Policiales
Volvieron a detener a Richard Cristaldo por el crimen de Dani Tizato
Exactamente un año después de haber sido excarcelado tras un dictamen de falta de mérito a su favor, Richard Cristaldo fue detenido nuevamente esta mañana y volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia por el asesinato de su vecino César Daniel Tizato, de 16 años, registrado en 2020.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la detención fue concretada por efectivos de la Dirección Homicidios de la Policía, cerca de las 11, sobre la ruta provincial 105, y desde ese momento Cristaldo permanece a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría.
Justamente, fue el juez Faría quien en las últimas horas revocó la falta de mérito que existía sobre Cristaldo y ordenó su inmediata detención para que el hombre continúe siendo investigado por el asesinato del adolescente.
Esto quiere decir que, para los investigadores del caso, nuevamente existirían elementos que podrían vincular al sospechoso con el hecho, situación contraria a lo que sucedió hace exactamente un año, cuando los cotejos de ADN dieron negativo y eso favoreció al implicado.
La última novedad que se tenía respecto a la causa es que una última pericia determinó que en la campera de Tizato se observaron dos pequeños orificios -de 3 milímetros, aproximadamente-, ubicados en el hombro izquierdo y en el tórax, misma zona donde se detectó una lesión en el adolescente.
Tras ese hallazgo, se profundizaron los cotejos y se estableció que esas marcas son compatibles con orificios de bala. Por consiguiente, ahora se afianza la hipótesis de que el muchacho pudo haber recibido balazos y no una lesión punzo-cortante con algún elemento que en un principio se mencionó como un destornillador pero que en realidad nunca se pudo determinar fehacientemente por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver al momento de su hallazgo.
Aquí cobra relevancia otro aspecto de la pesquisa que podría complicar a Cristaldo. Y es que al momento de su detención se le incautó un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22, que luego se determinó que había sido disparada recientemente y que le faltaban dos municiones.
Ante la Justicia, el vecino que llevó a cazar a Daniel reconoció que había utilizado su rifle, pero unos días antes del crimen.
Desaparición y crimen
Tizato desapareció el 30 de agosto de 2020, cuando salió de su casa en el barrio Pindapoy, de San José, para ir a cazar con Cristaldo.
Después de ello, el hombre regresó solo y a los familiares del chico les dijo que mientras volvía Tizato se cruzó con otros jóvenes que lo convencieron para regresar a la zona de caza.
A partir de ahí transcurrieron varios días de intensa búsqueda que recién dieron resultado el 2 de octubre, cuando la Policía halló un cuerpo que se correspondería a la víctima.
El cadáver fue hallado en un estancamiento de agua que se formó a partir de dos arroyos cercanos y estaba en el medio de un tupido monte. Todo ello dentro del perímetro del inmenso campo de casi 5.000 hectáreas de La Rosita.
El cuerpo estaba a unos 200 metros lineales de donde Richard había dicho que se despidió del menor ese 30 de agosto.
Se cree que el cuerpo siempre estuvo ahí, pero debido al proceso de putrefacción terminó emergiendo boca abajo y quedando a la vista. En esa instancia, además, se constató que el cadáver vestía una campera con piedras que se utilizaron para que se mantenga en el fondo del agua, un claro indicio de una intencionalidad por ocultar el hecho.
La autopsia luego estableció que se trató de una muerte violenta y que la víctima había recibido una lesión punzante en el pecho, aunque las nuevas relevaciones ahora pueden hacer suponer que en realidad se trató de un balazo.
Cristaldo fue detenido e imputado por homicidio agravado por alevosía, aunque luego fue excarcelado con falta de mérito. Ahora será objeto de investigación de nuevo.
Dos motociclistas fallecieron esta madrugada tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 1426 de la ruta nacional 12, en cercanías de Hipólito Yrigoyen.
Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Doprado (50), domiciliado en Puerto Iguazú, y Ramona Albina Castillo (68), oriunda de Ituzaingó, Corrientes.
El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando una motocicleta Honda Titan 125 cc impactó de frente contra un colectivo de la empresa Río Uruguay que se desplazaba en sentido Posadas–Iguazú. La fuerza del choque provocó que ambos ocupantes de la motocicleta perdieran la vida en el lugar.
La moto quedó sobre la calzada, mientras que el ómnibus era conducido por un hombre de 55 años, acompañado por un guarda de 22, quienes resultaron ilesos.
Efectivos de la comisaría local, junto a peritos de la División Científica, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos y bioquímicos policiales, realizaron las tareas de rigor.En tanto, por orden del juez interviniente, los dos vehículos fueron secuestrados para avanzar con la investigación.
Un procedimiento de rutina en una ruta provincial se convirtió en un escándalo este lunes cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos detuvieron a una oficial en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA) que transportaba más de 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.
La droga, valuado en unos 315 millones de pesos, estaba escondida en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic y apunta a posibles ramificaciones en una red de narcotráfico con vínculos en Misiones y Buenos Aires.
El arresto ocurrió pasadas las 3 de la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.
La mujer, oriunda de Buenos Aires y de unos 40 años –cuya identidad no fue revelada por razones judiciales–, viajaba sola en sentido sur, desde Posadas (Misiones) hacia San Justo, en el partido de La Matanza.
Durante el control preventivo, un can detector de narcóticos alertó sobre irregularidades en el vehículo. Al inspeccionar los zócalos, los policías extrajeron inicialmente tres paquetes rectangulares con una sustancia blanca que reaccionó positivamente a pruebas químicas de campo.
Posteriormente, hallaron seis envoltorios adicionales, sumando un total de 14 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. La oficial, sorprendida en flagrancia, no opuso resistencia y fue esposada en el acto.
Lo que más impacta al caso es el perfil de la detenida: según fuentes judiciales, la mujer había trabajado en la Dirección de Asuntos Internos de la PFA, el área encargada de investigar irregularidades dentro de la propia fuerza.
El diario La Nación añadió que sus colegas en Buenos Aires no tenían conocimiento de sus actividades hasta que la noticia se filtró en las últimas horas.
La jueza federal Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, tomó intervención inmediata. La sospechosa fue trasladada a una comisaría en Chajarí, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.
Además de la droga y el auto, se incautaron elementos vinculados al caso, como teléfonos y documentación. El procedimiento derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires), donde se secuestraron más estupefacientes, datos informáticos y se identificaron posibles cómplices en una presunta organización narco.
Un oficial de la Policía de Misiones que habría facilitado la fuga de siete delincuentes que estaban alojados en la comisaría de Bernardo de Irigoyen fue detenido este mediodía y quedó a disposición de la Justicia.
La detención del uniformado se concretó en la sucursal del banco Macro en Irigoyen, donde el implicado cumplía servicio adicional, adelantaron fuentes consultadas.
El sospechoso fue identificado como Mario O., y sería oriundo de San Antonio. Se le secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias.
Del procedimiento participaron los propios camaradas del agente, como así también personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuya intervención se dio a pedido del procurador general Carlos Giménez.
La causa está en manos del fiscal de Instrucción Uno de San Pedro, Francisco Javier Insfrán, y del juez de instrucción de la misma circunscripción judicial, Ariel Belda Palomar, quienes dirigieron y supervisaron las primeras actuaciones del caso.
En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la apertura de un sumario administrativo con intervención de la Dirección Asuntos Internos de la institución.
La fuga se registró el lunes a la madrugada, cuando siete sindicados delincuentes de peligrosidad lograron escapar a través de un boquete realizado en el sector de sanitarios de calabozos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen.
Los evadidos fueron Alejandro “Dente” Ramos, Emanuel “Pirata” Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Álvez, todos acusados por delitos graves como robos calificados y homicidios.
El hecho motivó un mega operativo policial del cual participaron más de 500 agentes abocados a la búsqueda y en exactamente 48 horas todos fueron recapturados.
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