Judiciales
Reiniciaron el juicio contra Manuel Rivero, acusado de balear a su ex en 2016
Esta mañana, en el Tribunal Penal Uno de Posadas y tras la suspensión de las audiencias realizadas dos meses atrás por un cuadro de dengue que afectó a uno de los magistrados, volvió a comenzar el juicio oral contra Manuel Rivero (59), el hombre acusado de balear a su ex pareja y durante la mañana del 14 de diciembre de 2016 en el barrio San Marcos.
“Reconozco que soy culpable. Pido una sentencia justa, una oportunidad. Me equivoqué como cualquier persona y todos tenemos derecho a otra oportunidad”, alegó Rivero, quien no solo está acusado de efectuar tres disparos contra su ex pareja, sino que también se lo imputa por disparar otros tres balazos contra la casa de una vecina que presenció el acto de violencia protagonizado en plena vía pública.
Durante su breve comparecencia ante el estrado de los jueces Viviana Cukla (presidenta), Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante en reemplazo de Ángel Dejesús Cardozo), el imputado también aprovechó la oportunidad para pedir disculpas a la víctima a su ex pareja y madre de sus hijos.
“Humildemente te pido perdón por los hechos, sé que no se puede reparar lo hecho con un perdón, sé que hice algo malo, destruí una familia y ellos son los que más están sufriendo”, fueron las palabras que Rivero dirigió a Elisa De Souza, quien luego también declaró y no aceptó las disculpas. “Es un mentiroso y manipulador”, respondió la mujer, tras repasar una larga historia de violencia sufrida a manos del hoy imputado.
El implicado llega a juicio detenido hace ya más de siete años e imputado por “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y homicidio simple en grado de tentativa (dos hechos) y portación ilegal de arma de fuego en concurso real en carácter de autor”.
En la fiscalía interviene Martín Rau, como querellante particular en representación de la víctima actúa el abogado y diputado provincial Ariel Pianesi y como defensor oficial está Mario Ramírez.
La audiencia fue transmitida en vivo a través de Youtube.
Rivero ante el estrado de los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Fernando Verón (subrogante).
“Si no sos mía, no sos de nadie”
Tras un cuarto intermedio, Elisa De Souza declaró por vez enésima. Volvió a relatar los años de violencia sufridos a manos del imputado, volvió a contar cómo fue esa mañana en la que se salvó de milagro y volvió a conmoverse por el terror que el hombre continúa infundiendo en ella.
Ante las partes, la mujer recordó que días antes del hecho Rivero le pidió permiso para viajar a Ituzaingó -de donde es oriundo- con los hijos que tienen en común, aunque luego advirtió que todo consistió en una maniobra para dejarla sola en casa y poder atacarla sin testigos.
“Ese día me levanté a las 6 para preparar a los chicos. Los acompañé hasta la parada y volví a casa. Me senté a tomar mate, escuché un ruido y ahí vi que estaba el señor Rivero detrás de mí. Él solo se reía. Le pregunté qué hacía y riendo me dijo: ‘Vos sabés lo que te voy a hacer. Te voy a matar. Si no sos mía, no vas a ser de nadie’”, relató De Souza, entre lágrimas.
De allí, dio paso al relato de la agresión. “Después vi que tenía un arma en la cintura. La sacó y puso en una silla. Ahí me di cuenta que era verdad lo que decía. No sé de dónde saqué fuerzas, lo empujé contra una pared y salí por la puerta de atrás. No sabía dónde ir. Vi una persona en la parada y le pedí ayuda”, añadió.
Rivero salió detrás suyo y la encontró en la parada, protegida por otro joven del barrio, aunque nada le importó y comenzó a disparar. Un disparo atravesó al muchacho y dio contra la mujer, a quien luego lanzó otros dos proyectiles prácticamente a quemarropa.
Con la víctima en el suelo, el acusado escapó de la escena, aunque antes de eso disparó otras tres veces contra la vivienda de una vecina que presenció el hecho desde su ventana. “Uno pegó en el marco de la ventana, otro dio en la pared y quedó incrustado ahí. No me pegó en la cabeza de milagro”, declaró la vecina esta mañana al momento de declarar.
Tras el hecho, De Souza permaneció internada en grave estado durante varias semanas con tres heridas de bala en brazo, tórax y pierna. Afortunadamente, logró recuperarse, aunque en su cuerpo aún quedan secuelas del ataque, dado que prácticamente perdió la movilidad de su brazo izquierdo.
De Souza sufrió tres disparos y como secuela casi perdió la movilidad total de un brazo.
Terror latente
En la continuidad de su testimonio, De Souza sostuvo que durante toda su relación con Rivero padeció violencia tanto física, como verbal. “Me decía puta de mierda, me decía que era una prostituta, que no servía para nada. Muchas veces me obligó a tener relaciones. Siempre amenazaba con matarme, entonces qué podía hacer yo. Le denunciaba pero él no respetaba nada, siempre venía a casa y cada vez era peor”, recordó.
Lo que cuenta la víctima es verdad. Rivero fue denunciado en varias oportunidades por violencia de género e incluso tuvo restricciones de acercamiento, pero siempre incumplió las medidas dispuestas en su contra. Incluso la amenazó por teléfono desde la cárcel.
“Si un día él recupera la libertad quisiera que me avisen, porque me tendré que mudar”, pidió, casi con clemencia, la mujer que aún convive con el terror que le transmitió el imputado.
“No creo en su pedido de disculpas. Él es muy manipulador y mentiroso. Siempre fue así. Se arrodillaba pidiendo perdón y terminaba haciendo cosas peores después. Todo es mentira”, apuntó después.
El debate continuará mañana, a partir de las 10.30, con la declaración de dos peritos que intervinieron en la causa y se prevé que en la jornada del viernes se concrete la ronda de alegatos con el posterior dictado de sentencia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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