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Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa

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Villalba juicio Mirta Rosa

El debate oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47), registrada hace una década en Garupá, tuvo hoy su jornada más álgida, con la declaración de siete testigos, algunos de los cuales apuntaron al ex policía Aldo Villalba (37), uno de los imputados, por ocultar información al comienzo del caso, y otros que ubicaron el patrullero que tenía a su cargo en cercanías al escenario del hallazgo del cadáver de la mujer.

La quinta jornada del juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas comenzó pasada las 9 y uno de los primeros testigos de relevancia en ser llamado a comparecer ante los magistrados Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón (subrogante) fue el comisario general retirado José Daniel Cerdán, quien era jefe de la comisaría Quinta de Garupá al momento del hecho y tenía a los imputados Villalba y Albino Rotela (43) como subordinados.

Cerdán recordó que aquel 14 de febrero de 2013 la comisaría fue notificada del hallazgo de una persona sin vida en el barrio Los Potrillos y la comisión que salió a verificar el hecho estuvo integrada por Villalba, Rotela y un hermano del primero -que también era policía- y agregó que todas las actuaciones del caso quedaron a cargo del principal apuntado.

El ex jefe de la Quinta afirmó que recién se enteró de una posible implicancia de Villalba en el hecho tiempo después, cuando el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis e interviniente en el caso durante el comienzo de la pesquisa, lo llamó para pedirle que remita las actuaciones.

Es que, según Cerdan, Villalba nunca le contó que, horas antes del hallazgo sin vida de Rosa, él y Rotela habían levantado a la mujer en el patrullero S-10 de la comisaría tras el llamado de una vecina que se encontró con la víctima desorientada y en plena crisis nerviosa en el barrio Nuevo Garupá.

Fue así que, semanas después de lo sucedido, “Balor me llamó y pidió cerrar la causa e ir al juzgado. Ahí me dice que las cosas fueron muy diferentes. Me dijo ‘tengo vecinos que dicen que tu móvil levantó a la señora’”.

Y Cerdán continuó: “Yo de parte del oficial Villalba no sabía nada, él nunca me contó nada de lo que pasó. Después cuando le pregunté me dijo que me quedara tranquilo, que no me iba a comprometer. Me dijo ‘nosotros le llevamos a la casa y le bajamos, la señora nos pidió que la bajemos’ . Dijo que no contó nada porque se le pasó”.

Villalba -a la izquierda- tomando notas durante el procedimiento de hallazgo del cuerpo. FOTO: Archivo El Territorio.

Villalba, en la casa de Rosa y en el velorio

Otro testimonio que apuntó contra el ex policía Villalba fue el de Jeremías Zarza, hijo de la víctima, quien recordó que el principal imputado fue el encargado de ir a su casa para notificar de la muerte de su madre, sin contarle que previamente habían levantado a la señora en el móvil que tenía a su cargo.

“Él nos dijo que ella murió por causas naturales, que se habría descompensado por el calor, que el cuerpo fue a la morgue y teníamos que esperar la autopsia”, señaló.

Pero eso no fue lo único que Jeremías recordó, sino que, en consonancia con lo declarado por su padre en jornadas previas, también contó que “en el velorio de mi mamá, dos días después, se acercó Villalba a preguntar si teníamos novedades. A mí me preguntó si teníamos el certificado de defunción de mi mamá porque necesitaban para un trámite como institución”.

Esto tiene vinculación al hecho de que un principio el caso fue analizado como un posible deceso por causas naturales, pero una vez en la morgue se determinó que Rosa sufrió una “muerta violenta” como consecuencia de un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”.

Jeremías Zarza, hijo de la víctima, recordó que Villalba estuvo en su casa y también fue al velorio a preguntar por el certificado de defunción.

El patrullero en Los Potrillos

Por otra parte, el último testimonio le correspondió a Walter Rubén “Chinito” Velázquez, cuya palabra centraba expectativas en las partes, principalmente del fiscal Vladimir Glinka, que insistió una y otra vez en lograr su comparecimiento ante el tribunal.

Chinito se trata del joven que ese 14 de febrero estaba detenido en la comisaría Quinta y fue sacado de ahí por la Brigada para ir a recorrer el barrio Los Potrillos junto a los efectivos Emilio Broemser, Adrián Borda y José Bernal.

Por orden del tribunal, tanto los imputados como el hermano de Villalba, que sigue el proceso entre el público desde la primera jornada, fueron retirados de la sala para que el testigo pudiera declarar sin intimidaciones. 

El joven narró que ese día fue detenido cerca de las 6 de la mañana, tras lo cual fue alojado en la Quinta y aseguró que después de dormir un buen rato fue sacado de su celda por efectivos de la Brigada, quienes lo subieron a un móvil Chevrolet Corsa de encubierto para ir a “buscar cosas robadas” a Los Potrillos.

Fue en esas circunstancias que detalló que cuando “nosotros salíamos del barrio, ellos entraban. En el patrullero iban tres personas. Villalba, Rotela y un tercero que no pude ver quién era”.

Este es el primer testimonio que ubica el patrullero de Villalba y Rotela en cercanías al escenario del hallazgo del cuerpo, dado que Broemser, Bernal y Borda negaron haberse cruzado con el móvil de sus camaradas.

Chinito junto al fiscal Glinka. El testigo recordó haber visto el patrullero de Villalba y Rotela en el barrio donde Rosa apareció sin vida.

Chinito también contó que durante esa salida con los uniformados de la Brigada fue torturado con picanas y golpes, ante lo cual al finalizar su testimonio el fiscal Glinka solicitó que se extraigan copias de su declaración para remitirlas a la fiscalía de turno para el inicio de una investigación.

Pero eso no fue lo único que lanzó Chinito antes de retirarse, sino que también contó que a fines de julio fue “chupado” por un móvil policial que lo llevó hasta la Comisaría Vigésima donde volvió a encontrarse con el sargento Adrián Borda.

“Me llevaron hasta allá por un supuesto robo. Me llevaron de la nada, me quisieron hacer una causa. Ahí Borda me dijo ‘pensaste que me ibas a perjudicar y mirá, tengo seis ascensos. Yo mando acá. Vos no te vayas a olvidar que vos siempre vas a ser Chinito no más”, recordó con lujo de detalles.

Un testigo, una patada y un acusado fallecido

En el medio de estas declaraciones también compareció el sargento Garay, que trabajaba en la comisaría de Garupá al momento del hecho, quien recordó que durante una acto de citación se encontró con un hombre que se ofreció como testigo, ya que adujo haber escuchado como vecinos del barrio Los Potrillos se adjudicaban una golpiza dada a Rosa.

Ese testigo era Félix Romero, quien teóricamente dijo que haber oído cuando entre esos “jóvenes que se juntaban cerca de mi chacra” comentaron “qué patada le pegué en la cajet.. a esa vieja”.

Esa fue la información que Romero dijo tener en su momento, según recordó Garay, que antes de sentarse en la silla de testigo saludó al hermano del imputado de Villalba.

A esos jóvenes el sindicado testigo Romero habría identificado como “Chinito Velázquez, los hermanos Cobos y Jorge Freitas”, este último era a quien adjudicaban la presunta frase incriminadora. Freitas falleció hace muchos años.

Albino Rotela (43), el otro imputado, era chofer del patrullero que levantó a Rosa.

El debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, instancia en la que se prevé el imputado Villalba preste declaración. Su palabra cerraría la etapa de incorporación de pruebas, tras lo cual se programaría la ronda de alegatos para el próximo miércoles.

Los dos ex policías que enfrentan el juicio están por imputados “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.

A Villalba, además, se le imputa “falsificación ideológica de instrumento público”.

La reconstrucción del caso señala que el 14 de febrero de 2013 Rosa salió de su casa en medio de una crisis nerviosa relacionado a su cuadro de esquizofrenia, tras lo cual llegó hasta la casa de una familia desconocida en el barrio Nuevo Garupá.

Los dueños de casa allí pidieron asistencia de la Policía y al lugar acudió una patrulla de la Quinta a cargo de Villalba y con Rotela como conductor. La mujer fue subida a ese móvil y nada más se supo de ella hasta el hallazgo de su cadáver varias horas después en una cancha del barrio Los Potrillos. Qué sucedió en el medio es lo que se trata de establecer.

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Admitió que intentó matar a su ex y firmó un abreviado por 14 años de prisión

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Un hombre imputado por intento de femicidio contra su ex pareja en un paraje de Salto Encantado en 2023 aceptó su culpa y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 14 años de prisión.

El debate contra Marino Ángel Dutra (42) debía comenzar mañana ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, pero la audiencia fue suspendido en virtud de un acuerdo rubricado entre el imputado, su abogado defensor y el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi.

De esta manera, Dutra se reconoció culpable y aceptó ser condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de femicidio agravado por el vínculo y por la violencia de género en grado de tentativa, desobediencia judicial y daño, acuerdo que ahora debe ser homologado por el tribunal integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y un tercer vocal subrogante.

El hecho que debía ventilarse en debate oral ocurrió el 6 de abril de 2023, cuando Dutra irrumpió en la vivienda de su ex pareja en el paraje Cerro Moreno de Salto Encantado y atacó a cuchillazos a la mujer.

La víctima, de 32 años en aquel entonces, sufrió al menos dos lesiones punzo-cortantes, una en un brazo y otra en el abdomen, heridas que requirieron de atención médica urgente en el hospital de Aristóbulo del Valle.

Después del ataque, el acusado escapó del lugar y fue capturado horas después, instancia donde además se confirmó que para perpetrar el ataque incumplió una medida de restricción de acercamiento que estaba vigente por una denuncia por violencia de género radicada previamente.

Ahora, más de tres años después de aquel hecho, Dutra admitió su culpabilidad y deberá continuar tras las rejas un largo tiempo más.

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Johan Bodji, el “rey de las mulas narco”, y su banda serán juzgados en Posadas

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.

Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngsentre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.

La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.

El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.

Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.

Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.

Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.

Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.

San José, el origen

El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.

La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.

La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.

En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.

La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.

Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.

Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.

Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.

Va cocaína, llega éxtasis

Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.

La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.

El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.

El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.

Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.

La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.

Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.

 

Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis

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La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo

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El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.

Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.

En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”. 

En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.

En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal. 

A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.

Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada. 

De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.

Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo

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