Policiales
La policía que fue violada en manada dijo “lo superaré rápido y volveré a trabajar”
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo pasado en un baño del polideportivo municipal Los Polvorines, de Malvinas Argentinas. Los efectivos están detenidos y fueron desafectados.
BUENOS AIRES. Después de haber egresado de la escuela Coronel Julio S. Dantas a fines del año pasado, a Mariana -un nombre ficticio empleado en esta nota para preservar su identidad- le encomendaron su primera misión como integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Con 21 años, fue asignada para participar en el Operativo Sol, orientado a controlar la seguridad en la Costa Atlántica y sus accesos durante la temporada veraniega. Cumplió funciones en Santa Teresita, principalmente.
Dos meses más tarde, ya a principios de marzo, regresó a su La Plata natal. Pero la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus hizo que tres semanas más tarde se tuviera que alejar de su casa nuevamente. Esta vez, fue convocada como adicional junto a otros 89 efectivos para prestar servicio en el partido de Malvinas Argentinas.
Para alojar a todos ellos adaptaron dos polideportivos, uno en la localidad de Los Polvorines y otro en Ingeniero Pablo Nogués. Ambos sirven de alojamiento para los agentes que viven lejos de la zona, como en el caso de Mariana. A ella le tocó quedarse en Los Polvorines.
En ese lugar, según su denuncia, cuatro compañeros de la Bonaerense abusaron de ella, todos jovenes, todos recientemente graduados.
El sábado por la noche los policías que estaban en el polideportivo celebraron el cumpleaños de uno de ellos con un asado y unas cervezas. Eran unos 20 efectivos, la mayoría se había ido a sus casas.
Mariana, en cambio, había elegido quedarse a dormir en el lugar en vez de regresar a su domicilio, teniendo en cuenta que el lunes ya debía volver a trabajar y que el viaje hasta La Plata es largo y agotador. Era la única mujer de las 14 asignadas en Los Polvorines esa noche.
Era la madrugada del domingo, alrededor de las 2, cuando la joven fue hasta el baño de hombres acompañada de un colega, Juan Simón Juárez (25).
Según su relato, allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un momento aparecieron otros cuatro policías: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), nombres señalados por fuentes policiales y confirmados por la denunciante.
“No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío”, cuenta Mariana, en diálogo telefónico.
Dice que está bien, junto a sus padres y sus hermanos, asistida por un equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Género de la Policía y se la escucha fuerte: “Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido”, asegura.
Dudó en denunciar al comienzo. Luego, lo hizo. Realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas el lunes, después de que otra agente la viera en mal estado y la animara a hacerlo.
“Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”, afirma.
Sánchez, Mansilla, Peredo y Rendo están hoy detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policías. También está detenido Juárez, aunque en su caso bajo otra acusación.
De acuerdo a la denuncia que formuló, al ser abordada la joven oficial trató de defenderse y pidió auxilio a los gritos. En el interín, Juárez salió del baño. Luego, otros tres policías más llegaron para defenderla y se pelearon con los presuntos abusadores.
El fiscal del caso, Jorge Castaña, de la UFI N° 14 de Delitos Sexuales de Malvinas Argentinas, entendió que el acusado pudo haber ayudado a Mariana cuando la sometieron. Por eso lo imputó por el delito de “omisión del deber de socorro” y pidió su detención.
Sin embargo, la visión de Mariana respecto de la responsabilidad de Juárez es diferente: “Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía”, dice.
La joven piensa que Juárez quizá no se quedó en el baño para defenderla “por miedo”. Y supone que su detención tal vez se deba a la declaración de sus otros compañeros, que hablaron ante el fiscal antes que ella. “Capaz uno lo complicó inconscientemente”, conjetura. Igualmente, pide que “la Justicia haga lo que tenga que hacer y que los responsables, paguen”.
Los cinco detenidos se negaron a declarar y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías 4 de San Martín. Por otro lado, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió desafectarlos.
La joven ingresó a la Policía para seguir los pasos de sus padres, que también integran la fuerza. Dice que volverá a prestar servicio una vez que supere este proceso. Cuando esté en condiciones, lo hará saber y un psicólogo dará la autorización definitiva.
Mientras, los compañeros que la ayudaron la sostienen. “Los sigo llamando y me siguen haciendo reír, llorar. Más que con el tema de la cuarentena no puedo salir a distraerme. Son con los que venía compartiendo todo. Me salvaron la vida”.
Infobae
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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