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Revocan DNI a estafador misionero que se hizo pasar por hijo de desaparecidos

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La Justicia bonaerense acaba de anular la identidad del misionero que se presentaba como Adrián Martínez Moreira, el supuesto hijo de desaparecidos acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

El misionero afirmaba ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional porteño, uno de los establecimientos educativos con un haber importante de docentes y estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. De hecho, Adrián Martínez Moreira tuvo otros dos nombres anteriores a éste que acaba de invalidar una resolución del Juzgado Civil 85, de la localidad bonaerense de Morón, donde el misionero había iniciado el trámite de la partida de nacimiento con la que coronó la fábula que se había inventado, de ser hijo de padres argentinos desaparecidos en el Paraguay de Stroessner.

El escrito del juez

La resolución del juez de Morón, Javier Alberto Occhiuzzi, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, reconstruye el itinerario del falso Martínez Moreira para conseguir que la Justicia legitime su historia y le expida el primer ejemplar de DNI, que él mismo retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, el 5 de noviembre de 2014.

Asimismo, el escrito reconoce que ese mismo juzgado de Morón fue el que “resolvió ordenar la inscripción de nacimiento” del falso Martínez Moreira el 9 de junio de ese año, como nacido el 15 de diciembre de 1986, en la ciudad de Jardín América, hijo del matrimonio conformado por Adrián Martín Martínez Enriquez y María Santa Moreira Delard.

El juez Occhiuzzi destaca, asimismo, la existencia, por entonces, de un dictamen de la Fiscalía 3 que recomienda que la inscripción del falso hijo de desaparecidos se consigne como “sin filiación acreditada”, por la imposibilidad de certificar la existencia de quienes el misionero señalaba como sus padres, víctimas del general paraguayo que gobernó el vecino país con mano de hierro durante 35 años, cuyo régimen de terror lo entregó a la aceitada maquinaria de apropiación de niños que funcionó en todo el continente durante lo que se dio en llamar el “Operativo Cóndor”.

En el párrafo siguiente, el escrito revela la verdadera historia de Martínez Moreira, cuya trama empezó a derrumbarse casi a la par de haber conseguido el primer DNI, a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no era hijo de desaparecidos y que todo su relato era falso.

Ahora, el juez de Morón, valida en su resolución este dictamen y concluye que el misionero “tiene otra identidad distinta”: “Matías Ezequiel López, nacido el 30 de abril de 1993, en el Hospital de Jardín América, provincia de Misiones, hijo biológico de Santa Moreira y Emilio Martínez, y registrado como Ovidio Martínez”, precisa el juez.

“El menor en aquel entonces fue entregado a la Defensoría Oficial de la Ciudad de Puerto Rico con fines adoptivos, dejándose constancia de la renuncia de sus padres al ejercicio de la patria potestad”, reseña el escrito judicial.

Pronto, el niño rechazado por sus padres consiguió una nueva familia y un nuevo nombre: Matías Ezequiel López, quien, cuando todavía no terminaba la adolescencia y valiéndose de las redes sociales, se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo con el que está procesado por la justicia federal.

El abusador

Las primeras denuncias contra el misionero y su banda comenzaron en 2016, cuando el abogado porteño Javier Garín lo acusó judicialmente por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad, cuya existencia desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, e identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza María Eugenia Capuchetti para disponer el procesamiento del falso Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas del grupo contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos, que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.

A la denuncia del abogado porteño, se sumó en marzo de 2021 la acción promovida por Laura Cravello, verdadera hija de desaparecidos y residente en Barcelona, que se había topado con el misionero y su banda en Facebook, en 2020, y se dispuso a aprovechar el confinamiento por el Covid investigándolos.

Cravello, hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces, contó hace un año a LVM algunos pormenores de la investigación previa a la formalización de la denuncia en la justicia federal porteña.

El 28 de junio de 2023, Capuchetti, procesó al falso Martínez Moreira y sus cómplices: el abogado porteño Omar Ramón Enrique García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En julio de este año, la jueza federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero, luego de que el actual secretario de Derechos Humanos, el ex juez Alberto Baños, resolviera mantener la cartera como querellante en la causa, en línea con lo actuado por quien lo antecedió en el cargo, Horacio Pietragalla.

En agosto pasado, el falso Martínez Moreira, sumó otro delito a su historial: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido con armas, lesiones leves, privación ilegal de la libertad calificada por amenazas, y amenazas coactivas”.

Fue detenido y desde entonces está preso.

 

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El 15 de septiembre comenzará el juicio por el asesinato de Pablo Arredondo

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El Tribunal Penal Uno de Posadas fijó para el próximo 15 de septiembre el inicio de las doce audiencias que fueron programadas para llevar adelante el juicio oral para esclarecer el asesinato del bonaerense Pablo Martín Arredondo (37), ultimado a golpes en un departamento del microcentro posadeño en febrero de 2020.

El caso tiene un total de seis jóvenes acusados: Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25), Oriana Saucedo (24), Brisa Torres (24) y Juan Alberto Barrios (22). Todos ellos están imputados como cautores de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua.

El juicio oral continuará en sucesivas audiencias programadas para el 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre. Resta definir si el proceso se realizará en el recinto de debates del TP Uno por calle La Rioja o en otra ubicación dada la cantidad de imputados.

El tribunal estará integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Miguel Mattos, este último como subrogante.

Por la acusación, en tanto, actuará el fiscal Martín Rau, en lo que podría ser su última participación en un juicio oral encarando ese rol ya que está pronto a ser designado oficialmente como magistrado del Tribunal Penal Dos de Posadas.

Según la información recopilada por La Voz de Misiones, hay un total de 45 testigos citados a prestar declaración testimonial ante las partes, entre los cuales hay investigadores policiales, peritos en criminalística, forenses, vecinos y familiares, tanto de la víctima como de los acusados.

Pablo Martín Arredondo (37) fue asesinado en 2020 en un departamento sobre calle Colón.

Golpeado y estrangulado

El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.

Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.

La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.

En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.

Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.

Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.

Confirman elevación a juicio del crimen de Arredondo con seis imputados

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Sufrió violencia, escapó con su hija a Misiones y la Justicia la obliga a volver

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Florencia Rondón es misionera. Tiene 30 años y es madre de una beba de 1. Vive y trabaja como médica en Eldorado, donde se asentó tras huir de una relación donde padecía violencia de género y ahora reclama ayuda porque la Justicia de Rosario le pide a regresar al mismo lugar donde era sometida por su ex pareja.

La joven contó su historia y clamó por ayuda en un video que rápidamente se viralizó. “Pido por favor que me ayuden a difundir para que se haga justicia y para que nosotros nos podamos mantener vivas”, suplicó.

La información recopilada da cuenta de que la médica se instaló en Rosario para convivir con quien era su pareja, un colega suyo identificado como Renzo Pellini, pero tras el nacimiento de la hija que tuvieron en común la violencia se hizo parte del día a día con maltrato psicológico, golpes, encierros y amenazas permanentes.

Tras casi un año viviendo en ese contexto, en abril pasado Rondón decidió escapar hacia Misiones, donde regresó con su núcleo familiar y comenzó nueva vida como médica en Eldorado.

“No quiero ser una estadística más”

Esa situación dio pie a un litigio con su ex pareja y ahora el Juzgado de Familia 5 de Rosario considera que la mujer debe regresar a la ciudad porque entiende que ese lugar “es el centro de vida” de su pequeña hija.

Fue en ese marco que Rondón decidió hacer un video para difundir su caso y “llegar al corazón de la jueza de Rosario, Alicia Ana Galetto, para que por favor entienda la gravedad y el padecimiento que tenemos”.

“Tengo una hija de un año, que todavía toma la teta”, se presentó la joven en ese audiovisual, para luego contar que “en abril tuve que escapar de Rosario porque viví y sigo viviendo violencia de género por parte de su padre”.

“A mí no me quedó otra opción que salir huyendo de esa ciudad para mantenerme viva y proteger la vida de mi hija”, expresó.

Y añadió: “Hoy la Justicia de Rosario, de la Familia 5, me está obligando a mí y a mí hija a volver al calvario donde padecimos toda la violencia. Acá mis abogados y gracias al Juzgado de Familia Uno de Eldorado, me están protegiendo de manera provisoria y tratando de proteger mi integridad”.

Rondón sostuvo que “nosotros acá tenemos nuestro centro de vida. Mi hija acá aprendió a hablar, acá aprendió a caminar. Nosotros acá contamos con una red de apoyo”.

Yo no quiero ser una estadística más, una muerta más en Rosario, no quiero que mi hija sea una niña muerta más. Pido por favor que me ayuden a difundir para que se haga justicia y para que nosotros nos podamos mantener vivas”, cerró.

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Prisión perpetua para el último acusado del doble homicidio de Puerto Rosario

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó a la pena de prisión perpetua a Pablo Dlugokinski (42), el último acusado que restaba juzgar por el doble homicidio de una pareja de agricultores de Puerto Rosario, Florentino Ameghino, quienes en marzo de 2017 fueron asesinados y enterrados en una fosa.

La misma pena habían recibido en 2021 su hermano Víctor Dlugokinski (37) -ex policía- y su cuñado Leonardo Bublitz (44), pero el juicio contra el ahora condenado se demoró más tiempo ya que estuvo más de dos años prófugo en Brasil, donde residía con una identidad falsa.

La sentencia de hoy fue dictada por los magistrados Horacio Paniagua, Jorge Villalba y Julio Carvallo, tras una audiencia en la cual el fiscal subrogante Elías Bys expuso un alegato donde consideró a Pablo Dlugokinski coautor del doble crimen de los agricultores Sandro Leiva (39) y Olivia Márquez (46).

Para el fiscal no quedaron dudas respecto a la participación del acusado en el acto criminal y reconstruyó que las víctimas fueron “emboscadas, golpeadas brutalmente, ejecutadas con armas de fuego y enterradas en una fosa cavada en la chacra de los acusados”.

Tras oír el veredicto, Dlugokinski fue inmediatamente trasladado a la Unidad Penal II de Oberá, donde deberá purgar la condena que prevé el cumplimiento efectivo de 35 años de encierro.

Doble homicidio

El doble homicidio se descubrió el 2 de abril de 2017, cuando los cuerpos de la pareja fueron encontrados semienterrados en cercanías a un cerro que está dentro de la chacra de los hermanos acusados.

Una semana antes, es decir el 25 de marzo, Ildo Victoriano Dlugokinski (58), padre de los condenados, falleció en el incendio de su casa y se cree que los hermanos responsabilizaron de ese hecho a la pareja de agricultores, ante lo cual decidieron cobrar venganza.

En ese contexto, Márquez, que era tía de los Dlugokinski, y su pareja Leiva, que trabajaba en la chacra de los hermanos, desaparecieron el 28 de marzo, ante lo cual se inició una búsqueda que terminó develando el horror.

En el medio, los hermanos y Bublitz fueron identificados por una patrulla de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un control sobre la ruta costera 2 y en el baúl del auto del policía transportaban una moto Gilera 110 desarmada.

Esa motocicleta días más tarde fue encontrada en el cauce del arroyo Los Toros y se confirmó que el vehículo era propiedad de las víctimas, lo que orientó la investigación hacía el trío ahora condenado a prisión perpetua.

El primero en ser detenido fue Dublitz, mientras que el ex policía cayó días después en Brasil. Pablo Dlugokisnki, el último condenado, fue también el último detenido.

Su captura recién se concretó en 2019, cuando la Policía lo encontró en Novo Hamburgo, a unos 500 kilómetros de la frontera con Misiones, donde se movía como Oskcar Dos Santos y se promocionaba como cantante.

FOTO: El Territorio.

Misionero prófugo por doble homicidio, vive en Brasil y promociona sus shows por Facebook

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