Policiales
La novia de un funcionario de Montecarlo lo denunció por propinarle una golpiza en un hostel de Iguazú
PUERTO IGUAZÚ. Una joven de 23 años denunció que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Montecarlo, Horacio Oscar Ferreira, le propinó una brutal golpiza cuando ambos se encontraban alojados en un hostel de Puerto Iguazú, el domingo pasado, confirmó la Policía provincial.
La víctima, que se identificó como Rocío Da Luz, dijo ante la Policía que el hombre de 47 años le había apretado “el cuello, me empujó contra la pared y continuó golpeándome por todo el cuerpo”, durante un intercambio que mantuvieron en el alojamiento contratado.
De acuerdo con el relato de la denunciante, se encontraban de paseo en la ciudad de las Cataratas desde el sábado pasado, cuando decidieron asistir a un boliche del lugar, tras lo cual se alojaron en un hostel donde se desataron los incidentes entre ambos.
Alrededor de las 6 del domingo, “volvimos al hostel, en eso le escribió una chica a su celular que quería utilizar sus influencias para que la saque de estar detenida, porque tuvo una pelea en un boliche en Montecarlo. Le planteé el por qué tenía que ayudarle, él se enojó y me dio un golpe a mano cerrada en mi rostro”, dijo Da Luz.
La joven admitió en declaraciones a distintos medios que se defendió de la agresión, pero Ferreira le apretó el cuello y además “me empujó contra la pared y continuó golpeándome por todo el cuerpo”, tras lo cual hubo un fuerte intercambio de palabras y empujones pero él “continúo golpeándome”, dijo.
En determinado momento “caigo y él cree que me desmayé, entonces agarró su celular y llamó a la policía”, señaló la joven, no obstante lo cual le advirtió a su pareja que “lo iba a denunciar y me contestó que no iba a poder hacer nada porque él tiene influencia en la localidad de Montecarlo, me dijo que me iba a matar”.
El incidente fue denunciado en la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, adonde Da Luz llegó a bordo de un patrullero, ya cerca del mediodía del domingo, tras cual se retiró acompañada por familiares.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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