Judiciales
Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa
El debate oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47), registrada hace una década en Garupá, tuvo hoy su jornada más álgida, con la declaración de siete testigos, algunos de los cuales apuntaron al ex policía Aldo Villalba (37), uno de los imputados, por ocultar información al comienzo del caso, y otros que ubicaron el patrullero que tenía a su cargo en cercanías al escenario del hallazgo del cadáver de la mujer.
La quinta jornada del juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas comenzó pasada las 9 y uno de los primeros testigos de relevancia en ser llamado a comparecer ante los magistrados Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón (subrogante) fue el comisario general retirado José Daniel Cerdán, quien era jefe de la comisaría Quinta de Garupá al momento del hecho y tenía a los imputados Villalba y Albino Rotela (43) como subordinados.
Cerdán recordó que aquel 14 de febrero de 2013 la comisaría fue notificada del hallazgo de una persona sin vida en el barrio Los Potrillos y la comisión que salió a verificar el hecho estuvo integrada por Villalba, Rotela y un hermano del primero -que también era policía- y agregó que todas las actuaciones del caso quedaron a cargo del principal apuntado.
El ex jefe de la Quinta afirmó que recién se enteró de una posible implicancia de Villalba en el hecho tiempo después, cuando el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis e interviniente en el caso durante el comienzo de la pesquisa, lo llamó para pedirle que remita las actuaciones.
Es que, según Cerdan, Villalba nunca le contó que, horas antes del hallazgo sin vida de Rosa, él y Rotela habían levantado a la mujer en el patrullero S-10 de la comisaría tras el llamado de una vecina que se encontró con la víctima desorientada y en plena crisis nerviosa en el barrio Nuevo Garupá.
Fue así que, semanas después de lo sucedido, “Balor me llamó y pidió cerrar la causa e ir al juzgado. Ahí me dice que las cosas fueron muy diferentes. Me dijo ‘tengo vecinos que dicen que tu móvil levantó a la señora’”.
Y Cerdán continuó: “Yo de parte del oficial Villalba no sabía nada, él nunca me contó nada de lo que pasó. Después cuando le pregunté me dijo que me quedara tranquilo, que no me iba a comprometer. Me dijo ‘nosotros le llevamos a la casa y le bajamos, la señora nos pidió que la bajemos’ . Dijo que no contó nada porque se le pasó”.
Villalba -a la izquierda- tomando notas durante el procedimiento de hallazgo del cuerpo. FOTO: Archivo El Territorio.
Villalba, en la casa de Rosa y en el velorio
Otro testimonio que apuntó contra el ex policía Villalba fue el de Jeremías Zarza, hijo de la víctima, quien recordó que el principal imputado fue el encargado de ir a su casa para notificar de la muerte de su madre, sin contarle que previamente habían levantado a la señora en el móvil que tenía a su cargo.
“Él nos dijo que ella murió por causas naturales, que se habría descompensado por el calor, que el cuerpo fue a la morgue y teníamos que esperar la autopsia”, señaló.
Pero eso no fue lo único que Jeremías recordó, sino que, en consonancia con lo declarado por su padre en jornadas previas, también contó que “en el velorio de mi mamá, dos días después, se acercó Villalba a preguntar si teníamos novedades. A mí me preguntó si teníamos el certificado de defunción de mi mamá porque necesitaban para un trámite como institución”.
Esto tiene vinculación al hecho de que un principio el caso fue analizado como un posible deceso por causas naturales, pero una vez en la morgue se determinó que Rosa sufrió una “muerta violenta” como consecuencia de un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”.
Jeremías Zarza, hijo de la víctima, recordó que Villalba estuvo en su casa y también fue al velorio a preguntar por el certificado de defunción.
El patrullero en Los Potrillos
Por otra parte, el último testimonio le correspondió a Walter Rubén “Chinito” Velázquez, cuya palabra centraba expectativas en las partes, principalmente del fiscal Vladimir Glinka, que insistió una y otra vez en lograr su comparecimiento ante el tribunal.
Chinito se trata del joven que ese 14 de febrero estaba detenido en la comisaría Quinta y fue sacado de ahí por la Brigada para ir a recorrer el barrio Los Potrillos junto a los efectivos Emilio Broemser, Adrián Borda y José Bernal.
Por orden del tribunal, tanto los imputados como el hermano de Villalba, que sigue el proceso entre el público desde la primera jornada, fueron retirados de la sala para que el testigo pudiera declarar sin intimidaciones.
El joven narró que ese día fue detenido cerca de las 6 de la mañana, tras lo cual fue alojado en la Quinta y aseguró que después de dormir un buen rato fue sacado de su celda por efectivos de la Brigada, quienes lo subieron a un móvil Chevrolet Corsa de encubierto para ir a “buscar cosas robadas” a Los Potrillos.
Fue en esas circunstancias que detalló que cuando “nosotros salíamos del barrio, ellos entraban. En el patrullero iban tres personas. Villalba, Rotela y un tercero que no pude ver quién era”.
Este es el primer testimonio que ubica el patrullero de Villalba y Rotela en cercanías al escenario del hallazgo del cuerpo, dado que Broemser, Bernal y Borda negaron haberse cruzado con el móvil de sus camaradas.
Chinito junto al fiscal Glinka. El testigo recordó haber visto el patrullero de Villalba y Rotela en el barrio donde Rosa apareció sin vida.
Chinito también contó que durante esa salida con los uniformados de la Brigada fue torturado con picanas y golpes, ante lo cual al finalizar su testimonio el fiscal Glinka solicitó que se extraigan copias de su declaración para remitirlas a la fiscalía de turno para el inicio de una investigación.
Pero eso no fue lo único que lanzó Chinito antes de retirarse, sino que también contó que a fines de julio fue “chupado” por un móvil policial que lo llevó hasta la Comisaría Vigésima donde volvió a encontrarse con el sargento Adrián Borda.
“Me llevaron hasta allá por un supuesto robo. Me llevaron de la nada, me quisieron hacer una causa. Ahí Borda me dijo ‘pensaste que me ibas a perjudicar y mirá, tengo seis ascensos. Yo mando acá. Vos no te vayas a olvidar que vos siempre vas a ser Chinito no más”, recordó con lujo de detalles.
Un testigo, una patada y un acusado fallecido
En el medio de estas declaraciones también compareció el sargento Garay, que trabajaba en la comisaría de Garupá al momento del hecho, quien recordó que durante una acto de citación se encontró con un hombre que se ofreció como testigo, ya que adujo haber escuchado como vecinos del barrio Los Potrillos se adjudicaban una golpiza dada a Rosa.
Ese testigo era Félix Romero, quien teóricamente dijo que haber oído cuando entre esos “jóvenes que se juntaban cerca de mi chacra” comentaron “qué patada le pegué en la cajet.. a esa vieja”.
Esa fue la información que Romero dijo tener en su momento, según recordó Garay, que antes de sentarse en la silla de testigo saludó al hermano del imputado de Villalba.
A esos jóvenes el sindicado testigo Romero habría identificado como “Chinito Velázquez, los hermanos Cobos y Jorge Freitas”, este último era a quien adjudicaban la presunta frase incriminadora. Freitas falleció hace muchos años.
Albino Rotela (43), el otro imputado, era chofer del patrullero que levantó a Rosa.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, instancia en la que se prevé el imputado Villalba preste declaración. Su palabra cerraría la etapa de incorporación de pruebas, tras lo cual se programaría la ronda de alegatos para el próximo miércoles.
Los dos ex policías que enfrentan el juicio están por imputados “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.
A Villalba, además, se le imputa “falsificación ideológica de instrumento público”.
La reconstrucción del caso señala que el 14 de febrero de 2013 Rosa salió de su casa en medio de una crisis nerviosa relacionado a su cuadro de esquizofrenia, tras lo cual llegó hasta la casa de una familia desconocida en el barrio Nuevo Garupá.
Los dueños de casa allí pidieron asistencia de la Policía y al lugar acudió una patrulla de la Quinta a cargo de Villalba y con Rotela como conductor. La mujer fue subida a ese móvil y nada más se supo de ella hasta el hallazgo de su cadáver varias horas después en una cancha del barrio Los Potrillos. Qué sucedió en el medio es lo que se trata de establecer.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
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