Policiales
La policía que fue violada en manada dijo “lo superaré rápido y volveré a trabajar”
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo pasado en un baño del polideportivo municipal Los Polvorines, de Malvinas Argentinas. Los efectivos están detenidos y fueron desafectados.
BUENOS AIRES. Después de haber egresado de la escuela Coronel Julio S. Dantas a fines del año pasado, a Mariana -un nombre ficticio empleado en esta nota para preservar su identidad- le encomendaron su primera misión como integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Con 21 años, fue asignada para participar en el Operativo Sol, orientado a controlar la seguridad en la Costa Atlántica y sus accesos durante la temporada veraniega. Cumplió funciones en Santa Teresita, principalmente.
Dos meses más tarde, ya a principios de marzo, regresó a su La Plata natal. Pero la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus hizo que tres semanas más tarde se tuviera que alejar de su casa nuevamente. Esta vez, fue convocada como adicional junto a otros 89 efectivos para prestar servicio en el partido de Malvinas Argentinas.
Para alojar a todos ellos adaptaron dos polideportivos, uno en la localidad de Los Polvorines y otro en Ingeniero Pablo Nogués. Ambos sirven de alojamiento para los agentes que viven lejos de la zona, como en el caso de Mariana. A ella le tocó quedarse en Los Polvorines.
En ese lugar, según su denuncia, cuatro compañeros de la Bonaerense abusaron de ella, todos jovenes, todos recientemente graduados.
El sábado por la noche los policías que estaban en el polideportivo celebraron el cumpleaños de uno de ellos con un asado y unas cervezas. Eran unos 20 efectivos, la mayoría se había ido a sus casas.
Mariana, en cambio, había elegido quedarse a dormir en el lugar en vez de regresar a su domicilio, teniendo en cuenta que el lunes ya debía volver a trabajar y que el viaje hasta La Plata es largo y agotador. Era la única mujer de las 14 asignadas en Los Polvorines esa noche.
Era la madrugada del domingo, alrededor de las 2, cuando la joven fue hasta el baño de hombres acompañada de un colega, Juan Simón Juárez (25).
Según su relato, allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un momento aparecieron otros cuatro policías: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), nombres señalados por fuentes policiales y confirmados por la denunciante.
“No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío”, cuenta Mariana, en diálogo telefónico.
Dice que está bien, junto a sus padres y sus hermanos, asistida por un equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Género de la Policía y se la escucha fuerte: “Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido”, asegura.
Dudó en denunciar al comienzo. Luego, lo hizo. Realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas el lunes, después de que otra agente la viera en mal estado y la animara a hacerlo.
“Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”, afirma.
Sánchez, Mansilla, Peredo y Rendo están hoy detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policías. También está detenido Juárez, aunque en su caso bajo otra acusación.
De acuerdo a la denuncia que formuló, al ser abordada la joven oficial trató de defenderse y pidió auxilio a los gritos. En el interín, Juárez salió del baño. Luego, otros tres policías más llegaron para defenderla y se pelearon con los presuntos abusadores.
El fiscal del caso, Jorge Castaña, de la UFI N° 14 de Delitos Sexuales de Malvinas Argentinas, entendió que el acusado pudo haber ayudado a Mariana cuando la sometieron. Por eso lo imputó por el delito de “omisión del deber de socorro” y pidió su detención.
Sin embargo, la visión de Mariana respecto de la responsabilidad de Juárez es diferente: “Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía”, dice.
La joven piensa que Juárez quizá no se quedó en el baño para defenderla “por miedo”. Y supone que su detención tal vez se deba a la declaración de sus otros compañeros, que hablaron ante el fiscal antes que ella. “Capaz uno lo complicó inconscientemente”, conjetura. Igualmente, pide que “la Justicia haga lo que tenga que hacer y que los responsables, paguen”.
Los cinco detenidos se negaron a declarar y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías 4 de San Martín. Por otro lado, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió desafectarlos.
La joven ingresó a la Policía para seguir los pasos de sus padres, que también integran la fuerza. Dice que volverá a prestar servicio una vez que supere este proceso. Cuando esté en condiciones, lo hará saber y un psicólogo dará la autorización definitiva.
Mientras, los compañeros que la ayudaron la sostienen. “Los sigo llamando y me siguen haciendo reír, llorar. Más que con el tema de la cuarentena no puedo salir a distraerme. Son con los que venía compartiendo todo. Me salvaron la vida”.
Infobae
A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.
El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.
El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.
Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.
El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.
Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá
Un hombre de 38 años fue detenido en Aristóbulo del Valle, acusado de haber manifestado su intención de entregar a dos de sus cuatro hijos a cambio de un automóvil o una camioneta. La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de los menores, quien aseguró haber recibido un audio de WhatsApp en el que reconoció la voz de su ex pareja.
La mujer, de 27 años, se presentó en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y relató que había recibido la grabación, cuyo contenido encendió la alarma de las autoridades. Según su denuncia, el hombre habría expresado allí su intención de entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo.
A partir de la presentación, tomó intervención el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Diego Lafata por subrogancia, que ordenó una serie de medidas destinadas tanto a avanzar en la investigación como a resguardar a los cuatro hermanos.
En ese marco, cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda del barrio Municipal y detuvieron a Ramón V. (38), quien registra antecedentes penales.
Tras el procedimiento, los cuatro menores, de 11, 9 y 5 años y de un año y ocho meses, quedaron provisoriamente bajo el cuidado de una tía paterna. Además, una psicopedagoga y una asistente social intervinieron para brindarles contención y asistencia.
Por otra parte, personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres teléfonos celulares: uno perteneciente a la denunciante, otro al acusado y un tercero vinculado a una persona cuya eventual relación con el hecho es ahora materia de investigación.
Los dispositivos fueron puestos bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias para determinar si contienen información que permita confirmar o descartar los hechos denunciados y establecer la posible participación de otras personas.
La causa fue caratulada provisoriamente como “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”. La investigación continúa para establecer las circunstancias en que se produjo la situación denunciada.
Como antecedente, los investigadores establecieron que los cuatro niños se encontraban desde hacía tiempo bajo el cuidado de su padre, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió su internación y derivara en que los menores quedaran al cuidado paterno.
Por el momento, la Justicia mantiene las medidas de protección sobre los hermanos mientras avanza con las pericias y el resto de las diligencias ordenadas en la causa.
El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.
La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.
Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.
Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.
Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.
Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.
Aguiar, absuelto
La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.
Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.
Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.
Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.
Corazza, también fue absuelto
El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.
El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.
En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.
La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.
Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.
El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.
La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.
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