Policiales
Testigo clave del caso Evelyn: “Me contó que el muchacho la maltrataba”
Tal como estaba programado, el debate oral y público para esclarecer el asesinato de Evelyn Rojas continuó esta mañana con la declaración de siete testigos, entre ellos el de María Ignacia Galeano, cuyo testimonio es considerado clave, en virtud de que la noche anterior al crimen vio a la víctima junto a Ramón “Junior” Da Silva, único imputado que tiene el expediente.
Galeano estaba citada para el día martes, pero su comparecencia ante el Tribunal Penal Uno se postergó un día. Hoy se presentó a la hora indicada y fue la tercera en pasar al recinto de debates para dar su valioso testimonio.
Ante las partes, la mujer contó lo que vio la noche previa al crimen y relató cómo fue el momento en el que descubrieron que Evelyn había sido asesinada dentro de la estación de servicios abandonada que se ubica en la intersección de las avenidas Uruguay y Bouchardo de Posadas.
“Esa noche -26 de octubre de 2016- yo la vi a ella. Estaba muy mal, muy tomada. Ella estaba en la esquina de Alemania (calle) y vino el muchacho (por Junior). Yo me quedé no más porque no me quería meter, pero vi que después el muchacho la siguió. Se sentaron en un murito y discutieron”, recordó Galeano.
Luego, agregó que “después él se fue a una despensa y volvió con una caja de vino. Ahí volvieron a discutir, forcejearon y al rato se fueron hacia el lado de la estación de servicio abandonada. Yo no vi si llegaron a entrar o no”.
Lo que se estima, en base a los demás elementos recolectados en la investigación, es que en la madrugada siguiente, es decir, del 27 de octubre, se concretó el crimen. Evelyn fue masacrada a golpes y luego descartada dentro de una fosa del predio abandonado, donde salía pasar las noches junto a Junior, que era su pareja y vivía en ese lugar.
El crimen fue descubierto la tarde siguiente, cerca de las 14 o las 15, cuando justamente Galeano fue hasta el lugar para llevarle una vianda de comida a la muchacha. Si bien eran amigas desde hace varios años, la testigo aseguró que era la primera vez que iba a asistir de manera a Evelyn y se terminó topando con lo peor.
Galeano reconstruyó que “yo fui a llevarle la vianda con mi pareja de ese momento. Llegué y grité por ella, pero no salió nadie, entonces mi pareja entró y allá adentro se agarró la cabeza. Ahí yo grité porque me asusté y vino un chico de un gimnasio cercano que también entró”.
En esa instancia, la testigo recordó una secuencia que puede graficar el desprecio de un sector social hacia la comunidad trans: “Ese chico entró y al salir me dijo ‘no te preocupes, no le pasó nada a tu amiga, es un travesti no más’. Yo le dije que sí, que ella era mi amiga y que me importaba”.
A partir de ahí, Galeano fue más para atrás en su relato y recordó las veces que vio a Evelyn golpeada y lo que alcanzó a notar de su relación con Junior. “Me contó que sufría violencia, que el muchacho la maltrataba. Yo le veía moretones feos, a mí me dolía eso y le decía que tenía que separarse, pero ella estaba muy enamorada de ese muchacho, no podía salir de ahí”, señaló.
La mujer contó que nunca presenció agresiones, pero sí admitió que cada vez que Evelyn venía golpeada ella le decía que era Junior quien le pegaba. “Cuando ella tenía golpes, se sabía que fue él”, dijo Galeano, con contundencia.
Fractura de cráneo
La audiencia se completó con el testimonio de otros seis testigos, entre policías, bioquímicos, peritos en criminalística y médicos forenses.
De allí, se destaca el aporte de Milton Acosta, uno de los profesionales que realizó el examen de autopsia al cuerpo de Evelyn.
El forense precisó que la causal de muerte fue “un traumatismo craneoencefálico gravísimo, con fractura de la base del cráneo por una contusión contra una base dura”.
En base a esto, Acosta explicó respecto a la mecánica de los golpes: “La cabeza fue hacia el objeto contuso y en reiteradas ocasiones. Todo el contenido cerebral estaba afectado”.
También indicó que la víctima presentaba signos de arrastre y lesiones defensivas mínimas en la mano izquierda.
El bioquímico Oscar González, en tanto, precisó que Evelyn registraba una intoxicación alcohólica de 4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que la ubicaba prácticamente en un “estado de coma”, circunstancia que pudo haberla dejado en completo estado de indefensión.
Más testigos
El debate oral continuará mañana con la declaración de otros siete testigos, entre los que hay familiares de la víctima, profesionales médicos y más policías.
Da Silva, más conocido por sus alias de “Junior”, “Ramoncito” o “Polaquito”, está imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura ante la cual puede ser condenado a prisión perpetua.
El acusado estuvo presente en la primera audiencia y se abstuvo de declarar. Luego, a través de su defensa pidió no comparecer al resto de las jornadas y el tribunal aceptó la petición.
En el juicio interviene el fiscal Martín Alejandro Rau, la letrada querellante particular en representación de la familia de Evelyn, Florencia González, y el defensor oficial Mario Ramírez, que patrocina al acusado.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso está presidido por Viviana Cukla e integrado por sus pares Ángel Dejesús Cardozo y Marcela Leiva (subrogante).
El caso tiene la particularidad histórica, dado que es la primera vez que el asesinato de una mujer trans es juzgado como femicidio en Misiones.
La querella, en tanto, al igual que en la etapa de instrucción, insistirá en calificar el hecho como un “crimen de odio” hacia la identidad de género de Evelyn y lograr una sentencia que declare el hecho como un travesticidio o transfemicidio.
La presidenta del Tribunal, Viviana Cukla, observando informes periciales.
La querella y la fiscalía, siguiendo el desarrollo del debate.
El acusado estuvo presente en la primera jornada, pero no volverá a comparecer al recinto hasta el momento de la sentencia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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