Policiales
Sargento robó armas de guerra en Apóstoles: lo detuvieron y separaron
Un sargento de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza, acusado de ser el responsable del robo de dos armas de guerra de la División Comando Radioeléctrico de la ciudad de Apóstoles.
El hecho se detectó ayer luego de una inspección de rutina ordenada por la Jefatura, en la que los efectivos advirtieron el faltante de dos subfusiles FMK-3, los cuales habían sido cedidos por parte de las dependencias jurisdiccionales de San José y Fachinal.
Fue así que, en forma inmediata, se ordenó el inicio de sumario y de una pesquisa interna, tras lo cual la Dirección de Asuntos Internos y el área de Inteligencia de la fuerza establecieron que no sería ajeno al ilícito un sargento que cumplía funciones en la dependencia de Apóstoles.
No obstante, como el agente reside en Posadas, se trató de establecer dónde estaban las armas y si seguían en su poder.
Por ello, agentes encubiertos se comunicaron con los puestos de controles nacionales, debido a la posibilidad de que el armamento sea comercializado, y montaron un operativo conjunto sobre las rutas 105 y 205.
Una vez en Fachinal, a las 4 de la madrugada, Gendarmería interceptó al suboficial, que estaba de franco y se desplazaba en una motocicleta sin dominio en dirección a San José.
Al presentarse con nombre y cargo, los uniformados -que ya tenían información- le solicitaron que les exhiba una campera, en cuyo interior tenía las dos FMK-3 envueltas en cintas.
Tras la captura del policía, se secuestraron ambos subfusiles de la fuerza provincial y se realizan los trámites judiciales correspondientes por el delito.
Asimismo, en la continuidad del sumario, el suboficial fue separado de la institución y puesto a disposición de la Justicia Federal, desde donde se ordenó el cumplimiento de arresto efectivo en calidad de incomunicado, además del secuestro del teléfono celular, la motocicleta y armas.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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