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Absuelven a militar por la desaparición de un obrero y ordenan investigar a Navajas Artaza

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CORRIENTES y POSADAS. La justicia federal de Corrientes absolvió al coronel Héctor Torres Queirel en la causa por la desaparición del obrero Marcelo Peralta durante la dictadura cívico militar, pero ordenó que se investigue al empresario Adolfo Navajas Artaza.

Torres Queirel, quien cumplía funciones de interventor en la localidad de Gobernador Virasoro a mediados de 1977, era el único imputado en la causa ya que Navajas Artaza, ex ministro del gobierno de facto había sido sobreseído a pesar de los hechos ocurridos en su propiedad.

A la vez, el militar era administrador de la estancia yerbatera María Aleida, donde fue secuestrado, el 29 de julio de 1977, el delegado de Fatre (hoy Uatre) Marcelo Peralta, víctima de la causa.

En el fallo absolutorio de Torres Queirel, los jueces aceptaron remitir los testimonios y las nuevas pruebas que vinculen a Adolfo Navajas Artaza, quien había sido apartado de esta causa en la instrucción, para que se investigue su posible complicidad.

El juicio comenzó el pasado 2 de julio en Gobernador Virasoro, escenario de la cruel represión de los obreros rurales en una acción cómplice entre empresarios, fuerzas de seguridad y Armadas, característica de los tiempos de la última dictadura.

En el juicio surgieron denuncias de familiares y testigos de las víctimas con respecto a un permanente acoso de los magistrados para que se evitara mencionar cualquier posible responsabilidad de Navajas Artaza, en sospechosas actitudes que además incluyeron una visita privada al acusado.

El diario Tiempo Argentino cita en su edición las declaraciones de Noemí Acuña, familiar de víctimas de la dictadura en Gobernador Virasoro, quien señaló: “Es un golpe que lo hayan sobreseído absolutamente. Esperábamos aunque sea una responsabilidad compartida”.

La mujer añadió que “lo que está haciendo el juez con esto es negar la represión en Virasoro, porque Torres Queirel era junto con los empresarios parte del esquema de represión” en la zona, donde además de Peralta desapareció Neri Pérez y otros 22 trabajadores rurales fueron secuestrados y torturados.

Pero “no nos sorprende este veredicto porque es el producto de un andamiaje para ocultar estos delitos, porque recordemos que 19 jueces se excusaron de investiga esta causa para no investigar a Navajas Artaza y el que aceptó lo primero que hizo fue sobreseerlo sin interrogarlo”, se quejó Acuña.

El fiscal del caso, Flavio Ferrini, en su alegato había solicitado una condena de seis años de prisión para Torres Queirel y que se investigara a Navajas Artaza por su responsabilidad en los otros hechos ventilados en durante el debate.

Al sobreseer al primero, jueces dispusieron con respecto al segundo: “poner a disposición del ministerio público fiscal las piezas pertinentes a los fines preceptuados por el artículo 120 de la Constitución y 5 del Código Procesal Penal conforme lo peticionado”. En concreto, le enviaron las actuaciones a Ferrini para que investigue a Navajas Artaza.

El diario señaló además que el veredicto fue leído ayer en una sala de audiencias con poco público debido a las restricciones impuestas por el tribunal. Al finalizar la lectura, el fiscal Ferrini dijo a la prensa que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que se conozcan los fundamentos, el próximo 6 de septiembre.


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Oficializaron la designación de Alfonso Peña como director de la EBY

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Peña EBY

A través del decreto 180/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la designación del ingeniero civil Alfonso Peña como nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En el documento se acepta la renuncia presentada el 9 de diciembre pasado por el ahora ex director ejecutivo de la entidad Fernando Antonio De Vido y se designa a Peña como su sucesor a partir del 21 de diciembre.

Peña realizó sus estudios primarios y secundarios en el tradicional Colegio Cardenal Newman, donde también se formaron el ex presidente Mauricio Macri y Nicolás Caputo, primo-hermano de Luis “Toto” Caputo, actual ministro de Economía.

En 1979, en tanto, inició sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde se graduó como ingeniero civil en 1984.

Profesionalmente, se desempeñó en la empresa Decavial desde 1987 hasta 2016. “En esta empresa, estuvo a cargo de varias obras viales e hidráulicas, gestionando las mismas según los lineamientos presupuestarios y manejando la relación con clientes y proveedores”, consignaron oficialmente.

Desde 2016 hasta 2020, ocupó la gerencia general de la empresa Cunumi S.A., especializada en proyectos de obras y servicios en las áreas de saneamiento, higiene urbana, captación, conducción y tratamiento de fluidos, redes viales urbanas y rurales, así como obras civiles y de arquitectura.

Desde 2020, se desempeña como profesional independiente.

Alfonso Peña se graduó como ingeniero Civil en 1984.

 

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Delegado del Inadi en Misiones: “El Instituto necesita ser mejorado, no eliminado”

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Inadi

El delegado en Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Jorge Ríos, se distanció de las afirmaciones del vocero presidencial Manuel Adorni, de que el organismo “no sirve absolutamente para nada”, y opinó que “necesita ser mejorado, no eliminado”.

Ríos señaló que, si bien, desde el Ministerio de Justicia le pidieron que ponga el cargo a disposición y que, más allá del anuncio de Adorni y del comunicado de la cartera de Mariano Cúneo Libarona, todavía no recibió una notificación oficial.

“Por el momento no tenemos notificaciones internas oficiales”, señaló Ríos a La Voz de Misiones e indicó: “Oficialmente, seguimos trabajando con normalidad”.

“Por lo pronto, entiendo que de trata de anuncios de intenciones del Ejecutivo, pero aún no hubo comunicaciones internas en ese sentido”, afirmó el delegado del Inadi en la tierra colorada.

Ríos, indicó que “lo que nos pidieron fue poner a disposición las renuncias como delegados”, aunque aclaró que “formalmente estamos nombrados como analistas de planificación e implementación de políticas públicas y no nos pidieron la renuncia a ese rol, y tampoco nos notificaron formalmente una desvinculación”.

“El Inadi funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con lo cual puede haber reestructuraciones, pero fue creado a través de una ley, así que más allá del anuncio de la intención de cerrarlo tiene su procedimiento institucional”, analizó Ríos.

Ríos, citó como “un dato importante” el nombramiento, hace unos días, de una nueva interventora del organismo, María de los Ángeles Quiroga, por el lapso de 180 días, publicado en el Boletín Oficial.

Política de Estado

Por otra parte, Ríos, rechazó las afirmaciones del vocero Adorni y las críticas al organismo del que es delegado desde abril de 2023.

“No estoy de acuerdo con su apreciación”, sostuvo el delegado misionero y argumentó: “El Inadi sirve para promover y proteger derechos de toda la ciudadanía; una parte de nuestro trabajo quedó plasmado en nuestras redes sociales y medios de comunicación y otra parte quedó registrada en el informe de gestión, que todas las delegaciones enviamos”.

“El año pasado atendimos de abril a diciembre en promedio 1 consulta diaria y recibimos 1 denuncia por semana. Hicimos tres operativos en el espacio público y 7 gestiones de buenos oficios”, reseñó.

“También, desde que estoy al frente de la delegación, abril de 2023, llegamos a más de 2.200 personas con nuestros talleres de sensibilización y capacitación a docentes y equipos directivos”, agregó y precisó: “Buena parte de ese trabajo lo hicimos en articulación con ministerios del gobierno provincial, como Educación y Derechos Humanos”.

“Somos cuatro personas trabajando en la delegación para toda la provincia, y ese es el promedio de personas que trabajan en las delegaciones”, agregó y afirmó: “El Inadi necesita ser mejorado, no eliminado”.

“Es una política de Estado que trascendió todos los gobiernos desde hace 29 años, y es un símbolo de convivencia democrática”, acotó, recordando que “se creó, justamente, luego del atentado a la embajada de Israel en Argentina y a la Amia”.

 


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Ministerio de Justicia absorberá funciones y personal del Inadi

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Inadi

Luego de que el gobierno comunicara a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión de eliminar “definitivamente” el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que su cartera asumirá las funciones del organismo y que el personal será transferido a su ministerio.

“Es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo”, argumentó Cúneo Libarona.

En el comunicado de su cartera, que se hizo público después que Adorni dio la noticia en su rueda de prensa diaria en la Casa Rosada, el ministro aseguró que “respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación” e informó: “Ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.

“El Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”, señala el comunicado y precisa: “Por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución, en los últimos dos meses ya se resolvieron 2.000 de ellos”.

“Las funciones que cumplía el Inadi se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia, que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea”, informó el Ministerio.

“El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”, agregó.

“EI Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, aseguró.

En relación con el recorte de gastos en el organismo, el comunicado detalló que “la cartera de Justicia ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos ($202.499.512 en enero 2024)”, y que, además, “se pidió la renuncia a todos los delegados”.

“También se redujo la cantidad de alquileres ($8.000.000+ gastos por mes) inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo, y rescindimos distintas contrataciones”, puntualizó la cartera de Cúneo Libarona y sentenció: “Todo esto redundará en un ahorro para el Estado y la sociedad”.

Judíos rechazan

A la par de conocida la noticia, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), de mucha afinidad con el gobierno, se manifestó en su cuenta en la red social X en defensa del Inadi.

“La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos”, afirmó la organización y argumentó: “Por eso, la Daia, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del Inadi”.

“La decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, que es ejemplo a nivel mundial”, postuló la institución, que lleva la representación de las instituciones judías argentinas, lucha contra el antisemitismo y la discriminación y promueve la vigencia de los derechos humanos, el diálogo y la convivencia interreligiosa.


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