Policiales
Padre de joven acribillado en Irigoyen: “Los asesinos eran amigos de mi hijo”
Hoy se cumple una semana del asesinato de César Caytano (23), el joven acribillado a balazos en Bernardo de Irigoyen, y su padre clama justicia. En diálogo con La Voz de Misiones, Fabián Caytano expresó su dolor, pero también su bronca, dado que asegura conocer a los homicidas de su hijo: “No fueron sicarios, fueron sus amigos de toda la vida que le hicieron una emboscada”.
Caytano padre afirmó que su hijo tenía una cancha de fútbol 5, pero a la vez se dedicaba a dar préstamos y a realizar cambio de divisas, aunque descartó de plano cualquier hipótesis que ubique al joven en el blanco de un ajuste de cuentas vinculado al contrabando.
“A mi hijo no lo mataron sicarios, ni tampoco brasileños. A mi hijo le mataron porque le debían plata a él y lo entregaron en bandeja. Los autores del hecho son todos del mismo pueblo, yo los conozco uno por uno, son amigos de mi hijo de toda la vida, son chicos del pueblo“, expresó Fabián desde el estudio jurídico del abogado posadeño Federico Esquivel, a quien eligió para que los represente como querellante particular en el expediente que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar.
A siete días del hecho, la causa tiene dos detenidos, aunque quien para la familia de la víctima sería uno de los principales acusados se encuentra en condición de prófugo.
Las sospechas de la familia apuntan hacia el dueño de la casa del barrio Vista Alegre, donde el jueves pasado Caytano encontró la muerte a manos de tres sujetos que irrumpieron en el lugar y le vaciaron el cargador de una pistola 9 milímetros a corta distancia.
“El dueño de esa casa le debía plata a mi hijo y por eso lo mataron. Él manipuló las imágenes de las cámaras de seguridad. Él en un momento salió porque dijo que iba a ir a buscar la plata y en ese transcurso mataron a mi hijo. Él está entre los autores del hecho. En esa casa tenían perros impresionantemente grandes y ni ladraron”, apuntó Caytano padre.
César Caytano tenía 23 años y fue asesinado a balazos.
El hombre contó esa tarde su hijo estaba en limpiando su casa y ayudando en el local comercial de su madre hasta que uno de los ahora sospechosos lo pasó a buscar. Para Fabián, ahí empezó la emboscada que culminó en el crimen.
“Vinieron a decirle que le iban a pagar la plata que le debían y lo llevaron hasta esa casa. Él se fue así no más, de short y ojotas, como estaba. Nunca desconfió, si conocía a todos desde la infancia. Ahí lo entregaron en bandeja. Me arrebataron a mi único hijo de una forma cruel. Conociendo cómo era mi hijo, estoy seguro de que si le decían que no le iban a poder pagar lo que debían no iba a pasar nada”, lamentó.
Ahora, la familia Caytano pretende constituirse como querellante particular en la causa y formar parte del proceso, aportando pruebas y solicitando medidas.
Para ello contarán con la representación legal del letrado posadeño Federico Esquivel, quien adelantó a LVM que como primer medida solicitarán la detención de un mayor grupo de sospechosos y pedirán el cambio de caratula.
“Nos vamos a presentar como querellantes, vamos a pedir la ampliación de la investigación, la detención de una persona y también el cambio de carátula. Esto está como homicidio, pero acá está claro que hubo un ardid, una astucia, una maquinación para poder concretar el acto“, postuló Esquivel.
Y añadió que “en la causa hay dos personas detenidas, pero esta semana nos vamos a abocar en la causa y vamos a pedir la colaboración del fiscal para trabajar en forma conjunta para llegar a la verdad de los hechos”.
Por último, indicó que “los sicarios siempre se fugan a Brasil y no dejan pruebas. En este caso, según la familia, hay evidentes pruebas para vincular a personas que son familiares del propietario de la casa donde ocurrió el acto. Estamos ante la obligación de pedir la detención de estas personas también”.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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