Judiciales
Reiniciaron el juicio contra Manuel Rivero, acusado de balear a su ex en 2016
Esta mañana, en el Tribunal Penal Uno de Posadas y tras la suspensión de las audiencias realizadas dos meses atrás por un cuadro de dengue que afectó a uno de los magistrados, volvió a comenzar el juicio oral contra Manuel Rivero (59), el hombre acusado de balear a su ex pareja y durante la mañana del 14 de diciembre de 2016 en el barrio San Marcos.
“Reconozco que soy culpable. Pido una sentencia justa, una oportunidad. Me equivoqué como cualquier persona y todos tenemos derecho a otra oportunidad”, alegó Rivero, quien no solo está acusado de efectuar tres disparos contra su ex pareja, sino que también se lo imputa por disparar otros tres balazos contra la casa de una vecina que presenció el acto de violencia protagonizado en plena vía pública.
Durante su breve comparecencia ante el estrado de los jueces Viviana Cukla (presidenta), Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante en reemplazo de Ángel Dejesús Cardozo), el imputado también aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la víctima a su ex pareja y madre de sus hijos.
“Humildemente te pido perdón por los hechos, sé que no se puede reparar lo hecho con un perdón, sé que hice algo malo, destruí una familia y ellos son los que más están sufriendo”, fueron las palabras que Rivero dirigió a Elisa De Souza, quien luego también declaró y no aceptó las disculpas. “Es un mentiroso y manipulador”, respondió la mujer, tras repasar una larga historia de violencia sufrida a manos del hoy imputado.
El implicado llega a juicio detenido hace ya más de siete años e imputado por “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y homicidio simple en grado de tentativa (dos hechos) y portación ilegal de arma de fuego en concurso real en carácter de autor”.
En la fiscalía interviene Martín Rau, como querellante particular en representación de la víctima actúa el abogado y diputado provincial Ariel Pianesi y como defensor oficial está Mario Ramírez.
La audiencia fue transmitida en vivo a través de Youtube.
Rivero ante el estrado de los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante).
“Si no sos mía, no sos de nadie”
Tras un cuarto intermedio, Elisa De Souza declaró por vez enésima. Volvió a relatar los años de violencia sufridos a manos del imputado, volvió a contar cómo fue esa mañana en la que se salvó de milagro y volvió a conmoverse por el terror que el hombre continúa infundiendo en ella.
Ante las partes, la mujer recordó que días antes del hecho Rivero le pidió permiso para viajar a Ituzaingó -de donde es oriundo- con los hijos que tienen en común, aunque luego advirtió que todo consistió en una maniobra para dejarla sola en casa y poder atacarla sin testigos.
“Ese día me levanté a las 6 para preparar a los chicos. Los acompañé hasta la parada y volví a casa. Me senté a tomar mate, escuché un ruido y ahí vi que estaba el señor Rivero detrás de mí. Él solo se reía. Le pregunté qué hacía y riendo me dijo: ‘Vos sabés lo que te voy a hacer. Te voy a matar. Si no sos mía, no vas a ser de nadie’”, relató De Souza, entre lágrimas.
De allí, dio paso al relato de la agresión. “Después vi que tenía un arma en la cintura. La sacó y puso en una silla. Ahí me di cuenta que era verdad lo que decía. No sé de dónde saqué fuerzas, lo empujé contra una pared y salí por la puerta de atrás. No sabía dónde ir. Vi una persona en la parada y le pedí ayuda”, añadió.
Rivero salió detrás suyo y la encontró en la parada, protegida por otro joven del barrio, aunque nada le importó y comenzó a disparar. Un disparo atravesó al muchacho y dio contra la mujer, a quien luego lanzó otros dos proyectiles prácticamente a quemarropa.
Con la víctima en el suelo, el acusado escapó de la escena, aunque antes de eso disparó otras tres veces contra la vivienda de una vecina que presenció el hecho desde su ventana. “Uno pegó en el marco de la ventana, otro dio en la pared y quedó incrustado ahí. No me pegó en la cabeza de milagro”, declaró la vecina esta mañana al momento de declarar.
Tras el hecho, De Souza permaneció internada en grave estado durante varias semanas con tres heridas de bala en brazo, tórax y pierna. Afortunadamente, logró recuperarse, aunque en su cuerpo aún quedan secuelas del ataque, dado que prácticamente perdió la movilidad de su brazo izquierdo.
De Souza sufrió tres disparos y como secuela casi perdió la movilidad total de un brazo.
Terror latente
En la continuidad de su testimonio, De Souza sostuvo que durante toda su relación con Rivero padeció violencia tanto física, como verbal. “Me decía puta de mierda, me decía que era una prostituta, que no servía para nada. Muchas veces me obligó a tener relaciones. Siempre amenazaba con matarme, entonces qué podía hacer yo. Le denunciaba pero él no respetaba nada, siempre venía a casa y cada vez era peor”, recordó.
Lo que cuenta la víctima es verdad. Rivero fue denunciado en varias oportunidades por violencia de género e incluso tuvo restricciones de acercamiento, pero siempre incumplió las medidas dispuestas en su contra. Incluso la amenazó por teléfono desde la cárcel.
“Si un día él recupera la libertad quisiera que me avisen, porque me tendré que mudar”, pidió, casi con clemencia, la mujer que aún convive con el terror que le transmitió el imputado.
“No creo en su pedido de disculpas. Él es muy manipulador y mentiroso. Siempre fue así. Se arrodillaba pidiendo perdón y terminaba haciendo cosas peores después. Todo es mentira”, apuntó después.
El debate continuará mañana, a partir de las 10.30, con la declaración de dos peritos que intervinieron en la causa y se prevé que en la jornada del viernes se concrete la ronda de alegatos con el posterior dictado de sentencia.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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