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Policías destituidos por “sedición” presentaron un amparo contra el gobierno

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Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.

En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.

Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.

Ramón Amarilla fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a la UP VIII de Cerro Azul.

“De delegados a sediciosos”

“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.

Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.

“Solo Cola”

Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.

El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición

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La Corte dejó firme la condena a Ovando y la defensa acusa un “error administrativo”

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María Ovando

Sin analizar la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena de 20 años de prisión impuesta por el Tribunal Penal Uno de Eldorado en contra María Ovando (48) al dar por “no presentado” un recurso de queja planteado por la defensa de la mujer, desde donde alegan que la documentación exigida fue subsanada en tiempo y forma, acusando en consecuencia una “falla administrativa” de parte del máximo órgano judicial del país.

La resolución de la Corte tiene menos de diez renglones y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En el escrito, los magistrados dieron por “no presentado el recurso de hecho” el recurso defensivo al señalar incumplimientos en las formalidades del trámite interpuesto.

La parte recurrente no ha dado debido cumplimiento a la intimación que en fecha 30 de mayo de 2025 le formuló el Secretario del Tribunal en los términos del inc. c de la acordada 13/90 (Fallos: 313:21), texto según modificación de la acordada 35/90 (Fallos: 313:37)”, argumentaron.

De esta manera, el máximo órgano judicial del país dejó firme la sentencia, aunque sin analizar la cuestión de fondo que la parte recurrente pretendía que se revisara para revertir la condena.

Consultado sobre el fallo, Eduardo Paredes, abogado defensor de María Ovando, respondió a La Voz de Misiones que “esto es un error administrativo del personal de la Corte. Lo solicitado por la Corte está subido y está presentado desde el 9 de junio. Acá vamos a plantear una revocatoria porque es un error del personal de la Corte”. 

Juicio y condena

La condena a 20 años de prisión contra María Ovando fue impuesta en 2020, tras un juicio realizado ante el Tribunal Penal Uno. Tanto a la mujer como los otros dos jóvenes que fueron al banquillo de los acusados fueron declarados responsables de delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

Por su vínculo de madre y abuela de las víctimas, sobre la mujer recayó el mayor monto de pena, mientras que Marcos Laurindo (28) y Lucas Ferreira (28) recibieron 18 y 12 años de prisión, respectivamente.

La causa se inició en 2015, a raíz de una denuncia radicada por la guardadora de las menores abusadas, llegó a juicio oral cinco años después.

A esa instancia la mujer llegó en libertad, aunque luego del fallo quedó inmediatamente detenida y fue excarcelada un año después mediante un habeas corpus presentado por la recientemente fallecida Norita Cortiñas, pero el benefició apenas duró dos semanas ya que la Cámara de Apelaciones revocó la medida.

Fue así que Ovando regresó a la Unidad Penal V Correccional de Mujeres de Miguel Lanús, donde continúa alojada para seguir cumpliendo con la condena que el año pasado fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

En el planteo en el que la defensa solicitó la revisión del caso por parte del STJ habían reclamado “la nulidad de la sentencia por indeterminación del hecho imputado, por violación al principio de congruencia, por haberse condenado por un hecho que no fue imputado, privándose del derecho de ser oído, por omisión de valoración de la prueba ofrecida en descargo lesionándose el ejercicio de la defensa, violándose el principio in dubio pro reo”.

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El STJ confirmó la condena a 20 años de prisión contra María Ovando

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El narco misionero que cayó en Chaco llevaba cocaína con el sello del delfín

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misionero cocaína delfín

El misionero atrapado en Chaco tras una persecución que arrancó en Santiago del Estero no llevaba cualquier cocaína: llevaba la cocaína de alta pureza asociada al capo narco Reinaldo Delfín Castedo, quien supo ser uno de los capos narcos más buscados del país hasta su captura en 2016.

Así revelaron fuentes de la investigación que continúan trabajando en la causa iniciada el viernes pasado con la detención de Hugo Alejandro Kalenok (30), un joven oriundo de Leandro N. Alem que registra como antecedentes una condena por narcotráfico en Santiago del Estero y una detención por robo de vehículos en Ciudad del Este.

La marca del delfín, símbolo que identifica al clan Castedo, fue encontrado en cada uno de los 86 panes que iban ocultos en los cuatro bancos de cemento de Kalenok transportaba en la caja trasera de la Toyota Hilux doble cabina que conducía desde Santiago del Estero hacia estos lares. La carga alcanzó unos 90 kilogramos y fue tazada en aproximadamente 1.000 millones de pesos, según estimaciones efectuadas por investigadores de la GNA.

La detención del misionero se concretó el viernes pasado, aunque no fue sencilla. El joven circulaba por la ruta nacional 16 hasta que en Monte Quemado, localidad de santiagueña ubicada a poco del límite interprovincial con Salta, se topó con un control de GNA que esquivó a toda velocidad e incluso arrolló a dos uniformados.

La fuga dio inicio a una extensa persecución que se extendió por 270 kilómetros hasta la ciudad chaqueña de Sáenz Peña, donde el misionero abandonó la camioneta y a las corridas ingresó al predio de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), donde finalmente fue interceptado por una empleado del lugar que, en un acto de arrojo, se abalanzó sobre él.

Allí fue arrestado por los efectivos federales y desde ese momento se encuentra privado de su libertad. Según amplió el diario El Liberal de Santiago del Estero, en las últimas horas el misionero compareció ante el juez federal Santiago Argibay, donde negó haber embestido a los gendarmes pero se abstuvo al momento de ser consultado por los estupefacientes que transportaba.

Los investigadores se abocan ahora a rastrear a él o los cómplices que posiblemente iban como “punteros” de la carga, como así también a determinar la ruta de la droga. La principal hipótesis es que su destino era la Triple Frontera, donde Kalenok ya estuvo involucrado en hechos delictivos.

Entre sus antecedentes figura que en 2024 fue detenido en Ciudad del Este junto a una banda acusada de robar vehículos, aunque no lo es único ya que en Santiago del Estero purgó una condena de 6 años y 10 meses de prisión por transportar casi 90 kilogramos de marihuana en un auto.

La carga de 90 kilos de cocaína iba oculta dentro de bancos de cemento.

Delfín Castedo

Castedo es salteño y fue señalado como el creador de una estructura narco que se apoderó del tráfico de droga en la frontera con Bolivia, transformándose en uno de los mayores proveedores de cocaína del país y llegando a enviar cargamentos de la misma sustancia a Europa y otras partes del mundo.

El hombre fue apuntado como “El Patrón del Norte” y se cree que fue uno de los primeros en valerse de los llamados “vuelos narcos” para regar de cocaína el país.

El hombre fue detenido en 2016, tras permanecer más de ocho años prófugo con pedido de captura internacional. En 2022 fue condenado a 16 años de prisión por narcotráfico y en 2023 recibió prisión perpetua por el homicidio de una mujer que lo denunció públicamente por narco.

Actualmente, el sindicado capo narco se encuentra alojado en una área de máxima seguridad dentro de Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.

Incautan cocaína con sello asociado al capo narco Delfín Castedo en el puente

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Prisión preventiva para acusado de asesinar a golpes a la enfermera Medina

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Andrés Darío Garcete (45), el único detenido por el femicidio de la enfermera Elvira Irene Medina (61), perpetrado a fines de septiembre en Puerto Esperanza, fue procesado con prisión preventiva y en las próximas horas será trasladado a una unidad penal donde continuará privado de su libertad. 

La medida fue firmada por el magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, que en su resolución dictaminó que el implicado sea procesado por el delito de femicidio, figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal y que prevé una pena de prisión perpetua.

El dictamen también determinó el traslado de Garcete desde el calabozo policial donde estaba alojado hacia una unidad penal, muy probablemente a la de Eldorado, donde podría continuar gran parte de su vida si es que en un futuro finalmente es condenado. 

El dictado de la prisión preventiva llega casi un mes después de que el juez Brites descartara, en base a informes periciales, patologías de salud mental que configuren una posible inimputabilidad del implicado.

Irene Medina era enfermera, tenía 61 años y cuidaba al padre de su presunto asesino.

El caso

El femicidio de la enfermera Medina se descubrió el pasado 26 de septiembre, cuando la Policía salió a buscarla tras permanecer desaparecida desde las 15 de ese mismo y finalmente la encontró sin vida en un baldío contiguo a la vivienda de un adulto mayor al que cuidaba hace aproximadamente un mes.

Justamente, el hijo de ese paciente que Medina atendía es el hombre que ahora aparece como único sospechoso. Cuando la Policía llegó a su casa, Garcete se mostró nervioso, reticente y exhibía rasguños tanto en la cara como en el cuello.

Dentro de la vivienda más tarde encontraron pelos, un bolso con elementos de primeros auxilios y un trofeo de fútbol con manchas que podrían ser de sangre. Todo fue incautado, al igual que un escurridor y varios trapos de piso ante la posibilidad de que el lugar haya sido limpiado antes de la llegada de la Policía.

La búsqueda de Medina se inició cuando una de sus hijas se preocupó por su paradero. Es que la mujer salió de su casa a las 15 de ese viernes con destino a su trabajo en el barrio Villa Nueva, pero nunca regresó ni respondió llamadas o mensajes de texto.

La autopsia estableció que la víctima murió como consecuencia de una fractura de vértebra cervical. También tenía un traumatismo facial gravísimo que le ocasionó rotura de huesos de la cara. El crimen fue cometido a golpes.

Garcete quedó detenido esa misma noche y días después declaró ante la Justicia, instancia en la que admitió haber estado drogado con crack y no recordar nada sobre lo sucedido ese día.

Pericia descarta “fenómenos alucinatorios” en detenido por femicidio de Medina

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