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Alberto en el Congreso: “Argentina es de los países que más creció”

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El presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso que se extendió por más de dos horas y en el que recorrió los logros de su gestión, cuestionó al Poder Judicial y reclamó una investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente llegó al Congreso pasadas las 11,30, y ocupó el centro de la mesa, junto a la vicepresidenta y titular del Senado, y la titular de Diputados, Cecilia Moreau.

La sesión tuvo sus momentos controvertidos, con cruces e insultos entre los parlamentarios presentes; e incluso insultos puntuales al presidente por parte del diputado del PRO, Fernando Iglesias.

La mayor tensión se generó cuando Fernández, apuntó en su discurso contra el fallo de la Corte favorable a Caba en la disputa por la coparticipación con el gobierno federal, y acusó al máximo tribunal, y a sus jueces, de haber degradado el sistema judicial con fallos a la medida, cautelares a empresas amigas, “entrelazados en vínculos con políticos, empresarios y factores de poder”.

Hasta ahí, el presidente había llevado un discurso en el tono acostumbrado, repasando las políticas de sus tres años de gobierno, con datos, cifras, indicadores socioeconómicos: 13 millones de empleos registrados, inversión en educación, ciencia y tecnología; la Antártida, la “jerarquización” de las Fuerzas Armadas; derechos humanos, entre otras.

“La Corte Suprema de Justicia le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, disparó Fernández, y provocó el estallido opositor.

“Insúlteme Iglesias, es un honor”, le retrucó el presidente al legislador del PRO, que le gritaba desaforado desde su banca.

La referencia al fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el comienzo de un análisis de Fernández sobre la justicia, y el proyecto de reforma judicial que tuvo media sanción en el Senado, pero luego fue cajoneado en Diputados.

“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”, arremetió el presidente. “El Poder judicial no cuenta con la confianza pública”, sentenció.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente”, cuestionó.

Asaltantes

Fernández definió como un “asalto” lo resuelto por la Corte en el manejo del Consejo de la Magistratura, cuyo presidencia es ocupada por el titular del máximo tribunal Horacio Rosatti, a quien el oficialismo acusa de haberse autonombrado en contra de la Constitución.

“Es de una gravedad institucional mayúscula”, afirmó Fernández. “El Congreso debió soportar la intromisión del Poder Judicial en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes”, argumentó.

Asimismo, defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema, dos de los cuales estaban presentes en el recinto: Rosatti y Rozenkratz.

Fernández sostuvo que “no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia”.

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, explicó.

“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso”, aseguró.

“La sociedad vio cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”, agregó.

“Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares. Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, subrayó.

Duros de archivar

Siempre en la esfera judicial, Fernández pidió que se “profundice la investigación” del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que se “juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.

“Hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta”, refirió el presidente.

Irónico, el presidente, le reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”.

Planes por empleos

En materia económica, el presidente precisó que “la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento, ni políticas activas de distribución.

“En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008”, puntualizó. “Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó.

“Durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004″, indicó el presidente.

Fernández sostuvo que su gobierno inició “un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal”, argumentando que “la mejor política social es crear trabajo”.

Precisó que el programa “Puente al Empleo, que desarrollan los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, “logró ya que 58.000 titulares  de planes ingresen al trabajo registrado de calidad”.

“Estamos convencidos de que Evita tuvo razón al decir que ‘donde hay una necesidad hay un derecho'”, graficó.

Negocios particulares

En otro orden, advirtió sobre una “campaña de desprestigio de las empresas públicas” por parte de la oposición, y un “nuevo embate privatizador” de las empresas públicas por parte de la oposición, a la que acusó de estar detrás de una “campaña de desprestigio”

“Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho”, dijo el presidente.

“Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas, patrimonio de todos los argentinos”, advirtió.

Sobre la inflación, Fernández argumentó que “constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento”.

“Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo”, señaló, y añadió que “no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal”.

Arremangados

En materia de inversión educativa y científica, el presidente destacó el programa en las universidades públicas, y en ciencia y tecnología, con ejecución del Conicet, el Ministerio de Ciencia, empresas públicas como Arsat, y organismos de investigación antártica, entre otros.

Anunció la próxima presentación de la ley de Expansión de la Inversión Educativa, que busca “garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del PBI para 2032”.

Precisó que “fueron transferidos $8.200 millones y cerca de $5.000 millones adicionales para equipamiento mobiliario” de las universidades públicas.

En el final, el presidente invitó “a dar vuelta la página del tremendismo y el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro como país, a arremangarse y trabajar, a poner cabeza y corazón en nuestro futuro común”.

 

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Política

Goerling no aceptó el aumento de la dieta: “Lo voy donar al Hospital de Niños”

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Goerling

El senador por el PRO, Martín Goerling, no aceptó el reciente aumento del 9,4% de la dieta de los parlamentarios, elevando el salario de los funcionarios a más de $11 millones.

“Como todos los años, no acepté el aumento”, confirmó Goerling en comunicación con La Voz de Misiones

Así como sus pares Arce y Rojas Decut del Frente Renovador renunciaron al aumento, el jefe del Bloque del Pro, se adhirió al acuerdo que el Senado realizó este año.

Según explicó, dicho acuerdo tiene como finalidad donar el incremento de la dieta de aquellos senadores que se adhieran. “Este año corresponde que se designe al Hospital de Niños”, precisó.

 “La Presidencia del Senado manda un formulario para hacer efectiva la donación”, añadió Goerling.

El legislador indicó que el listado de los funcionarios que aceptaron la donación a través del formulario, se dará a conocer en la página oficial del Senado. 

Desde que asumí lo hice, el primer año lo doné, el segundo renuncié y este aumento lo voy a donar”, señaló. 

El aumento acordado fue del 12,5% acumulativo, producto de la paritaria entre las autoridades del Senado y los gremios legislativos, impacta directamente en las dietas de los senadores que esta sujeta al salario del personal por la Resolución 8/24, que fija la dieta en 2.500 módulos. A ese monto se suman gastos de representación (1.000 módulos) y desarraigo (500 módulos para legisladores del interior).

Desde junio de 2025 los senadores pueden renunciar de manera individual a estos incrementos, medida incorporada por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las polémicas por aumentos anteriores.

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Política

Fernando Zarza: “Si Passalacqua quiere motosierra, que empiece por el Eprac”

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El concejal de Posadas, Fernando Zarza, cargó contra las afirmaciones del martes en el HCD posadeño, de la titular del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), Soledad Balán, y lanzó: “La verdad que, si Passalacqua quisiera prender la motosierra, un lugar por el que puede empezar es el Eprac”.

“Ella fue a defender su postura y lo único que dijo es que la situación no es como sale en los medios, que el Eprac solo recibió 170 reclamos y que eso está dentro del rango normal”, comentó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones.

En tal sentido, acusó a Balán de estar “faltando a la verdad”, porque “cualquiera que vaya al Eprac, cualquier día de la semana, ve que entran más de 170 personas por día para reclamar algo”.

“Ella cree que el Eprac no tiene responsabilidad en los hechos acontecidos porque, supuestamente, son pocos los reclamos, pero la protesta de ayer frente a Samsa la desmiente por completo”, disparó.

El edil de Hacemos pidió a los usuarios “prestar atención” a los ítems que figuran en las boletas de la empresa y señaló: “Hay un descuento del 3% destinado al financiamiento del Eprac, que lo pagamos todos los usuarios con cada factura”.

“Si vos multiplicás el 3% de una factura de agua promedio por la cantidad de usuarios de Posadas, estamos hablando de $400 millones mensuales”, calculó Zarza y agregó: “Si a esto le sumamos lo que el Estado le asigna, tenemos una masa total de más de $500 millones para un ente que no cumple con su función”.

Decisión política

Zarza opinó que “la solución pasa por una decisión política del gobierno provincial”. “Habría que volver a revisar los contratos de locación, pero si no se hizo en 27 años, no creo que lo vayan a hacer ahora; la verdad que no veo por parte del Estado animosidad para solucionarle el problema tarifario a los vecinos”, afirmó.

“El poder político de Misiones es el que tiene que tomar el toro por las astas”, remarcó el edil y propuso, como “la mejor salida”, que “el Estado vuelva a hacerse cargo de la empresa y, en un plazo perentorio, entregarle de nuevo a una empresa privada”, garantizando “tarifas razonables y pagables por los ciudadanos”.

“Con la tremenda crisis que hay ahora, las boletas se vuelven imposibles de pagar”, dijo Zarza y se quejó: “Es una locura que haya montos de millones de pesos, una familia tipo ni aunque deje la canilla abierta las 24 horas va a consumir $2 millones de agua”.

 

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La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes

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La sesión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante de Caraguatay para tratar la situación del intendente Mario Peyer, denunciado por abuso sexual, fue postergada para el lunes.

La postergación de la sesión que estaba prevista para este viernes a la tarde obedeció, en gran parte, a los plazos previstos y a las labores periciales realizadas por la Policía minutos antes del inicio de la reunión parlamentaria. 

“Se pidió una sesión extraordinaria para tratar el reemplazo del intendente por su pedido de licencia, pero al concejo todavía no había llegado su pedido. ¿Cómo íbamos a convocar a sesión por algo que todavía no había ocurrido?. La nota llegó después. Nadie lo niega, ella -por Norma Gularte- va a asumir, como tiene que ser, pero hay que respetar los tiempos que la ley dice”, explicó el edil Gustavo Fleitas, presidente del Concejo.

De esta manera, los ediles presentes decidieron que la nueva fecha para tratar la situación del alcalde municipal sea el próximo lunes, a las 11 de la mañana.

Se prevé que en la sesión, convocada esta misma mañana por la concejal Norma Gularte, se trate el pedido de licencia en el cargo que el intendente.

En caso de aprobarse la licencia, se concederá la intendencia en forma interina a la concejal Gularte, que fue electa a través del Frente Renovador y en diciembre del año pasado se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

FOTO: EL TERRITORIO

Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia

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