Policiales
Juicio por el caso Evelyn: “A mi hija la mataron por ser nena”
Densa, fuerte, desgarradora y también reveladora. Así fue la primera jornada del debate oral por el femicidio de Evelyn Rojas, que comenzó a las 8.45 y culminó cerca de las 15, luego de la declaración de cuatro testigos, entre ellos la madre y la hermana de la víctima, quienes reconstruyeron la discriminación y los contextos de vulnerabilidad que la muchacha padeció durante prácticamente toda su vida.
La audiencia comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y oposición formulados por las partes (fiscalía, querella y defensa) durante la etapa de instrucción, proceso en el cual prevaleció el pedido efectuado por la fiscal Adriana Herbociani, que consideró que el caso debía ser caratulado como “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual Ramón Da Silva, único imputado por el hecho, puede ser condenado a prisión perpetua.
La calificación de “femicidio” es lo que le da una particularidad histórica al debate, dado que es la primera vez que el asesinato de una mujer trans es juzgado bajo esa figura en Misiones.
Sin embargo, desde la querella, encabezada por la letrada Florencia González, al igual que en la etapa de instrucción, buscarán que el agravante de femicidio sea reemplazado por el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina, al considerar el hecho como un “crimen de odio” hacia la identidad de género de Evelyn, que al momento de ser asesinada tenía 26 años y era trabajadora sexual en la capital provincial.
En esa línea, pudo haber tenido gran relevancia el testimonio brindado ya sobre el filo del mediodía por Patricia Villalba, madre de Evelyn y querellante particular en la causa, quien realizó un crudo repaso de la vida de su hija, de los padecimientos sufridos desde adolescente y de la discriminación y la exclusión de la que fue víctima durante prácticamente toda su vida. También, entre lágrimas y crisis de nervios, relató los episodios de violencia que la joven sufrió a manos del único imputado, conocido por sus alias de “Ramoncito”, “Junior” o “Polaquito”.
“Evelyn desde muy chiquita es una nena. Siempre me lo manifestó y todos la apoyamos. Ella hizo solo la primaria porque era demasiado el bullying que sufría. Yo me tenía que preparar todos los días para recibirla y decirle que eso algún día iba a cambiar”, comenzó la testigo.
La mujer señaló que, tras dejar la escuela, Evelyn buscó por todos los medios un trabajo, pero chocó una y otra vez contra la discriminación y la exclusión. “Ni siquiera como empleada doméstica la quisieron”, apuntó.
Cerca de los 18, Evelyn conoció a su primera pareja, Enrique, con quien tuvo una relación estable y sin violencia, pero que se interrumpió cuando el hombre quedó detenido. Ya para ese entonces la muchacha había comenzado a desempeñarse como trabajadora sexual, pero su familia volvió a llevarla a casa.
Desde ahí, la joven vivió en una pieza en el fondo de la propiedad familiar. Tenía todo. Heladera, cocina, televisor, cama, sillas, etcétera. Pero todo acabó cuando Junior entró en su vida.
Junior y el infierno
“Cuando conoció a Junior ella empezó a tomar más que nunca, volvió a la calle y volvía todos los días golpeada. Los golpes no eran solo faciales, eran en la espalda, en la cadera, en las piernas”, recordó Patricia.
La mujer señaló que un tiempo Evelyn convivió con Junior en esa piecita del fondo, pero los fines de semana el lugar se transformaba en un “infierno”. Sin embargo, la muchacha nunca dejó que la familia radique denuncias respecto a la permanente violencia que sufría.
“De los pocos meses que vivieron juntos en mi casa, no hubo un domingo o un fin de semana que pasen bien. Era un caos esa pieza. Se escuchaban los golpes, pero ella decía que no era nada. Una vez casi le sacó un ojo con una bombilla, pero en la Policía no me dejaron radicar la denuncia porque Evelyn ya era mayor”, expresó la testigo ante las partes.
Patricia además señaló que Junior constantemente insultaba y denigraba a Evelyn. “Él le decía ‘p… de mier.. no servís para nada. Sucio. Para qué te vestís así, si vos no sos eso, vos sos hombre’. A mí eso me daba una impotencia, un dolor. Cuando a ella la encontraron no solo que tenía los golpes, él también le había cortado el pelo, que era lo que ella más amaba. A mi hija la mataron por ser nena”, lanzó, con contundencia, la madre de la víctima.
Más tarde declaró Belén, una hermana de Evelyn, que dio un testimonio bastante similar al de su madre, recordando los mismos episodios de violencia y los padecimientos de la víctima.
Ambas mencionaron que Junior sólo ejercía violencia sobre Evelyn, dado que nunca ni siquiera confrontó con los demás integrantes de la familia. También recordaron que el hombre constantemente le quitaba dinero a la muchacha o vendía los artefactos de la vivienda.
“Ella era la reina de la casa, siempre la aceptamos. Ella era todo para nosotros, hasta que conoció a este hombre y ahí empezó lo peor para la familia. Los golpes, los gritos. Era cosa de todos los días. Era un infierno aguantar eso”, señaló Belén.
“Golpeada y arrastrada”
La jornada se completó con los testimonios del médico policial Ricardo Gaudencio y el oficial Juan Carlos Tainski, quienes intervinieron en la escena del crimen aquel 27 de octubre de 2016, dentro de la estación de servicios abandonada en la intersección de las avenidas Uruguay y Bouchardo de Posadas.
Gaudencio recordó que revisó el cadáver y constató que la mujer había sido “golpeada en todas partes y arrastrada”.
“Se notaba que había sido agredida brutalmente. Ese día quedamos todos sorprendidos. Tenía el rostro desfigurado”, graficó.
Tainski, en tanto, recordó haber visto manchas de sangre en un sector y signos de arrastre hasta la fosa donde finalmente estaba el cadáver.
Mañana, un testimonio clave
El debate oral continuará mañana, con la declaración de al menos seis testigos. Entre ellos, se destaca María Ignacia Galeano, la vecina que vio a Evelyn junto a Junior la noche anterior al crimen y cuyo aporte fue trascendental para la investigación trazada en aquel entonces.
Esta mañana, Da Silva optó por no declarar y, tras un pedido de la defensa, el Tribunal autorizó que no comparezca a las demás audiencias programadas para el resto de la semana.
En el juicio interviene el fiscal Martín Alejandro Rau, la letrada querellante particular en representación de la familia de Evelyn, Florencia González, y el defensor oficial Mario Ramírez, que patrocina al acusado.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso está presidido por Viviana Cukla e integrado por sus pares Ángel Dejesús Cardozo y Marcela Leiva (subrogante).
La abogada querellante Florencia González y el fiscal Martín Rau, en pleno debate.
El imputado, Ramoncito o Junior, ya no estará presente en la sala de debate en las próximas audiencias.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso está presidido por la magistrada Viviana Cukla.
La abogada González y la familia de Evelyn.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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