en lo institucional, derechos del consumidor y correcciones de las fallas del mercado”.

Sostuvo que el argumento del gobierno, de que se trata de “un acuerdo entre privados”, tal las palabras de Milei, “omite que los contratos de financieros no son acuerdos simétricos entre iguales, sino contratos de adhesión con asimetrías de información estructural”.

“Cuando un evento macroeconómico destruye la capacidad de pago, el Estado no está violando la seguridad jurídica, sino que está aplicando la teoría de la imprevisión y el principio constitucional de defensa del consumidor, establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional”, afirmó.

Advirtió que “si el Estado no interviene ante una crisis de sobre endeudamiento masivo, la consecuencia real es una ola masiva de incobrabilidad estructural y ejecución en juicio, destruyendo el consumo interno y congelando la economía”.

“Regular de forma extraordinaria restablece el equilibrio del mercado y previene una crisis sistemática de morosidad, que afectará aún más al sistema financiero”, argumentó.

En igual medida, se pronunció contra los críticos de poner un límite a las tasas de interés, y sostuvo que tales argumentos “ignoran la existencia de la usura institucionalizada y las ganancias extraordinarias que no se condicen con el riesgo real, sino con posiciones oligopólicas del sistema financiero”.

“Fijar una tasa máxima, basada en el Banco Nación, no es fijar un precio de forma artificial, sino establecer un ancla de competencia justa en un mercado concentrado, donde las comisiones ocultas y los costos financieros totales duplican y triplican la tasa de inflación”, explicó.

Afirmó que “un tope regulado de las tasas obliga a los bancos a eficientizar sus estructuras de costos, reducir márgenes de ganancias usurarios y canalizar el excedente de liquidez hacia el crédito productivo y de consumo real, en lugar de la especulación financiera de corto plazo”.

“El crédito se sanea, se presta sobre la base de la capacidad real de pago del trabajador, y no sobre el estrangulamiento financiero del deudor”, disparó.

“Al sanear las carteras de los deudores, hasta 10 salarios mínimos vital y móvil, se reinyecta capacidad de consumo a la economía real de forma inmediata, por lo que el Estado puede recaudar más por impuestos directos, como indirectos”, señaló.

“Yo soy médico, entiendo poco de las cuestiones que hacen a los movimientos macroeconómicos”, dijo Herrera Ahuad y aclaró: “Hablo, ahora, desde sentido común”.

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El concejal Alejandro Verón, de La Libertad Avanza (LLA), presentó un proyecto de ordenanza para reformar la Carta Orgánica y limitar la reelección de intendentes y concejales, iniciativa que tomó estado parlamentario en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú y deberá ser aprobada por dos tercios.

El proyecto busca enmendar la Carta Orgánica modificando los artículos 47 y 77, con el objetivo de limitar la reelección de los cargos municipales sujetos a elecciones democráticas, evitando así que la permanencia en los cargos públicos se extienda de manera indefinida. 

“El espíritu del proyecto impide que la permanencia en lugares de poder se proyecte eternamente, con todo lo que ello implica”, se detalla en los fundamentos. 

Y añade: “La reelección indefinida del Órgano Ejecutivo Municipal, así como la de los funcionarios de los respectivos Cuerpos Deliberativos, la cual se traduce en el ejercicio de los referidos mandatos sin límites temporales, se constituye como excepción dentro de la historia del Derecho Constitucional Argentino”.

Asimismo, cita como antecedente la Ley 14.836, sancionada en 2016 en la provincia de Buenos Aires, hace referencia al Derecho Constitucional Argentino y recupera antecedentes históricos vinculados al Congreso de Tucumán de 1817, donde se advertía que “la perpetuidad del cargo ponía en evidente riesgo la parte democrática de la Constitución, que las senadurías debían renovarse entre los ciudadanos más beneméritos y no estancarse en unos pocos”.

De esta manera, de aprobarse el proyecto, tanto el intendente como los concejales podrán ejercer mandatos de cuatro años, con la posibilidad de ser reelegidos por un único período consecutivo.

El proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Hacienda y Legislación General o, en su defecto, tratado en plenario de concejales, y establece -además- que la modificación deberá ser convalidada por el electorado. 

Antes de llegar a esa instancia, la ordenanza deberá ser aprobada por dos tercios del Concejo Deliberante local, lo que implica el respaldo de al menos cinco de los ediles que integran el cuerpo.

El expediente ingresó por mesa de entrada el pasado 26 de agosto bajo el número 78/26 y plantea una modificación de la Sección Primera, Capítulo III, y de la Sección Tercera, Capítulo III, de la Carta Orgánica del municipio.

Dos concejales de Puerto Iguazú ficharon para LLA Misiones

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Este jueves, la Legislatura misionera aprobó la ampliación de la estructura judicial con nuevos juzgados, fiscalías y defensorías en distintas circunscripciones de Misiones, puntualmente en las localidades de San Vicente, Montecarlo y Oberá.

En la Quinta Circunscripción, con asiento en San Vicente, se ubicará un Juzgado de Primera Instancia con competencia en Familia y Violencia Familiar, una Defensoría Oficial de Primera Instancia con esa misma competencia, un Juzgado Correccional y de Menores, una Fiscalía y una Defensoría Oficial en lo Correccional y de Menores.

En la Cuarta Circunscripción, con asiento en Montecarlo, se creó un Juzgado de Instrucción, una Fiscalía de Instrucción y una Defensoría Oficial de Instrucción, con jurisdicción sobre Caraguatay, Puerto Piray y Montecarlo, además de los cargos correspondientes.

Para la Segunda Circunscripción, la ley creó un Juzgado de Instrucción con asiento en Oberá, junto con una Fiscalía de Instrucción y una Defensoría Oficial de Instrucción y en lo Correccional y de Menores.

La iniciativa reunió proyectos de los ex legisladores Gustavo González, Elsa Novoa, Héctor Pereyra Pigerl, Pablo Lenguaza, y Omar Olsson, junto con el presentado por el diputado de Encuentro Misionero, Carlos Rovira.

En los fundamentos de su proyecto, Rovira planteó que el acceso a la Justicia requiere la disponibilidad efectiva de canales institucionales que permitan proteger derechos y resolver conflictos de manera oportuna.

Al mismo tiempo, sostuvo que el Estado debe adoptar políticas y acciones destinadas a facilitar ese acceso y remover las barreras jurídicas, sociales, económicas y culturales que puedan impedir el ejercicio pleno de los derechos.

En el recinto, la legisladora Anazul Centeno, explicó que esta iniciativa “no nace de una necesidad abstracta, sino del pedido concreto de intendentes que ven crecer sus comunidades y necesitan que la estructura judicial acompañe ese crecimiento. También surge de vecinos que todavía deben recorrer largas distancias para realizar una denuncia, iniciar un divorcio, tramitar una guarda o resolver conflictos familiares”.

Luego, explicó que “esta iniciativa se vincula con el proceso de reforma del Código Procesal Penal de la provincia y con la futura implementación del sistema acusatorio. Por eso, junto con los juzgados de instrucción y correccionales, también se crean las fiscalías correspondientes; la intención es anticipar una estructura judicial adecuada para un Ministerio Público que tendrá un rol cada vez más importante en la investigación penal”.

“Esta ley busca ampliar y fortalecer la infraestructura judicial allí donde existe una demanda concreta, verificable y sostenida en el tiempo, acercando el servicio de justicia a las comunidades del interior de la provincia”, concluyó la legisladora.

Cacho Bárbaro presentó un proyecto para crear dos juzgados en San Vicente

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