Judiciales
Vecina de Horacelia: “Esa noche escuché gritos, un golpe final y silencio”
“Era un domingo Día del Niño. Esa noche escuché golpes en las paredes, escuché los llantos y los gritos de auxilio, hasta que hubo un golpe final y un silencio absoluto”, afirmó una vecina de Horacelia Marasca (16) y sacudió la tercera jornada del juicio oral para esclarecer el femicidio de la adolescente asesinada y descuartizada en agosto de 2015 en su departamento de la chacra 150 de Villa Cabello de Posadas.
Fueron solo 19 minutos de declaración, pero el testimonio de María Ester Gunther fue tan conciso como contundente y dramático.
La mujer era vecina de Horacelia y hoy fue una de las seis testimoniales que se recolectaron en la jornada.
En orden cronológico, Gunther fue la cuarta testigo en presentarse ante el Tribunal Penal Dos, pero apenas ocupó su lugar, lanzó su categórico testimonio. Admitió que declarar frente al único imputado en la causa, Martín Fernando Monzón (39), ex concubino de Horacelia, le parecía “chocante”, pero aceptó continuar sin que el acusado sea retirado de la sala.
La mujer recordó que vivía en un departamento lindante al de Horacelia y en varias oportunidades oyó discusiones en la pareja y llantos de la víctima.
Monzón está detenido desde el inicio del caso y puede ser condenado a prisión perpetua.
En esa línea, señaló que una ocasión escuchó gritos y, al salir por una ventana, vio a la pareja discutir.
“Ellos estaban en el patio, ella le pedía a él que no saliera porque se iba a ver con otras chicas. Él le decía que no le tocaba ni con un palo y le pecheaba. Yo me metí, le grité desde la ventana, pero él me insultó y gritó que me vuelva a meter para adentro. Ella todavía tenía pancita en ese tiempo”, recordó la testigo, en clara referencia a un fecha previa al nacimiento del hijo que Horacelia y Monzón tienen en común, que al momento del hecho tenía apenas cinco meses.
Sobre la noche del hecho que, según se desprende de la reconstrucción del caso, fue el 16 de agosto de 2015, entre las 21.30 y las 23, Gunther fue aún más gráfica: “Esa noche escuché golpes en las paredes, escuché los llantos y los gritos de auxilio de Horacelia, hasta que hubo un golpe final y un silencio absoluto. Yo supuse que le estaba golpeando contra la pared (…); me arrepiento de no haber llamado a la Policía. Ese día bajé y quedé frente a la casa de ellos, pero vino mi hija, me tranquilizó y no fui a la comisaría”.
“Él se burló de mí”
Otro testimonio de relevancia recolectado hoy fue el de Norma Benítez, la madre de la víctima, quien de antemano pidió que Monzón no estuviera en la sala al momento de su declaración.
El tribunal aceptó el pedido y el acusado oyó el testimonio de su ex suegra desde otra sala, a través de una aplicación de videoconferencia por celular.
“El señor Monzón vino después de tres días a mi casa y me dijo: ‘Acá traigo una denuncia contra su hija, cuando vuelva no va a tener ningún derecho sobre nuestro hijo’. Vino a mi casa y me miró a la cara”, fustigó apenas empezó.
Benítez agregó que después de ello se dirigió a la comisaría para radicar otra denuncia por la desaparición de su hija y durante esos primeros días alcanzó a advertir contradicciones en la versión de Monzón: “Él me dijo que ella se había ido con un sereno, pero cuando fui a la casa vi las valijas con todas las cosas de ella”, contó.
Monzón oyó el testimonio de la mamá de Horacelia desde otra sala y a través de una videoconferencia por celular.
También recordó que, al menos una semana antes del hecho, Horacelia le contó haber sufrido un episodio de violencia.
“Un día vino y me dijo que le iba a dejar porque él (por Monzón) la había violentado, que le agarró del cuello y le quería ahorcar, pero una amiga le ayudó”, expresó.
La mujer sostuvo que recién luego del crimen se enteró de las “barbaridades que él le hacía a ella. Cuando se enojaba le sacaba la provista y ella tenía que ir a comedores”.
Atravesada por momentos por la emoción y las lágrimas, Benítez atacó la estrategia defensiva: “Dicen que ella atacó primero y que todo fue en defensa propia. Una le creo, pero tres puñaladas de la magnitud que hizo, ya dice la gravedad de todo. A pesar de todo lo que dicen de ella, nada justifica esto”.
“Él se burló de mí al venir a mi casa, preparó todo. Él pensó que yo no le amaba a mi hija y, como yo no le amaba, no se iba a investigar, pero yo amaba a mi hija, actué y mediante eso hoy esto se pudo saber”, lanzó, ante la atenta mirada de César Yaya, Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante), magistrados que integran el Tribunal Penal Dos.
“Se notaba que tenía hambre”
La última testigo en declarar fue Cristina Villalba, madre de una amiga de Horacelia, una “casi hermana”, quien ya falleció.
El testimonio de Villalba cobra relevancia, ya que coincidió en varios puntos con las demás declaraciones de la jornada.
Por ejemplo, recordó que un día su hija intercedió en una situación de violencia de género entre Horacelia y Monzón, y también aseveró que en varias ocasiones la muchacha iba a comer a su casa porque no tenía comida.
“Por cómo comía, se notaba que tenía hambre. Ella decía que él no le daba comida, no le daba para la leche y le golpeaba”, puntualizó.
También indicó que la adolescente “iba a todos lados con su bebé” y mencionó que, ese 16 de agosto, cerca de las 21, Horacelia fue hasta su casa en lágrimas buscando a su amiga: “Ahí mi hija le dijo que se venga para acá con el bebé. Ella se fue a buscar sus cosas y no la vimos más”, cerró.
El fiscal interviniente en la causa es Vladimir Glinka.
El debate sigue
La jornada se completó con la declaración de otros tres testigos: un policía que recibió la denuncia por desaparición de Horacelia a Monzón; un sereno que mantenía encuentros sexuales paralelos con la adolescente; y un kiosquero del barrio.
El debate continuará el lunes, con más testimoniales. Se prevé que el proceso se extenderá hasta el próximo viernes, instancia en la que posiblemente se desarrolle la ronda de alegatos y luego se dicte sentencia.
Monzón está acusado de “homicidio agravado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El acusado no niega el descuartizamiento del cadáver, pero asegura que se defendió de un primer ataque de la muchacha y que el forcejeo el cuchillo acabó incrustado en su pecho.
En la audiencia del jueves declararon dos peritos forenses, quienes detallaron que, antes de ser desmembrada en cinco partes, la víctima sufrió golpes en la cara, pérdida de tres dientes y tres puñaladas en el tórax, una de ellas de 14 centímetros de profundidad, que le perforó el corazón y llegó hasta una vértebra.
Hoy, previo al inicio de las testimoniales, el defensor oficial de Monzón, Miguel Ángel Varela, calificó de “sorpresiva” las declaraciones dadas ayer por los peritos y pidió incorporar como prueba una bibliografía médico-forense con conclusiones “contrarias”.
El fiscal Vladimir Glinka cruzó a Varela y opinó en contra del planteo: “El defensor pretende incorporar prueba documental o pericia de parte porque es un análisis suyo, con interpretaciones propias”.
El tribunal rechazó por unanimidad el planteo, aunque sí aceptó que, al momento de los alegatos, el defensor pueda mencionar dicha bibliografía como referencia, pero no tendrá valor de prueba.
Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.
Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.
“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.
Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.
“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.
Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.
“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.
“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.
Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.
El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.
En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.
En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.
Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
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