Policiales
La policía que fue violada en manada dijo “lo superaré rápido y volveré a trabajar”
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo pasado en un baño del polideportivo municipal Los Polvorines, de Malvinas Argentinas. Los efectivos están detenidos y fueron desafectados.
BUENOS AIRES. Después de haber egresado de la escuela Coronel Julio S. Dantas a fines del año pasado, a Mariana -un nombre ficticio empleado en esta nota para preservar su identidad- le encomendaron su primera misión como integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Con 21 años, fue asignada para participar en el Operativo Sol, orientado a controlar la seguridad en la Costa Atlántica y sus accesos durante la temporada veraniega. Cumplió funciones en Santa Teresita, principalmente.
Dos meses más tarde, ya a principios de marzo, regresó a su La Plata natal. Pero la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus hizo que tres semanas más tarde se tuviera que alejar de su casa nuevamente. Esta vez, fue convocada como adicional junto a otros 89 efectivos para prestar servicio en el partido de Malvinas Argentinas.
Para alojar a todos ellos adaptaron dos polideportivos, uno en la localidad de Los Polvorines y otro en Ingeniero Pablo Nogués. Ambos sirven de alojamiento para los agentes que viven lejos de la zona, como en el caso de Mariana. A ella le tocó quedarse en Los Polvorines.
En ese lugar, según su denuncia, cuatro compañeros de la Bonaerense abusaron de ella, todos jovenes, todos recientemente graduados.
El sábado por la noche los policías que estaban en el polideportivo celebraron el cumpleaños de uno de ellos con un asado y unas cervezas. Eran unos 20 efectivos, la mayoría se había ido a sus casas.
Mariana, en cambio, había elegido quedarse a dormir en el lugar en vez de regresar a su domicilio, teniendo en cuenta que el lunes ya debía volver a trabajar y que el viaje hasta La Plata es largo y agotador. Era la única mujer de las 14 asignadas en Los Polvorines esa noche.
Era la madrugada del domingo, alrededor de las 2, cuando la joven fue hasta el baño de hombres acompañada de un colega, Juan Simón Juárez (25).
Según su relato, allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un momento aparecieron otros cuatro policías: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), nombres señalados por fuentes policiales y confirmados por la denunciante.
“No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío”, cuenta Mariana, en diálogo telefónico.
Dice que está bien, junto a sus padres y sus hermanos, asistida por un equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Género de la Policía y se la escucha fuerte: “Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido”, asegura.
Dudó en denunciar al comienzo. Luego, lo hizo. Realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas el lunes, después de que otra agente la viera en mal estado y la animara a hacerlo.
“Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”, afirma.
Sánchez, Mansilla, Peredo y Rendo están hoy detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policías. También está detenido Juárez, aunque en su caso bajo otra acusación.
De acuerdo a la denuncia que formuló, al ser abordada la joven oficial trató de defenderse y pidió auxilio a los gritos. En el interín, Juárez salió del baño. Luego, otros tres policías más llegaron para defenderla y se pelearon con los presuntos abusadores.
El fiscal del caso, Jorge Castaña, de la UFI N° 14 de Delitos Sexuales de Malvinas Argentinas, entendió que el acusado pudo haber ayudado a Mariana cuando la sometieron. Por eso lo imputó por el delito de “omisión del deber de socorro” y pidió su detención.
Sin embargo, la visión de Mariana respecto de la responsabilidad de Juárez es diferente: “Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía”, dice.
La joven piensa que Juárez quizá no se quedó en el baño para defenderla “por miedo”. Y supone que su detención tal vez se deba a la declaración de sus otros compañeros, que hablaron ante el fiscal antes que ella. “Capaz uno lo complicó inconscientemente”, conjetura. Igualmente, pide que “la Justicia haga lo que tenga que hacer y que los responsables, paguen”.
Los cinco detenidos se negaron a declarar y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías 4 de San Martín. Por otro lado, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió desafectarlos.
La joven ingresó a la Policía para seguir los pasos de sus padres, que también integran la fuerza. Dice que volverá a prestar servicio una vez que supere este proceso. Cuando esté en condiciones, lo hará saber y un psicólogo dará la autorización definitiva.
Mientras, los compañeros que la ayudaron la sostienen. “Los sigo llamando y me siguen haciendo reír, llorar. Más que con el tema de la cuarentena no puedo salir a distraerme. Son con los que venía compartiendo todo. Me salvaron la vida”.
Infobae
Judiciales
Juicio por la muerte de Belén: testimonios para reconstruir un caso 13 años después
El juicio para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad por una enfermedad neurodegenerativa, ingresará la semana que viene a su recta final, con el lunes y martes como últimas jornadas para la etapa de incorporación de pruebas antes de la ronda de alegatos prevista inicialmente para el jueves.
El debate oral que tiene a Mariela Andrea Ramírez (48), madre de la niña, como única imputada por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado muerte”, comenzó el 3 de agosto y durante las primeras cuatro audiencias desarrolladas en el Tribunal Penal Uno de Posadas declararon una veintena de testigos, entre efectivos policiales, peritos forenses, médicos especialistas, familiares, vecinos y compañeros de trabajo de la acusada.
Según los estudios médicos, Belén padecía Síndrome de Rett, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético que provoca una pérdida progresiva de las capacidades del habla, el movimiento de las manos y la coordinación motora, condición que torna al paciente incapaz de valerse por sí mismo.
Durante el transcurso del debate se pudo reconstruir que la niña residió gran parte de su vida con sus abuelos y una tía materna, quienes se encargaron de su cuidado, excepto en una temporada comprendida entre 2006 y 2007 cuando vivió junto a su madre en una casa de Itaembé Miní y otro pequeño lapso de diez días en el que regresó circunstancialmente junto a Ramírez a un inmueble del barrio Las Rosas, donde finalmente falleció el 23 de julio de 2013.
La autopsia concluyó que la muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación. En este juicio se intenta determinar qué circunstancias derivaron en ese trágico desenlace y qué grado de responsabilidad en el hecho pudo tener su madre.
Ramírez alega que se vio sobrepasada por la situación. Argumenta que debió afrontar el cuidado de su hija en absoluta soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. La Justicia la tiene imputada por abandono de persona y el fiscal de juicio, Vladimir Antonio Glinka, adelantó que contempla la posibilidad de ampliar la acusación a homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a Belén en forma deliberada para dejarla morir.
La mujer llegó a esta instancia en libertad y bajo la representación del defensor oficial Miguel Ángel Varela, aunque dependiendo de la acusación final que eventualmente reciba hasta podría ser condenada a prisión perpetua. Eso lo decidirá, a su debido tiempo, el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Mariela Ramírez junto al defensor oficial Miguel Ángel Varela.
“Hice lo que pude”
En la primera audiencia, la imputada tomó la palabra y se explayó durante más de horas frente al tribunal. Contó su historia, desde su embarazo hasta la muerte de Belén. Se defendió de las acusaciones, alegó sentirse “sobrepasada” en la última etapa de su cuidado y cuestionó al Estado por la falta de asistencia.
Afirmó que, a pesar de que Belén vivía y estaba al cuidado de sus abuelos, ella nunca se “desentendió” de su hija. “Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, justificó.
Recordó que cuando su padre enfermó debió recibir a Belén en su casa de Itaembé Miní, donde ya vivía junto a su nueva pareja y su segunda hija. Ramírez aseguró que contrató una persona para los cuidados de la niña e indicó que tiempo después debió vender la casa por deudas, tras lo cual Belén volvió con su abuela.
“Después me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, dijo y agregó que “días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.
Según su relató, de ahí en más la situación empeoró día a día: estaba sola, sin dinero y sin posibilidad de faltar al trabajo. Sumado a ello, aseguró que Belén comenzó a rechazar la comida: “Empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca y a comer menos”.
“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. Hice lo que pude con lo que tenía”, se defendió y lo mismo repitió en una reciente entrevista con el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, organización que ahora solicitó ser parte del debate oral y aportar su perspectiva del caso como amicus curiae.
Primeros testimonios
Entre los primeros testigos que declararon ante el tribunal estuvieron agentes policiales que trabajaron el día del fallecimiento de Belén y con ellos el fiscal Glinka hizo hincapié en la escena encontrada.
Tanto el comisario retirado Carlos Adolfo Krapp como el agente Javier Olmedo describieron la habitación de la víctima como “un depósito”, con bolsas amontonadas y objetos desparramados alrededor de una cama que tampoco estaba en buenas condiciones. La misma Ramírez admitió que la cama tenía la rejilla rota y apilaba pañales abajo para compensar la cavidad.
En la segunda jornada declararon Delira Clara Aldana y Clara Argentina Ramírez, abuela y tía de la niña fallecida, respectivamente. Emocionadas, recordaron con dolor el fallecimiento de Belén. “Ella era nuestra vida y nuestros ojos. Nos llamó la atención su muerte, ella estaba bien cuando la dejamos con su mamá”, lanzó Aldana.
Aldana contó que la niña “a veces lloraba” cuando tenía que irse con la mamá y Clara admitió que fue “traumatizante” ver en qué estado murió su sobrina.
Ese mismo día estuvo el neurólogo infantil José Galeano, sobre quien el defensor Varela profundizó respecto a los síntomas, alcances y condiciones de cuidado que requiere una persona con Síndrome de Rett.
“Son dependientes 100% de un tercero para poder subsistir”, resumió y desarrolló, entre otros factores, que “el proceso de deglución, por ejemplo, es muy complejo. Alimentar a un paciente de estas características resulta muy difícil porque realmente no coordina. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo alimentarlo”.

El fiscal Vladimir Glinka encabeza la acusación.
Las vecinas
El día más complicado para la imputada fue el miércoles, cuando entre los testigos citados estuvieron una empleada doméstica y dos vecinas que coincidieron al describir condiciones de “descuido” en que presuntamente Ramírez tenía a Belén cuando la adolescente vivía a su cargo en Itaembé Miní.
“La veíamos mucho tiempo afuera en pleno verano, descalza, solo con pañal y muerta de calor en el patio. Estaban todas las puertas cerradas y Belén afuera”, describió Hilda Margot Da Silveira.
“Un día puse una silla para ver por encima del muro y vi que estaba la nena llorando afuera, sola y en pañales en plena noche”, contó después otra testigo, Lourdes Balmaceda, quien ante esa situación decidió llamar a la línea 102 para pedir la intervención de asistentes sociales.
En esa línea también declaró Esther Leiva, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Ramírez en aquel tiempo. “Yo fui contratada para limpiar la casa, no para cuidar a la nena. Cuando entré a la casa me encontré con ella”, dijo, contraponiendo lo dicho por la imputada en su declaración.
“La encuentro a ella con excremento por todos lados. Yo le bañaba y le daba de comer, le pedía comida a mi otra patrona o le llevaba lo que podía, bifes, huevos, fideos porque la dejaban encerrada y sin comida”, apuntó.
“Ella estaba totalmente abandonada”, definió y a pedido de las partes ahondó: “Vivía en pañales, encerrada, con música y aire. Dormía en una cama que tenía dos almohadones como colchón. A la puerta de su pieza le sacaban el picaporte para que no se pueda abrir”.

El juicio se transmite en vivo por Youtube.
El padre y las compañeras
La cuarta jornada estuvo marcada por la declaración del sindicado padre de la niña y de algunas empleadas municipales que fueron compañeras de Ramírez al momento de los hechos.
César Luis Romero fue convocado al debate como testigo a pedido de la defensa. Al hombre le atribuyen la paternidad de Belén, aunque él lo negó: “Fue mi novia hace muchos años, pero no sabía que quedó embarazada. Me enteré de eso cuando su papá le mandó una carta documento a mi papá diciéndole que ella tuvo un bebe. Mi papá contestó con otra carta documento diciendo que si era mi hijo yo me iba a hacer cargo, pero de ahí en más nunca contestaron”.
Después Romero declararon los ex compañeros de trabajo de la imputada. Sobre esos aportes ahondó el defensor Varela, buscando recabar información sobre las pautas laborales que cumplían y las condiciones económicas en las que se encontraba Ramírez en ese momento.
Entre esos testimonios, el fiscal aprovechó para recordar una declaración dada por Olga Gauto, que en la etapa de instrucción aseguró que en el sepelio de la niña Ramírez estaba “normal, sin arrepentimiento” y que pocos días después la vio “en el boliche Metrópolis”.
Marcelina Arevalos fue la última en comparecer. Ella contó que era amiga de Ramírez, que compartió “varias cenas” en su casa y vio cómo la ahora imputada “cuidaba, atendía, daba de comer y cambiaba los pañales” a Belén. También sostuvo que la mujer varias veces le comentó de sus problemas económicos e incluso le pidió dinero para comprar leche y pañales.

El tribunal es presidido por Gustavo Bernie -en el centro- e integrado por Miguel Mattos y Viviana Cukla como vocales.
Pedidos y etapa final
Antes de finalizar esa jornada, el fiscal Glinka pidió convocar a una nueva testigo: se trata de otra trabajadora municipal que en su momento administraba el sector de cajas donde la imputada trabajaba.
Si su convocatoria no es aceptada, pidió que se solicite a la Municipalidad la remisión de un informe con las novedades volcadas al legajo de Ramírez para constatar si efectivamente la mujer tramitó pedidos de licencias, como así también verificar otros aspectos que considera clave para su teoría del caso.
Ambos planteos, como así también el pedido para que la tía de la fallecida aporte como prueba una foto de Belén tomada días antes de su fallecimiento, serán resueltos por el tribunal en la audiencia del lunes.
Juicio por muerte de niña con discapacidad: “La dejaban encerrada y sin comida”
Policiales
Carmen Portillo, la primera jefa mujer de la Unidad Regional III en 50 años
La Policía de Misiones designó por primera vez a una mujer al frente de la Unidad Regional III de Eldorado, a cinco décadas de la creación de esa estructura. Se trata de la comisario inspector Carmen Patricia Portillo, quien hasta ahora se desempeñaba como segunda jefa de la jurisdicción.
La designación fue dispuesta por la Jefatura de Policía y convierte a Portillo en la primera mujer en asumir la conducción de la Unidad Regional III desde su creación, además de transformarla en la segunda mujer en la historia de la fuerza provincial en alcanzar la jefatura de una Unidad Regional.
Portillo cuenta con una extensa trayectoria dentro del escalafón Seguridad y desarrolló buena parte de su carrera en el norte de la provincia, donde ocupó distintos cargos operativos y de conducción.
La nueva jefa inició su carrera en la comisaría Primera de Puerto Iguazú y posteriormente integró durante casi once años el área de Operaciones de Eldorado, donde estuvo al frente de la planificación operativa.
A lo largo de su trayectoria también condujo las Comisarías de la Mujer de Puerto Iguazú y Eldorado, fue jefa de la División Policía Comunitaria de Bernardo de Irigoyen y estuvo al frente de la División Verificación Automotores de Eldorado.
Ahora tendrá bajo su conducción una estructura integrada por ocho comisarías y una Comisaría de la Mujer, además de los Comandos Radioeléctricos Este y Oeste, la División Prevención de Delitos, Motorizada, Brigada de Investigaciones y el CIO 911.
La Unidad Regional III tiene jurisdicción sobre Eldorado, Puerto Mado, Colonia Victoria, 9 de Julio y Santiago de Liniers, por lo que Portillo también estará a cargo de la administración del personal y los recursos destinados a las tareas de prevención, seguridad e investigación en esas localidades.
Su llegada a la jefatura representa un hecho inédito para la estructura policial de Eldorado, que durante sus primeros 50 años de existencia estuvo conducida exclusivamente por hombres.
Policiales
Joven de 20 años detenido por una causa Masi en San Javier
Un joven de 20 años fue detenido este jueves en San Javier durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunta circulación de material de abuso sexual infantil (Masi), que se inició a partir de reportes internacionales.
El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Ministerio Público de Misiones y se concretó por orden de la jueza Selva Raquel Zuetta, titular del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.
La causa se inició a partir de reportes CyberTipline enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo estadounidense que recibe denuncias vinculadas con la explotación sexual infantil en entornos digitales.
Según se informó, los reportes contenían información e identificadores técnicos relacionados con presuntas actividades de tráfico de material de abuso sexual infantil a través de servicios digitales. A partir del análisis de esos datos, los investigadores lograron orientar las pesquisas hacia un domicilio de San Javier.
Con esa información, la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche, solicitó la medida que posteriormente fue autorizada por el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem.
El allanamiento fue llevado adelante por especialistas de la Saic, con la colaboración de efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones y personal de la comisaría de San Javier.
Durante el procedimiento, los técnicos realizaron constataciones de evidencia digital en vivo sobre los teléfonos celulares y computadoras encontrados en el inmueble.
De acuerdo con lo informado, esas tareas permitieron establecer coincidencias entre datos e identificadores incluidos en los reportes de NCMEC y la información hallada en los dispositivos.
El joven identificado como L. D. R., de 20 años, quedó detenido y a disposición de la Justicia. En tanto, los dispositivos incautados fueron preservados para continuar con los análisis forenses.
Las pericias sobre la evidencia digital estarán a cargo del personal especializado de la Saic, mientras que la investigación continúa bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem y con intervención de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos.
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