Policiales
Prima del policía Miñarro: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”
La certeza escasea, la incertidumbre reina y las sospechas abundan. A más de una semana del homicidio del cabo Leonardo Mauricio Miñarro (35), el caso continúa siendo investigado bajo un fuerte hermetismo de parte de las autoridades intervinientes y con la familia de la víctima clamando justicia y respeto. “Nos sentimos manoseados por la Policía”, apuntaron.
El suboficial Miñarro fue asesinado de un disparo en el pecho mientras cumplía funciones en la base de Infantería de la Unidad Regional III de Eldorado, destacamento ubicado dentro del predio del Aeroclub local. Es decir, fue ultimado en su propio lugar de trabajo, pero hasta el momento no hay mayores avances. Sus familiares tienen sus propias sospechas, aunque prefieren seguir confiando en el proceso.
El crimen se registró durante la madrugada del 30 de diciembre, aunque fue descubierto a las 7.30, cuando un colega que debía estar de guardia con él llegó para el relevo de personal. De ahí en más fue todo confusión, con múltiples hipótesis.
Primero se mencionó el accionar de un “grupo comando extranjero”, teoría que fue descartada sin mayores explicaciones por parte del ministro de Gobierno Marcelo Pérez a través de su cuenta de X. Luego, la jueza María Laura Rodríguez trazó la posible participación de un grupo delictivo que pretendía robar una avioneta y el jefe de la Policía Sandro Martínez, en declaraciones periodísticas, vinculó el crimen a “cuestiones domésticas”.
“Falta de respeto” y “abandono”
“Desde un comienzo fue todo confusión. Nosotros somos una familia de las fuerzas y nos sentimos manoseados por la Policía. Es doloroso porque hay miembros de la familia que también son policías y es una situación muy incómoda”, cuestionó Carina Martínez, prima de Miñarro, en diálogo con La Voz de Misiones.
“No tiene nombre lo que pasó. Todo fue muy confuso y complicado desde el comienzo. Nos sentimos manipulados, manoseados y maltratados. Todo fue una completa falta respeto y abandono hacia nuestra familia”, apuntó, sin reparos.
Carina, además de prima, era la comadre del cabo asesinado, con vínculo muy cercano y toda esta semana estuvo en Gobernador Roca acompañando al resto de la familia.
“Nosotros no nos comemos ningún verso. Él no era un policía cualquiera. Estaba capacitado. Hizo cursos por todo el país. Nosotros estamos seguros que a él lo mataron por ser honesto. A él lo mató alguien de confianza, alguien que él no se esperaba que lo atacara. Lo mataron a sangre fría, porque él no se defendió. Es como que ni le dieron tiempo a reaccionar”, trazó la mujer durante una conservación telefónica con LVM.
El crimen de Miñarro se registró el 30 de diciembre, en la base de Infantería de UR III, dentro del Aeroclub de Eldorado.
Desestimada la hipótesis de un golpe comando y con datos que considera “endebles” sobre el presunto intento de robo de una avioneta, Carina entiende que el crimen de su primo pudo deberse a una cuestión interna dentro de la misma Policía, pensamiento que tomó fuerza tras el pase a disponibilidad del subcomisario Ricardo Andrés Arrúa (43), jefe de Miñarro hasta el día del crimen y a quien la Jefatura apartó de la fuerza debido a las irregularidades detectadas en el destacamento que tenía a su cargo.
“La jueza rechazó la detención (de Arrúa) y nos causó muy mala impresión cuando no nos quiso entregar el cuerpo de mi primo, pero la Justicia dirá lo que pasó. Me duele en el alma, no quiero acusar a nadie, pero él tuvo muchas contradicciones cuando le tocó contar lo que sabía. Entonces genera sospechas, obviamente. Esta persona incluso fue al velorio y se armó lío. Si lo apartaron, no entiendo por qué no investiga una fuerza federal. No se pueden investigar entre policías”, criticó.
“Hasta las últimas consecuencias”
Pero Carina reitera. La familia hoy atraviesa el dolor por la pérdida de un ser querido, pero también sufre por el “abandono” de parte de la propia institución para la cual Miñarro dedicaba su vida.
“Él amaba su trabajo. Siempre dio todo por la Policía, pero nosotros estuvimos solos en esto desde el comienzo. Nadie nos comunicó su fallecimiento y después todo lo que supimos fue porque nosotros mismos fuimos consiguiendo información. Recién el día después del velorio vinieron los jefes a hablarnos”, contó.
La prima de Miñarro afirmó que la familia ya cuenta con un abogado y buscarán presentarse como querellantes particulares en el expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada Rodríguez.
“Somos de la chacra, pero no somos ignorantes. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Lo único que pedimos es que no nos pongan más trabas. Ya suficiente dolor atravesamos”, cerró.
La autopsia estableció que Miñarro tenía dos lesiones de arma de fuego. Un proyectil le rozó un brazo, mientras que el otro impactó en su pecho y le provocó la muerte. Hasta el momento no se pudo determinar qué tipo munición fue utilizada para el crimen, pero una línea investigativa apunta que pudo ser ultimado con su propia arma reglamentaria, la cual no fue hallada.
En el destacamento se constató la faltante de varias armas de fuego, aunque debido a la falta de registros actualizados o con información fiable, no se pudo determinar si faltan desde el día del crimen o desde antes. Esa es unas de las irregularidades que quedaron expuestas tras el hecho y que derivaron en el pase a disponibilidad del subcomisario Arrúa, sobre quien además se abrió un sumario interno por disposición de la Jefatura de la Policía.
Intervienen la base de Infantería y se diluye la teoría del golpe comando
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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