Judiciales
Perito detalló que prestamista asesinado tenía 25 cortes en el cuerpo
El juicio oral por el asesinato del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) continuó esta mañana con la declaración de los primeros testigos de la causa, entre ellos un perito forense que detalló que la víctima presentaba un total de 25 heridas punzo cortantes en diferentes partes del cuerpo, además del primer amigo del fallecido que ingresó al departamento para constatar lo sucedido. “Era una carnicería”, graficó.
La segunda audiencia del debate que se desarrolla en el Tribunal Penal Uno de Posadas comenzó con la toma de testimonial vía Zoom a un colombiano que trabajaba para Gallego Rojas pero actualmente reside en Brasil, en tanto que los demás citados a comparecer lo hicieron de manera presencial.
El primer testigo de la fecha aseguró que apenas supo del asesinato de su “parcero” sospechó de Brayan Damián Casso Acosta (29), otro colombiano que también trabajaba para la víctima en el negocio de los préstamos gota a gota en Posadas y que ahora enfrenta juicio por “homicidio agravado criminis causa y robo en concurso real”, que prevé prisión perpetua.
“De inmediato sospeché de Brayan porque ellos ya tenían una diferencia de antes. Brayan le debía plata a Gustavo”, indicó Santiago Valencia, quien también afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de Casso Acosta, información con la que el fiscal Martín Rau ya contaba, aunque pidió que el tribunal arbitre los medios necesarios para conocer el estado de situación de dicha causa.
Casso Acosta también es colombiano y enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua.
Corazón perforado y más heridas
Minutos más tarde declaró el doctor Joaquín Heredia, uno de los profesionales médicos que intervinieron en la autopsia realizada al cadáver del prestamista asesinado y ante las partes enumeró y detalló las múltiples heridas cortantes relevadas durante el examen forense.
“El cuerpo tenía múltiples lesiones punzo cortantes en distintas regiones y lesiones que eran potencialmente mortales. Esas eran tres y estaban en la región cardíaca del tórax. Una vez que abrimos el cuerpo encontramos una perforación del ventrículo derecho del corazón, que eso es una causa de muerte”, precisó Heredia ante la primera consulta del fiscal Rau.
Luego, detalló que “el informe se acompañó con un esquema donde están separadas las lesiones por las zonas que afecta” y enumeró: “6 en la cabeza; 4 en el cuello; 8 en el tórax; 2 en la región lateral izquierda; 3 en el dorso; y 2 en el dorso del brazo izquierdo”.
Según definió Heredia, todas esas heridas tenían “características de vitalidad”, es decir, que fueron producidas cuando la víctima aún con vida, al tiempo que sostuvo que ninguna lesión compatible con “signos de defensa”.
Y todo lo descrito por el profesional médico luego fue graficado por Edison Arlei, colombiano amigo de Gallego Rojas y uno de los primeros en ingresar a la escena a la hecho ante los llamados de alerta.
“Esa noche fue un sábado. Yo me iba a ver con Gustavo, que era como un papá para mí porque me ayudó mucho desde mi llegada a Argentina. Siempre nos veíamos los sábados, pero ese día un cliente se demoró en pagar y no llegué a la hora que habíamos concordado”, lamentó Edison.
El testigo narró que esa noche recibió un llamado por parte de Ariel Vázquez, un vecino de Gallego Rojas, quien le había alertado sobre gritos provenientes de la departamento de la víctima, además del accionar sospechoso de dos hombres que habían estado en el lugar previamente.
“Nos llamó Ariel diciendo que se habían apagado las luces del departamento y que se oían golpes. Cuando llegamos no pudimos entrar. Yo me asomé por la ventana y en el piso había una carnicería. A mí como era el más chiquito después me metieron por el balcón y yo fui directo al cuarto, que estaba todo saqueado y había sangre por todos lados”, describió.
Edinson recordó que como no encontraba al dueño de casa pensó que Gallego Rojas había alcanzado a irse malherido a algún hospital, hasta que buscando la llave llegó hasta la zona del lavadero y se topó con el cadáver de su amigo. “Seguro que ya estaba muerto pero yo como amigo lo primero que pensé fue por ahí aún estaba vivo”, señaló.
Gustavo Gallego Rojas fue asesinado a puñaladas dentro de su casa en la chacra 103 del barrio Yacyretá.
Los movimientos
Entre los testigos de hoy también declaró Emilio Jara, quien conoce desde pequeño a José Ramón Ramírez (30) -el otro imputado en la causa- y por eso se sintió “traicionado” cuando cayó en la cuenta de que había sido usado por el muchacho que ahora también enfrenta una posible prisión perpetua.
Jara contó que el viernes 26 de febrero de 2021, un día antes del crimen de Gallego Rojas, Ramírez golpeó la mano de su casa pidiéndole pasar una noche en el lugar. “Era época de pandemia y me dijo que había venido desde Corrientes para presentarse a un laburo. Vino con otro señor, que no sabían quién era”, recordó.
El testigo recordó que los dos jóvenes usaron su auto de prestado en la tarde del sábado 27 y tras devolverlo en horas de la noche volvieron a salir, pero cuando regresaron por última vez se encontraban “transpirados y nerviosos”.
“Vinieron y José me pidió la llave mi auto y uno de los dos sacó un cuchillo finito, de mango blanco, no muy largo. Ahí se fueron nuevamente”, ratificó hoy Jara cuando se leyó su declaración brindada durante la etapa de instrucción de la causa.
En ese lapso de tiempo que se ausentaron de la casa de Jara fue que ambos imputados visitaron a Gallego Rojas y así lo prueba el testimonio de Ariel Vázquez, quien atendía un kiosco frente a la casa de la víctima en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas.
Vázquez también declaró hoy y recordó: “Ese día Gustavo me compró una cerveza y me preguntó si me iba a quedar hasta más tarde porque estaba esperando gente. Después de eso me quedo fumando en la ventana y veo pasar a los dos muchachos que estaban ahí. Yo salí preocupada por mis hijas que estaban tomando tereré en la vereda. Una de ellas después entró a la casa, asustada y llorando. Ahí contó que escuchó ruidos del departamento y vio cuando salió uno de los muchachos con la ropa ensangrentada”.
El kiosquero agregó que después de esa situación fue hasta la casa de Gallego Rojas para ver qué había sucedido, pero nadie le atendió, tras lo cual llamó a los amigos del dueño de casa, entre ellos a Edinson, quienes finalmente acudieron y entre todos lograron entrar al departamento para descubrir el crimen.
En medio de su relato, tras una intervención del fiscal Rau, el testigo viró hacia su derecha y reconoció a los dos imputados presentes en la sala como aquellos dos “masculinos” que protagonizaron la secuencia descrita.
Casso Acosta es defendido en este debate por la letrada particular Lilia Vargas, mientras que Ramírez cuenta con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez. El juicio oral continuará mañana con más testigos y se extenderá hasta el 30 de septiembre.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante).
Acusado de matar a prestamista colombiano se defendió y pidió perdón
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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