Judiciales
Testimonios apuntaron a Villalba por ocultar información del caso Rosa
El debate oral para esclarecer la muerte de la docente jubilada con esquizofrenia Mirta Carmen Rosa (47), registrada hace una década en Garupá, tuvo hoy su jornada más álgida, con la declaración de siete testigos, algunos de los cuales apuntaron al ex policía Aldo Villalba (37), uno de los imputados, por ocultar información al comienzo del caso, y otros que ubicaron el patrullero que tenía a su cargo en cercanías al escenario del hallazgo del cadáver de la mujer.
La quinta jornada del juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas comenzó pasada las 9 y uno de los primeros testigos de relevancia en ser llamado a comparecer ante los magistrados Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón (subrogante) fue el comisario general retirado José Daniel Cerdán, quien era jefe de la comisaría Quinta de Garupá al momento del hecho y tenía a los imputados Villalba y Albino Rotela (43) como subordinados.
Cerdán recordó que aquel 14 de febrero de 2013 la comisaría fue notificada del hallazgo de una persona sin vida en el barrio Los Potrillos y la comisión que salió a verificar el hecho estuvo integrada por Villalba, Rotela y un hermano del primero -que también era policía- y agregó que todas las actuaciones del caso quedaron a cargo del principal apuntado.
El ex jefe de la Quinta afirmó que recién se enteró de una posible implicancia de Villalba en el hecho tiempo después, cuando el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis e interviniente en el caso durante el comienzo de la pesquisa, lo llamó para pedirle que remita las actuaciones.
Es que, según Cerdan, Villalba nunca le contó que, horas antes del hallazgo sin vida de Rosa, él y Rotela habían levantado a la mujer en el patrullero S-10 de la comisaría tras el llamado de una vecina que se encontró con la víctima desorientada y en plena crisis nerviosa en el barrio Nuevo Garupá.
Fue así que, semanas después de lo sucedido, “Balor me llamó y pidió cerrar la causa e ir al juzgado. Ahí me dice que las cosas fueron muy diferentes. Me dijo ‘tengo vecinos que dicen que tu móvil levantó a la señora’”.
Y Cerdán continuó: “Yo de parte del oficial Villalba no sabía nada, él nunca me contó nada de lo que pasó. Después cuando le pregunté me dijo que me quedara tranquilo, que no me iba a comprometer. Me dijo ‘nosotros le llevamos a la casa y le bajamos, la señora nos pidió que la bajemos’ . Dijo que no contó nada porque se le pasó”.
Villalba -a la izquierda- tomando notas durante el procedimiento de hallazgo del cuerpo. FOTO: Archivo El Territorio.
Villalba, en la casa de Rosa y en el velorio
Otro testimonio que apuntó contra el ex policía Villalba fue el de Jeremías Zarza, hijo de la víctima, quien recordó que el principal imputado fue el encargado de ir a su casa para notificar de la muerte de su madre, sin contarle que previamente habían levantado a la señora en el móvil que tenía a su cargo.
“Él nos dijo que ella murió por causas naturales, que se habría descompensado por el calor, que el cuerpo fue a la morgue y teníamos que esperar la autopsia”, señaló.
Pero eso no fue lo único que Jeremías recordó, sino que, en consonancia con lo declarado por su padre en jornadas previas, también contó que “en el velorio de mi mamá, dos días después, se acercó Villalba a preguntar si teníamos novedades. A mí me preguntó si teníamos el certificado de defunción de mi mamá porque necesitaban para un trámite como institución”.
Esto tiene vinculación al hecho de que un principio el caso fue analizado como un posible deceso por causas naturales, pero una vez en la morgue se determinó que Rosa sufrió una “muerta violenta” como consecuencia de un “traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical”.
Jeremías Zarza, hijo de la víctima, recordó que Villalba estuvo en su casa y también fue al velorio a preguntar por el certificado de defunción.
El patrullero en Los Potrillos
Por otra parte, el último testimonio le correspondió a Walter Rubén “Chinito” Velázquez, cuya palabra centraba expectativas en las partes, principalmente del fiscal Vladimir Glinka, que insistió una y otra vez en lograr su comparecimiento ante el tribunal.
Chinito se trata del joven que ese 14 de febrero estaba detenido en la comisaría Quinta y fue sacado de ahí por la Brigada para ir a recorrer el barrio Los Potrillos junto a los efectivos Emilio Broemser, Adrián Borda y José Bernal.
Por orden del tribunal, tanto los imputados como el hermano de Villalba, que sigue el proceso entre el público desde la primera jornada, fueron retirados de la sala para que el testigo pudiera declarar sin intimidaciones.
El joven narró que ese día fue detenido cerca de las 6 de la mañana, tras lo cual fue alojado en la Quinta y aseguró que después de dormir un buen rato fue sacado de su celda por efectivos de la Brigada, quienes lo subieron a un móvil Chevrolet Corsa de encubierto para ir a “buscar cosas robadas” a Los Potrillos.
Fue en esas circunstancias que detalló que cuando “nosotros salíamos del barrio, ellos entraban. En el patrullero iban tres personas. Villalba, Rotela y un tercero que no pude ver quién era”.
Este es el primer testimonio que ubica el patrullero de Villalba y Rotela en cercanías al escenario del hallazgo del cuerpo, dado que Broemser, Bernal y Borda negaron haberse cruzado con el móvil de sus camaradas.
Chinito junto al fiscal Glinka. El testigo recordó haber visto el patrullero de Villalba y Rotela en el barrio donde Rosa apareció sin vida.
Chinito también contó que durante esa salida con los uniformados de la Brigada fue torturado con picanas y golpes, ante lo cual al finalizar su testimonio el fiscal Glinka solicitó que se extraigan copias de su declaración para remitirlas a la fiscalía de turno para el inicio de una investigación.
Pero eso no fue lo único que lanzó Chinito antes de retirarse, sino que también contó que a fines de julio fue “chupado” por un móvil policial que lo llevó hasta la Comisaría Vigésima donde volvió a encontrarse con el sargento Adrián Borda.
“Me llevaron hasta allá por un supuesto robo. Me llevaron de la nada, me quisieron hacer una causa. Ahí Borda me dijo ‘pensaste que me ibas a perjudicar y mirá, tengo seis ascensos. Yo mando acá. Vos no te vayas a olvidar que vos siempre vas a ser Chinito no más”, recordó con lujo de detalles.
Un testigo, una patada y un acusado fallecido
En el medio de estas declaraciones también compareció el sargento Garay, que trabajaba en la comisaría de Garupá al momento del hecho, quien recordó que durante una acto de citación se encontró con un hombre que se ofreció como testigo, ya que adujo haber escuchado como vecinos del barrio Los Potrillos se adjudicaban una golpiza dada a Rosa.
Ese testigo era Félix Romero, quien teóricamente dijo que haber oído cuando entre esos “jóvenes que se juntaban cerca de mi chacra” comentaron “qué patada le pegué en la cajet.. a esa vieja”.
Esa fue la información que Romero dijo tener en su momento, según recordó Garay, que antes de sentarse en la silla de testigo saludó al hermano del imputado de Villalba.
A esos jóvenes el sindicado testigo Romero habría identificado como “Chinito Velázquez, los hermanos Cobos y Jorge Freitas”, este último era a quien adjudicaban la presunta frase incriminadora. Freitas falleció hace muchos años.
Albino Rotela (43), el otro imputado, era chofer del patrullero que levantó a Rosa.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, instancia en la que se prevé el imputado Villalba preste declaración. Su palabra cerraría la etapa de incorporación de pruebas, tras lo cual se programaría la ronda de alegatos para el próximo miércoles.
Los dos ex policías que enfrentan el juicio están por imputados “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.
A Villalba, además, se le imputa “falsificación ideológica de instrumento público”.
La reconstrucción del caso señala que el 14 de febrero de 2013 Rosa salió de su casa en medio de una crisis nerviosa relacionado a su cuadro de esquizofrenia, tras lo cual llegó hasta la casa de una familia desconocida en el barrio Nuevo Garupá.
Los dueños de casa allí pidieron asistencia de la Policía y al lugar acudió una patrulla de la Quinta a cargo de Villalba y con Rotela como conductor. La mujer fue subida a ese móvil y nada más se supo de ella hasta el hallazgo de su cadáver varias horas después en una cancha del barrio Los Potrillos. Qué sucedió en el medio es lo que se trata de establecer.
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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