La Policía de Misiones arrestó este lunes a Marcos Ignacio L. (53), acusado de maltrato y abandono animal luego de que un caballo bajo su responsabilidad muriera por el extremo deterioro físico que presentaba.

La detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, tras recibir el informe necroscópico y veterinario de la Fundación Libre Relincho, que confirmó que el equino falleció a causa del avanzado estado de desnutrición, deshidratación y lesiones compatibles con explotación prolongada.

El caso se inició el sábado en el barrio Aeroclub de Posadas, cuando un vecino alertó a la comisaría Decimoctava que un caballo había ingresado tambaleante a su propiedad,  ubicada en la intersección de las calles 170 y 121, y colapsó en el lugar sin poder incorporarse.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron el crítico estado del animal: peso extremadamente bajo, anemia severa, deshidratación aguda y signos evidentes de abandono y uso intensivo para el acarreo de cargas.

Personal de la División Policía Montada realizó las maniobras de rescate y trasladó al equino hasta la sede de la Fundación Libre Relincho, donde fue sometido a atención veterinaria intensiva.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el caballo no logró sobrevivir y falleció horas después debido al grado irreversible de debilitamiento general y al cuadro de maltrato crónico que padecía.

Una vez recibido el informe final de la fundación, que detalló las lesiones compatibles con explotación y la ausencia de cuidados básicos, el magistrado actuante dispuso la inmediata detención del propietario.

Marcos Ignacio L. fue aprehendido en su domicilio del mismo barrio Aeroclub y trasladado a una dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

La causa está caratulada como “maltrato animal” y se aguarda la imputación formal del detenido.

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Los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez rechazaron una probation propuesta por la fiscalía y en consecuencia mañana iniciará tal como estaba previsto el juicio oral contra ambos dirigentes sindicales acusados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, cometidos durante las protestas salariales del año pasado en Posadas.

El inicio del debate oral está pautado para las 8 y el proceso se realizará en el SUM del Palacio de Justicia, escenario designado tras un pedido de la defensa para garantizar un mayor número de aforo.

Los docentes contarán con la defensa del letrado Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, mientras que la fiscalía estará representada por María Laura Álvarez, en tanto que el tribunal unipersonal encargado de impartir justicia estará presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que el jueves pasado la fiscal Álvarez elevó una propuesta de suspensión de juicio a prueba, más conocido como probation, donde ofrecía la realización de tareas comunitarias como alternativa para resolución del conflicto.

La medida no implicaba el reconocimiento de ningún delito ni contaba como condena, pero los imputados decidieron rechazar la propuesta y enfrentar las acusaciones en debate oral, donde las posibilidades se reducen a un fallo condenatorio o a una absolución.

“Esto no es una cuestión criminalizable, independientemente de que se haga este juicio, que me parece una torpeza. Aunque sean condenados ellos van a pelear hasta donde sea”, precisó Paredes a LVM.

Y argumentó que “esta una cuestión gremial, en el ámbito, en el contexto, de una licuación de salarios del año pasado, y por otra parte es asambleario, es decir, es una asamblea la que decide (las medidas de protesta), no ellos. Esto no es una brigada militar donde solo Gurina y Sánchez, deciden. Ellos son voceros, son los que llevan la voz de la asamblea”.

De esta manera, Gurina y Sánchez se sentarán mañana en el banquillo de los acusados. Primero oirán el auto de elevación a juicio del expediente formulado por la fiscal de Instrucción Siete Patricia Clerici y una vez abierto el debate tendrán la oportunidad de declarar.

Posteriormente se dará inicio a las testimoniales, etapa que se extenderá durante al menos una jornada más hasta la instancia de alegatos finales previo al dictado de sentencia.

Acompañamiento y defensa

Bajo el lema “la lucha por el salario no es delito”, gremios docentes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas se convocaron para acompañar mañana a los enjuiciados desde las escalinatas del Palacio de Justicia, ubicado sobre avenida Santa Catalina de Posadas.

“La exigencia de absolución para Mónica y Leandro es un eje de acción que está presentes en todas las acciones llevadas adelante por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, conformado por un conjunto de organizaciones que nuclean a docentes en la provincia. También la Mesa de Unidad, que suma al MPL, sectores autoconvocados y algunas seccionales de ATE Misiones, han persistido en incorporar esa demanda a sus reclamos”, señalaron.

Los trabajadores de la educación fueron procesados por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, delitos que presuntamente fueron cometidos en el marco del acampe docente realizado a mediados de 2024 sobre la avenida Uruguay para reclamar mejoras salariales.

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La República del Paraguay expulsó al homicida Yonatan Ariel Da Silva (34), evadido de la Unidad Penal VII de Puerto Rico, donde purgaba una pena por el asesinato de su madrastra, quien fue recapturado ayer en una pequeña ciudad del vecino país.

Según informó la Policía, con un procedimiento coordinado en el Paso Internacional Posadas – Encarnación, Da Silva fue entregado a la Gendarmería Nacional (GN) Argentina, quienes actuaron bajo las órdenes del Juez de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Leonardo Gómez Balanda.

El evadido desde el 16 de noviembre del penal de Puerto Rico fue recapturado por fuerzas paraguayas en la ciudad Yatytay-Bonanza, a raíz de información intercambiada con la Policía de Misiones.

Con los trámites de rigor cumplidos, la Policía Nacional del Paraguay dispuso la expulsión este lunes del homicida de Patricia Mereles (30) por “ingreso irregular” y por “encontrarse requerido” por la Justicia Argentina.

Finalmente, una comisión del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) trasladó a Da Silva a la Unidad Penal III de Eldorado, donde quedó alojado para cumplir con la condena a partir de ahora.

Homicida que escapó de la cárcel de Puerto Rico cayó en Paraguay

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