El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, resolvió este lunes el dictado de prisión preventiva contra el ex policía Gustavo Cardozo (37), único acusado por el femicidio de su pareja, la preceptora Soledad Machuca, cometido a fines de febrero de este año.

La resolución se firmó esta mañana y en la medida se mantiene la imputación contra el ex uniformado por el delito de “homicidio doblemente agravado por la condición de funcionario público y por la relación de pareja”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable en un futuro de debate oral y público.

El procesamiento vino acompañado, además, de su traslado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde será alojado en el pabellón destinado a ex integrantes de las fuerzas de seguridad, mismo lugar en el cual, entre otros, estuvo detenido el ahora diputado electo Ramón Amarilla.

El deceso de la preceptora Machuca ocurrió el 25 de febrero de este año y como primera hipótesis surgió la posibilidad de un accidente doméstico, pero las pericias realizadas en el interior de su casa, más las conclusiones del examen forense, determinado que se trató de una muerte violenta por asfixia manual, es decir, un estrangulamiento.

Organizan marcha para pedir justicia por el femicidio de la preceptora Machuca

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Raúl Francisco Núñez, actual intendente de Colonia Polana, fue citado a declaración indagatoria el pasado viernes ante el juez de Instrucción Dos de Jardín América, Roberto Sena, por una causa que lo investiga por usurpación y amenazas contra los hermanos Germán y Julio Llanos.

A diferencia de diciembre pasado, cuando se dio la primera citación a indagatoria y Núñez se abstuvo de declarar, en esta oportunidad su defensa representada por Ángel Raúl Gauto, presentó un recurso de apelación planteando la nulidad de la audiencia fijada para el 19 de septiembre a las 10.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en el planteo la defensa del jefe comunal hace referencia a un pedido de recusación que el juez Sena rechazó previamente y por ello ahora la cuestión debe ser resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.

De esta manera, recién una vez que Apelaciones emita un dictamen sobre las cuestiones planteadas se podrá volver a retomar la indagatoria.

En este expediente Núñez es señalado como el actor principal detrás de la usurpación de 107 hectáreas en sucesión, a nombre de Julio César Llanos (padre).

Por otro lado, aún queda pendiente la resolución de otro caso vinculado al anterior por “falsificación de instrumento público”, en relación al boleto de compraventa con el cual habría iniciado la maniobra fraudulenta.

Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América

Antecedentes

Según información relevada por este medio, Núñez carga sobre su espalda al menos una decena de expedientes, de los cuales dos involucran a los hermanos Llanos, contra quienes habría ejercido “amenazas y violación de propiedad”, según la denuncia.

En cuanto a los demás hechos, se observan al menos dos demandas laborales fechadas en 2011 y 2014, una denuncia por amenazas en 2024, una imputación por usurpación y amenazas ese mismo año y en 2025 fue imputado por daño, hurto y desobediencia judicial.

Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

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La Justicia misionera dictó una resolución que ordena tanto al gobierno nacional como a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución de cuatro pensiones no contributivas al considerar que los beneficios habían sido dados de baja de manera “arbitraria”.

El fallo corresponde a la magistrada Carmen Helena Carbone, titular del Juzgado Civil y Comercial Seis de Posadas, aunque el anuncio de la novedad judicial correspondió al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien esta mañana realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la medida.

Según publicó luego en X, el dictamen fue firmado el 5 de septiembre, pero ayer se procedió a la notificación formal de la medida, la cual debe ser cumplida en un plazo de 48 horas.

La Jueza Civil y Comercial Nº 6 de Posadas, Dra. Carmen Helena Carbone ordenó al Gobierno Nacional y a la @andiscapacidad restituir las Pensiones No Contributivas que habían sido dadas de baja de manera arbitraria a cuatro beneficiarios misioneros.

Este fallo, dictado el 5 de… pic.twitter.com/T3xVPNgcA4

— Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) September 18, 2025

“La decisión de la Justicia deja muy en claro que ningún gobierno puede suspender derechos adquiridos sin debido proceso. No se trata de un tecnicismo judicial: estamos hablando de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna”, resaltó Romero Spinelli en sus redes.

En esa línea, precisó que “la jueza fundamentó su intervención señalando que, aun tratándose de una cuestión federal, la ley 26.854 habilita medidas cautelares cuando están en riesgo la salud y la vida digna de grupos vulnerables. Por ello, consideró legítimo dictar una resolución urgente para proteger a los beneficiarios”.

“La sentencia no solo devuelve tranquilidad a cuatro familias de Apóstoles, Candelaria, Garupá y San José. También establece un precedente que protege a cientos de beneficiarios en situación similar y refuerza el principio de que los derechos sociales no pueden retroceder”, agregó.

Y cerró: “En Misiones no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y de los más necesitados. Porque las Pensiones No Contributivas no son un privilegio: son un derecho humano esencial. Y la Justicia nos dio la razón”.

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