Judiciales
Vecina de Horacelia: “Esa noche escuché gritos, un golpe final y silencio”
“Era un domingo Día del Niño. Esa noche escuché golpes en las paredes, escuché los llantos y los gritos de auxilio, hasta que hubo un golpe final y un silencio absoluto”, afirmó una vecina de Horacelia Marasca (16) y sacudió la tercera jornada del juicio oral para esclarecer el femicidio de la adolescente asesinada y descuartizada en agosto de 2015 en su departamento de la chacra 150 de Villa Cabello de Posadas.
Fueron solo 19 minutos de declaración, pero el testimonio de María Ester Gunther fue tan conciso como contundente y dramático.
La mujer era vecina de Horacelia y hoy fue una de las seis testimoniales que se recolectaron en la jornada.
En orden cronológico, Gunther fue la cuarta testigo en presentarse ante el Tribunal Penal Dos, pero apenas ocupó su lugar, lanzó su categórico testimonio. Admitió que declarar frente al único imputado en la causa, Martín Fernando Monzón (39), ex concubino de Horacelia, le parecía “chocante”, pero aceptó continuar sin que el acusado sea retirado de la sala.
La mujer recordó que vivía en un departamento lindante al de Horacelia y en varias oportunidades oyó discusiones en la pareja y llantos de la víctima.
Monzón está detenido desde el inicio del caso y puede ser condenado a prisión perpetua.
En esa línea, señaló que una ocasión escuchó gritos y, al salir por una ventana, vio a la pareja discutir.
“Ellos estaban en el patio, ella le pedía a él que no saliera porque se iba a ver con otras chicas. Él le decía que no le tocaba ni con un palo y le pecheaba. Yo me metí, le grité desde la ventana, pero él me insultó y gritó que me vuelva a meter para adentro. Ella todavía tenía pancita en ese tiempo”, recordó la testigo, en clara referencia a un fecha previa al nacimiento del hijo que Horacelia y Monzón tienen en común, que al momento del hecho tenía apenas cinco meses.
Sobre la noche del hecho que, según se desprende de la reconstrucción del caso, fue el 16 de agosto de 2015, entre las 21.30 y las 23, Gunther fue aún más gráfica: “Esa noche escuché golpes en las paredes, escuché los llantos y los gritos de auxilio de Horacelia, hasta que hubo un golpe final y un silencio absoluto. Yo supuse que le estaba golpeando contra la pared (…); me arrepiento de no haber llamado a la Policía. Ese día bajé y quedé frente a la casa de ellos, pero vino mi hija, me tranquilizó y no fui a la comisaría”.
“Él se burló de mí”
Otro testimonio de relevancia recolectado hoy fue el de Norma Benítez, la madre de la víctima, quien de antemano pidió que Monzón no estuviera en la sala al momento de su declaración.
El tribunal aceptó el pedido y el acusado oyó el testimonio de su ex suegra desde otra sala, a través de una aplicación de videoconferencia por celular.
“El señor Monzón vino después de tres días a mi casa y me dijo: ‘Acá traigo una denuncia contra su hija, cuando vuelva no va a tener ningún derecho sobre nuestro hijo’. Vino a mi casa y me miró a la cara”, fustigó apenas empezó.
Benítez agregó que después de ello se dirigió a la comisaría para radicar otra denuncia por la desaparición de su hija y durante esos primeros días alcanzó a advertir contradicciones en la versión de Monzón: “Él me dijo que ella se había ido con un sereno, pero cuando fui a la casa vi las valijas con todas las cosas de ella”, contó.
Monzón oyó el testimonio de la mamá de Horacelia desde otra sala y a través de una videoconferencia por celular.
También recordó que, al menos una semana antes del hecho, Horacelia le contó haber sufrido un episodio de violencia.
“Un día vino y me dijo que le iba a dejar porque él (por Monzón) la había violentado, que le agarró del cuello y le quería ahorcar, pero una amiga le ayudó”, expresó.
La mujer sostuvo que recién luego del crimen se enteró de las “barbaridades que él le hacía a ella. Cuando se enojaba le sacaba la provista y ella tenía que ir a comedores”.
Atravesada por momentos por la emoción y las lágrimas, Benítez atacó la estrategia defensiva: “Dicen que ella atacó primero y que todo fue en defensa propia. Una le creo, pero tres puñaladas de la magnitud que hizo, ya dice la gravedad de todo. A pesar de todo lo que dicen de ella, nada justifica esto”.
“Él se burló de mí al venir a mi casa, preparó todo. Él pensó que yo no le amaba a mi hija y, como yo no le amaba, no se iba a investigar, pero yo amaba a mi hija, actué y mediante eso hoy esto se pudo saber”, lanzó, ante la atenta mirada de César Yaya, Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante), magistrados que integran el Tribunal Penal Dos.
“Se notaba que tenía hambre”
La última testigo en declarar fue Cristina Villalba, madre de una amiga de Horacelia, una “casi hermana”, quien ya falleció.
El testimonio de Villalba cobra relevancia, ya que coincidió en varios puntos con las demás declaraciones de la jornada.
Por ejemplo, recordó que un día su hija intercedió en una situación de violencia de género entre Horacelia y Monzón, y también aseveró que en varias ocasiones la muchacha iba a comer a su casa porque no tenía comida.
“Por cómo comía, se notaba que tenía hambre. Ella decía que él no le daba comida, no le daba para la leche y le golpeaba”, puntualizó.
También indicó que la adolescente “iba a todos lados con su bebé” y mencionó que, ese 16 de agosto, cerca de las 21, Horacelia fue hasta su casa en lágrimas buscando a su amiga: “Ahí mi hija le dijo que se venga para acá con el bebé. Ella se fue a buscar sus cosas y no la vimos más”, cerró.
El fiscal interviniente en la causa es Vladimir Glinka.
El debate sigue
La jornada se completó con la declaración de otros tres testigos: un policía que recibió la denuncia por desaparición de Horacelia a Monzón; un sereno que mantenía encuentros sexuales paralelos con la adolescente; y un kiosquero del barrio.
El debate continuará el lunes, con más testimoniales. Se prevé que el proceso se extenderá hasta el próximo viernes, instancia en la que posiblemente se desarrolle la ronda de alegatos y luego se dicte sentencia.
Monzón está acusado de “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El acusado no niega el descuartizamiento del cadáver, pero asegura que se defendió de un primer ataque de la muchacha y que el forcejeo el cuchillo acabó incrustado en su pecho.
En la audiencia del jueves declararon dos peritos forenses, quienes detallaron que, antes de ser desmembrada en cinco partes, la víctima sufrió golpes en la cara, pérdida de tres dientes y tres puñaladas en el tórax, una de ellas de 14 centímetros de profundidad, que le perforó el corazón y llegó hasta una vértebra.
Hoy, previo al inicio de las testimoniales, el defensor oficial de Monzón, Miguel Ángel Varela, calificó de “sorpresiva” las declaraciones dadas ayer por los peritos y pidió incorporar como prueba una bibliografía médico-forense con conclusiones “contrarias”.
El fiscal Vladimir Glinka cruzó a Varela y opinó en contra del planteo: “El defensor pretende incorporar prueba documental o pericia de parte porque es un análisis suyo, con interpretaciones propias”.
El tribunal rechazó por unanimidad el planteo, aunque sí aceptó que, al momento de los alegatos, el defensor pueda mencionar dicha bibliografía como referencia, pero no tendrá valor de prueba.
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para los siete integrantes de una organización narcocriminal integrada por gendarmes, ex miembros de la fuerza y aspirantes a ingresar a la institución, acusados de transportar 334 kilogramos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024.
Entre los principales imputados aparecen varios misioneros, señalados como piezas clave de la estructura delictiva.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, Toranzos pidió la pena máxima de 16 años de prisión para los misioneros Richar Ariel Delgado y Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), además de Gabriel Ruiz Apaza, al considerarlos coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para los otros ex gendarmes misioneros Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado, el fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
La causa expuso el funcionamiento de una organización con fuerte impronta misionera que quedó al descubierto en mayo de 2024, cuando Diego Delgado fue detenido en Salta mientras trasladaba más de 300 kilos de cocaína ocultos en una Volkswagen Amarok. El secuestro de su teléfono celular permitió a los investigadores reconstruir la trama criminal, identificar a los demás involucrados y desarticular la estructura.
El fiscal solicitó 13 y 9 años y 6 meses de prisión para Adrián Emilio Escarlata y Diego Hernán Delgado
Según la investigación encabezada por Toranzos, Ostapowicz y Richar Delgado eran dos de los principales organizadores de la maniobra. Ambos fueron detenidos meses después en operativos realizados en Posadas y Bernardo de Irigoyen, respectivamente. Los investigadores sostienen que tenían un rol central en la logística de los viajes y en la provisión de vehículos utilizados para transportar la droga desde el norte salteño hacia Buenos Aires.
Richar Delgado, oriundo de Azara, había pertenecido a Gendarmería Nacional y llegó a desempeñarse en áreas de investigación de la fuerza. Su hermano menor, Diego Hernán Delgado, también integró la institución hasta ser expulsado tras quedar involucrado en actividades vinculadas al narcotráfico. Ambos quedaron ubicados por la fiscalía entre los actores más relevantes de la organización.
Otro de los misioneros alcanzados por el pedido de condena es Escarlata, domiciliado en Apóstoles. El ex gendarme fue detenido en octubre de 2024 cuando transportaba otros 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda de auxilio. Junto a él viajaba su esposa, Marlene Leonor Hañek, también oriunda de esa localidad.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura estable y organizada, aprovechando conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para ocultar cargamentos y eludir controles. Entre las pruebas incorporadas al debate figuran conversaciones extraídas de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados coordinaban traslados y compartían instrucciones sobre cómo acondicionar la droga en los vehículos y cómo actuar ante eventuales inspecciones.
El tribunal ya declaró la responsabilidad penal de los acusados y resta conocer la sentencia definitiva, que se dará a conocer el próximo jueves. Además de las penas de prisión, el fiscal solicitó el decomiso de bienes secuestrados durante la investigación, entre ellos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y otros activos que presuntamente habrían sido adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilícita.
Contrabando de granos y lavado de activos, otras causas de los narcogendarmes
El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.
El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.
Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.
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