Policiales
Policía Federal investigará la trama detrás del incendio del cisterna en Iguazú
Mientras se aguarda el resultado de las pericias para establecer el origen del incendio que arrasó con un camión cisterna repleto de combustible en Puerto Iguazú, la Justicia abrió otra vía de investigación tendiente a develar el trasfondo de la maniobra y, para ello, solicitó que dichas actuaciones sean encomendadas a la Policía Federal Argentina (PFA).
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones detallaron que, por el momento, la causa está caratulada como “incendio” y las actuaciones relacionadas a esclarecer el siniestro están en manos de investigadores de la Policía de Misiones.
Sin embargo, ante la posibilidad de que el caso también pueda configurar el delito de “acopio de combustible”, el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, solicitó la intervención de la fuerza federal.
De esta manera, a casi dos semanas del hecho, ahora hay dos vías investigativas abiertas. La primera apunta a establecer las causales del siniestro, para lo cual aún se aguardan los resultados de las pericias de Bomberos y del personal de la División Criminalística.
Estos resultados permitirían delinear si se trató de un incendio “doloso” o “culposo”, lo cual también determinará el posible grado de responsabilidad en el suceso de los dos involucrados que tiene la causa hasta el momento.
Ellos son el conductor del cisterna incendiado, un camionero de 38 años oriundo de Santa Fe, y el “sereno” del predio donde ocurrió el hecho. Ambos fueron detenidos el mismo día del siniestro e imputados provisoriamente por el delito de “incendio”.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primero de ellos se abstuvo de declarar y ya fue excarcelado bajo una fianza por $5 millones, mientras que el otro involucrado se desligó del hecho, afirmando que trabajaba como chofer de micros y que solo estaba pernoctando de prestado en una de las casillas del predio que actualmente es alquilado por una empresa de viajes.

El hecho ocurrió el 1 de septiembre en un predio ubicado sobre la avenida Papa Francisco de Iguazú.
Es en paralelo a esto que el juzgado que dirige el magistrado Brites pretende determinar si lo ocurrido también configura delito de “acopio de combustible inflamable”, lo cual, al tratarse de material altamente inflamable, podría sería alcanzado por Ley de Armas y Explosivos y, en consecuencia, pasar a la órbita de la Justicia Federal.
En esa línea, se pretende conocer el trasfondo de la trama en general, más aún teniendo en cuenta de que la principal hipótesis es que ese combustible claramente tenía fines de comercialización, pero también de contrabando, lo que sería otro delito.
Hasta el momento, no se sabe de dónde provino el camión ni a hacia dónde pretendía ir. La información que sí se tiene es que el playón donde estaba estacionado actualmente es alquilado por una empresa de viajes local. Todo lo demás es materia de investigación y lo que de allí resulte podría ser determinante para el futuro de la incipiente causa.
El hecho ocurrió el 1 de septiembre, minutos después de las 00, en un predio ubicado sobre la avenida Papa Francisco, frente a la cancha La Gambeta y en cercanías al cementerio local.
Los datos consignan que en el lugar se reportó el incendio de un camión cisterna de 28.000 litros de gasoil, al tiempo que las llamas también alcanzaron un casilla de control y un acoplado que llevaba entre 20 y 30 tanques de almacenamiento de combustible de 1.000 litros cada uno.
Judiciales
Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Policiales
Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Policiales
Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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