Policiales
Trata en Brasil: avisos por Facebook, reales de promesa y amenazas de muerte
De un lado la necesidad y la desesperación. Del otro la inmoralidad y la crueldad. Los operativos de rescate de misioneros víctimas de trata laboral y esclavitud en campos de Brasil se replicaron este fin de semana, exponiendo una maniobra de captación y engaño que nace a través de avisos en Facebook.
Primero ocurrió en Sao Marcos, cerca de Novo Hamburgo, donde 22 misioneros, de entre 16 y 61 años, fueron hallados en condiciones de explotación laboral en un viñedo donde residían en condiciones de hacinamiento, sin horas de descanso, con alimentos en mal estado y sin la remuneración prometida.
Idéntica situación se dio horas después, aunque esta vez en un campo de Urubici, unos 600 kilómetros al norte de Sao Marcos, donde otros nueve misioneros eran reducidos a la servidumbre.
Esta última decena de hombres fueron rescatados el fin de semana luego de tres denuncias efectuadas ante la Línea 145 de Protex y la investigación realizada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) además permitió dar con una posadeña acusada de captar y organizar el traslado de los peones hacia el país vecino.
La posadeña apuntada como la captadora fue detenida anoche tras un operativo de Gendarmería.
Travesía, calvario y servidumbre
La esposa de uno de los damnificados dialogó con La Voz de Misiones y contó el calvario que su marido vivió desde el 22 de enero, día en el que salió rumbo a Brasil con la idea de cosechar manzanas y la ilusión de cosechar reales.
Según contó la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, su marido es árbitro, la situación económica de su familia se agravó en los últimos meses y en medio de la búsqueda de nuevas oportunidades se toparon en Facebook con un aviso que ofrecía trabajo en una chacra brasileña.
La oferta era seductora. La propuesta consistía en trabajar en la cosecha de manzanas en una estancia de Urubici y el pago prometido era de 300 reales ($70.000 pesos, aproximadamente según la cotización del mercado informal) por día, con estadía y alimentación incluida.
El requisito, además, era sencillo: solo había que juntar un poco dinero para cubrir los costos del viaje y gestionar el PCF, una especie de DNI fiscal que habilita a los extranjeros a trabajar en Brasil.
“Tanto mi marido como la mayoría de los otros muchachos vieron el trabajo por Facebook. Después la mujer esa le agregó a un grupo de Whatsapp y por esa vía fueron recibiendo las indicaciones”, recordó.
La joven además narró la travesía que debió realizar su marido hasta llegar a destino. “Primero fueron en micro hasta Irigoyen. Ahí debían hacer el CPF y algunos tuvieron problemas, entonces esa noche durmieron en la calle. Al otro día se tomaron otro colectivo hasta San Miguel y desde ahí otro colectivo. En total estuvieron cuatro días en la calle”, repasó.
Así fue como el grupo llegó hasta Urubici, un pequeño pueblo de apenas 10.000 habitantes que se destaca como el mayor productor de verduras y frutas de todo el estado de Santa Catarina.
Sin embargo, nada fue como lo esperaban. “Apenas llegaron fueron ubicados en un lugar horrible, con colchones en el suelo. Trabajaban de 6 a 18 y solo comían de noche, encima casi siempre carne podrida. Al octavo día recién les pagaron, pero en vez de 300 reales les dieron 100 cada uno por los ocho días. Les dijeron que el resto fue descontado por los gastos de comida y alojamiento”, describió la joven contactada por LVM, quien durante todos estos días mantenía esporádicas comunicaciones con su marido ya que para obtener señal telefónica debían caminar varios kilómetros hasta la ruta.
Ante este panorama, en el grupo fue creciendo la idea de abandonar, aunque se toparon con una restricción: “El brasilero que manejaba el campo les dijo que si se querían ir debían devolver 1.300 reales de todos los gastos realizados”.
En un viñedo de Sao Marcos otro grupo de misioneros fue sometido a las mismas condiciones de explotación y servidumbre.
Escape, denuncia y rescate
El miedo también era un factor paralizante, dado que en sus comunicaciones el misionero contó que el lugar estaba rodeado por personas armadas e incluso afirmó haber sufrido amenazas de muerte. “Les decían que iba a terminar siendo alimentos a para peces con sus cuerpos”, sostuvo la muchacha.
De igual manera, y mientras en Posadas se radicaban las correspondientes denuncias, el marido de la joven entrevistada por LVM se arriesgó a escapar de la chacra junto a un compañero. Y lo lograron.
“Salieron a la ruta en medio de la noche, hicieron dedo y encontraron un micro. Ahí fueron hasta una zona urbana y se refugiaron en una estación de servicios. Después fueron a la Policía y para ese entonces ya la Gendarmería de acá también estaba trabajando en el caso. Volvieron a la chacra para buscar a sus compañeros”, agregó la joven.
Desde ese momento, los nueve misioneros rescatados se encuentran alojados en un hospedaje brasileño a la espera de los trámites correspondientes para regresar a la tierra colorada, aunque tampoco son horas felices, ya que denuncian que los responsables del campo merodean el lugar y temen por su integridad.
“El brasileño del campo donde ellos estaban fue detenido porque a las pocas horas quedó libre de nuevo allá y ahora da vueltas por el hotel donde está mi marido. Ellos tienen miedo, no tienen custodia. Por suerte se trabajó súper rápido después de las denuncias, pero ahora queremos que vuelvan cuánto antes”, cerró.
Los misioneros fueron rescatados tras un trabajo articulado entre miembros de diferentes de dependencias de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerzas brasileñas y organismos bilaterales.
La posadeña sindicada como captora fue detenida tras una serie de allanamientos concretados anoche y ahora permanece a disposición del Juzgado Federal de Posadas. En su casa incautaron celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y cuadernos con anotaciones varias.
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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