Policiales
Trata en Brasil: avisos por Facebook, reales de promesa y amenazas de muerte
De un lado la necesidad y la desesperación. Del otro la inmoralidad y la crueldad. Los operativos de rescate de misioneros víctimas de trata laboral y esclavitud en campos de Brasil se replicaron este fin de semana, exponiendo una maniobra de captación y engaño que nace a través de avisos en Facebook.
Primero ocurrió en Sao Marcos, cerca de Novo Hamburgo, donde 22 misioneros, de entre 16 y 61 años, fueron hallados en condiciones de explotación laboral en un viñedo donde residían en condiciones de hacinamiento, sin horas de descanso, con alimentos en mal estado y sin la remuneración prometida.
Idéntica situación se dio horas después, aunque esta vez en un campo de Urubici, unos 600 kilómetros al norte de Sao Marcos, donde otros nueve misioneros eran reducidos a la servidumbre.
Esta última decena de hombres fueron rescatados el fin de semana luego de tres denuncias efectuadas ante la Línea 145 de Protex y la investigación realizada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) además permitió dar con una posadeña acusada de captar y organizar el traslado de los peones hacia el país vecino.
La posadeña apuntada como la captadora fue detenida anoche tras un operativo de Gendarmería.
Travesía, calvario y servidumbre
La esposa de uno de los damnificados dialogó con La Voz de Misiones y contó el calvario que su marido vivió desde el 22 de enero, día en el que salió rumbo a Brasil con la idea de cosechar manzanas y la ilusión de cosechar reales.
Según contó la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, su marido es árbitro, la situación económica de su familia se agravó en los últimos meses y en medio de la búsqueda de nuevas oportunidades se toparon en Facebook con un aviso que ofrecía trabajo en una chacra brasileña.
La oferta era seductora. La propuesta consistía en trabajar en la cosecha de manzanas en una estancia de Urubici y el pago prometido era de 300 reales ($70.000 pesos, aproximadamente según la cotización del mercado informal) por día, con estadía y alimentación incluida.
El requisito, además, era sencillo: solo había que juntar un poco dinero para cubrir los costos del viaje y gestionar el PCF, una especie de DNI fiscal que habilita a los extranjeros a trabajar en Brasil.
“Tanto mi marido como la mayoría de los otros muchachos vieron el trabajo por Facebook. Después la mujer esa le agregó a un grupo de Whatsapp y por esa vía fueron recibiendo las indicaciones”, recordó.
La joven además narró la travesía que debió realizar su marido hasta llegar a destino. “Primero fueron en micro hasta Irigoyen. Ahí debían hacer el CPF y algunos tuvieron problemas, entonces esa noche durmieron en la calle. Al otro día se tomaron otro colectivo hasta San Miguel y desde ahí otro colectivo. En total estuvieron cuatro días en la calle”, repasó.
Así fue como el grupo llegó hasta Urubici, un pequeño pueblo de apenas 10.000 habitantes que se destaca como el mayor productor de verduras y frutas de todo el estado de Santa Catarina.
Sin embargo, nada fue como lo esperaban. “Apenas llegaron fueron ubicados en un lugar horrible, con colchones en el suelo. Trabajaban de 6 a 18 y solo comían de noche, encima casi siempre carne podrida. Al octavo día recién les pagaron, pero en vez de 300 reales les dieron 100 cada uno por los ocho días. Les dijeron que el resto fue descontado por los gastos de comida y alojamiento”, describió la joven contactada por LVM, quien durante todos estos días mantenía esporádicas comunicaciones con su marido ya que para obtener señal telefónica debían caminar varios kilómetros hasta la ruta.
Ante este panorama, en el grupo fue creciendo la idea de abandonar, aunque se toparon con una restricción: “El brasilero que manejaba el campo les dijo que si se querían ir debían devolver 1.300 reales de todos los gastos realizados”.
En un viñedo de Sao Marcos otro grupo de misioneros fue sometido a las mismas condiciones de explotación y servidumbre.
Escape, denuncia y rescate
El miedo también era un factor paralizante, dado que en sus comunicaciones el misionero contó que el lugar estaba rodeado por personas armadas e incluso afirmó haber sufrido amenazas de muerte. “Les decían que iba a terminar siendo alimentos a para peces con sus cuerpos”, sostuvo la muchacha.
De igual manera, y mientras en Posadas se radicaban las correspondientes denuncias, el marido de la joven entrevistada por LVM se arriesgó a escapar de la chacra junto a un compañero. Y lo lograron.
“Salieron a la ruta en medio de la noche, hicieron dedo y encontraron un micro. Ahí fueron hasta una zona urbana y se refugiaron en una estación de servicios. Después fueron a la Policía y para ese entonces ya la Gendarmería de acá también estaba trabajando en el caso. Volvieron a la chacra para buscar a sus compañeros”, agregó la joven.
Desde ese momento, los nueve misioneros rescatados se encuentran alojados en un hospedaje brasileño a la espera de los trámites correspondientes para regresar a la tierra colorada, aunque tampoco son horas felices, ya que denuncian que los responsables del campo merodean el lugar y temen por su integridad.
“El brasileño del campo donde ellos estaban fue detenido porque a las pocas horas quedó libre de nuevo allá y ahora da vueltas por el hotel donde está mi marido. Ellos tienen miedo, no tienen custodia. Por suerte se trabajó súper rápido después de las denuncias, pero ahora queremos que vuelvan cuánto antes”, cerró.
Los misioneros fueron rescatados tras un trabajo articulado entre miembros de diferentes de dependencias de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerzas brasileñas y organismos bilaterales.
La posadeña sindicada como captora fue detenida tras una serie de allanamientos concretados anoche y ahora permanece a disposición del Juzgado Federal de Posadas. En su casa incautaron celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y cuadernos con anotaciones varias.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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