Judiciales
Vecina de Horacelia: “Esa noche escuché gritos, un golpe final y silencio”
“Era un domingo Día del Niño. Esa noche escuché golpes en las paredes, escuché los llantos y los gritos de auxilio, hasta que hubo un golpe final y un silencio absoluto”, afirmó una vecina de Horacelia Marasca (16) y sacudió la tercera jornada del juicio oral para esclarecer el femicidio de la adolescente asesinada y descuartizada en agosto de 2015 en su departamento de la chacra 150 de Villa Cabello de Posadas.
Fueron solo 19 minutos de declaración, pero el testimonio de María Ester Gunther fue tan conciso como contundente y dramático.
La mujer era vecina de Horacelia y hoy fue una de las seis testimoniales que se recolectaron en la jornada.
En orden cronológico, Gunther fue la cuarta testigo en presentarse ante el Tribunal Penal Dos, pero apenas ocupó su lugar, lanzó su categórico testimonio. Admitió que declarar frente al único imputado en la causa, Martín Fernando Monzón (39), ex concubino de Horacelia, le parecía “chocante”, pero aceptó continuar sin que el acusado sea retirado de la sala.
La mujer recordó que vivía en un departamento lindante al de Horacelia y en varias oportunidades oyó discusiones en la pareja y llantos de la víctima.
Monzón está detenido desde el inicio del caso y puede ser condenado a prisión perpetua.
En esa línea, señaló que una ocasión escuchó gritos y, al salir por una ventana, vio a la pareja discutir.
“Ellos estaban en el patio, ella le pedía a él que no saliera porque se iba a ver con otras chicas. Él le decía que no le tocaba ni con un palo y le pecheaba. Yo me metí, le grité desde la ventana, pero él me insultó y gritó que me vuelva a meter para adentro. Ella todavía tenía pancita en ese tiempo”, recordó la testigo, en clara referencia a un fecha previa al nacimiento del hijo que Horacelia y Monzón tienen en común, que al momento del hecho tenía apenas cinco meses.
Sobre la noche del hecho que, según se desprende de la reconstrucción del caso, fue el 16 de agosto de 2015, entre las 21.30 y las 23, Gunther fue aún más gráfica: “Esa noche escuché golpes en las paredes, escuché los llantos y los gritos de auxilio de Horacelia, hasta que hubo un golpe final y un silencio absoluto. Yo supuse que le estaba golpeando contra la pared (…); me arrepiento de no haber llamado a la Policía. Ese día bajé y quedé frente a la casa de ellos, pero vino mi hija, me tranquilizó y no fui a la comisaría”.
“Él se burló de mí”
Otro testimonio de relevancia recolectado hoy fue el de Norma Benítez, la madre de la víctima, quien de antemano pidió que Monzón no estuviera en la sala al momento de su declaración.
El tribunal aceptó el pedido y el acusado oyó el testimonio de su ex suegra desde otra sala, a través de una aplicación de videoconferencia por celular.
“El señor Monzón vino después de tres días a mi casa y me dijo: ‘Acá traigo una denuncia contra su hija, cuando vuelva no va a tener ningún derecho sobre nuestro hijo’. Vino a mi casa y me miró a la cara”, fustigó apenas empezó.
Benítez agregó que después de ello se dirigió a la comisaría para radicar otra denuncia por la desaparición de su hija y durante esos primeros días alcanzó a advertir contradicciones en la versión de Monzón: “Él me dijo que ella se había ido con un sereno, pero cuando fui a la casa vi las valijas con todas las cosas de ella”, contó.
Monzón oyó el testimonio de la mamá de Horacelia desde otra sala y a través de una videoconferencia por celular.
También recordó que, al menos una semana antes del hecho, Horacelia le contó haber sufrido un episodio de violencia.
“Un día vino y me dijo que le iba a dejar porque él (por Monzón) la había violentado, que le agarró del cuello y le quería ahorcar, pero una amiga le ayudó”, expresó.
La mujer sostuvo que recién luego del crimen se enteró de las “barbaridades que él le hacía a ella. Cuando se enojaba le sacaba la provista y ella tenía que ir a comedores”.
Atravesada por momentos por la emoción y las lágrimas, Benítez atacó la estrategia defensiva: “Dicen que ella atacó primero y que todo fue en defensa propia. Una le creo, pero tres puñaladas de la magnitud que hizo, ya dice la gravedad de todo. A pesar de todo lo que dicen de ella, nada justifica esto”.
“Él se burló de mí al venir a mi casa, preparó todo. Él pensó que yo no le amaba a mi hija y, como yo no le amaba, no se iba a investigar, pero yo amaba a mi hija, actué y mediante eso hoy esto se pudo saber”, lanzó, ante la atenta mirada de César Yaya, Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante), magistrados que integran el Tribunal Penal Dos.
“Se notaba que tenía hambre”
La última testigo en declarar fue Cristina Villalba, madre de una amiga de Horacelia, una “casi hermana”, quien ya falleció.
El testimonio de Villalba cobra relevancia, ya que coincidió en varios puntos con las demás declaraciones de la jornada.
Por ejemplo, recordó que un día su hija intercedió en una situación de violencia de género entre Horacelia y Monzón, y también aseveró que en varias ocasiones la muchacha iba a comer a su casa porque no tenía comida.
“Por cómo comía, se notaba que tenía hambre. Ella decía que él no le daba comida, no le daba para la leche y le golpeaba”, puntualizó.
También indicó que la adolescente “iba a todos lados con su bebé” y mencionó que, ese 16 de agosto, cerca de las 21, Horacelia fue hasta su casa en lágrimas buscando a su amiga: “Ahí mi hija le dijo que se venga para acá con el bebé. Ella se fue a buscar sus cosas y no la vimos más”, cerró.
El fiscal interviniente en la causa es Vladimir Glinka.
El debate sigue
La jornada se completó con la declaración de otros tres testigos: un policía que recibió la denuncia por desaparición de Horacelia a Monzón; un sereno que mantenía encuentros sexuales paralelos con la adolescente; y un kiosquero del barrio.
El debate continuará el lunes, con más testimoniales. Se prevé que el proceso se extenderá hasta el próximo viernes, instancia en la que posiblemente se desarrolle la ronda de alegatos y luego se dicte sentencia.
Monzón está acusado de “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El acusado no niega el descuartizamiento del cadáver, pero asegura que se defendió de un primer ataque de la muchacha y que el forcejeo el cuchillo acabó incrustado en su pecho.
En la audiencia del jueves declararon dos peritos forenses, quienes detallaron que, antes de ser desmembrada en cinco partes, la víctima sufrió golpes en la cara, pérdida de tres dientes y tres puñaladas en el tórax, una de ellas de 14 centímetros de profundidad, que le perforó el corazón y llegó hasta una vértebra.
Hoy, previo al inicio de las testimoniales, el defensor oficial de Monzón, Miguel Ángel Varela, calificó de “sorpresiva” las declaraciones dadas ayer por los peritos y pidió incorporar como prueba una bibliografía médico-forense con conclusiones “contrarias”.
El fiscal Vladimir Glinka cruzó a Varela y opinó en contra del planteo: “El defensor pretende incorporar prueba documental o pericia de parte porque es un análisis suyo, con interpretaciones propias”.
El tribunal rechazó por unanimidad el planteo, aunque sí aceptó que, al momento de los alegatos, el defensor pueda mencionar dicha bibliografía como referencia, pero no tendrá valor de prueba.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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