Policiales
Padre de joven acribillado en Irigoyen: “Los asesinos eran amigos de mi hijo”
Hoy se cumple una semana del asesinato de César Caytano (23), el joven acribillado a balazos en Bernardo de Irigoyen, y su padre clama justicia. En diálogo con La Voz de Misiones, Fabián Caytano expresó su dolor, pero también su bronca, dado que asegura conocer a los homicidas de su hijo: “No fueron sicarios, fueron sus amigos de toda la vida que le hicieron una emboscada”.
Caytano padre afirmó que su hijo tenía una cancha de fútbol 5, pero a la vez se dedicaba a dar préstamos y a realizar cambio de divisas, aunque descartó de plano cualquier hipótesis que ubique al joven en el blanco de un ajuste de cuentas vinculado al contrabando.
“A mi hijo no lo mataron sicarios, ni tampoco brasileños. A mi hijo le mataron porque le debían plata a él y lo entregaron en bandeja. Los autores del hecho son todos del mismo pueblo, yo los conozco uno por uno, son amigos de mi hijo de toda la vida, son chicos del pueblo“, expresó Fabián desde el estudio jurídico del abogado posadeño Federico Esquivel, a quien eligió para que los represente como querellante particular en el expediente que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar.
A siete días del hecho, la causa tiene dos detenidos, aunque quien para la familia de la víctima sería uno de los principales acusados se encuentra en condición de prófugo.
Las sospechas de la familia apuntan hacia el dueño de la casa del barrio Vista Alegre, donde el jueves pasado Caytano encontró la muerte a manos de tres sujetos que irrumpieron en el lugar y le vaciaron el cargador de una pistola 9 milímetros a corta distancia.
“El dueño de esa casa le debía plata a mi hijo y por eso lo mataron. Él manipuló las imágenes de las cámaras de seguridad. Él en un momento salió porque dijo que iba a ir a buscar la plata y en ese transcurso mataron a mi hijo. Él está entre los autores del hecho. En esa casa tenían perros impresionantemente grandes y ni ladraron”, apuntó Caytano padre.
César Caytano tenía 23 años y fue asesinado a balazos.
El hombre contó esa tarde su hijo estaba en limpiando su casa y ayudando en el local comercial de su madre hasta que uno de los ahora sospechosos lo pasó a buscar. Para Fabián, ahí empezó la emboscada que culminó en el crimen.
“Vinieron a decirle que le iban a pagar la plata que le debían y lo llevaron hasta esa casa. Él se fue así no más, de short y ojotas, como estaba. Nunca desconfió, si conocía a todos desde la infancia. Ahí lo entregaron en bandeja. Me arrebataron a mi único hijo de una forma cruel. Conociendo cómo era mi hijo, estoy seguro de que si le decían que no le iban a poder pagar lo que debían no iba a pasar nada”, lamentó.
Ahora, la familia Caytano pretende constituirse como querellante particular en la causa y formar parte del proceso, aportando pruebas y solicitando medidas.
Para ello contarán con la representación legal del letrado posadeño Federico Esquivel, quien adelantó a LVM que como primer medida solicitarán la detención de un mayor grupo de sospechosos y pedirán el cambio de caratula.
“Nos vamos a presentar como querellantes, vamos a pedir la ampliación de la investigación, la detención de una persona y también el cambio de carátula. Esto está como homicidio, pero acá está claro que hubo un ardid, una astucia, una maquinación para poder concretar el acto“, postuló Esquivel.
Y añadió que “en la causa hay dos personas detenidas, pero esta semana nos vamos a abocar en la causa y vamos a pedir la colaboración del fiscal para trabajar en forma conjunta para llegar a la verdad de los hechos”.
Por último, indicó que “los sicarios siempre se fugan a Brasil y no dejan pruebas. En este caso, según la familia, hay evidentes pruebas para vincular a personas que son familiares del propietario de la casa donde ocurrió el acto. Estamos ante la obligación de pedir la detención de estas personas también”.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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