Policiales
Trata en Brasil: avisos por Facebook, reales de promesa y amenazas de muerte
De un lado la necesidad y la desesperación. Del otro la inmoralidad y la crueldad. Los operativos de rescate de misioneros víctimas de trata laboral y esclavitud en campos de Brasil se replicaron este fin de semana, exponiendo una maniobra de captación y engaño que nace a través de avisos en Facebook.
Primero ocurrió en Sao Marcos, cerca de Novo Hamburgo, donde 22 misioneros, de entre 16 y 61 años, fueron hallados en condiciones de explotación laboral en un viñedo donde residían en condiciones de hacinamiento, sin horas de descanso, con alimentos en mal estado y sin la remuneración prometida.
Idéntica situación se dio horas después, aunque esta vez en un campo de Urubici, unos 600 kilómetros al norte de Sao Marcos, donde otros nueve misioneros eran reducidos a la servidumbre.
Esta última decena de hombres fueron rescatados el fin de semana luego de tres denuncias efectuadas ante la Línea 145 de Protex y la investigación realizada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) además permitió dar con una posadeña acusada de captar y organizar el traslado de los peones hacia el país vecino.
La posadeña apuntada como la captadora fue detenida anoche tras un operativo de Gendarmería.
Travesía, calvario y servidumbre
La esposa de uno de los damnificados dialogó con La Voz de Misiones y contó el calvario que su marido vivió desde el 22 de enero, día en el que salió rumbo a Brasil con la idea de cosechar manzanas y la ilusión de cosechar reales.
Según contó la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, su marido es árbitro, la situación económica de su familia se agravó en los últimos meses y en medio de la búsqueda de nuevas oportunidades se toparon en Facebook con un aviso que ofrecía trabajo en una chacra brasileña.
La oferta era seductora. La propuesta consistía en trabajar en la cosecha de manzanas en una estancia de Urubici y el pago prometido era de 300 reales ($70.000 pesos, aproximadamente según la cotización del mercado informal) por día, con estadía y alimentación incluida.
El requisito, además, era sencillo: solo había que juntar un poco dinero para cubrir los costos del viaje y gestionar el PCF, una especie de DNI fiscal que habilita a los extranjeros a trabajar en Brasil.
“Tanto mi marido como la mayoría de los otros muchachos vieron el trabajo por Facebook. Después la mujer esa le agregó a un grupo de Whatsapp y por esa vía fueron recibiendo las indicaciones”, recordó.
La joven además narró la travesía que debió realizar su marido hasta llegar a destino. “Primero fueron en micro hasta Irigoyen. Ahí debían hacer el CPF y algunos tuvieron problemas, entonces esa noche durmieron en la calle. Al otro día se tomaron otro colectivo hasta San Miguel y desde ahí otro colectivo. En total estuvieron cuatro días en la calle”, repasó.
Así fue como el grupo llegó hasta Urubici, un pequeño pueblo de apenas 10.000 habitantes que se destaca como el mayor productor de verduras y frutas de todo el estado de Santa Catarina.
Sin embargo, nada fue como lo esperaban. “Apenas llegaron fueron ubicados en un lugar horrible, con colchones en el suelo. Trabajaban de 6 a 18 y solo comían de noche, encima casi siempre carne podrida. Al octavo día recién les pagaron, pero en vez de 300 reales les dieron 100 cada uno por los ocho días. Les dijeron que el resto fue descontado por los gastos de comida y alojamiento”, describió la joven contactada por LVM, quien durante todos estos días mantenía esporádicas comunicaciones con su marido ya que para obtener señal telefónica debían caminar varios kilómetros hasta la ruta.
Ante este panorama, en el grupo fue creciendo la idea de abandonar, aunque se toparon con una restricción: “El brasilero que manejaba el campo les dijo que si se querían ir debían devolver 1.300 reales de todos los gastos realizados”.
En un viñedo de Sao Marcos otro grupo de misioneros fue sometido a las mismas condiciones de explotación y servidumbre.
Escape, denuncia y rescate
El miedo también era un factor paralizante, dado que en sus comunicaciones el misionero contó que el lugar estaba rodeado por personas armadas e incluso afirmó haber sufrido amenazas de muerte. “Les decían que iba a terminar siendo alimentos a para peces con sus cuerpos”, sostuvo la muchacha.
De igual manera, y mientras en Posadas se radicaban las correspondientes denuncias, el marido de la joven entrevistada por LVM se arriesgó a escapar de la chacra junto a un compañero. Y lo lograron.
“Salieron a la ruta en medio de la noche, hicieron dedo y encontraron un micro. Ahí fueron hasta una zona urbana y se refugiaron en una estación de servicios. Después fueron a la Policía y para ese entonces ya la Gendarmería de acá también estaba trabajando en el caso. Volvieron a la chacra para buscar a sus compañeros”, agregó la joven.
Desde ese momento, los nueve misioneros rescatados se encuentran alojados en un hospedaje brasileño a la espera de los trámites correspondientes para regresar a la tierra colorada, aunque tampoco son horas felices, ya que denuncian que los responsables del campo merodean el lugar y temen por su integridad.
“El brasileño del campo donde ellos estaban fue detenido porque a las pocas horas quedó libre de nuevo allá y ahora da vueltas por el hotel donde está mi marido. Ellos tienen miedo, no tienen custodia. Por suerte se trabajó súper rápido después de las denuncias, pero ahora queremos que vuelvan cuánto antes”, cerró.
Los misioneros fueron rescatados tras un trabajo articulado entre miembros de diferentes de dependencias de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerzas brasileñas y organismos bilaterales.
La posadeña sindicada como captora fue detenida tras una serie de allanamientos concretados anoche y ahora permanece a disposición del Juzgado Federal de Posadas. En su casa incautaron celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y cuadernos con anotaciones varias.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
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