Policiales
La autopsia indica que Inés Zorreguieta se suicidó y Máxima llega al país con el rey
El Cuerpo Médico Forense describió una mecánica de la muerte que coincide con la escena de la muerte. No tenía lesiones defensivas. La hermana de la reina de Holanda fue encontrada muerta en su departamento de Caballito. El Cuerpo Médico Forense hizo un adelanto de la autopsia al cuerpo de Inés Zorreguieta y la conclusión es que la hermana de Máxima, la reina de Holanda, se suicidó.
Fuentes al tanto de la investigación informaron a Infobae que la mecánica de la muerte de Zorreguieta que describieron los médicos coinciden con la escena en la que la mujer de 33 años fue hallada ayer a la noche en su departamento del barrio de Caballito. Los profesionales también informaron que el cuerpo no tenía lesiones defensivas,por lo que así se descarta que haya quería evitar la agresión de alguien. Por lo tanto, se ratifica el suicidio que había sido la primera y única hipótesis de la causa.
Las fuentes consultadas mantuvieron en reserva cómo se quitó la vida Zorreguieta, quien atravesaba un cuadro depresivo, según confirmaron familiares y amigos que declararon en la causa. Los especialistas del Cuerpo Médico Forense le hicieron a los investigadores judiciales un adelanto del resultado de la autopsia. El informe final y por escrito estará en una semana. También están pendientes los estudios toxicológicos e histopatológicos para determinar si hay sustancias en el cuerpo y cuáles. Esos resultados demoran entre dos y tres meses.
El teléfono de Inés Zorreguieta sonó reiteradas veces pero no atendió. Su madre, María del Carmen Cerrutti, y una amiga se preocuparon. Sabían que atravesaba un momento grave de su depresión y por eso decidieron ir hasta el departamento de la calle Río de Janeiro al 200, en el barrio de Caballito. Llegaron después de las 22 horas y encontraron muerta a la hermana de Máxima.
Cuando la amiga -quien tenía un juego de llaves del departamento- y la madre entraron a la vivienda tuvieron que forzar la puerta de la habitación porque no podían ingresar. Allí encontraron a Inés fallecida. Llamaron al 911. Llegó al departamento personal de la Comisaría 11 de la ciudad, luego la fiscal Cinthia Oberlander y peritos. También se acercaron primas de la mujer. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde especialistas del Cuerpo Médico Forense le realizaron la autopsia.
La primera hipótesis que recogió este medio en fuentes oficiales fue que se trató de un suicidio ya que en el departamento no había indicios de que hayan estado otras personas. “No verificándose hasta el momento indicios objetivos de criminalidad”, informó oficialmente la Fiscalía de Instrucción a cargo del caso. A eso se suma que los primeros testimonios recogidos en la causa judicial -a cargo del juez de instrucción Fernando Caunedo y de la fiscal Oberlander– señalan que Zorreguieta atravesaba un cuadro de depresión.
En el departamento la Policía encontró papeles escritos por Zorreguieta que daban cuenta del momento que atravesaba, sin llegar a ser una carta de despedida dirigida a nadie.La amiga, la madre y las primas de Inés Zorreguieta y el encargado del edificio ya declararon. La familia dio cuenta del estado emocional que vivía y el encargado no dio indicios de que esa noche haya ocurrido algo en especial en el edificio.Así, en la causa no se ordenó ninguna medida de prueba para investigar otra hipótesis. “Todo indica que fue un suicidio”, le dijo a este medio una de las personas que trabaja en el causa, lo que quedó ratificado con el adelanto de la autopsia. El expediente judicial está caratulado como “muerte por causa dudosa”. Inés Zorreguieta era psicóloga y trabajaba en la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley.
Un siniestro vial entre dos camionetas se registró este jueves sobre la ruta provincial 6, a la altura del paraje Yacutinga, y tuvo como protagonista al ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, quien viajaba en uno de los vehículos involucrados.
Según fuentes policiales, el choque ocurrió de manera frontal entre una camioneta que se dirigía desde Gobernador Roca hacia Campo Viera, conducida por Sartori, y otro vehículo que circulaba en sentido contrario. El funcionario provincial no sufrió lesiones.
En el segundo vehículo viajaban cinco personas y, producto del impacto, tres de sus ocupantes sufrieron lesiones leves. De acuerdo a la misma fuente, ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad y tampoco se reportaron víctimas fatales.
Luego del impacto, uniformados de la Policía de Misiones y agentes sanitarios acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de ambos camionetas, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.
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La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.
Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.
A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.
Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.
El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.
Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.
Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
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