Política
Críticas de la oposición a la nueva Fiscalía de Ciberdelitos
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó esta noche con el voto de la mayoría del Frente Renovador de la Concordia, la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, que modifica el Código Procesal Penal de la provincia, que ayer obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones.
El proyecto, impulsado por el diputado y jefe político del oficialismo Carlos Rovira, ingresó en el orden del día de la sesión de la fecha a pedido del jefe de la bancada renovadora, Martín Cesino, que preside la Comisión de Legislación.
La iniciativa se sancionó con 27 votos del oficialismo, que también aprobó los artículos objetados por la oposición, sobre la figura del “agente digital encubierto” y las facultades del fiscal especializado para ordenar el secuestro de los dispositivos electrónicos de personas que resulten sospechosas de un crimen online.
La nueva instancia judicial especializada en cibercrimen venía siendo blanco de críticas de múltiples sectores, entre abogados y la oposición política al gobierno, que esta noche renovó sus cuestionamientos en el recinto.
El hashtag
De hecho, ayer al conocerse el dictamen favorable de la Comisión presidida por Centeno, del proyecto impulsado por Rovira, la oposición lo bautizó como “ley mordaza” en un hashtag que no tardó en multiplicarse.
Varios de los principales referentes opositores apuntaron contra el proyecto, con posteos de alto voltaje en sus redes sociales, acusando a la Renovación de pretender silenciar a la oposición y criminalizar las voces críticas al misionerismo.
Diputados nacionales, como Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones, y el radical Martín Arjol; el senador Martín Goerling; el legislador provincial de la UCR, Pepe Pianesi; el ex diputado nacional Alfredo Schiavoni; y el libertario Juan Diego Cabral Ayrrault, del partido Unión y Libertad, que le dedicó al tema un par de videos, se anotaron entre las figuras políticas que cargaron contra el proyecto.
“Proyecto alarmante”
“En Misiones, el oficialismo promueve un proyecto alarmante: la creación de una Fiscalía de Ciberdelitos y el uso de agentes digitales encubiertos”, escribió Bianchetti en su cuenta de X, y anunció: “Junto a @SilvanaGiudici, presentamos un proyecto para proteger la libertad de expresión y evitar que sea vulnerada”.
“¿Qué harías si te digo que tu privacidad está en peligro?”, pregunta el diputado del PRO en el video que agregó al posteo. “Quédate que te cuento por qué esto nos afecta a todos”, invita Bianchetti.
“¿Qué significa esto?”, vuelve el legislador y argumenta: “Que ahora podrían secuestrar dispositivos y perseguir a quienes difundan lo que ellos consideran fake news o desinformación”.
“Incluso podrían regular el uso que hacemos con las redes sociales”, advierte y afirma: “Nos preocupa hasta donde llegará el control de lo que decimos y hacemos”.
En Misiones, el oficialismo promueve un proyecto alarmante: la creación de una Fiscalía de Ciberdelitos y el uso de agentes digitales encubiertos. Junto a @SilvanaGiudici, presentamos un proyecto para proteger la libertad de expresión y evitar que sea vulnerada. pic.twitter.com/6kOuB6fr6p
— Emmanuel Bianchetti (@Bianchetti_E) September 26, 2024
“Atropello inconcebible”
“Inconcebible el proyecto que pretende aprobar la Renovación en Misiones”, disparó Goerling y sentenció: “La sociedad no puede dejar pasar este atropello a la libertad”.
El senador del PRO Misiones, halcón en la tierra colorada de la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, se hizo eco de un posteo de la asociación Abogados en Acción Misiones, que alerta sobre “un grave retroceso para la libertad de expresión” y un “riesgo para la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
La organización de letrados misioneros cuestiona puntualmente los artículos 5, 6 y 7, que introducen la figura del “agente digital encubierto”, al que ven como una potencial “herramienta que podría utilizarse con fines persecutorios en lugar de promover la justicia”.
“Esta iniciativa, lejos de garantizar mayor seguridad en el ámbito digital, abre la puerta a la censura y a posibles abusos de poder”, alerta Abogados en Acción Misiones y llama a los legisladores provinciales a “reconsiderar su postura y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Inconcebible el proyecto que pretende aprobar la renovación en Misiones. La sociedad no puede dejar pasar este atropello a la libertad. https://t.co/2QWVoaK4Wp
— Martín Goerling (@MARTINGOERLING) September 26, 2024
“Maduro, un aficionado”
Otra figura del PRO Misiones en manifestarse contra el proyecto oficialista, fue el ex diputado nacional Alfredo Schiavoni, que le dedicó al tema un par de posteos en la semana.
“La persecución política en Misiones está alcanzando niveles muy peligrosos”, advirtió Schiavoni en un tuit publicado el martes. “La justicia cooptada y parte de la cúpula policial al servicio de los intereses políticos, no son un buen camino”, alertó.
“Si a eso le sumamos trolls y periosobres, tenemos totalitarismo R a full”, arrementió y remató con una fórmula que viene repitiendo en casi todos sus posteos: “Perder/perder”.
“La Renovación se asegura eliminar cualquier oposición”, sentenció Schiavoni en un tuit este jueves, y lanzó: “Cansados ya de comprar opositores, decidieron eliminarlos gratis”.
“Con ley mordaza, con policías venales y una justicia totalmente cooptada, asunto solucionado”, resumió el ex legislador nacional y disparó: “Maduro, un simple aficionado”.
La persecución política en Misiones está alcanzando niveles muy peligrosos. La justicia cooptada y parte de la cúpula policial al servicio de los intereses políticos, no son un buen camino. Si a eso le sumamos trols y periosobres, tenemos totalitarismo R a full. Perder/perder
— Alfredo Schiavoni (@Alfreschiavoni) September 24, 2024
“Grave amenaza”
Desde la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Arjol y Pianesi se encargaron de cargar contra la iniciativa renovadora.
“La Fiscalía de Ciberdelitos es una GRAVE AMENAZA para nuestras libertades fundamentales”, escribió el diputado nacional y argumentó: “Por eso, esta ‘ley mordaza’ disfrazada de justicia es un riesgo para la libertad de expresión”.
“Bajo la excusa de combatir las ‘noticias falsas’, el gobierno pretende otorgar poderes extraordinarios al Fiscal de Ciberdelitos para secuestrar dispositivos electrónicos y restringir la libertad de expresión de los misioneros”, denunció.
“La historia reciente nos ha mostrado cómo el oficialismo ha mantenido a las instituciones bajo su influencia, y ahora pretenden hacer lo mismo con nuestras voces”, disparó Arjol y remarcó: “Esta ley es un paso hacia la VIGILANCIA MASIVA y la CENSURA POLÍTICA”.
En una segunda publicación, el diputado radical detalló las “implicaciones constitucionales” del proyecto sobre ciberdelitos, como la “violación a la libertad de expresión”, “vulneración del derecho a la defensa”, “principio de legalidad”, y el “derecho a la intimidad”, enumeró.
Implicaciones Constitucionales.
Violación a la libertad de expresión: La posibilidad de que estos artículos sean utilizados para perseguir a opositores políticos o para silenciar criticas al gobierno representa una clara amenaza a la libertad de expresión, garantizada por la…— Martin Arjol (@MartinArjol) September 26, 2024
“Invotable”
“La libertad de expresión no se negocia en Misiones”, escribió, por su parte, Pianesi, en su cuenta de X.
“Estamos de acuerdo en que existan especialistas que puedan investigar a los ciberdelincuentes pero los Arts 6 y 7 de la ley que propone la renovación SON INVOTABLES”, completó.
Pianesi adjuntó a su posteo capturas de pantalla de los puntos cuestionados, relacionados con la atribución del Fiscal Especializado en Ciberdelitos para ordenar el secuestro de dispositivos electrónicos de personas bajo sospecha de estar cometiendo un crimen digital.
La libertad de expresión no se negocia en Misiones.
Estamos de acuerdo en que existan especialistas que puedan investigar a los ciberdelincuentes pero los Arts 6 y 7 de la ley que propone la renovación SON INVOTABLES.👇 pic.twitter.com/50uszpynxB— Pepe Pianesi (@pepepianesi) September 25, 2024
“Inconstitucional”
El libertario Cabral Ayrrault, del partido Unión y Libertad, sumó dos videos a la controversia por el proyecto oficialista.
“Si la censura de Lula a X en Brasil les pareció mal, la del frente renovador en Misiones será peor”, lanzó el joven dirigente liberal.
“En el país de la libertad, Misiones parece ser tema aparte”, ironizó.
“Hoy a las seis de la tarde, en el recinto que tengo detrás, la Renovación va a aprobar la ‘ley mordaza’”, dice el libertario en el primero de los videos que subió a su cuenta de X, parado de espaldas a la Legislatura misionera.
Cabral Ayrrault argumenta que el proyecto de ley es “una ley que atenta directamente contra la libertad de los misioneros” y “totalmente inconstitucional”.
“Les doy un ejemplo”, propone el político libertario y apunta: “Mañana, doña Rosa o don Raúl, escribe en Facebook que tal político es corrupto, la fiscalía de cibercrimen lo puede allanar, quitarle los dispositivos y meterlo preso”.
“Misiones ha estado bajo el yugo de la Renovación los últimos 25 años”, señala el dirigente de Unión y Libertad en un segundo material, subido poco antes de la sesión que en este momento discute el tema.
“Detrás de su fachada se esconde un régimen autoritario que ha consolidado su poder mediante prácticas corruptas y manipuladoras”, denuncia Cabral Ayrrault y las imágenes recrean escenas de la protesta policial y piquetes de maestros y trabajadores de la salud.
“Controlan los medios de comunicación de la provincia, creando una narrativa que no existe y contando una verdad que solo sirve para sus intereses; escondiendo sus malas gestiones y mala organización”, escala el libertario en el video, que cierra acusando al gobierno de haber provocado el acampe policial de mayo pasado.
Si la censura de Lula a X en Brasil les pareció mal, la del frente renovador en Misiones será peor.
En el país de la libertad, Misiones parece ser tema aparte. pic.twitter.com/kX83Ee4KCP— Juan Diego (@misionesMas) September 26, 2024
Política
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
Con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación sancionó esta noche la Ley de Modernización Laboral, del gobierno de Javier Milei.
La votación llegó al cabo de una maratónica jornada, que arrancó a las 11 de la mañana con el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, y que fue aprobado por una mayoría que incluyó a los misioneros.
La sanción de la reforma laboral se decidió por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.
Es la segunda vez que el Senado trata el proyecto, luego de la media sanción del 12 de febrero, que cayó en la Cámara de Diputados con la decisión del oficialismo de retirar el artículo 44, de las licencias médicas, porque el rechazo abarcaba a sus aliados políticos y comprometía la suerte de la ley en el recinto.
El texto que sancionó hoy el Senado es el mismo que la Cámara ya había aprobado hace dos semanas, pero sin el artículo que recortaba el salario de los trabajadores con licencias médicas, que fue retirado por el gobierno luego de la controversia generalizada.
Política
Con votos de Arce, Rojas y Goerling, se aprobó el Régimen Penal Juvenil
Con 44 votos afirmativos, entre los que se contaron a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación, aprobó esta tarde el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El debate se extendió durante varias horas en el recinto y tuvo su correlato en la calle, donde la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reprimió con hidrantes y gases a los manifestantes.
En el transcurso de la sesión, las posiciones se dividieron entre la aceptación, por parte del oficialismo y sus aliados; y el rechazo a la ley, de parte del peronismo y fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Fueguino, y fue casi un calco de lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo la media sanción el 12 de febrero pasado.

Resultados de la votación en general
Intervenciones
En el cierre del debate, el senador misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, sostuvo que se trata de una “reforma largamente postergada” y afirmó que actualizar el marco normativo constituye “una obligación moral, institucional y constitucional”.
El legislador subrayó que la iniciativa no tiene un carácter punitivo sino formativo, al señalar que apunta a “fomentar la responsabilidad del imputado”, haciendo especial hincapié en el “adolescente”, que puede comprender el acto delictivo cometido. En ese sentido, remarcó que el proyecto promueve la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.
“Estamos acá para legislar para proteger a las víctimas, a sus familias y a sus funciones”, expresó, al tiempo que advirtió que el fenómeno delictivo juvenil no es homogéneo en todo el país. Por ello, planteó la necesidad de diseñar políticas con una mirada federal que garanticen su aplicación de acuerdo a la realidad de cada provincia.
Arce también señaló que el Estado nacional deberá adaptar institutos, capacitar recursos humanos e incorporar equipos interdisciplinarios.
En materia presupuestaria, indicó que el proyecto prevé una partida para 2026, aunque consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual, sucesivo y continuo, al entender que la problemática no puede resolverse en un solo año.
Asimismo, recordó la comisión plenaria realizada el 19 de febrero, donde nueve familiares brindaron testimonio sobre el “doble sufrimiento” atravesado: primero por la pérdida de sus seres queridos y luego por la situación de injusticia que, según señalaron, persiste en la actualidad.
Finalmente, anticipó su voto favorable retomando el pedido de los familiares: “Por favor, legisladores, sancionen una ley que evite nuevos delitos y que terminemos con el sufrimiento de nuestras familias”.
Goerling, optó por hablar “desde lo que siento como ciudadano” y desde su rol como legislador con la responsabilidad de tener que votar.
Sostuvo que se trata de una ley “de sentido común” que busca dar respuesta a un problema que, según afirmó, es real y que Argentina arrastra desde hace años.
En relación con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, señaló que el debate también implica equiparar a la Argentina con otros países de la región. “Los únicos de América Latina que tienen desde los 16 años son Argentina y Cuba”.
Goerling planteó que, además del dolor de las víctimas, existe una problemática social vinculada a la ausencia del Estado y a familias que no saben cómo abordar situaciones de menores que delinquen.
Para el senador la iniciativa prevé la creación o adecuación de institutos con programas de capacitación, educación, tratamiento de adicciones y reinserción social. “Si mató a los 14 o 15 y no hacemos nada, cuando cumpla 18 o 19 va a estar peor”, afirmó.
También hizo referencia a la situación en Misiones, provincia que tiene un 92% de frontera con Brasil y Paraguay. Describió problemáticas vinculadas al narcotráfico en zonas como Puerto Iguazú, Andresito, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y Eldorado, y mencionó la circulación de una droga conocida como “pedra”, que, según afirmó, afecta a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, consideró que la ley representa “un avance significativo” y que también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de rehabilitación y tratamiento de adicciones. En nombre de su bloque, anticipó el acompañamiento a la iniciativa.
Política
Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.
Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.
Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.
“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.
El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.
“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.
El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.
El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.
Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.
En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.
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