Policiales
La policía que fue violada en manada dijo “lo superaré rápido y volveré a trabajar”
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo pasado en un baño del polideportivo municipal Los Polvorines, de Malvinas Argentinas. Los efectivos están detenidos y fueron desafectados.
BUENOS AIRES. Después de haber egresado de la escuela Coronel Julio S. Dantas a fines del año pasado, a Mariana -un nombre ficticio empleado en esta nota para preservar su identidad- le encomendaron su primera misión como integrante de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Con 21 años, fue asignada para participar en el Operativo Sol, orientado a controlar la seguridad en la Costa Atlántica y sus accesos durante la temporada veraniega. Cumplió funciones en Santa Teresita, principalmente.
Dos meses más tarde, ya a principios de marzo, regresó a su La Plata natal. Pero la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus hizo que tres semanas más tarde se tuviera que alejar de su casa nuevamente. Esta vez, fue convocada como adicional junto a otros 89 efectivos para prestar servicio en el partido de Malvinas Argentinas.
Para alojar a todos ellos adaptaron dos polideportivos, uno en la localidad de Los Polvorines y otro en Ingeniero Pablo Nogués. Ambos sirven de alojamiento para los agentes que viven lejos de la zona, como en el caso de Mariana. A ella le tocó quedarse en Los Polvorines.
En ese lugar, según su denuncia, cuatro compañeros de la Bonaerense abusaron de ella, todos jovenes, todos recientemente graduados.
El sábado por la noche los policías que estaban en el polideportivo celebraron el cumpleaños de uno de ellos con un asado y unas cervezas. Eran unos 20 efectivos, la mayoría se había ido a sus casas.
Mariana, en cambio, había elegido quedarse a dormir en el lugar en vez de regresar a su domicilio, teniendo en cuenta que el lunes ya debía volver a trabajar y que el viaje hasta La Plata es largo y agotador. Era la única mujer de las 14 asignadas en Los Polvorines esa noche.
Era la madrugada del domingo, alrededor de las 2, cuando la joven fue hasta el baño de hombres acompañada de un colega, Juan Simón Juárez (25).
Según su relato, allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un momento aparecieron otros cuatro policías: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), nombres señalados por fuentes policiales y confirmados por la denunciante.
“No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío”, cuenta Mariana, en diálogo telefónico.
Dice que está bien, junto a sus padres y sus hermanos, asistida por un equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Género de la Policía y se la escucha fuerte: “Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido”, asegura.
Dudó en denunciar al comienzo. Luego, lo hizo. Realizó la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas el lunes, después de que otra agente la viera en mal estado y la animara a hacerlo.
“Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”, afirma.
Sánchez, Mansilla, Peredo y Rendo están hoy detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policías. También está detenido Juárez, aunque en su caso bajo otra acusación.
De acuerdo a la denuncia que formuló, al ser abordada la joven oficial trató de defenderse y pidió auxilio a los gritos. En el interín, Juárez salió del baño. Luego, otros tres policías más llegaron para defenderla y se pelearon con los presuntos abusadores.
El fiscal del caso, Jorge Castaña, de la UFI N° 14 de Delitos Sexuales de Malvinas Argentinas, entendió que el acusado pudo haber ayudado a Mariana cuando la sometieron. Por eso lo imputó por el delito de “omisión del deber de socorro” y pidió su detención.
Sin embargo, la visión de Mariana respecto de la responsabilidad de Juárez es diferente: “Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía”, dice.
La joven piensa que Juárez quizá no se quedó en el baño para defenderla “por miedo”. Y supone que su detención tal vez se deba a la declaración de sus otros compañeros, que hablaron ante el fiscal antes que ella. “Capaz uno lo complicó inconscientemente”, conjetura. Igualmente, pide que “la Justicia haga lo que tenga que hacer y que los responsables, paguen”.
Los cinco detenidos se negaron a declarar y quedaron a disposición del Juzgado de Garantías 4 de San Martín. Por otro lado, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió desafectarlos.
La joven ingresó a la Policía para seguir los pasos de sus padres, que también integran la fuerza. Dice que volverá a prestar servicio una vez que supere este proceso. Cuando esté en condiciones, lo hará saber y un psicólogo dará la autorización definitiva.
Mientras, los compañeros que la ayudaron la sostienen. “Los sigo llamando y me siguen haciendo reír, llorar. Más que con el tema de la cuarentena no puedo salir a distraerme. Son con los que venía compartiendo todo. Me salvaron la vida”.
Infobae
En la madrugada de este martes, un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda XR sobre avenida Chacabuco, casi avenida Ulises López de Posadas cuando, por causas que son materia de investigación, despistó y perdió la vida tras caer con violencia sobre la cinta asfáltica.
La víctima fue identificada como Cristian Leonardo Wasinger, quien se desempeñaba como soldado del Ejército Argentino en Misiones.
Según constató el personal médico policial que acudió al lugar, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.
El hecho se registró alrededor de las 7 e inmediatamente acudieron efectivos policiales y peritos, quienes realizaron las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del hecho.
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Una semana después del informe que releva un esquema de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, llegó una amenaza de censura contra La Voz de Misiones. Lo hizo el ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes, quien ahora se desempeña como abogado defensor particular de una pareja bonaerense que fue condenada por los delitos cometidos en el hecho investigado.
El ex magistrado, que fue destituido por un juicio político realizado en 2007, envío una carta documento a título a personal que llegó este lunes a la mañana a la redacción de La Voz de Misiones, medio que el 5 de enero pasado publicó la nota “Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena”.
En dicha publicación, LVM expuso dos casos de entrega de niños recién nacidos que ocurrieron entre 2021 y 2022 en Concepción de la Sierra, donde los diversos autores implicados, tanto la madre biológica, como quienes oficiaron de intermediarios y quienes recibieron a los menores, asumieron sus respectivas responsabilidades en sendos acuerdos de juicio abreviado que se tradujeron en sentencias condenatorias.
Uno de esos involucra a la pareja conformada por el utilero de escenografía Luis Gabriel Ibáñez y a su esposa Lorena Soledad Márquez, quienes residen en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero que en marzo de 2022 vinieron hasta la tierra colorada para llevarse a una niña de cuatro meses con la que convivieron unos pocos meses hasta que el Juzgado Multifuero de Apóstoles descubrió la maniobra y ordenó un operativo de rescate que se concretó exitosamente.
Después de ello, se activó una causa penal que fue dirigida por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas. El expediente continuó su curso normal, con incorporación de pruebas, toma de indagatorias y exámenes de ADN, hasta que fue enviado a juicio oral, aunque antes de llegar a esa instancia los bonaerenses firmaron un acuerdo de juicio abreviado donde admitieron su culpabilidad con la anuencia de Reyes como abogado defensor.
De esa manera, tanto Ibáñez como Márquez recibieron 3 años de prisión en suspenso por delitos de “alteración del Estado civil y de la Identidad de un menor de diez años y Falsedad ideológica de un instrumento público”, con la diferencia de que a la mujer también se le atribuyó “promoción e intermediación”.
La carta documento de Reyes fue emitida el 9 de enero y llegó hoy a la redacción de LVM.
“Merecen la censura”
Ahora, Reyes, en su carácter de abogado defensor de ambos condenados, pero a título personal y desde su estudio en J.J. Lanusse 136 de Apóstoles, envío una carta documento intimando al medio a eliminar la nota publicada argumentando “calumnias”, atacando la fuente de información y considerando que los datos revelados “merecen la censura”.
“Intimo se abstenga a calumniar a mis defendidos mencionados en el segundo caso publicado en las redes sociales, en clara violación ART. 1° Ley 27.708, que únicamente pudieron ser obtenidos de fuentes judiciales del fuero penal federal y provincial”, invoca Reyes.
En otro párrafo, arguye que “el periodismo viola el ART. 28 CN porque están incurriendo en el delito revelando los datos de los involucrados judicialmente y con ello perjudican el honor, la reputación e integridad de personas concretas”.
“Es indudable que obtuvieron esos datos y los publicaron injustificadamente con un efecto de amplitud y velocidad impredecible que merecen la censura”, remata luego.
Incluso, añade cuestiones que de índole cuasi personal que en ningún momento fueron objeto de la publicación efectuada por este diario. En su escrito Reyes acusa que “el juez y la defensora oficial de Apóstoles inculparon falsamente a sus defensores por instigadores a cometer delito supresión de identidad” y acto seguido se defiende “nunca antes tuvimos contactos con ellos ni la madre de la niña”.
El documento cierra con una intimidación de 72 horas para “retractarse y suprimir de las redes dicha noticia”, con la advertencia de ser “demandados y querellados” en caso contrario.
Información pública
Asesores consultados por LVM calificaron la presentación como “errónea, improcedente y hasta contradictoria”.
Por ejemplo, explicaron que uno de los articulados citados, el ART. 1° Ley 27.708 (Ley Argentina Digital), que tiene por objeto declarar “de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”, normativa considerada “no aplicable” para este caso puntual.
Además, yerra severamente Reyes cuando hipotetiza sobre el origen de la información. Es que, más allá de las inobjetables fuentes consultadas por este medio, el fallo que condena a sus defendidos es de público conocimiento en internet, donde el documento está a solo unos click’s de distancia para quien sabe navegar en sitios oficiales de información pública.
Sin ir más lejos, la sentencia condenatoria de 16 páginas emitida por el Tribunal Oral Federal de Posadas contra los defendidos de Reyes se encuentra aún disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), siendo de esta manera información pública, a disposición de cualquier ciudadano.
El fallo que condena a los defendidos de Reyes es público en el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
Destituido
Reyes, que ahora ejerce como abogado particular, supo ser un juez marcado por resoluciones polémicas que incluso le valieron un juicio político que derivó en su destitución.
El ex magistrado fue titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero fue acusado de habilitar un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE”, que le permitió extraer 3 millones de pesos del banco Macro, supuestamente en concepto de pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Esa situación le valió un Jury que culminó en 2007 con su destitución del cargo. Para evitar la expulsión había renunciado, pero la dimisión no le fue aceptada.
El nombre Reyes, además, volvió a ser noticia recientemente cuando se supo que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida el 26 de junio de 2003 dentro del destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
El primero en atender esa causa fue Reyes cuando dirigía el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, pero en tres meses decidió archivar el expediente al considerar el hecho como suicidio, tesis que aún 20 años después sigue en duda, con fuertes indicios de que en realidad se trató de un caso de violencia institucional.
Entrega de bebés en Concepción de la Sierra: maniobra, artilugios y condena
En la madrugada de este lunes, un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 66 años, circulaba en sentido Iguazú–Posadas cuando embistió a un peatón, provocando su muerte sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 1441, en jurisdicción de la ciudad de Jardín América.
La víctima fue identificada como Hugo Orlando Villar (60), quien se encontraba domiciliado en Colonia Primavera. Al momento del impacto quedó sobre la banquina, sin obstruir la circulación vehicular.
En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Seccional Primera de Jardín América, dependiente de la Unidad Regional IX.
Por disposición judicial, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo involucrado y practicaron los exámenes de dosaje sanguíneo tanto al conductor como a la víctima
Por estas horas realizan las averiguaciones correspondientes a fin de establecer la identidad del fallecido y los motivos que desencadenaron el fatal desenlace.
Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a un familiar para velatorio y posterior inhumación.
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