El abogado Alejandro Jabornicky, que enfrenta una causa por violencia de género de su ex pareja, la diputada provincial electa Rita Flores, denunció a -ésta por “acoso judicial” y “mala fe procesal”, y pidió al juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, que sancione a su colega y abogada de la querellante, Silvia Risko.

En un escrito, patrocinado por el abogado José Paulino Medina, Jabornicky contestó a la denuncia y el pedido de prisión preventiva por “violencia de género digital”, formalizados la semana pasada por Flores, por haber subido a su cuenta de Instagram fotos con ella en un posteo, que la legisladora electa y Risko, consideran una publicación pagada de la red social, que violenta la orden judicial de restricción de septiembre pasado.

“La petición de la querella constituye un claro acoso judicial: pretende transformar una fotografía en redes sociales en un delito inexistente, invocar un riesgo de femicidio sin sustento y emplear figuras de violencia política y digital de modo oportunista”, sostiene la presentación de Jabornicky y sentencia: “Estos actos constituyen un abuso del proceso y deben ser sancionados”.

“La querellante ha presentado un pronto despacho solicitando la detención y prisión preventiva, invocando un supuesto ‘ciber-hostigamiento’ por publicaciones en Instagram. Acto seguido, sostiene que existe riesgo de femicidio, violencia política y amenaza agravada, imputando hechos graves que no están acreditados en autos ni son consistentes con la medida cautelar”, señala la presentación de Jabornicky y asegura que “ello evidencia una estrategia de hostigamiento procesal, encaminada a presionar al imputado mediante la reiteración de pedidos desproporcionados y sin sustento jurídico”.

Temerarias

El escrito señala que la orden de restricción que le impuso el juez Mattos a Jabornicky el 9 de septiembre pasado, luego de la denuncia de Flores en su contra, dispuso “la prohibición de acercamiento en un radio de 500 metros”, y “todo tipo de contacto físico, verbal, telefónico, de correo electrónico y/o cualquier otro tipo o medio que signifique intromisión injustificada”, pero que “no se prohibió publicar fotografías, ni expresar ideas en redes sociales”.

Según la presentación judicial, desde la notificación de la medida, el imputado Jabornicky “ha respetado íntegramente la prohibición de contacto: no hubo acercamientos físicos, llamadas, mensajes, correos, ni interacción de ningún tipo con la denunciante”, y asegura que “las supuestas ‘publicaciones’ en redes sociales son fotografías genéricas de hechos pasados y no constituyen ninguna forma de contacto ni intromisión injustificada”.

El escrito dirigido al juez Mattos, acusa a Flores y Risko de “presentaciones reiteradas y desproporcionadas”, “afirmaciones falsas o sin prueba”, “calificaciones jurídicas infundadas” y “temeridad y mala fe procesal”.

Afirma que, en la última denuncia de Flores, Risko “asevera que el imputado ‘abonó publicidad de la publicación de Instagram’ e interpreta que ello configura violencia digital”, y asegura que “estas afirmaciones no están acompañadas de prueba alguna”.

“La querella invoca la Ley 27.736 sobre violencia de género digital y la Convención de Belém do Pará, pretendiendo encuadrar una publicación genérica como un delito de ciber-hostigamiento”, relata Jabornicky y acusa: “Esta ampliación no solo carece de sustento fáctico, sino que constituye un abuso del derecho penal al pretender equiparar una fotografía con un acto de violencia digital”.

Desmiente, asimismo, que hubiera incurrido en “violencia política” contra Flores, en su rol de legisladora electa a punto de asumir, y que tal afirmación ignora que “el proceso penal en curso se refiere a hechos anteriores y que el suscripto ha mantenido un comportamiento respetuoso y alejado de la vida pública de la Sra. Flores”.

“No existe en autos ningún indicio de que las publicaciones referidas tuvieran un ánimo de obstaculizar la función pública”, señala el escrito.

Jabornicky invoca el artículo 32, del Código Procesal Penal de Misiones, y el artículo 34, inciso 6º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para acusar a Flores y Risko de llevar a cabo “un ejercicio irresponsable y abusivo del derecho de acción que persigue hostigar y estigmatizar al imputado”, que “constituye, en términos doctrinales, acoso judicial” y “justifica que se disponga un llamado de atención o sanción al profesional interviniente”.

“La conducta de la querella no solo busca imponer una prisión preventiva desproporcionada, sino que pretende censurar la libertad de expresión y asociación del imputado mediante el bloqueo de sus redes sociales”, lo que “atenta contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, al trabajo y a la defensa en juicio, pues se pretende privar al imputado de medios lícitos de comunicación y de interacción social sin fundamento legal alguno”.

Amonestación

Por todo lo expuesto, Jabornicky pide al juez Mattos que declare “la existencia de temeridad procesal y abuso de derecho” por parte de Risko y la amoneste, “recordándole su obligación de ajustarse a la verdad y al derecho, bajo apercibimiento de imponer sanciones”.

A la vez, solicita “advertir a la querella que cualquier nueva presentación deberá fundarse en hechos objetivos y acreditados en autos, absteniéndose de utilizar el proceso como medio de hostigamiento o propaganda política”, y “reafirmar que la medida de restricción vigente prohíbe el contacto e intromisiones con las víctimas, pero no suprime la libertad de expresión, ni la posibilidad de publicar contenidos generales, por lo que cualquier interpretación extensiva debe desecharse”.

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Una mujer de 47 años falleció esta mañana al ser embestida por un automóvil mientras cruzaba la avenida Quaranta de Posadas junto a su hijo.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la víctima fue identificada como Antonia Isabel Lima (47).

El hecho ocurrió esta mañana, cerca de las 11, cuando la mujer cruzaba la avenida Quaranta, en inmediaciones a la avenida Zapiola, hasta que, por causas que se intentan establecer, fue arrollada por un automóvil Fiat Siena que circulaba en sentido Oeste-Este.

Como consecuencia del hecho, la mujer perdió la vida en el acto, mientras que su hijo menor de edad debió recibir asistencia profesional.

En el sitio trabajaron diversas dependencias policiales que llevaron adelante las tareas de rigor y las correspondientes pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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El misionero con alerta roja de Interpol detenido anoche en Bernardo de Irigoyen era buscado como uno de los sospechosos del crimen de Deomira Conci (76), la anciana brasileña cuyo cadáver apareció descartado en un monte próximo a la frontera entre ambos países a principios de septiembre.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el implicado se trata de Darío B. (21), de doble nacionalidad argentino-brasileño, aunque con domicilio registrado en Irigoyen, donde era seguido de cerca desde hace varias semanas gracias a un intercambio de información realizado por investigadores de ambos países.

El sospechoso aparece en el radar de los pesquisas brasileños que investigan el asesinato de Conci, cuyo cadáver apareció el 1 de septiembre en territorio misionero, aunque recién pudo ser identificado diez días después.

La anciana residía en el barrio Andreatta de Sao Miguel Do Oeste, unos 65 kilómetros al sur de Dionisio Cerqueira, ciudad brasileña ubicada en frontera seca con Bernardo de Irigoyen.

Deomira Conci tenía 76 años y vivía en Sao Miguel Do Oeste, a unos 65 kilómetros de la frontera con Irigoyen.

La mujer había sido vista por última vez el 31 de agosto y la investigación trazada reconstruyó que fue asaltada por delincuentes que la asesinaron a puñaladas para sustraerle su camioneta Ford EcoSport que hasta el momento continúa sin ser habida.

Se cree que los mismos homicidas luego trasladaron el cuerpo de la víctima hasta la frontera con Misiones, donde finalmente la descartaron al costado de un camino vecinal del ex paraje Gramado con el objetivo de desviar la pesquisa.

El cuerpo fue encontrado con signos de extrema violencia, principalmente golpes y puñaladas en múltiples partes. Permaneció como NN hasta que sus familiares radicaron una denuncia por desaparición y en el entrecruzamiento de información constataron que se trataba de ella.

Posteriormente, la investigación avanzó de tal manera que a mediados de septiembre los investigadores brasileños arrestaron a tres sospechosos, pero faltaba uno y el que faltaba era el misionero detenido anoche.

Del otro lado de la frontera consideran que el nuevo detenido oficiaba como receptor de vehículos robados en Brasil, aunque no descartan que haya podido tener participación directa en el homicidio de Conci o, al menos, en la ocultación del cadáver o del rodado sustraído.

Ante este panorama, el Juzgado Regional de Garantías de Sao Miguel Do Oeste ordenó la detención del sospechoso y libró un pedido de captura a Interpol, medida que se concretó anoche.

Ahora el implicado quedó a disposición de las autoridades judiciales que se encargarán de limar los detalles para su entrega al país vecino.

De su captura participaron los agentes de la División Brigada de Investigaciones, de la Brigada de Frontera y la comisaría de Irigoyen.

Cadáver hallado en Irigoyen corresponde a una brasileña de 76 años

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