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Revocan DNI a estafador misionero que se hizo pasar por hijo de desaparecidos

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La Justicia bonaerense acaba de anular la identidad del misionero que se presentaba como Adrián Martínez Moreira, el supuesto hijo de desaparecidos acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

El misionero afirmaba ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional porteño, uno de los establecimientos educativos con un haber importante de docentes y estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. De hecho, Adrián Martínez Moreira tuvo otros dos nombres anteriores a éste que acaba de invalidar una resolución del Juzgado Civil 85, de la localidad bonaerense de Morón, donde el misionero había iniciado el trámite de la partida de nacimiento con la que coronó la fábula que se había inventado, de ser hijo de padres argentinos desaparecidos en el Paraguay de Stroessner.

El escrito del juez

La resolución del juez de Morón, Javier Alberto Occhiuzzi, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, reconstruye el itinerario del falso Martínez Moreira para conseguir que la Justicia legitime su historia y le expida el primer ejemplar de DNI, que él mismo retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, el 5 de noviembre de 2014.

Asimismo, el escrito reconoce que ese mismo juzgado de Morón fue el que “resolvió ordenar la inscripción de nacimiento” del falso Martínez Moreira el 9 de junio de ese año, como nacido el 15 de diciembre de 1986, en la ciudad de Jardín América, hijo del matrimonio conformado por Adrián Martín Martínez Enriquez y María Santa Moreira Delard.

El juez Occhiuzzi destaca, asimismo, la existencia, por entonces, de un dictamen de la Fiscalía 3 que recomienda que la inscripción del falso hijo de desaparecidos se consigne como “sin filiación acreditada”, por la imposibilidad de certificar la existencia de quienes el misionero señalaba como sus padres, víctimas del general paraguayo que gobernó el vecino país con mano de hierro durante 35 años, cuyo régimen de terror lo entregó a la aceitada maquinaria de apropiación de niños que funcionó en todo el continente durante lo que se dio en llamar el “Operativo Cóndor”.

En el párrafo siguiente, el escrito revela la verdadera historia de Martínez Moreira, cuya trama empezó a derrumbarse casi a la par de haber conseguido el primer DNI, a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no era hijo de desaparecidos y que todo su relato era falso.

Ahora, el juez de Morón, valida en su resolución este dictamen y concluye que el misionero “tiene otra identidad distinta”: “Matías Ezequiel López, nacido el 30 de abril de 1993, en el Hospital de Jardín América, provincia de Misiones, hijo biológico de Santa Moreira y Emilio Martínez, y registrado como Ovidio Martínez”, precisa el juez.

“El menor en aquel entonces fue entregado a la Defensoría Oficial de la Ciudad de Puerto Rico con fines adoptivos, dejándose constancia de la renuncia de sus padres al ejercicio de la patria potestad”, reseña el escrito judicial.

Pronto, el niño rechazado por sus padres consiguió una nueva familia y un nuevo nombre: Matías Ezequiel López, quien, cuando todavía no terminaba la adolescencia y valiéndose de las redes sociales, se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo con el que está procesado por la justicia federal.

El abusador

Las primeras denuncias contra el misionero y su banda comenzaron en 2016, cuando el abogado porteño Javier Garín lo acusó judicialmente por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad, cuya existencia desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, e identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza María Eugenia Capuchetti para disponer el procesamiento del falso Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas del grupo contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos, que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.

A la denuncia del abogado porteño, se sumó en marzo de 2021 la acción promovida por Laura Cravello, verdadera hija de desaparecidos y residente en Barcelona, que se había topado con el misionero y su banda en Facebook, en 2020, y se dispuso a aprovechar el confinamiento por el Covid investigándolos.

Cravello, hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces, contó hace un año a LVM algunos pormenores de la investigación previa a la formalización de la denuncia en la justicia federal porteña.

El 28 de junio de 2023, Capuchetti, procesó al falso Martínez Moreira y sus cómplices: el abogado porteño Omar Ramón Enrique García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En julio de este año, la jueza federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero, luego de que el actual secretario de Derechos Humanos, el ex juez Alberto Baños, resolviera mantener la cartera como querellante en la causa, en línea con lo actuado por quien lo antecedió en el cargo, Horacio Pietragalla.

En agosto pasado, el falso Martínez Moreira, sumó otro delito a su historial: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido con armas, lesiones leves, privación ilegal de la libertad calificada por amenazas, y amenazas coactivas”.

Fue detenido y desde entonces está preso.

 

Anulacion Identidad Martinez Moreira

 

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La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular

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intendente caraguatay querellante

La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.

Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.

Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.

Denuncia y ratificación

En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Pedido de licencia

Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.

Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.

El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.

Denuncia y ratificación

El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.

El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.

En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.

Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.

Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.

Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

 

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Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.

Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.

La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.

Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.

Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.

Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.

En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.

Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo

 

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