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Lucía Maidana, 9 años: un caso sin resolver y un ADN femicida sin identificar

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Hoy se cumplen nueve años del asesinato de Lucía Maidana y hasta el momento la única certeza del caso es que su femicida nunca fue identificado. Las hipótesis respecto al sospechoso son diversas, desde que pueda estar en cualquier esquina de Posadas, mimetizado entre la sociedad, o muerto sin que nadie se enterara y sin pagar por sus crímenes.

El caso Lucía es complejo. Sobre el asesino se tiene una prueba incontrastable y trascendental: su ADN. Un elemento que prácticamente resolvería cualquier investigación, pero el problema radica en que no existe ninguna otra pista que permita vincular esa información genética a una información física, a un DNI, a un nombre, una persona, a un sospechoso.

El otro dato clave que se tiene es que ese mismo ADN -fantasma hasta el momento- aparece en las escenas de otros tres ataques sexuales perpetrados en perjuicio de jóvenes estudiantes de similares perfiles al de Lucía. Es decir, además de femicida, se trata de un violador serial, con un patrón definido y con la pericia necesaria para no dejar rastros y asegurar su impunidad.

El crimen de Lucía

El crimen de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de 23 años, se registró el 6 de abril de 2013, en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas.

Era un sábado de Semana Santa. Lucía había vuelto antes de su casa en Capioví porque tenía cuestiones de estudio por resolver. A la tarde estuvo junto a unas amigas y el grupo quedó en volver a encontrarse a la noche, pero la joven nunca más respondió los mensajes.

Se cree que el crimen fue perpetrado entre las 21.30 y las 22.30, lapso en el cual existe un vacío temporal entre su último mensaje y la intervención de sus vecinos cuando notaron el humo que salía de su habitación.

En primera instancia, se pensó que el caso pudo haberse tratado de un hecho accidental, consecuencia de un cortocircuito o alguna otra desafortunada y trágica acción doméstica.

Sin embargo, todo cambió en la morgue. Los forenses concluyeron que se trató de una muerte violenta y que la joven además presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, en tanto que los peritos establecieron que el incendio fue generado intencionalmente, con el claro objetivo de borrar huellas.

La muchacha presentaba al menos tres golpes en el cráneo, efectuados con un objeto contundente que se presume pudo haber sido un martillo o algo similar, pero que nunca fue hallado. En la escena tampoco fue encontrada la notebook que Lucía utilizaba y fue lo único que el femicida robó del lugar.

Sotelo, de sospechoso a la falta de mérito

La investigación comenzó y las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex inquilino del mismo predio, pero que 50 días antes del crimen se había mudado.

El joven, estudiante de Antropología en aquél entonces, quedó en la mira como consecuencia de unos encontronazos mantenidos con Lucía -y principalmente con su hermana, Felicita- originados por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar.

Felicita, incluso, fue testigo de situaciones de violencia de género entre Sotelo y su novia, lo cual profundizó las rispideces entre ambos.

Como ni el portón ni la puerta del departamento de Lucía fueron forzados, se creyó que el asesino tenía conocimientos o llaves de acceso al lugar, por lo cual la vinculación de Sotelo en el caso parecía encuadrar cada vez más con la hipótesis de -en aquella instancia- incipiente investigación.

El joven fue detenido pocas horas después y permaneció un mes tras las rejas, pero en su contra no se halló nada. La geolocalización de su celular marcó que durante la noche del hecho él se encontraba en la zona céntrica de Posadas y se recolectaron varios testimonios que acreditaban lo mismo.

Pero lo que resultó clave fue el cotejo científico realizado entre su perfil genético y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Lucía, lo cual arrojó resultado negativo. Esa prueba terminó quitando a Sotelo de la escena del crimen, aunque luego apareció  otro elemento que volvió a colocar un manto de dudas respecto a su posible relación con el asesinato.

Es que un testigo aseguró haber visto cuando el implicado arrojó, desde la Facultad de Humanidades -sobre calle San Lorenzo- hacia un edificio ubicado enfrente, las llaves que pertenecerían a la joven asesinada.

Efectivos policiales realizaron la búsqueda y encontraron un manojo de llaves que efectivamente abría la puerta del departamento de la estudiante de Comunicación Social.

A partir de ahí se volvieron a tejer diversas hipótesis que colocaban a Sotelo como posible autor intelectual, instigador o -al menos- facilitador del crimen, pero esa línea investigativa nunca prosperó y fue desvalorizada a raíz de la falta de otros elementos que sustenten la teoría.

Ante este panorama, el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, dictó una falta de mérito en favor de Sotelo pero, aún nueve años después, el muchacho no fue sobreseído por completo del expediente, cuestión que su defensa, encabezada por el letrado Alejandro Jabornicky, insiste y recurre hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Tras la liberación de quien hasta ese momento aparecía como el principal sospechoso, la investigación entró en una meseta en la cual no aparecían nuevas pistas sobre las cuales avanzar. Incluso, desde la Justicia también se comunicaron con la empresa tecnológica Acer para intentar rastrear el paradero de la notebook sustraída, pero no hubo respuestas. Fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que en 2020 se reiteró el pedido de esta pericia.

Más casos: búsqueda de violador serial

La situación cambió por completo cuando un entrecruzamiento de información entre distintos juzgados posadeños confirmó que el femicida de Lucía violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018.

Los casos fueron concretados con un idéntico patrón. Las víctimas fueron sorprendidas sin posibilidad de defensa, inmovilizadas con un golpe seco que las dejaba inconsciente y luego abusadas. Al igual que Lucía, todas eran estudiantes. Ninguna de pudo describir a su atacante.

Del violador serial sólo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece.

Desde el 26 de febrero de 2019 existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este peligroso sujeto. Los investigadores trabajan sobre los cuatro expedientes en los cuales aparece el mismo el ADN, repasando una y otra vez cada caso particular en busca de nuevas pistas que en algún momento pudieran haber sido pasadas por alto.

En esa búsqueda, las fuentes de LVM detallaron que se hizo una gran cantidad de cotejos de ADN, desde testigos de la causa Maidana que, en algunos casos, se sometieron voluntariamente a la toma de muestras genéticas para los estudios, hasta un listado de presos con causas de abuso sexual beneficiados con salidas transitorias o condicionales durante fechas cercanas a los sucesos investigados.

Además, desde hace un tiempo se realizan comparaciones genéticas en cada nueva causa de abuso sexual en el que se registren patrones similares a los hechos puestos bajo la lupa, pero hasta el momento no hubo coincidencia en ningún caso.

Entre las últimas medidas, el juzgado que instruye el expediente de Lucía Maidana recurrió a una perfiladora criminal para que analice las causas y trace las hipotéticas características que tendría el violador buscado. De allí surge que el implicado sería de contextura robusta, de personalidad “masculina fuerte”, de entre 30 y 40 años, y familiarizado con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

A similares conjeturas arriban desde la familia de Maidana. “Lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa, que sea una persona absolutamente ‘normal’ como dirían, un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea y que tiene estas conductas”, analizó la abogada querellante Roxana Rivas, mientras que Felicita profundizó: “Para mí la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la Facultad. Para mí no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la Facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación”.

Ante la escasez de pistas certeras, la situación abre un abanico de hipótesis entre las cuales tampoco se descarta que el involucrado pueda haberse ido de la provincia o incluso fallecer en alguna circunstancia que no llamó la atención de nadie, siendo sepultado junto a la posibilidad de esclarecer la historia.

La última pista  

En el expediente Maidana la última señal sospechosa que se advirtió fue en 2020, cuando los investigadores involucrados en el caso repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del crimen y entre los innumerables pedidos de justicia y recuerdos hacia Lucía, detectaron un mensaje con la particularidad de que era el único con un contenido despectivo hacia la muchacha.

Los pesquisas profundizaron sobre ese perfil, pero constataron que era una cuenta falsa y el usuario nunca pudo ser individualizado. Para acrecentar las dudas, constataron que ese comentario fue la única actividad realizada por esa cuenta. Sin certezas, quedó otra inevitable pregunta imposible de responder: ¿Se trató de una broma de mal gusto o era el femicida regodeándose de su crimen detrás de una pantalla?

Entre las últimas medidas dispuestas, la Justicia ordenó que la Dirección de Cibercrimen (de la Policía de Misiones) realice un estudio de todas las líneas telefónicas que impactaron en antenas cercanas a las escenas de los hechos, en días y horarios próximos a los cuatro delitos cometidos. La labor, a decir de los mismos investigadores, se presenta como la búsqueda de una aguja en un pajar, pero el intento, sin dudas, vale la pena con tal de resolver uno de los casos más complejos de la historia policial misionera.

Mientras tanto, los años transcurren y aunque la causa Maidana, al tratarse de un femicidio, no corre riesgo de prescripción, su resolución se presenta como una de las grandes cuentas pendientes de la provincia, cuya  sociedad clama por saber la verdad y que hoy volverá a reclamar justicia como cada 6 de abril desde 2013, fecha que marcó un antes y un después, fecha en la que el dolor por un femicidio se transformó en el cimiento movilizaciones con un mensaje cada vez más fuerte en todo Misiones: ¡Ni una Menos!

Lucía Maidana era Capioví y tenía 23 años.


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Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Jéssica Duarte en Andresito

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jéssica duarte

El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó este miércoles la elevación de juicio del expediente que investiga el femicidio de Jéssica Duarte (30) y que tiene como único imputado a su ex pareja Juan Carlos Krisezuk (53).

En su resolución, el juez interviniente resolvió declarar clausurada la etapa de instrucción y disponer de la elevación a juicio de la causa, cuyo expediente ahora será enviado al Tribunal Penal Uno de Eldorado para que programe la realización del correspondiente oral de acuerdo a su propia agenda.

De esta manera, Krisezuk se sentará en el banquillo de los acusados y enfrentará a la Justicia bajo los cargos de “homicidio agravado por la situación de ex pareja y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género en concurso ideal, con desobediencia judicial”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable.

Jéssica Duarte femicidio

Jéssica Duarte tenía 30 años y era madre de dos pequeños, uno de ellos con su presunto femicida.

Estrangulada y enterrada

El hecho que se esclarecerá en juicio oral se descubrió el 12 de junio de 2023, cuando la Policía halló el cuerpo de Jéssica Duarte enterrado en un predio lindante a la chacra del paraje Cabure-í de Andresito, donde Krisezuk solía cumplir laborales como peón rural.

La autopsia concluyó que la mujer fue estrangulada y el patrón del detenido aseguró haber visto a la mujer junto a Krisezuk en su chacra el 7 de junio, casualmente el día la víctima desapareció.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, en aquel entonces Krisezuk llevaba al menos dos años en pareja con Duarte y tuvieron un pequeño en común.

El implicado, que tenía antecedentes por hechos de violencia de género, fue detenido el 13 de junio, mientras intentaba escapar con rumbo a Brasil. Dos días después, intentó suicidarse en una celda de la Unidad Regional V incrustándose un elemento cortopunzante en el pecho, pero alcanzó a ser socorrido.

Después de ello fue trasladado a declarar ante la Justicia y desde ese entonces se encuentra alojado en una celda de la Unidad Penal III de Eldorado.

Atrapan a presunto femicida de Jéssica Duarte en un monte cerca de Brasil


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Concepción obtuvo cautelar contra Nación por tasas municipales en facturas de luz

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Concepción

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, a cargo del magistrado Juan Manuel Lezcano, dictaminó a favor de una medida cautelar solicitada por el municipio de Concepción de la Sierra y suspendió la resolución del gobierno de Javier Milei que prohibía el cobro de tasas municipales en las facturas de luz.

El fallo que deja sin efecto la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación se firmó en las últimas horas, favoreciendo no solo al municipio demandante, que es Concepción de la Sierra, cuyo intendente es Hugo Humeniuk, único alcalde de Juntos por el Cambio (JxC) en ejercicio en la provincia, sino también a las comunas de Santa María, Tres Capones y Azara, ya que todos reciben suministro eléctrico por parte de la Cooperativa de Electricidad Urbana Rural y Otros Servicios Públicos (Ceurosp).

El análisis del caso comenzó tras una presentación efectuada por un apoderado legal de la municipalidad de Concepción de la Sierra, donde la comuna interpuso un acción de amparo a fin de declarar la inconstitucionalidad de la resolución emitida por el gobierno nacional, como así también dictar una medida cautelar para dejar sin efecto los alcances de la normativa.

Entre sus argumentos, el municipio planteó que la medida dispuesta desde la cartera que lidera el Luis “Toto” Caputo afectaría los convenidos firmados con la cooperativa encargada de los servicios públicos, lo cual repercutiría en una degradación del suministro de energía eléctrica y, fundamentalmente, en el mantenimiento de los alumbrados públicos en zonas rurales, donde residen varias familias de productores yerbateros y agropecuarios.

Por cuestiones de jurisdicción, la acción de amparo recayó en el juzgado multifuero de Apóstoles, dirigido por el juez Lezcano, quien al analizar el planteo consideró razonable dictaminar a favor del municipio demandante.

Hugo Humeniuk, de Juntos por el Cambio (JxC), es el intendente de Concepción de la Sierra.

Autonomía y sustento normativo

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en su resolución Lezcano realizó un repaso histórico de cuestiones referidas a acuerdos y convenios referidos a la prestación de servicios públicos, como así también normativas y jurisprudencias relacionadas al caso.

En ese sentido, entre sus puntos, hizo hincapié en que “la Constitución Nacional otorga a los municipios autonomía política, administrativa, económica e institucional, lo que incluye la capacidad para gestionar sus propios intereses y defenderlos frente a actos que puedan vulnerar sus derechos o competencias”.

También recordó que la normativa municipal que permite otorgar a la cooperativa Ceurosp la facultad de la prestación del servicio se ajusta a un contrato de concesión confeccionado en la década del 60, ante lo cual considera que el mecanismo de cobro por la “contra prestación” tiene un “claro sustento normativo” y que “el concepto incluido en la factura denominado “Tasa Mun. De Alum. Público” no posee un afán recaudatorio para llenar las arcas públicas”, sino que, “por el contrario, tiene como objetivo cubrir el costo de la energía y la reposición de luminarias y extensión de la línea de alumbrado”.

Sectores rurales vulnerables

En otro punto, además, se ponderó que la resolución nacional afectaría el alumbrado público municipal por no contar mensualmente con el pago por parte de los usuarios de dicha tasa, lo cual afectaría no solo la seguridad de vecinos residentes en los municipios involucrados, sino que también afectaría a los sectores rurales “más vulnerables”, dado que residen en zonas alejadas al casco urbano, teniendo en muchos casos vías de acceso únicas, que también son utilizadas como camino para maquinarias y vehículos de transporte de carga usados por productores que verían una parte de su cadena productiva damnificada.

Es innegable que el ciudadano del municipio afectado por esta resolución es de una gran mayoría vulnerable. Ese es el sentido de la excepción prevista en el art. 2 inciso 2 de la ley 26.854 y la habilitación legal para resolver la medida cautelar sin sustanciaciones previas ni otras dilaciones, tal como lo prevé el art. 4º inciso 3) de la misma ley”, concluye entonces el juez Lezcano en su dictamen.

Tasas municipales: Caputo acusó a los intendentes de la oposición de "estar en contra de la gente" - Critica Sur

La cautelar es contra una resolución emitida por la secretaría de Comercio e Industria, dependiente del ministerio de Economía, liderado por Toto Caputo.

En consecuencia, el magistrado misionero resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el municipio de Concepción de la Sierra hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la declaración de inconstitucionalidad de la medida dictada por Nación, para lo cual se declaró incompetente ya que esa cuestión debe ser analizada por la Justicia Federal.

De esta manera, la resolución que prohibía el cobro de tasas municipales en la factura de luz quedó sin efecto en los municipios de Concepción de la Sierra, Santa María, Tres Capones y Azara, garantizando la continuidad del sistema de alumbrado público y otros servicios vinculados, como comisarías, centros de salud y escuelas, que también tienen asiento en zonas rurales.


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Pozo Azul: asesinó a un compañero, se ocultó en el monte y lo atraparon

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Pozo Azul: asesinó a un compañero, se ocultó en el monte y lo atraparon

La Policía de Misiones capturó a un sujeto conocido como “Meki” (31), principal sospechoso del homicidio Rogelio Carballo (43) ocurrido en una chacra de picada Puente Quemado, ubicada en la localidad de Pozo Azul.

El hecho fue denunciado anoche por un vecino de 50 años, quien se acercó a la comisaría de Pozo Azul y expuso que Meki le había confesado que mató de un disparo con una escopeta a Rogelio cuando ambos acampaban en una chacra de su propiedad.

El denunciante afirmó a los uniformados que, luego de confesarle el crimen, Meki se dio a la fuga del lugar. Por otro lado, no precisó el motivo por el cual los dos sujetos acampaban su chacra.

Con la denuncia radicada, los agentes de la comisaria local acudieron al predio en el cual habría sucedido el homicidio y encontraron el cuerpo sin vida de Rogelio Carballo, confirmando lo manifestado por el vecino.

Por lo ocurrido, la Unidad Regional XIV desplegó un operativo de búsqueda del cual participaron patrullas de la dependencia de Pozo Azul, la División Comando y la Brigada de Investigaciones para dar con el paradero del acusado.

Para las 1.30, Meki fue capturado portando un arma de fuego a unos 14 kilómetros aproximadamente del lugar del crimen, en una zona de montes al costado de una camino terrado, informó la fuerza.

Los uniformados detuvieron al sospechoso y secuestraron la escopeta calibre 16 aparente utilizada en el homicidio de Rogelio Carballo. En tanto, por orden del juez interviniente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la correspondiente autopsia.

Al momento de su detención, Meki portaba la presunta arma homicida.


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