Policiales
Perito de la Policía Científica mató a su novia, a su hermano y luego se suicidó
El perito científico de la Policía, asesinó a su pareja, Brenda Rojas, y a su hermano, Felipe Lulich. Luego, se suicidó de un disparo en la cabeza.
BUENOS AIRES. Un perito de Policía Científica mató este lunes a balazos a su novia y a su hermano y luego se suicidó en la ciudad bonaerense de Pehuajó, en un caso de femicidio y fratricidio que para los investigadores está vinculado a los celos.
Antes de ser asesinada, la concubina del perito de 19 años alcanzó a llamar al 911 para pedir ayuda y contar que su pareja policía había “malinterpretado” una situación entre ella y su cuñado y que los estaba amenazando con un arma de fuego. El hecho fue reportado a las 0.45 de ayer en una vivienda de la calle Cambaceres 351, de la ciudad de Pehuajó.
En el lugar la policía encontró a Boris Iván Lulich (29), perito planimétrico de la Delegación de Policía Científica de Trenque Lauquen, con un disparo en la cabeza pero con vida, y los cadáveres de su novia, Brenda Aylén Rojas (19), y de su hermano, Felipe Lulich (30).
El perito fue trasladado de urgencia, en estado gravísimo, al hospital municipal de Pehuajó, donde luego falleció a raíz del cuadro crítico que padecía por el tiro en la cabeza.
Los voceros explicaron que en el terreno donde ocurrió el doble crimen hay tres viviendas: la primera donde vive el padre de los hermanos, la segunda que habitaba el policía y su pareja y la tercera la de su hermano.
El caso fue caratulado como doble homicidio agravado seguido de suicidio y, en principio, las fuentes de la investigación aseguraron que no existían denuncias previas por violencia. En total se secuestraron tres armas: la pistola 9 milímetros del perito -con una bala en la recámara y seis cartuchos en el cargador-, la escopeta calibre 12 y el arma reglamentaria del policía que llegó a la escena y disparó pensando que le tiraban.
El doble crimen
Todo comenzó la noche del domingo 24 cuando las cuatro personas terminaron de comer un asado en la casa del padre y el hermano del policía se retiró a su casa, tras lo cual hizo lo mismo la joven. Como Rojas no regresaba, Boris salió a buscarla y la encontró en la casa de su hermano.
Según lo que pudieron reconstruir a partir del llamado al 911 y de la escena con la que luego se encontraron, los investigadores creen que el policía sorprendió a su hermano y a su novia en alguna situación que le hizo pensar que algo sucedía entre ellos y allí comenzó a amenazarlos con su arma reglamentaria.
Cuando llegó el móvil policial a la casa, un policía se acercó y escuchó un disparo. Luego se estableció que fue el tiro final con el que el perito se disparó en la sien tras haber asesinado a su pareja y a su hermano mayor según publicó Télam.
Antecedentes
Lulich tenía antecedentes: en 2016, el Juzgado N°1 de Trenque Lauquen lo condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión -en suspenso- e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho activo, figura penal que implica una coima. El reclamo de su defensa llegó hasta la Suprema Corte, que denegó su pedido el 13 de septiembre de 2017 al declararlo inadmisible según Infobae. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que seguía en el puesto.
Boris Lulich (izq.), su hermano Felipe (der.) y su novia Brenda Rojas (centro)
El de Lulich no es el único caso que involucra a un efectivo de la Policía Científica. El 11 de junio de 2019, Claudia Lazarte, numeraria de la Policía Científica en Castelar, fue encontrada muerta en un Fiat Palio frente al Parque San Martín junto a los cadáveres de sus hijos, cada uno con una bala en la cabeza. La Justicia cree que los mató y se suicidó, pero su familia tuvo sospechas de un femicidio.
La denuncia de un pasajero permitió la detención de un chofer de colectivos que conducía bajo los efectos del alcohol y efectuaba maniobras peligrosas durante el trayecto comprendido entre Puerto Iguazú y Montecarlo, donde finalmente fue interceptado por la Policía.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la intervención policial comenzó cuando el pasajero de un micro que había partido desde Puerto Iguazú con rumbo hacia Posadas alertó a las autoridades que el conductor de la unidad realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta.
En ese marco, agentes de la División Comando Radioeléctrico de Montercarlo interceptaron el vehículo en la terminal local y abordaron al conductor, a quien le practicaron un test de alcoholemia que arrojó 1,65 como resultado.
El chofer, identificado como Ricardo Rodolfo B. (56), quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en tanto que también se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del colectivo.
Las fuentes agregaron que el micro llevaba trece pasajeros, a quienes se les reintegró el boleto y se los reubicó en otro servicio para que pudieran continuar con su viaje.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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