Policiales
La llamaron “de Emsa” para un arreglo por la tormenta y le hackearon WhatsApp
Una peluquera de Posadas denunció que delincuentes cibernéticos hackearon su WhatsApp haciéndose pasar por trabajadores de Energía de Misiones (Emsa) y ahora estafan a sus clientes solicitando transferencias por billeteras electrónicas, ardid mediante el cual ya se apoderaron de casi 100.000 pesos.
El caso fue denunciado por Silvia Gonzaga, propietaria de la peluquería Sublime, ubicada sobre calle Ayacucho, a quien ayer vulneraron su cuenta de WhatsApp y, desde ese momento, se hicieron pasar por ella para estafar a sus contactos, la mayoría de ellos clientes.
“Es muy triste, me siento re mal con todo esto porque mucha gente actuó de buena fe, siendo solidaria conmigo, prestando plata que supuestamente yo pedía como favor, pero en realidad no era yo. Todos sabemos que hoy en día la plata no sobra en ninguna familia, así que el daño es muy grande. Habrán hecho estragos, tengo más de 5.000 contactos”, señaló Gonzaga en diálogo con La Voz de Misiones.
La estilista dio detalles de cómo accedieron a su línea de WhatsApp, revelando las labores de inteligencia desarrolladas por los delincuentes informáticos detrás de la estafa.
De Emsa a las estafas
Gonzaga contó que todo comenzó con un llamado al teléfono fijo de la peluquería, donde los delincuentes se hicieron pasar por agentes de Emsa que estaban realizando un relevamiento sobre daños provocados por la reciente tormenta de Santa Rosa, para realizar tareas de mantenimiento y arreglos.
Cuando sintieron que tenían la situación bajo control, los estafadores le solicitaron a Gonzaga su número de WhatsApp y continuaron la treta por esa vía.
“Me dijeron que tenían que programar una visita o un corte, pero se podía convenir el horario. Para eso me dijeron que iban a enviar un código por WhastApp y yo tenía que reenviarle esos números para confirmar la operación. La verdad que caí, no me di cuenta”, admitió a LVM Gonzaga, con resignación y bronca.
Es que, en realidad, ese código se trataba de un PIN para acceder al WhastApp desde otro celular, activando la función de multidispositivos, que permite abrir una misma cuenta en varios teléfonos.
A partir de ahí, la cuenta fue duplicada, lo que también implica acceso a la lista de contacto y al contenido de las últimas conversaciones.
Así fue como los estafadores comenzaron a entablar chats haciéndose pasar por Gonzaga y, mediante un análisis del historial con cada contacto, supieron armar diversas historias para que nadie desconfíe.
Por ejemplo, recientemente un cliente envió un mensaje para pedir un turno y, tras la confirmación de un horario, abrieron el camino para el intento de estafa.
“Tengo que hacer un pago por transferencia y mi cuenta no me deja transferir, vos no tenés para transferirme, yo ahora te devuelvo sin falta”, preguntaron al cliente, a quien luego le dijeron que necesitaba el dinero porque “justo cayó una proveedora”.
El monto solicitado en esta ocasión fue de 15.000 pesos, pero en otros casos alcanzaron a pedir hasta 60.000 y lograron que la transferencia se haga.
En este último hecho en particular, el cliente se negó a realizar la transferencia, pero los estafadores no se detuvieron. Frustrada la posibilidad de obtener dinero de ese contacto, quisieron tender otra trampa, esta vez, para duplicar otra cuenta de WhastApp.
Es que después indicaron que, a partir de esta semana, en la peluquería estaban funcionando con “un sistema de turnos programados” y que para ello enviarían un código de confirmación.
Ese código de confirmación no era más que otro PIN para activar la función multidispositivos, mediante el cual accedería a la línea del cliente y desde allí iniciarían una nueva cadena de estafas.
El hecho fue denunciado ante la Policía de Misiones y ahora bajo investigación de los agentes especializados de la Dirección Cibercrimen.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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