Policiales
Volvieron a detener a Richard Cristaldo por el crimen de Dani Tizato
Exactamente un año después de haber sido excarcelado tras un dictamen de falta de mérito a su favor, Richard Cristaldo fue detenido nuevamente esta mañana y volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia por el asesinato de su vecino César Daniel Tizato, de 16 años, registrado en 2020.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la detención fue concretada por efectivos de la Dirección Homicidios de la Policía, cerca de las 11, sobre la ruta provincial 105, y desde ese momento Cristaldo permanece a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría.
Justamente, fue el juez Faría quien en las últimas horas revocó la falta de mérito que existía sobre Cristaldo y ordenó su inmediata detención para que el hombre continúe siendo investigado por el asesinato del adolescente.
Esto quiere decir que, para los investigadores del caso, nuevamente existirían elementos que podrían vincular al sospechoso con el hecho, situación contraria a lo que sucedió hace exactamente un año, cuando los cotejos de ADN dieron negativo y eso favoreció al implicado.
La última novedad que se tenía respecto a la causa es que una última pericia determinó que en la campera de Tizato se observaron dos pequeños orificios -de 3 milímetros, aproximadamente-, ubicados en el hombro izquierdo y en el tórax, misma zona donde se detectó una lesión en el adolescente.
Tras ese hallazgo, se profundizaron los cotejos y se estableció que esas marcas son compatibles con orificios de bala. Por consiguiente, ahora se afianza la hipótesis de que el muchacho pudo haber recibido balazos y no una lesión punzo-cortante con algún elemento que en un principio se mencionó como un destornillador pero que en realidad nunca se pudo determinar fehacientemente por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver al momento de su hallazgo.
Aquí cobra relevancia otro aspecto de la pesquisa que podría complicar a Cristaldo. Y es que al momento de su detención se le incautó un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22, que luego se determinó que había sido disparada recientemente y que le faltaban dos municiones.
Ante la Justicia, el vecino que llevó a cazar a Daniel reconoció que había utilizado su rifle, pero unos días antes del crimen.
Desaparición y crimen
Tizato desapareció el 30 de agosto de 2020, cuando salió de su casa en el barrio Pindapoy, de San José, para ir a cazar con Cristaldo.
Después de ello, el hombre regresó solo y a los familiares del chico les dijo que mientras volvía Tizato se cruzó con otros jóvenes que lo convencieron para regresar a la zona de caza.
A partir de ahí transcurrieron varios días de intensa búsqueda que recién dieron resultado el 2 de octubre, cuando la Policía halló un cuerpo que se correspondería a la víctima.
El cadáver fue hallado en un estancamiento de agua que se formó a partir de dos arroyos cercanos y estaba en el medio de un tupido monte. Todo ello dentro del perímetro del inmenso campo de casi 5.000 hectáreas de La Rosita.
El cuerpo estaba a unos 200 metros lineales de donde Richard había dicho que se despidió del menor ese 30 de agosto.
Se cree que el cuerpo siempre estuvo ahí, pero debido al proceso de putrefacción terminó emergiendo boca abajo y quedando a la vista. En esa instancia, además, se constató que el cadáver vestía una campera con piedras que se utilizaron para que se mantenga en el fondo del agua, un claro indicio de una intencionalidad por ocultar el hecho.
La autopsia luego estableció que se trató de una muerte violenta y que la víctima había recibido una lesión punzante en el pecho, aunque las nuevas relevaciones ahora pueden hacer suponer que en realidad se trató de un balazo.
Cristaldo fue detenido e imputado por homicidio agravado por alevosía, aunque luego fue excarcelado con falta de mérito. Ahora será objeto de investigación de nuevo.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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