Policiales
Perito de la Policía Científica mató a su novia, a su hermano y luego se suicidó
El perito científico de la Policía, asesinó a su pareja, Brenda Rojas, y a su hermano, Felipe Lulich. Luego, se suicidó de un disparo en la cabeza.
BUENOS AIRES. Un perito de Policía Científica mató este lunes a balazos a su novia y a su hermano y luego se suicidó en la ciudad bonaerense de Pehuajó, en un caso de femicidio y fratricidio que para los investigadores está vinculado a los celos.
Antes de ser asesinada, la concubina del perito de 19 años alcanzó a llamar al 911 para pedir ayuda y contar que su pareja policía había “malinterpretado” una situación entre ella y su cuñado y que los estaba amenazando con un arma de fuego. El hecho fue reportado a las 0.45 de ayer en una vivienda de la calle Cambaceres 351, de la ciudad de Pehuajó.
En el lugar la policía encontró a Boris Iván Lulich (29), perito planimétrico de la Delegación de Policía Científica de Trenque Lauquen, con un disparo en la cabeza pero con vida, y los cadáveres de su novia, Brenda Aylén Rojas (19), y de su hermano, Felipe Lulich (30).
El perito fue trasladado de urgencia, en estado gravísimo, al hospital municipal de Pehuajó, donde luego falleció a raíz del cuadro crítico que padecía por el tiro en la cabeza.
Los voceros explicaron que en el terreno donde ocurrió el doble crimen hay tres viviendas: la primera donde vive el padre de los hermanos, la segunda que habitaba el policía y su pareja y la tercera la de su hermano.
El caso fue caratulado como doble homicidio agravado seguido de suicidio y, en principio, las fuentes de la investigación aseguraron que no existían denuncias previas por violencia. En total se secuestraron tres armas: la pistola 9 milímetros del perito -con una bala en la recámara y seis cartuchos en el cargador-, la escopeta calibre 12 y el arma reglamentaria del policía que llegó a la escena y disparó pensando que le tiraban.
El doble crimen
Todo comenzó la noche del domingo 24 cuando las cuatro personas terminaron de comer un asado en la casa del padre y el hermano del policía se retiró a su casa, tras lo cual hizo lo mismo la joven. Como Rojas no regresaba, Boris salió a buscarla y la encontró en la casa de su hermano.
Según lo que pudieron reconstruir a partir del llamado al 911 y de la escena con la que luego se encontraron, los investigadores creen que el policía sorprendió a su hermano y a su novia en alguna situación que le hizo pensar que algo sucedía entre ellos y allí comenzó a amenazarlos con su arma reglamentaria.
Cuando llegó el móvil policial a la casa, un policía se acercó y escuchó un disparo. Luego se estableció que fue el tiro final con el que el perito se disparó en la sien tras haber asesinado a su pareja y a su hermano mayor según publicó Télam.
Antecedentes
Lulich tenía antecedentes: en 2016, el Juzgado N°1 de Trenque Lauquen lo condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión -en suspenso- e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos por el delito de cohecho activo, figura penal que implica una coima. El reclamo de su defensa llegó hasta la Suprema Corte, que denegó su pedido el 13 de septiembre de 2017 al declararlo inadmisible según Infobae. Sin embargo, diversas fuentes aseguran que seguía en el puesto.
Boris Lulich (izq.), su hermano Felipe (der.) y su novia Brenda Rojas (centro)
El de Lulich no es el único caso que involucra a un efectivo de la Policía Científica. El 11 de junio de 2019, Claudia Lazarte, numeraria de la Policía Científica en Castelar, fue encontrada muerta en un Fiat Palio frente al Parque San Martín junto a los cadáveres de sus hijos, cada uno con una bala en la cabeza. La Justicia cree que los mató y se suicidó, pero su familia tuvo sospechas de un femicidio.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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La sesión para tratar el caso Peyer en el Concejo de Caraguatay pasó al lunes
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