Policiales
Tragedia en Club de Empleados Municipales: “No contamos con guardavidas”
“Es un hecho lamentable. Estamos con una tristeza enorme por esta tragedia. Queremos saber qué o cómo realmente sucedió todo”, manifestó Rubén Maciel, presidente del Club de Empleados Municipales de Posadas, donde el último domingo una niña de 5 años falleció ahogada, al tiempo que admitió que la institución “no cuenta con guardavidas contratados oficialmente” por cuestiones “de tiempo”, “burocráticas” y “económicas”.
En diálogo con La Voz de Misiones, Maciel se mostró dolorido por la muerte de la pequeña Ludmila e indicó que el club está a entera “disposición” de la Justicia para que se esclarezca cómo ocurrieron los hechos.
“Yo ese día no estaba en el lugar y me guío por las cosas que me cuentan los que estaban ahí. No sé más que eso. Estamos esperando que la Justicia actúe e investigue para que se sepa lo que realmente sucedió. Ojalá que las autoridades trabajen tranquilos para que todos podamos saber qué pasó”, expresó.
Y reiteró: “Estamos dolidos por esta tragedia. Hemos trabajado durante un año para poner en condiciones el lugar y para que los empleados municipales, que son socios del club, tengan un lugar para ir a refrescarse en estos tiempos calurosos. Trabajamos mucho para que esto se ponga lindo. Estábamos contentos y nos pasó esto el domingo, faltando una hora para que termine la temporada de pileta”.
En ese punto, LVM consultó sobre las condiciones del predio, puntualmente sobre la presencia de guardavidas, requisito obligatorio para cualquier espacio con pileta o espejo de agua habilitado como balneario por el municipio, tal como lo establece la Ley de Seguridad Acuática, normativa a la cual Posadas se encuentra adherida.
“Nosotros pagamos a personas que cuidan el lugar, pero guardavidas oficialmente no contamos con eso”, admitió Maciel y ante la repregunta argumentó que “por falta de tiempo, por cuestiones burocráticas no pudimos contratar un guardavidas en el club”.
El presidente de la institución también arguyó el factor económico como obstáculo para la contratación de personal de seguridad acuática: “También está lo económico. En el club no nos entra mucho dinero. La mayoría de las cosas se hace a pulmón. Se cobra una cuota, sí, pero es lo mínimo”.
“Venimos trabajando para poner en condiciones algunas cosas. Hoy dejo todo en manos de la Justicia, para que ellos dictaminen. Veremos qué pasa”, agregó y en misma sintonía respondió en caso de que el club sea objeto de una multa por irregularidades.
Sobre la niña fallecida, afirmó que sería integrante de una familia del barrio Los Patitos que abonó una entrada para ingresar al club. “Estamos tratando de comunicarnos con ellos para darle nuestras condolencias y ponernos a disposición”, dijo.
Por último, Maciel afirmó que “me pongo a disposición de los medios para aclarar todo. Escucho muchas personas que se quieren aprovechar de esta situación. Es una tragedia lo que pasó y ojalá que no se use para cualquier otra situación, sino que tratemos de llegar a la verdad y que trabajemos entre todos para que esto no vuelva a ocurrir”.
Más voces
La muerte de la pequeña Ludmila generó revuelo hoy en la ciudad y fueron varias las voces que se refirieron al tema, entre ellas se escuchó la de Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática de la provincia, quien en diálogo con FM Show esta mañana confirmó que la pileta del club “no estaba habilitada”.
“La pileta no está habilitada, al no estar habilitada como que es responsabilidad del club. Lamentablemente quien habilita las piletas es lo mismo que un comercio, la habilita el municipio. Cada pileta, o vos si tenés tu pileta de un club que debes habilitar, tenés que ir al municipio, hacer el papeleo y traer una constancia del guardavidas que va a trabajar”, precisó.
Y puntualizó: “Por eso siempre decimos que cuando uno va a un establecimiento, a un club, es más a los socios del club que le cobran por mes, uno tiene que exigir que esté todo en condiciones, sino que no abra una pileta”.
Por su parte, Hugo Ferreyra, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre el asunto.
Ante los medios, Ferreyra se encargó de desligar por completo al sindicato de lo sucedido y atribuyó todas las responsabilidades al club, con Maciel a la cabeza.
“Queremos aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con el club, es una institución aparte, una institución que se creó por fuera del sindicato. No tenemos nada que ver”, señaló.
Y apuntó: “El encargado del club municipal es el presidente electo, Rubén Maciel, que es el que tenía que velar por todas las garantías de ese lugar. Es un hecho lamentable que una nena de 5 años haya perdido la vida en una pileta sin nadie que la esté controlando”.
Un anciano de 79 años falleció esta mañana tras ser embestido por una motocicleta sobre la avenida San Martín en Eldorado.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la víctima fatal fue identificada como Marcos Daniel Britez (79), cuyo deceso se produjo a las 7.30 en el hospital Samic de la localidad.
A ese nosocomio había ingresado Britez tras ser atropellado una hora antes por una motocicleta sobre la avenida San Martín, casi Chile, de la misma ciudad.
El siniestro fue protagonizado por un motociclista que circulaba en una Brava 110 y que, por causas que se intentan establecer, embistió al peatón.
El contrabandista de cigarrillos que el año pasado chocó y mató a un gendarme al intentar evadir un control de tránsito sobre la ruta nacional 12 en San Ana, continuará detenido tras una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
El implicado se trata de Rodrigo Dias Da Silva, de 26 años, quien se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva por los delitos de “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”, acusación que ya fue ratificada anteriormente.
Recientemente su defensa solicitó su excarcelación, pero el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, rechazó el pedido, ante lo cual se articuló una apelación contra esa medida, aunque el planteo no tuvo éxito, dado que los camaristas ratificaron la resolución.
De esta manera, Dias Da Silva continuará detenido y aguardará tras las rejas el avance del expediente hasta su elevación a juicio.
Crimen en la ruta
El hecho que se encuentra en investigación se registró el 14 de septiembre del año pasado, cuando una Volkswagen Amarok cargada con 20 millones de cigarrillo de contrabando evadió un control sobre la ruta nacional 12, a la altura de Santa Ana, pero en plena maniobra su conductor embistió a uno de los gendarmes apostados sobre la arteria.
El uniformado atropellado fue Robert David “Chato” Barreto (31), un centinela con más de doce años en la institución y padre de dos hijos, quien terminó falleciendo dos horas después del siniestro.
Tras el impacto, la camioneta Amarok continuó su marcha sin control hasta volcar en una banquina de la ruta y en esas circunstancias fue detenido Da Silva.
Robert Barreto llevaba 12 años en la GNA y era padre de dos niños.
El caso Zorrilla
Un caso similar se registró el 11 de abril de 2013, cuando un contrabandista en fuga atropelló y mató al gendarme José Riquelme De la Cruz (52), durante un control que se efectuaba sobre la ruta provincial 4, entre Itacaruaré y San Javier.
El autor del hecho iba al mando de un Renault Megane y resultó ser el policía Carlos Daniel Zorrilla, que trabajaba en la comisaría de Caa Yarí, aunque ese día estaba de franco.
El uniformado quedó detenido y en 2015 fue llevado a juicio, donde el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas lo condenó a 18 años de prisión por “homicidio simple”, a pesar de que tanto la fiscalía como la querella habían solicitado prisión perpetua.
El fallo fue ratificado años después por la Sala I de la Cámara de Casación Federal y en 2023 el condenado accedió a su primera salida transitoria.
Carlos Zorrilla era policía y recibió 18 años de prisión por chocar y matar a un gendarme en 2013.
Una denuncia a la línea 145 disparó el despliegue de un operativo conjunto que ayer, en horas de la mañana, arribó a una vivienda ubicada en el barrio Acaraguá de Posadas. Como resultado, una mujer de 34 años fue asistida y resguardada en su domicilio, mientras que el denunciado fue notificado sujeto a la causa con prohibición de acercamiento.
El allanamiento fue realizado por orden de la jueza María Verónica Skanata, quien se encuentra al frente del Juzgado Federal en Posadas, y ejecutado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), a través de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones, con colaboración del Gabinete Interdisciplinario Policial en el marco de una investigación por trata de personas que lleva adelante la fuerza federal.
Alrededor de las 7 de la mañana, se realizaron operativos en tres puntos de la ciudad, uno sobre calle Lanusse y los otros dos en los barrios Gauchito Gil y Acaraguá. En este último fue donde, además de brindar resguardo a la posible víctima, secuestraron un vehículo Fiat Toro, prendas de vestir, documentación, dispositivos electrónicos (pendrives y una CPU), así como también dinero en efectivo.
Fiat Toro secuestrado
Durante el procedimiento intervino personal de la Prefectura de Zona Alto Paraná y la Dirección de Trata de Personas correspondiente a la fuerza provincial, área que brindó asistencia inmediata a la mujer por orden judicial.
A su vez, personal médico constató que la mujer presentaba un buen estado de salud. La investigación del caso continúa su curso legal por parte de la Justicia Federal.
Algunas cifras
En 2024, según datos aportados por la División de Trata de Personas y la Dirección de Investigaciones Complejas, dependientes de la Jefatura de Policía de Misiones, en los primeros seis meses del año se realizaron al menos seis allanamientos, en conjunto con Gendarmería Nacional, cuatro rescates por trata laboral y 43 intervenciones psicológicas a potenciales víctimas, previo a las declaraciones en Cámara Gesell.
En ese contexto, también confirmaron que “los puntos rojos” fueron Oberá, Jardín América, San Vicente, El Soberbio, Santa Ana y Posadas, donde se realizaron operaciones de tráfico, captación y explotación ilegal de personas en los últimos dos años.
A fin de mantener alerta a posibles víctimas, aseguraron que las principales metodologías de captación continúan siendo el enamoramiento, promesa laboral falsa, cuidado de niños o ancianos y cajera o ayudante en club nocturno, teniendo en cuenta los antecedentes más recientes.
Ante sospechas de un posible caso de trata de personas solicitan a la comunidad a realizar la correspondiente denuncia anónima y gratuita a través de la Línea 145, disponible las 24 horas.
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