Judiciales
Revocan DNI a estafador misionero que se hizo pasar por hijo de desaparecidos
La Justicia bonaerense acaba de anular la identidad del misionero que se presentaba como Adrián Martínez Moreira, el supuesto hijo de desaparecidos acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.
El misionero afirmaba ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional porteño, uno de los establecimientos educativos con un haber importante de docentes y estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. De hecho, Adrián Martínez Moreira tuvo otros dos nombres anteriores a éste que acaba de invalidar una resolución del Juzgado Civil 85, de la localidad bonaerense de Morón, donde el misionero había iniciado el trámite de la partida de nacimiento con la que coronó la fábula que se había inventado, de ser hijo de padres argentinos desaparecidos en el Paraguay de Stroessner.
El escrito del juez
La resolución del juez de Morón, Javier Alberto Occhiuzzi, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, reconstruye el itinerario del falso Martínez Moreira para conseguir que la Justicia legitime su historia y le expida el primer ejemplar de DNI, que él mismo retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, el 5 de noviembre de 2014.
Asimismo, el escrito reconoce que ese mismo juzgado de Morón fue el que “resolvió ordenar la inscripción de nacimiento” del falso Martínez Moreira el 9 de junio de ese año, como nacido el 15 de diciembre de 1986, en la ciudad de Jardín América, hijo del matrimonio conformado por Adrián Martín Martínez Enriquez y María Santa Moreira Delard.
El juez Occhiuzzi destaca, asimismo, la existencia, por entonces, de un dictamen de la Fiscalía 3 que recomienda que la inscripción del falso hijo de desaparecidos se consigne como “sin filiación acreditada”, por la imposibilidad de certificar la existencia de quienes el misionero señalaba como sus padres, víctimas del general paraguayo que gobernó el vecino país con mano de hierro durante 35 años, cuyo régimen de terror lo entregó a la aceitada maquinaria de apropiación de niños que funcionó en todo el continente durante lo que se dio en llamar el “Operativo Cóndor”.
En el párrafo siguiente, el escrito revela la verdadera historia de Martínez Moreira, cuya trama empezó a derrumbarse casi a la par de haber conseguido el primer DNI, a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no era hijo de desaparecidos y que todo su relato era falso.
Ahora, el juez de Morón, valida en su resolución este dictamen y concluye que el misionero “tiene otra identidad distinta”: “Matías Ezequiel López, nacido el 30 de abril de 1993, en el Hospital de Jardín América, provincia de Misiones, hijo biológico de Santa Moreira y Emilio Martínez, y registrado como Ovidio Martínez”, precisa el juez.
“El menor en aquel entonces fue entregado a la Defensoría Oficial de la Ciudad de Puerto Rico con fines adoptivos, dejándose constancia de la renuncia de sus padres al ejercicio de la patria potestad”, reseña el escrito judicial.
Pronto, el niño rechazado por sus padres consiguió una nueva familia y un nuevo nombre: Matías Ezequiel López, quien, cuando todavía no terminaba la adolescencia y valiéndose de las redes sociales, se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo con el que está procesado por la justicia federal.
El abusador
Las primeras denuncias contra el misionero y su banda comenzaron en 2016, cuando el abogado porteño Javier Garín lo acusó judicialmente por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad, cuya existencia desconocía.
Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, e identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza María Eugenia Capuchetti para disponer el procesamiento del falso Martínez Moreira y sus cómplices.
La justicia constató también denuncias falsas del grupo contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos, que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.
“Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.
A la denuncia del abogado porteño, se sumó en marzo de 2021 la acción promovida por Laura Cravello, verdadera hija de desaparecidos y residente en Barcelona, que se había topado con el misionero y su banda en Facebook, en 2020, y se dispuso a aprovechar el confinamiento por el Covid investigándolos.
Cravello, hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces, contó hace un año a LVM algunos pormenores de la investigación previa a la formalización de la denuncia en la justicia federal porteña.
El 28 de junio de 2023, Capuchetti, procesó al falso Martínez Moreira y sus cómplices: el abogado porteño Omar Ramón Enrique García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
En julio de este año, la jueza federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero, luego de que el actual secretario de Derechos Humanos, el ex juez Alberto Baños, resolviera mantener la cartera como querellante en la causa, en línea con lo actuado por quien lo antecedió en el cargo, Horacio Pietragalla.
En agosto pasado, el falso Martínez Moreira, sumó otro delito a su historial: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido con armas, lesiones leves, privación ilegal de la libertad calificada por amenazas, y amenazas coactivas”.
Fue detenido y desde entonces está preso.
Anulacion Identidad Martinez Moreira
El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
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