Política
Alberto en el Congreso: “Argentina es de los países que más creció”
El presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso que se extendió por más de dos horas y en el que recorrió los logros de su gestión, cuestionó al Poder Judicial y reclamó una investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente llegó al Congreso pasadas las 11,30, y ocupó el centro de la mesa, junto a la vicepresidenta y titular del Senado, y la titular de Diputados, Cecilia Moreau.
La sesión tuvo sus momentos controvertidos, con cruces e insultos entre los parlamentarios presentes; e incluso insultos puntuales al presidente por parte del diputado del PRO, Fernando Iglesias.
La mayor tensión se generó cuando Fernández, apuntó en su discurso contra el fallo de la Corte favorable a Caba en la disputa por la coparticipación con el gobierno federal, y acusó al máximo tribunal, y a sus jueces, de haber degradado el sistema judicial con fallos a la medida, cautelares a empresas amigas, “entrelazados en vínculos con políticos, empresarios y factores de poder”.
Hasta ahí, el presidente había llevado un discurso en el tono acostumbrado, repasando las políticas de sus tres años de gobierno, con datos, cifras, indicadores socioeconómicos: 13 millones de empleos registrados, inversión en educación, ciencia y tecnología; la Antártida, la “jerarquización” de las Fuerzas Armadas; derechos humanos, entre otras.
“La Corte Suprema de Justicia le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, disparó Fernández, y provocó el estallido opositor.
“Insúlteme Iglesias, es un honor”, le retrucó el presidente al legislador del PRO, que le gritaba desaforado desde su banca.
La referencia al fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el comienzo de un análisis de Fernández sobre la justicia, y el proyecto de reforma judicial que tuvo media sanción en el Senado, pero luego fue cajoneado en Diputados.
“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”, arremetió el presidente. “El Poder judicial no cuenta con la confianza pública”, sentenció.
“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente”, cuestionó.
Asaltantes
Fernández definió como un “asalto” lo resuelto por la Corte en el manejo del Consejo de la Magistratura, cuyo presidencia es ocupada por el titular del máximo tribunal Horacio Rosatti, a quien el oficialismo acusa de haberse autonombrado en contra de la Constitución.
“Es de una gravedad institucional mayúscula”, afirmó Fernández. “El Congreso debió soportar la intromisión del Poder Judicial en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes”, argumentó.
Asimismo, defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema, dos de los cuales estaban presentes en el recinto: Rosatti y Rozenkratz.
Fernández sostuvo que “no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia”.
“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, explicó.
“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso”, aseguró.
“La sociedad vio cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”, agregó.
“Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares. Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, subrayó.
Duros de archivar
Siempre en la esfera judicial, Fernández pidió que se “profundice la investigación” del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que se “juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.
“Hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta”, refirió el presidente.
Irónico, el presidente, le reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”.
Planes por empleos
En materia económica, el presidente precisó que “la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento, ni políticas activas de distribución.
“En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008”, puntualizó. “Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó.
“Durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004″, indicó el presidente.
Fernández sostuvo que su gobierno inició “un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal”, argumentando que “la mejor política social es crear trabajo”.
Precisó que el programa “Puente al Empleo, que desarrollan los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, “logró ya que 58.000 titulares de planes ingresen al trabajo registrado de calidad”.
“Estamos convencidos de que Evita tuvo razón al decir que ‘donde hay una necesidad hay un derecho'”, graficó.
Negocios particulares
En otro orden, advirtió sobre una “campaña de desprestigio de las empresas públicas” por parte de la oposición, y un “nuevo embate privatizador” de las empresas públicas por parte de la oposición, a la que acusó de estar detrás de una “campaña de desprestigio”
“Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho”, dijo el presidente.
“Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas, patrimonio de todos los argentinos”, advirtió.
Sobre la inflación, Fernández argumentó que “constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento”.
“Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo”, señaló, y añadió que “no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal”.
Arremangados
En materia de inversión educativa y científica, el presidente destacó el programa en las universidades públicas, y en ciencia y tecnología, con ejecución del Conicet, el Ministerio de Ciencia, empresas públicas como Arsat, y organismos de investigación antártica, entre otros.
Anunció la próxima presentación de la ley de Expansión de la Inversión Educativa, que busca “garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del PBI para 2032”.
Precisó que “fueron transferidos $8.200 millones y cerca de $5.000 millones adicionales para equipamiento mobiliario” de las universidades públicas.
En el final, el presidente invitó “a dar vuelta la página del tremendismo y el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro como país, a arremangarse y trabajar, a poner cabeza y corazón en nuestro futuro común”.
El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.
El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.
Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.
La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.
Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.
Inocencia
Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.
Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.
El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.
Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
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La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
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