Policiales
Misionero linchado en Buenos Aires: “Mataron a un inocente”
“Le arrebataron la vida de una manera atroz y sin corazón”. Así describió Magalí Sosa, una de las hermanas de Jeremías Sosa (30), el misionero asesinado a golpes durante un linchamiento registrado el sábado a la noche en la localidad de Olivera, en el partido bonaerense de Luján.
A casi 48 horas del crimen, la familia del joven albañil oriundo de Jardín América continúa a la espera para poder concretar el traslado de los restos del fallecido, pero también sigue clamando justicia.
El muchacho fue reducido, atado y golpeado hasta morir por un grupo de vecinos de Olivera, quienes acusaron al misionero por hechos de robo en la zona, lo cual su familia niega a rajatabla y apunta: “Mataron a un inocente”.
“Un grupo de personas lo ataron y le golpearon hasta matarlo. Un grupo de ‘justicieros”, así como ellos se hicieron llamar”, expresó esta tarde Magalí a través de un posteo en Facebook, donde contó la historia de su hermano y también pidió ayuda para costear el traslado de sus restos.
Magalí detalló que la causa es investigada como “homicidio” y que como la investigación es incipiente el cuerpo aún no fue liberado por la Justicia, que por el momento tiene dos detenidos, aunque habrían más involucrados.
“Mi hermano se encontraba en este pueblo ya que vino a trabajar con mi papá. Ellos se dedican a la albañilería. Trabajaba de lunes a lunes para darle lo mejor a su familia. Su nombre era Jeremías Sosa, tenía 30 años, seis hermanos, una mujer, dos hijos, una nena de 14 años y un nene de 3”, repasó la hermana.
“Estamos rotos y sin alma”
Y apuntó: “Confiamos en la justicia de nuestro gran Dios que todo lo ve. Nos arrebataron un hermano, un hijo, un papá, un marido, un primo, un tío, un sobrino. Le arrebataron su vida de una manera atroz y sin corazón. Este grupo de personas está protegida ya que es una familia ‘de plata’, con contactos que están libres”.
Para cerrar su publicación, Magalí fue clara: “Quiero que sepan que mataron a un inocente. Ninguno acto justifica tremenda acción y más de una persona inocente. Necesitamos transitar nuestro duelo en paz. Necesitamos que él descanse en paz. Estamos rotos y sin alma con tanto dolor”.
Según anunciaron sus familiares en redes sociales, el traslado de los restos de Sosa hasta su Jardín América tiene un costo total de $2 millones y por ello iniciaron una colecta solidaria. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose al +54 9 3743 51-7819.
Atado y golpeado
El hecho ocurrió el sábado a la noche, en la intersección de las calles Juan XXIII y Remedios de Escalada, cuando Sosa fue interceptado por un grupo de vecinos que lo acusaron de intentar robar en viviendas de la zona.
En esas circunstancias, el joven fue reducido, maniatado y golpeado de manera reiterada hasta perder el conocimiento.
Según precisó el portal local El Civismo, cuando la Policía llegó al lugar había unas 20 personas observando todo y unas seis rodeando a la víctima, que para ese entonces ya estaba desvanecido en el piso.
Sosa fue trasladado en ambulancia al hospital local, pero desafortunadamente llegó sin signos vitales. Tras confirmarse su fallecimiento, se inició una investigación que quedó en manos del destacamento policial de Olivera y de la comisaría Segunda de Luján, bajo la dirección de la Fiscalía 10 descentralizada de la fiscal María Laura Cordiviola.
En principio, el caso se investiga como un homicidio en riña, aunque todo podría modificarse conforme el avance de la causa. Hasta el momento hay dos personas detenidas, una de 25 y otra de 59 años, quienes fueron señalados por testigos como dos de los agresores.
Un misionero murió linchado tras ser acusado por robo en Buenos Aires
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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