Policiales

Nació en una estación de servicio y la abandonaron en la basura

Publicado

hace 6 años

11/11/2019

Por

La Voz de Misiones

La pequeña Faustina fue rescatada por el encargado del lugar, los empleados y un policía que pasaba siempre por la zona. El recuerdo del hombre que le salvó la vida, a tres años de un momento que lo marcó para siempre.

BUENOS AIRES. Ese domingo 1 de noviembre de 2015, a pesar de la época del año, estaba fresco. En el barrio porteño de Mataderos todo era bullicio, como ocurría siempre cuando había feria.

Alberto Baduán, encargado desde febrero de ese año de la estación de servicio Oil de Lisandro de la Torre y Directorio, mataba el tiempo pispeando un partido entre Quilmes y Huracán.

Porteño de 55 años, si bien fanático de Racing, culpa del padre que lo había hecho socio apenas nacido, miraba con un dejo de simpatía al equipo del Globo y recordaba que de chico su abuela era la que lo llevaba a las prácticas de fútbol infantil del club de Parque Patricios.

De brazos cruzados y parado afuera, adivinaba a través de la vidriera la pantalla junto a vecinos del barrio y amigos que se reunían para poder ver Fútbol para Todos.

Recién había saludado al cabo Roberto Sosa, de la Policía Federal que, como lo hacía siempre, había dejado su auto en la estación de servicio. Y, cuando podía, se acercaba a ver los partidos de Boca, el club del que era hincha. Ya era un amigo más.

Cualquier excusa era buena para romper la monotonía de aquel domingo fresco de primavera. Por eso, cuando un hombre que no superaba los 30 años, de voluminosas rastas pidió dos o tres paquetes de una marca de toallitas femeninas con alas, Natalia, la empleada que trabajaba por la tarde, intentó una broma: “De esas no tenemos, se volaron”.

Sin embargo, llamó la atención que igual comprase tres paquetes de otro tipo, se las alcanzase a una nena de apenas siete años, quien se dirigió al baño de mujeres.

Eran las 16:30. Al final del primer tiempo, Claudio Bieler había puesto en ventaja al equipo cervecero, cuando alguien sacó al encargado de ese letargo de una tarde donde nada extraño debía pasar.

– Alberto, vení al baño- le pidió una mujer de nombre Lorena.

Lorena había conseguido que los dueños la dejasen trabajar en la estación de servicio manteniendo la limpieza del baño, facilitándole a la gente papel higiénico y jabón, a cambio de una propina.

La mujer le dijo que había mucha sangre en el piso. Y luego le señaló la bolsa de residuos, advirtiéndole que estaba extrañamente pesada. Alberto, acompañado por otra persona, tenía la casi certeza de que alguien había dejado un animal muerto. Uno nunca dejaba de sorprenderse.

Sin embargo, lo que vio lo impactó. Entre la basura vio la cara de un bebé recién nacido, que aún tenía el cordón umbilical. No lloraba. No se movía.

Alberto intentó levantarlo, pero cuando el cordón se tensó porque aún estaba adherido a la placenta, no se animó. “Tuve miedo de que se rompiera”, explicó. Llevaron la bolsa a un lugar más cómodo y ahí pudieron sacarlo.

Era una nena. La empleada Natalia, de 37 años, tres hijos y con un carácter especial para atender a una clientela difícil, mayoritariamente camioneros y transportistas, fue la que tomó la iniciativa.

Alzó a la criatura, ensangrentada, azulada por la hipotermia y cubierta de basura, la puso contra su pecho y la abrigó con un saquito de su hermana. Suspiró cuando comprobó que respiraba.

Mientras tanto Alberto -entre los gritos e insultos de los empleados indignados por la situación- llamó su amigo, el cabo Sosa y al 911. El policía acudió casi al instante, a bordo de un patrullero.

Con experiencia en este tipo de situaciones de la calle, casi ordenó: “Si en veinte segundos no viene la ambulancia, cargamos a la criatura y la llevamos al hospital”.

No terminó de hablar cuando escucharon la sirena de la ambulancia. Lo primero que hicieron los médicos fue cortar el cordón umbilical. Y la beba, entonces, lloró.

“Luchaba por vivir”

La ambulancia partió al Hospital Santojanni. Detrás fueron Alberto, su esposa Karina y Natalia. A la noche pudieron tranquilizarse: les dijeron que la beba había nacido a término, que pesaba tres kilos y que le estaban suministrando una batería de antibióticos porque la habían abandonado entre la basura.

Los de la estación de servicio la habían bautizado Milagros. Pero Eugenia Marteau, la primera médica que la atendió, le puso Faustina, ya que ella había sido mamá de un varón que se llamaba Faustino.

A la doctora, que había trabajado en Irak para Médicos sin Fronteras, la sorprendió el estado de la criatura: “Casi no lloraba y estaba violeta, luchaba por vivir”. Ella fue la que le despegó el papel higiénico sucio con materia fecal.

Pero, ¿quién la había abandonado?

Recurrieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Vieron al extraño sujeto de las rastas comprando las toallitas, dárselas a una nena, ésta entrando al baño y luego saliendo.

Y, cuarenta minutos después, quedó registrado cómo una mujer abandonaba el lugar con tranquilidad, caminando, en compañía del hombre y de la nena.

Rápidamente acaparó la agenda periodística. Alberto, que hasta el día de hoy no logró desentrañar cómo los periodistas consiguieron su número de teléfono celular, no dejaban de llamarlo y de pedirle las imágenes de las cámaras.

Cuando la policía dio el visto bueno, las caras del hombre de rastas y de la mujer se viralizaron de tal modo que sería cuestión de horas identificarlos.

Fue en las cercanías del Santojanni que un periodista advirtió a un policía: “Ese que está ahí, ¿no es el rasta de la estación de servicio?”

El hombre fue detenido. Se llamaba Marcos Arjona, de 28 años y había sido la pareja de la mujer que había dado a luz en el baño. Declaró que la había acompañado porque decía que estaba indispuesta. Reveló que se llamaba Graciela Fernández, una policía de La Matanza de 27 años. La nena de 7 era su hija.

En un primer momento, la mujer negó todo. Pero los exámenes médicos realizados determinaron que había dado a luz hacía horas.

La mujer quedó detenida en la comisaría 42. El Juez de Instrucción Hernán López le abrió una causa por “abandono de persona agravado”.

El 26 de noviembre fue dejada en libertad por un tecnicismo: ninguno de los testigos pudo asegurar que la bolsa donde dejó a la criatura estaba abierta o anudada; de haberla anudado, se estaría frente a un caso de intento de homicidio.

La vida continúa

Ese 1º de noviembre fue un día que Alberto nunca olvidará. Esas horas comprimidas en miles de sentimientos lo llevaron a preguntarse, cuando el cansancio lo derrumbaba, si lo que había vivido había sido real o se había tratado de un sueño.

Alberto no se desentendió. Iba puntualmente al hospital dos veces por día; a la mañana y a la tarde concurría para conocer el estado de la criatura.

“Uno se involucra”, confesó. Hasta que sintió el golpe; “Un día fui y no estaba más. Fue un impacto fuerte y feo”. Contrariado, exigió hablar con el director del hospital, quien lo atendió muy amablemente. Le explicó que todo estaba en manos de la Justicia. Faustina había entrado al sistema de la adopción.

Alberto entendió, pero en su fuero íntimo sintió que debía hacer más. Quiso conocer el paradero de la beba. No sabía dónde ir. Preguntó en una oficina de menores abandonados, en la ciudad de Buenos Aires, y fue al juzgado que había intervenido en el hecho.

Y nada le informaron sobre esa criatura del que a su manera se sentía un poco padre. Si hasta había fantaseado con su mujer con adoptarla. El ya tenía una hija.

El hombre sabía que todos los resortes del Estado habían actuado correctamente. No solo la justicia, sino además la ambulancia que había llegado inmediatamente, como así también la policía.

“Entonces, bajé a la tierra”, admitió.

Pero aún con los pies en la tierra, no podía cerrar la historia. Primero fue el ofrecimiento que recibió de Miguel Giménez, vicepresidente de Racing, cuando lo llamó justo cuando estaba por salir al aire con la recordada periodista Debora Pérez Volpin: el club se ofrecía a hacerse cargo del jardín de infantes y de la colonia de vacaciones de la criatura.

Cuando intentaba refugiarse en el ajetreo diario de la estación de servicio, choferes de camiones frigoríficos y jaulas, sujetos rudos por el ambiente donde deben moverse, se acercaban con lágrimas en los ojos para dejarle ropa y juguetes a la bebé.

Pero ya era tarde, ya que el propio Alberto desconocía dónde estaba. Un día juntó todas las donaciones que se amontonaban en un rincón del drugstore de la estación y las llevó a una parroquia del barrio.

La pregunta que cada tanto lo asalta es siempre la misma: “¿No me la cruzaré alguna vez? Seguro que ya empezó el jardín”.

-Y si la vieras, ¿qué le dirías?.

-Le preguntaría si es feliz.

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Policiales

Investigan un robo a punta de pistola en aserradero de Candelaria

Publicado

hace 4 horas

22/12/2025

Por

Cecilia Britez

Investigan un robo a punta de pistola en aserradero de Candelaria

Por estas horas, la Policía de Misiones analiza cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer el robo de una “suma millonaria” en un aserradero ubicado sobre la ruta nacional 12 en Candelaria.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la madrugada de este lunes cuando delincuentes ingresaron al establecimiento situado a la altura del kilómetro 1.360 y redujeron con un arma de fuego al sereno de 35 años.

Con el empleado de seguridad reducido, los sujetos ingresaron a las oficinas internas del lugar y sustrajeron una suma millonaria de dinero distribuida en dólares y pesos de la caja fuerte, de acuerdo a la denuncia.

Las mismas fuentes consultadas indicaron que se evalúan una serie de hipótesis, debido a que no es la primera vez que se registra un hecho delictivo bajo la misma modalidad en el aserradero de Candelaria. En tanto, el sereno era la única medida de seguridad con la que contaba el sitio.

A cargo de la investigación del hecho está la Unidad Regional (UR) X de la Policía de Misiones, cuyos efectivos analizan las cámaras interconectadas de la provincia, registro de videovigilancia privada, entre otras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Policiales

Mujer falleció tras chocar un poste sobre ruta 12 en el acceso a Cerro Corá

Publicado

hace 4 horas

22/12/2025

Por

Valeria Druckmann

En la madrugada de ayer, una mujer identificada como María Aquino (58) perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste sobre la ruta 12, a la altura del kilómetro 1.378, en el acceso a la localidad de Cerro Corá.

El hecho se registró alrededor de las 3:50, cuando el automóvil Chevrolet, en el que viajaban tres ocupantes domiciliadas en el barrio San Jorge de Candelaria, despistó e impactó contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del impacto resultaron lesionados la conductora, su hija Belén A. (27) y un menor de 2 años, quienes fueron asistidos y trasladados al centro de salud para su atención médica.

Posteriormente, el médico policial diagnosticó que la mujer de 27 años presentaba fractura de brazo derecho, mientras que el menor sufrió politraumatismos. En tanto, la conductora permanecía internada en estado grave.

Horas más tarde, alrededor de las 20 de ayer,se confirmó el fallecimiento de María Aquino en el hospital Madariaga de Posadas, producto de las múltiples lesiones sufridas en el siniestro.

Personal de la División Criminalística de la Unidad Regional X realizó las pericias de rigor en el lugar, y el vehículo fue secuestrado y trasladado a sede policial.

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Judiciales

Piden jury contra la jueza que condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

Publicado

hace 3 días

19/12/2025

Por

Marcelo Ameri

El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, presentó este viernes un pedido de jury contra la jueza en lo Correccional y de Menores N° 1, Marcela Alejandra Leiva, por la condena a prisión en suspenso para los sindicalistas docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez por desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte, durante el acampe docente de 2024 que bloqueó la avenida Uruguay, de Posadas.

En la nota dirigida a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Misiones, Rosanna Venchiarutti Sartori, Castro esgrime el artículo 7 de la Ley VIII Nº 5 y denuncia a Leiva por “mal desempeño en sus funciones”, “ignorancia inexcusable del derecho” y “arbitrariedad manifiesta”.

En el tercer punto del escrito, el diputado del PAyS solicita que se admita formalmente su denuncia, conforme lo establecido en el artículo 158 de la Constitución provincial, que establece que cualquier habitante puede acusar a magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento; y pide que “se disponga la apertura del procedimiento”, “se notifique a la magistrada denunciada”, “se sustancie el proceso conforme a la normativa vigente”, y “se dicte, al finalizar el proceso, la destitución de la magistrada denunciada”.

Al cierre de esta nota, el legislador agrario comentó a LVM que pasado el mediodía recibió una comunicación de la oficina de Venchiarutti Sartori para que comparezca personalmente el martes 23 próximo, a las 9:00 horas, a ratificar la denuncia contra Leiva, en el quinto piso del Palacio de Justicia.

Irregularidades

Según señala el diputado del PAyS, la actuación de Leiva en la causa contra Gurina y Sánchez “presenta un conjunto de irregularidades graves que justifican su análisis por parte del Jurado de Enjuiciamiento”.

Castro le achaca a la jueza en su nota, “deficiencias en la valoración de la prueba”, “valoración fragmentaria”, “omisión selectiva del material probatorio de elementos favorables a la defensa”, “utilización de presunciones no autorizadas por la sana crítica racional”, “falta de imparcialidad funcional” y “afectación del principio de inocencia”.

“Existen elementos del proceso que permiten sostener, prima facie, la existencia de un sesgo en la conducción del proceso, orientado hacia la convalidación de hipótesis acusatorias sin debida revisión crítica”, asegura.

“Se advierten razonamientos incompatibles con los estándares constitucionales de certeza que deben de regir toda sentencia condenatoria”, sostiene el legislador y señala que Leiva vulneró el artículo 18 de la Constitución Nacional, el 158 de la Constitución Provincial, y la doctrina del denominado ‘Fallo Casal’, de 2005, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que amplió las facultades del recurso de casación, fortaleciendo las garantías del imputado frente a la condena y alineando la jurisprudencia argentina con estándares internacionales.

Castro afirma que, por todo esto, la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “revela, con especial claridad, un patrón de razonamiento incompatible con los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de protesta social, responsabilidad penal individual y principio de legalidad”.

Referentes

El diputado del PAyS sostiene que, en el fallo de Leiva, “se verifica una utilización extensiva y arbitraria del derecho penal, fundada exclusivamente en la condición de referentes gremiales de los imputados”.

“La magistrada da por acreditada la autoría penal no a partir de actos concretos, individualizados y probados, sino por la supuesta ‘visibilidad pública’ y liderazgo sindical de Gurina y Sánchez”, sostiene el legislador y advierte que “tal razonamiento importa una grave vulneración del principio de culpabilidad por el hecho, sustituyéndolo por una forma inadmisible de responsabilidad por el rol o la identidad, expresamente prohibida por el derecho penal constitucional”.

“Este criterio ha sido severamente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha advertido que los Estados suelen utilizar a referentes sociales y sindicales como ‘casos testigo’ para emitir mensajes aleccionadores hacia el conjunto de quienes ejercen el derecho a la protesta, generando un efecto intimidatorio o disuasivo incompatible con una sociedad democrática”, afirma Castro y asegura que la sentencia contra los docentes “se inscribe de lleno en ese patrón de criminalización selectiva”.

“En segundo término, la resolución judicial desconoce la naturaleza política y colectiva de los hechos juzgados, omitiendo un análisis riguroso del elemento subjetivo de los tipos penales aplicados”, señala el legislador en su escrito contra Leiva.

“En contextos de protesta social, el dolo no puede presumirse ni inferirse mecánicamente de la mera permanencia en el lugar de los hechos o del carácter prolongado de la manifestación”, expresa.

“La intención de los docentes fue, de manera inequívoca, visibilizar reclamos salariales y laborales frente a la ausencia de respuestas estatales, y no entorpecer el transporte ni desobedecer la autoridad judicial como finalidad autónoma”, argumenta Castro.

“La magistrada omite ponderar que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que las restricciones al derecho de reunión y de protesta deben ser excepcionales, estar previstas por ley, perseguir un fin legítimo y superar un estricto test de necesidad y proporcionalidad”, manifiesta.

El diputado del PAyS opina que la sentencia de Leiva contra Gurina y Sánchez “otorga preeminencia automática al derecho a circular por sobre el derecho a la protesta, desconociendo que este último constituye uno de los pilares del sistema democrático”.

Desobedientes

En otra parte del escrito, Castro se refiere a la valoración que hizo la jueza del delito de desobediencia judicial que se le imputaba a Gurina y Sánchez, y sostiene que tal imputación se construyó a partir de “la condición de referentes” de los docentes procesados, “asumiendo que la orden era ‘exigible’ a ellos”.

El diputado del PAyS sostiene, además, “inconducentes desde el punto de vista jurídico”, las referencias que hace la resolución judicial de Leiva sobre “supuestos perjuicios comerciales o molestias derivadas del humo”, que “no fueron debidamente acreditados” y que son “consideraciones ajenas al bien jurídico protegido por el art. 194 del Código Penal”.

“En síntesis, la condena de Gurina y Sánchez constituye un caso paradigmático de criminalización de la protesta social, con afectación directa de derechos constitucionales y convencionales, y revela un desempeño judicial que, prima facie, encuadra en las causales de mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho y arbitrariedad manifiesta, habilitando la intervención del Jurado de Enjuiciamiento”, señala el legislador en su nota y reafirma: “Dichas irregularidades constituyen una pauta objetiva de mal desempeño y deberán ser examinadas por el Jurado en su conjunto”.

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