Política
Abogado correntino busca registrar La Libertad Avanza en Misiones
La presentación se efectivizó el 11 de marzo pasado en la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Posadas, a través de un formulario electrónico iniciado por el abogado Carlos Luis Ferreyra, en carácter de apoderado de La Libertad Avanza (LLA) Misiones.
El letrado acompañó la tramitación con los otros requisitos exigidos por la Ley 23.298: Declaración de Principios, Bases de Acción Política, Acta de Fundación, Carta Orgánica y la nómina de integrantes de la Junta Promotora, conformada por Julio César Peralta, como presidente; Joseline Inés Kehler, vicepresidente; Yaqueline Yenifer Peralta, secretaria; Juan Gabriel Godoy, tesorero; Yesica Noelia Peralta, revisora de cuentas; y Noelia Mariel Irala, como vocal.
LLA-formularioEl expediente judicial quedó en la órbita del secretario electoral Eduardo Bonetto, quien ayer comunicó a la jueza federal con competencia electoral, María Verónica Skanata, que una revisión de los documentos recibidos del apoderado Ferreyra a través del Sistema de Gestión de Expedientes (SGE) arrojó una serie de “inconsistencias” relacionadas con los nombres de los firmantes, integrantes de la Junta Promotora partidaria, entre las que se destaca el hecho, no menor y causal de nulidad, de que Ferreyra “no es elector del Distrito Misiones” y tiene “domicilio en la ciudad de Corrientes”.
Además, Bonetto, informa a la jueza federal que “el partido en formación no ha denunciado domicilio de la sede partidaria y ha constituido el domicilio legal en Calle Paraguay N°4023 de la ciudad de Posadas, Misiones”.
comunicado bonettoPlan B
La presencia de los Peralta en la Junta Promotora presentada por Ferreyra en su escrito a Bonetto, ubica a la intención de registrar La Libertad Avanza como partido distrital, como una especie de plan B de la dirigente libertaria Ninfa Alvarenga, frente a la imposibilidad de obtener la personería política de su Partido Libertario en la Justicia Federal, debido a una disputa judicial por el nombre que se arrastra desde 2020 y se encuentra ad referéndum de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
Julio César Peralta, designado presidente la Junta Promotora de LLA Misiones, fue candidato a vicegobernador de la lista del Partido Integración y Militancia que llevaba a Alvarenga como candidata a gobernadora, candidatura a la que renunció semanas antes de las elecciones del 7 de mayo, un hecho político inédito y por el que enfrenta una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción 2, de Posadas, que se tramita en el Expediente 65784/2023.
Alvarenga sumó ayer otro revés judicial en la inscripción de su partido libertario, con una nueva resolución de la jueza Skanata rechazando la revocatoria promovida por el apoderado partidario Ariel Bello contra una decisión anterior de la magistrada federal con competencia electoral que, a instancias del Ministerio Público Fiscal, había resuelto en marzo poner todo lo actuado en manos de la CNE.
Ninfa-rechazoLa resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional posadeño, acusa al apoderado Bello de estar “acarreando un desgaste jurisdiccional innecesario”, con sus actuaciones, y le recuerda que “se halla cuestionada la legitimidad de impulsar el trámite por quienes se encuentran al frente del partido en formación, entre otras cuestiones, como ser falsedad de avales para la conformación del partido”.
La marca
De concluir con éxito Ferreyra y su troupe de aliados de Alvarenga el registro partidario, LLA Misiones sería el tercero de los partidos distritales con la marca que llevó a Javier Milei a la presidencia, junto con el partido del riojano Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; y el que conduce el político bonaerense Juan Ricardo Mussa.
Sin embargo, además de su condición de no ostentar domicilio electoral en Misiones, el apoderado Ferreyra, se mete de lleno en una disputa por la propiedad de la marca La Libertad Avanza, que involucra a Menem, Mussa, la dirigente entrerriana Carina Ivascov, y al mismo Javier Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.
El conflicto por quién es el verdadero dueño de la marca, tiene por lo menos dos años y exhibe ribetes de disputa corporativa que, sin embargo, venía manejándose con muy bajo perfil hasta mayo de 2023, cuando Milei se presentó ante la jueza federal con competencia electoral, María Servini, y solicitó su reconocimiento.
La movida del actual presidente se sustentó en el registro con alcance nacional que obtuvo Martín Menem en La Rioja y provocó una reacción en cadena por fuera y por dentro del actual oficialismo.
El primero en reaccionar fue Mussa, quien también se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y le reclamó a Servini que rechace la petición de Milei, arrogándose la propiedad de la marca, y arguyendo una solicitud del año anterior en el Juzgado Federal de La Plata, que tiene competencia electoral para toda la provincia de Buenos Aires.
Enseguida, lo cruzaron el apoderado de Milei, Santiago Viola, y el otrora jefe de campaña de Francisco de Narváez para las elecciones de 2009, Gustavo Ferrari, quienes acusaron a Mussa de intentar venderle la marca a Milei a través de quien, por entonces, era el armador de su campaña, el publicista Carlos Kikuchi.
“Le pidieron una reunión a Kikuchi para ver si podían llegar a un acuerdo económico”, dijo Viola en declaraciones al diario porteño La Nación, que también entrevistó a Ferrari, quien acusó a Mussa de “buscar un beneficio” con “una jugada judicial contra nosotros”.
El dirigente bonaerense desmintió, por supuesto, a sus detractores y contraatacó: “Viola es un mentiroso, un delincuente”, dijo Mussa al mismo diario porteño, y acusó al entonces candidato presidencial de “querer quedarse con el dinero que entrega el Estado para la impresión de boletas”.
“¿De qué están hablando? ¡Si a De Narváez yo lo impugné como candidato porque era colombiano, hijo de húngaro! ¿Acuerdo económico? Decir eso es una falta de respeto”, le contestó por su parte a Ferrari.
Desde Entre Ríos no tardó en reaccionar Carina Ivascov, que entrevistada también por La Nación de Buenos Aires se atribuyó la propiedad del nombre y dijo haberlo registrado como “marca pública y comercial”, y hasta para su uso en Internet, cuyo dominio también registró.
Milei, Mussa e Ivascov conformaron una frágil entente electoral en 2021 que no duró mucho más de los comicios de aquel año, y cuyo desenlace desembocó en acérrimas enemistades.
“Quedé en un fuego cruzado entre Milei y Mussa, pero yo soy la verdadera dueña”, aseguró en la ocasión Ivascov al periodista Hugo Alconada Mon.
La dirigente entrerriana tiene también registrada la propiedad de “Peronismo Republicano” como franquicia, lo que la envolvió en disputas y polémicas con el ex aliado de Mauricio Macri, actual diputado nacional y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal en la cámara baja, Miguel Ángel Pichetto.
A mediados de 2022, Ivascov subió la apuesta y registró La Libertad Avanza como dominio web y marca comercial, y comenzó a enviarle cartas documento a quienes, según ella, vulneran sus derechos de propiedad intelectual: Los hermanos Milei, Kikuchi, Mussa, el santafesino José Bonacci y su comprovinciana Miriam Müller.
La última de esas cartas documento, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, tiene fecha del 15 de marzo pasado, cuatro días después de que el abogado correntino Ferreyra iniciara el expediente electoral para el registro de LLA Misiones ante el secretario Bonetto, y está dirigida al titular de Diputados, Martín Menem.
Dice Ivascov: “En mi carácter de Propietaria Intelectual del Nombre Libertad Avanza Registrada a Nivel Nacional notifico formalmente a usted y por su intermedio al bloque de diputados de La Libertad Avanza, del que usted es parte, que deben abonar el canon correspondiente al uso publicitario del nombre La Libertad Avanza, como así también deben hacerlo todos los miembros de las juntas promotoras que no cuentan con mi autorización”.
En el escrito, Ivascov advierte que nadie puede “efectuar ningún trámite o uso del nombre para acuerdos de cualquier naturaleza” y, dirigiéndose a Menem, agrega: “Habiendo tomado conocimiento de que ha sido usado por usted como propia la marca de referencia en distintos medios de comunicación y en forma pública y ostensible, dado que además se encuentra publicado en diferentes redes sociales; es que se considera que constituye una afrenta dada la apropiación y sustracción manifiesta a la propiedad intelectual, perpetrada por usted y quienes lo utilizan”.
Ivascov invoca los artículos 1.721 y 1.724 de la Ley 11.721 y le exige que “se abstengan de utilizar el nombre La Libertad Avanza, quitarlo de todas las redes sociales, medios escritos, televisivos, etc.”.
Finalmente, los invita a presentarse “de manera inmediata” ante ella para “acordar un monto por el uso del nombre, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”.

Política
El Senado le dio dictamen al Presupuesto tal como salió de Diputados
El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.
El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.
Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.
La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.
Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.
Inocencia
Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.
Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.
El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.
Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.
Política
Presupuesto: misioneros votaron capítulo contra discapacidad y universidades
Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.
El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.
Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.
La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.
En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,
“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.
“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.
“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.
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Recortes aprobados
Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.
El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.
Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.
Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.
Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.
En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.
En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.
acta_online_5823Política
El debate sobre la reforma laboral en el Senado pasó para el 10 de febrero
La senadora oficialista Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Legislación General del Trabajo y Previsión Social del Senado, anunció este jueves que el debate en el recinto del proyecto de reforma laboral se trasladará al mes de febrero de 2026.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda, Bullrich informó que se firmará el dictamen en las próximas horas o días, pero el tratamiento final en el piso de la Cámara alta se postergará para el próximo 10 de febrero.
El proyecto, enviado por el presidente libertario Javier Milei, modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo, como el régimen de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios colectivos, el cálculo de horas extras y regulaciones sindicales.
El debate en comisiones comenzó ayer con la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y continuó este jueves con intervenciones de representantes sindicales, empresarios, abogados laboralistas y otros expositores.
En paralelo, la CGT realizó una movilización masiva a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto, que los gremios califican como regresivo para los derechos de los trabajadores.
Las movilizaciones se replicaron también en Posadas, donde sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde El Mástil de la avenida Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.
El oficialismo de La Libertad Avanza buscaba inicialmente sancionar la iniciativa antes del 30 de diciembre, fin del período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, se decidió priorizar otros proyectos, como el Presupuesto 2026, y postergar el debate final de la reforma laboral.
La oposición peronista, en tanto, mantiene su rechazo al proyecto y presentó críticas durante las exposiciones en comisión.
Javier Milei envió el proyecto de reforma laboral al Congreso
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