Policiales
Acoso, violencia y discriminación en el ballet clásico
Una denuncia penal por acoso sexual y violencia laboral contra el director del Ballet Clásico del Parque del Conocimiento, José María Vázquez, develó una serie de relatos por parte de bailarines y profesionales de la danza que lo apuntan como el responsable de su alejamiento de la compañía.
Los damnificados aseguran que todo comenzó en septiembre de 2021, cuando Vázquez volvió a la institución de la mano de la directora Laura de Aria, luego de un polémico paso en 2012.
Julieta Saravia es bailarina y contó La Voz de Misiones que, cuando la directora informó de la llegada del nuevo miembro, “el ballet abrió los ojos, porque esta persona ya había estado trabajando en esta institución, lo cual había sido sacado por haber tenido actitudes violentas, haber querido agarrar del cuello a un bailarín”.
Rocío Florencia Ruiz, otra de las denunciantes, también reflejó que “desde que ingresó empezaron un montón de conflictos, yo veía cómo él tocaba compañeras, escuchaba sus comentarios, veía cómo agarraba del brazo a alguna compañera y la zamarreaba, de la nada, en medio del salón, a la vista de todos”.
“Quien le marcaba un freno, dejaba de bailar, lo empezaba a tratar mal, todo enfrente de todos los bailarines”, recordó.
Al relatar su propia experiencia con el director, la bailarina sostuvo que “empecé a tener episodios con él de que me trataba todo el tiempo con comentarios sobre mi color de piel, a mi y a mis compañeros, todo el tiempo, de que era una negra de la favela, de que ‘no, la negrita esta, la morocha esta’, todo el tiempo era así con mi color de piel”.
Según comentaron las denunciantes, la situación se prolongó hasta agosto de 2022 y derivó en que nueve trabajadores del ballet solicitaran el cambio de área, pero tomó estado público en septiembre de este año, cuando Dulcinea Rodríguez denunció penalmente a José María Vázquez por situaciones de acoso sexual y violencia laboral.
La bailarina profesional trabaja desde 2014 en el ballet clásico, a donde llegó por audición: “En el 2021, ingresó una persona, un nuevo coordinador artístico, maestro ensayista, y las cosas empezaron a dejar de ser lindas para mí y para mi carrera”, lamentó.
“En mi caso sí sufrí acoso, la verdad que la pasé súper mal”, reveló la artista, quien narró distintos hechos.
“Desde situaciones de tocarme de forma incómoda, muy prolongadamente la cintura, ir bajando, y es la persona que me ensaya, que dirige, o sea, él tiene un poder sobre mí porque es mi jefe, que uno está súper incómodo”, indicó Rodríguez.
“Yo me estaba probando un vestuario y él ingresa, me ve desnuda, por ejemplo, situaciones de ‘te hago masajitos, estás muy tensa’; estando en un pasillo donde estaba sola, no había nadie, no tenía dónde escaparme, irme, no sabía qué hacer, la verdad que me sentía horrible”, denunció.
Historial de denuncias
Pero la denuncia de Dulcinea que se instruye en la Justicia fue el punto cúlmine de un historial de presentaciones ante el Inadi, el Ministerio de Trabajo y las mismas autoridades del Centro del Conocimiento, desde donde comenzaron una investigación interna.
“Nos sirvió pedir ayuda a una representante legal, porque también hasta que no caímos con un abogado, era como: ‘Estas boludas vienen, ah sí sí, ahora atendemos, sí está en investigación’. Todo el tiempo era ‘está en investigación, está en investigación’; ¿un año y medio en investigación? Y encima a esta persona lo premian con el cargo de director”, se quejó Julieta Saravia.
Por su parte, la representante legal del grupo, la abogada Ruth Vargas, precisó que “hasta ahora hicieron una audiencia que se tomó parte del sumario investigativo de la remoción, de ese cambio de lugar, eso fue lo que se está investigando, de por qué se cambió a tantas personas y esa persona que estaba acusada seguía ahí en el lugar e incluso ahora ascendió”.
En ese marco, adujo que el pedido hacia las autoridades del Parque del Conocimiento, puntualmente a su presidenta, Claudia Gauto, es para que se resuelva la situación laboral, ya que “siguen provisoriamente en otros lugares donde no pueden ejercer, o sea realmente los bajaron de categoría, no pueden bailar, no pueden ejercer para lo que vinieron, le cortaron la carrera porque ahora pasaron a hacer otra cosa”.
“Estoy dando clases a adultos. Yo me formé como bailarina profesional y ahora soy maestra de personas mayores que hacen su clase por hobby, por salud, pero no es a lo que yo vine a Posadas, no es para lo que yo fui contratada y para lo que me formé durante toda mi vida”, ejemplificó Rocío Ruiz.
Medidas concretas
Finalmente, el director del ballet fue detenido a principios de noviembre, tras romper la perimetral dictada por el Juzgado de Instrucción Dos. No obstante, las bailarinas le piden a la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, que se avance en la investigación y se tomen medidas concretas.
“Nosotros pedimos una audiencia con ella, nunca tuvimos la oportunidad de ser oídas por ella directamente. Sí fuimos oídos por medio de una abogada que le representa dentro del Centro del Conocimiento, pero no ella directamente, que yo sé que ella siempre apoya la cuestión de género, apoya las mujeres, entonces es importante que ella escuche a estas chicas”, sostuvo Ruth Vargas.
Luego de conocida la denuncia, la presidenta del Parque del Conocimiento fue consultada por el móvil del canal Misiones Cuatro respecto de las medidas a tomar internamente con relación a los hechos: “Como siempre, por supuesto, se instruye el sumario correspondiente que es lo que está ocurriendo en este caso”, respondió.
“Sin comentarios”
Antes de ser detenido y llevado a declarar ante el juez, este medio también consultó al director José María Vázquez, quien prefirió no emitir comentarios.
“Primero que nada hay una investigación interna en curso, entonces yo no puedo hablar. Segundo, cada uno es responsable de hacer las acusaciones que quiera, uno es responsable”, dijo.
“No puedo decir absolutamente nada, porque estamos en plena investigación interna”, insistió y cerró: “El Parque del Conocimiento es el que se va a encargar de dar en su momento la resolución final. Yo, mientras transcurre eso, no puedo decir absolutamente nada”.
“Que yo recuerde a mi nunca nadie me vino a plantear nada, jamás en 37 años de profesión me vino a plantear absolutamente nada de nada”, remató el bailarín.
La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.
El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.
La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.
Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.
Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.
En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.
El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.
Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.
En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.
Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.
Tras la denuncia penal por abuso radicada contra un entrenador de básquet formativo, el Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas anunció una serie de medidas institucionales que incluyen la suspensión inmediata del implicado, una reestructuración interna y capacitaciones orientadas a la prevención de situaciones de violencia en el ámbito deportivo.
La decisión fue adoptada luego de que el club suspendiera preventivamente todas las actividades de las categorías formativas de básquet hasta el próximo 26 de mayo, en medio de la conmoción generada por el caso que tomó estado público durante los últimos días.
A través de un comunicado oficial, las autoridades de la entidad auriazul señalaron que desde el primer momento se mantuvo un acompañamiento cercano a la familia denunciante y se puso a disposición “absolutamente todo lo necesario en virtud de la gravedad de los hechos”.
En ese marco, la Comisión Directiva resolvió en asamblea especial la suspensión del socio denunciado, quien además tiene prohibido el ingreso a cualquiera de las sedes de la institución. Según indicaron, la medida apunta a resguardar el normal desarrollo de las actividades deportivas y sociales que diariamente se realizan en el club.
Asimismo, desde el CABM confirmaron cambios en el organigrama institucional y en la coordinación general, aunque no brindaron mayores detalles sobre las modificaciones que se implementarán.
Paralelamente, los dirigentes mantienen reuniones con subcomisiones de padres con el objetivo de generar espacios de escucha y contención para las familias vinculadas a las divisiones formativas.
“Desde que fuimos notificados de la denuncia jamás avalamos ni encubrimos conductas incompatibles con los valores fundacionales”, remarcaron desde la institución, al tiempo que afirmaron haber actuado de inmediato aplicando los protocolos correspondientes una vez formalizada la presentación judicial.
En el comunicado también adelantaron que en los próximos días se llevarán adelante capacitaciones destinadas tanto al personal del club como a deportistas, orientadas a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia en ámbitos laborales y deportivos.
Finalmente, desde el Club Mitre reafirmaron su compromiso con “los valores esenciales de respeto y convivencia armónica” y señalaron que continuarán trabajando para garantizar transparencia institucional y fortalecer el diálogo con las familias y responsables de cada categoría.
Respecto a la denuncia, se supo que fue radicada por la madre de una jugadora de básquet de 14 años. El apuntado fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y continúa en libertad.
Mitre suspendió el básquet formativo tras denuncia a un entrenador por abuso
La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 42 años en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su hija de 14 años en el barrio Changarín de Mártires.
La investigación se inició tras la denuncia de la madre, quien declaró haber tomado conocimiento de los hechos a través del testimonio de la adolescente, activándose de inmediato el protocolo de intervención correspondiente y dándose intervención a la Justicia competente.
De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en el domicilio familiar de la localidad de Mártires, donde el acusado habría cometido reiterados episodios de abuso, surgiendo además elementos que son materia de investigación vinculados a una presunta facilitación para situaciones de explotación sexual.
Como resultado de las averiguaciones y tareas investigativas llevadas adelante por los uniformados, este 21 de mayo, se logró ubicar y detener a Marcelo A.S. (42), domiciliado en el barrio Changarín, quien fue alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente.
Asimismo, durante el procedimiento procedieron al secuestro de un teléfono celular, dispositivo que será sometido a pericias en el marco de la investigación judicial.
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