Política

Alberto Fernández se sumó a CFK en críticas a la Corte

Publicado

hace 4 años

19/07/2022

Por

Marcelo Ameri

El presidente Alberto Fernández se sumó a las críticas contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que hizo públicas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en un video subido a su cuenta de Twitter, el canal por excelencia que utiliza la titular del Senado para vehiculizar sus posiciones sobre la actualidad política y económica del país.

“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina”, escribió el Presidente en el primero de un hilo de tuits, donde colgó sus opiniones sobre la Justicia y manifestó la “necesidad” de una reforma judicial.

“He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, argumentó.

Fernández, afirmó que “la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la CSJN fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”.

“Que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas”, consideró.

Manifestó que “durante el macrismo, la Justicia Federal construyó ‘doctrinas’ que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas”.

“Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”, expresó.

“Cuando todo eso ocurría –relató-, el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible”.

“De todo ello hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse”, agregó.

Fernández, aseguró que la afirmación de CFK de que en la causa que la investiga por supuesta corrupción en la obra pública la sentencia “ya está escrita”, sin que el fiscal todavía haya formulado su acusación, “pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.

“He repetido una y mil veces que debemos reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales”, afirmó el mandatario.

“Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”, señaló en otro tuit.

“Pueden hablar de las formas y del vídeo de @CFKArgentina, pero NO dejemos de debatir el problema y buscar una solución”, argumentó.

“Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”, finalizó.

Los cortesanos

En un video titulado “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia”, Cristina Fernández arremetió con dureza contra el máximo tribunal, mientras impulsa junto a la mayoría de los gobernadores una reforma judicial que amplíe a 25 el número de miembros de la CSJ.

En el clip, CFK acusa a la Corte de ser instrumento de persecución política, a través del armado de causas; de facilitar la salida de divisas del país mediante medidas cautelares, con el agravante del ‘alquiler” de estos recursos judiciales entre las mismas empresas beneficiadas, tal como el caso que se descubrió esta semana; entre otras denuncias.

A la par que por la pantalla van desfilando recortes periodísticos de los principales diarios porteños, y los rostros de jueces, fiscales, camaristas, y de los cuatro actuales ministros de la CSJ, se escucha la voz en off de la ex presidenta.

“En esa dirección es que los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar, cual modernos Nostradamus, cómo iba a fallar la Corte de los cuatro en la causa fraguada, y conocida mediáticamente como Vialidad u Obra Pública”, dice CFK sobre el reciente fallo del máximo tribunal, rechazando todos los recursos presentados por ella y la defensa en la causa donde está siendo investigada.

“La misma (causa) en que con calendario electoral en mano iniciaron el juicio oral el 21 de mayo de 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales”, acusó.

CFK calificó al fallo de “atípico”. “A la falta de argumentación jurídica y al lenguaje ofensivo utilizado, llegando a citar como antecedente al genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que tal como dije el 1° de diciembre de 2019 ante el tribunal oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”, denunció.

Manifestó que el ropaje jurídico fue obra de “penalistas colaboradores de Juan Carlos Maqueda”, y que en la redacción de “las frases mordaces y despectivas” intervino el periodista Silvio Robles, a quien ubicó como “mano derecha de Rosatti para todo tipo de funciones”.

El Plan Canje

Como dato suspicaz, CFK comentó que “al día siguiente del fallo de la Corte contra ella, apareció en escena, “el inefable fiscal Stornelli, pidiendo el cierre de la causa penal que investiga el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial, y que involucraría a Juan Carlos Maqueda”.

Denunció que Stornelli continúa desempeñando el cargo de fiscal, pese a estar procesado hace más de dos años por distintos delitos; “entre ellos por perseguir al ex marido de su actual pareja para intentar plantarle droga”, afirmó.

Dijo que a cambio de archivar la causa por el vaciamiento de la obra social de los judiciales, Stornelli “espera el voto favorable de Maqueda en todos los recursos que presentó ante la Corte y así lograr su impunidad en la causa en que lo están procesando”.

“Lo que se dice un verdadero plan canje. Ya se sabe, en Comodoro PY una mano lava la otra, y las dos juntas lavan la cara”, ironizó.

Libertad condicional

CFK acusó también a la CSJ de comprometer “las finanzas del país”, al permitir la salida de U$S2.000 millones de dólares a través de medidas cautelares para los importadores, y también de atentar contra “el bolsillo de los argentinos” al autorizar aumentos de tarifas en servicios de telefonía e internet.

“Se trata de la misma Corte de los cuatro, y el mismo Poder Judicial que le hicieron ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, suspendiendo la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 que declaraba servicio público a tales actividades”, ilustró.

“Como dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín, decir que donde existe una necesidad, existe un derecho, es una afirmación de fe populista, y por lo tanto condenable; salvo, claro que como está demostrado la necesidad sea la de sus patrones”, agregó.

“Es también el mismo Poder Judicial que permitió a través de distintas medidas cautelares que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de U$S2.000 millones, complicando aún más las finanzas del país, luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de U$S45.000 millones del Fondo Monetario Internacional; endeudamiento criminal que ningún fiscal ni juez ha decidido investigar aún”, acusó.

Por último, fustigó el fallo favorable al ex presidente Macri en la causa por el espionaje ilegal de los familiares de los marinos muertos en el hundimiento del ARA San Juan.

“Por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Bruglia y Bertuzzi, los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal, y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura, confirman una vez más su rol de guardianes de la impunidad macrista”, expresó.

“La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje, videos, fotos, grabaciones, testimonios, torna al fallo, no solo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito, terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas, violando así no solo la ley de seguridad interior, sino todas y cada una de las garantías construidas en derechos humanos después de la dictadura”, alertó.

Dijo que, así las cosas, el accionar del Poder Judicial “coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional”.

He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió @CFKArgentina.
He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática. https://t.co/DBF38JuBLp

— Alberto Fernández (@alferdez) July 19, 2022

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Política

Con votos de Arce, Rojas y Goerling, se aprobó el Régimen Penal Juvenil

Publicado

hace 1 hora

27/02/2026

Por

Mónica Gómez

Con 44 votos afirmativos, entre los que se contaron a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación, aprobó esta tarde el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

El debate se extendió durante varias horas en el recinto y tuvo su correlato en la calle, donde la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reprimió con hidrantes y gases a los manifestantes.

En el transcurso de la sesión, las posiciones se dividieron entre la aceptación, por parte del oficialismo y sus aliados; y el rechazo a la ley, de parte del peronismo y fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Fueguino, y fue casi un calco de lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo la media sanción el 12 de febrero pasado.

Resultados de la votación en general

Intervenciones

En el cierre del debate, el senador misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, sostuvo que se trata de una “reforma largamente postergada” y afirmó que actualizar el marco normativo constituye “una obligación moral, institucional y constitucional”.

El legislador subrayó que la iniciativa no tiene un carácter punitivo sino formativo, al señalar que apunta a “fomentar la responsabilidad del imputado”, haciendo especial hincapié en el “adolescente”, que puede comprender el acto delictivo cometido. En ese sentido, remarcó que el proyecto promueve la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.

“Estamos acá para legislar para proteger a las víctimas, a sus familias y a sus funciones”, expresó, al tiempo que advirtió que el fenómeno delictivo juvenil no es homogéneo en todo el país. Por ello, planteó la necesidad de diseñar políticas con una mirada federal que garanticen su aplicación de acuerdo a la realidad de cada provincia.

Arce también señaló que el Estado nacional deberá adaptar institutos, capacitar recursos humanos e incorporar equipos interdisciplinarios.

En materia presupuestaria, indicó que el proyecto prevé una partida para 2026, aunque consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual, sucesivo y continuo, al entender que la problemática no puede resolverse en un solo año.

Asimismo, recordó la comisión plenaria realizada el 19 de febrero, donde nueve familiares brindaron testimonio sobre el “doble sufrimiento” atravesado: primero por la pérdida de sus seres queridos y luego por la situación de injusticia que, según señalaron, persiste en la actualidad.

Finalmente, anticipó su voto favorable retomando el pedido de los familiares: “Por favor, legisladores, sancionen una ley que evite nuevos delitos y que terminemos con el sufrimiento de nuestras familias”.

Goerling, optó por hablar “desde lo que siento como ciudadano” y desde su rol como legislador con la responsabilidad de tener que votar.

Sostuvo que se trata de una ley “de sentido común” que busca dar respuesta a un problema que, según afirmó, es real y que Argentina arrastra desde hace años.

En relación con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, señaló que el debate también implica equiparar a la Argentina con otros países de la región. “Los únicos de América Latina que tienen desde los 16 años son Argentina y Cuba”.

Goerling planteó que, además del dolor de las víctimas, existe una problemática social vinculada a la ausencia del Estado y a familias que no saben cómo abordar situaciones de menores que delinquen.

Para el senador la iniciativa prevé la creación o adecuación de institutos con programas de capacitación, educación, tratamiento de adicciones y reinserción social. “Si mató a los 14 o 15 y no hacemos nada, cuando cumpla 18 o 19 va a estar peor”, afirmó.

También hizo referencia a la situación en Misiones, provincia que tiene un 92% de frontera con Brasil y Paraguay. Describió problemáticas vinculadas al narcotráfico en zonas como Puerto Iguazú, Andresito, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y Eldorado, y mencionó la circulación de una droga conocida como “pedra”, que, según afirmó, afecta a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, consideró que la ley representa “un avance significativo” y que también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de rehabilitación y tratamiento de adicciones. En nombre de su bloque, anticipó el acompañamiento a la iniciativa.

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Política

Justicia Federal ratificó suspensiones de Arrúa, Comparín y Kornuta en el PJ

Publicado

hace 3 horas

27/02/2026

Por

Marcelo Ameri

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas rechazó los recursos promovidos el diputado nacional y ex secretario general del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Alberto Arrúa; la ex presidenta Myriam Comparín, y el ex apoderado Martín Kornuta, contra la resolución de la Intervención partidaria de sumariarlos por inconducta y suspenderlos como afiliados hasta que concluyan las actuaciones, que los imposibilitan participar de las elecciones internas del 19 de abril próximo.

Arrúa, Comparín y Kornuta, están acusados de “un accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei, la sujeción a instrucciones políticas extrapartidarias y el incumplimiento de la obligación de entregar la sede, las unidades básicas, así como la documentación contable y los libros partidarios a las legítimas autoridades interventoras”.

Según informaron los interventores, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, en un comunicado, “la resolución judicial confirma la validez de las actuaciones llevadas adelante por la Intervención y ratifica la legalidad de la suspensión preventiva de afiliaciones dispuesta en el marco de los procedimientos disciplinarios en curso”.

“En su fallo, el Tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad ni al recurso contra la suspensión preventiva de afiliación, concluyendo que la medida fue dictada conforme a la normativa partidaria vigente”, informa el comunicado.

El fallo del tribunal destaca que “la suspensión preventiva reviste carácter cautelar y no constituye una sanción definitiva, por lo que no implica la cancelación irreversible de derechos políticos”, tal como argumentaban los demandantes.

“Además, no se acreditó la existencia de vicios sustanciales ni perjuicio concreto que justifiquen la declaración de nulidad del procedimiento disciplinario”, reza el comunicado.

El juzgado reconoció también que los interventores, Arrieta y Rodríguez, “cuentan con facultades plenas para ejercer las atribuciones de los órganos partidarios durante el período de intervención” y reafirmó que “las suspensiones preventivas son decisiones propias del ámbito partidario y, como tales, no resultan revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia”.

El fallo remarca, también, el hecho de que el PJ Misiones se encuentra intervenido por decisión de las autoridades nacionales del partido, ratificada por su Congreso Nacional, “otorgando plena validez a las facultades conferidas a los interventores para normalizar el distrito y garantizar la participación electoral”.

Asimismo, el tribunal destacó que la suspensión preventiva de Arrúa, Comparín y Kornuta, “se encuentra expresamente prevista en la Carta Orgánica partidaria y puede ser dispuesta mientras se sustancia el correspondiente sumario disciplinario”.

En el final del comunicado, los interventores reafirman su “compromiso con la normalización del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, el fortalecimiento de la institucionalidad partidaria y el respeto irrestricto a las normas estatutarias y a la legalidad vigente”, y avisan que “las actuaciones disciplinarias continuarán su curso conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías de defensa de todas las partes involucradas”.

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Política

En medio de protestas, se trata la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil

Publicado

hace 9 horas

27/02/2026

Por

Valeria Druckmann

Con la movilización de alrededor de 100 gremios, un corte con incidentes sobre la avenida 9 de Julio y una movilización hacia Plaza Congreso, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para debatir la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Desde tempranas horas de la mañana, la situación generó caos y tensión en la zona, debido a que la interrupción del tránsito -protagonizada por manifestantes de diferentes agrupaciones- fue sorpresiva y tomó diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según un informe del Same, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.

En tanto, entre los manifestantes se observaron personas mayores que sufrieron forcejeos y enfrentamientos con efectivos policiales, tensión que en el transcurso de la mañana se trasladó hasta el edificio del Congreso, donde está previsto que a las 11 inicie la sesión en la que senadores oficialistas y aliados buscarán aprobar ambos proyectos impulsados por Javier Milei.

Tanto el proyecto de reforma laboral como el de régimen penal juvenil, fueron aprobados por la Cámara de Diputados previamente y podrían quedar sancionados este viernes en el Senado.

Las iniciativas cuentan con el respaldo de una coalición heterogénea liderada por La Libertad Avanza (LLA), junto al apoyo clave de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y algunos bloques provinciales.