Judiciales
Perito detalló que prestamista asesinado tenía 25 cortes en el cuerpo
El juicio oral por el asesinato del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) continuó esta mañana con la declaración de los primeros testigos de la causa, entre ellos un perito forense que detalló que la víctima presentaba un total de 25 heridas punzo cortantes en diferentes partes del cuerpo, además del primer amigo del fallecido que ingresó al departamento para constatar lo sucedido. “Era una carnicería”, graficó.
La segunda audiencia del debate que se desarrolla en el Tribunal Penal Uno de Posadas comenzó con la toma de testimonial vía Zoom a un colombiano que trabajaba para Gallego Rojas pero actualmente reside en Brasil, en tanto que los demás citados a comparecer lo hicieron de manera presencial.
El primer testigo de la fecha aseguró que apenas supo del asesinato de su “parcero” sospechó de Brayan Damián Casso Acosta (29), otro colombiano que también trabajaba para la víctima en el negocio de los préstamos gota a gota en Posadas y que ahora enfrenta juicio por “homicidio agravado criminis causa y robo en concurso real”, que prevé prisión perpetua.
“De inmediato sospeché de Brayan porque ellos ya tenían una diferencia de antes. Brayan le debía plata a Gustavo”, indicó Santiago Valencia, quien también afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de Casso Acosta, información con la que el fiscal Martín Rau ya contaba, aunque pidió que el tribunal arbitre los medios necesarios para conocer el estado de situación de dicha causa.
Casso Acosta también es colombiano y enfrenta una acusación que prevé prisión perpetua.
Corazón perforado y más heridas
Minutos más tarde declaró el doctor Joaquín Heredia, uno de los profesionales médicos que intervinieron en la autopsia realizada al cadáver del prestamista asesinado y ante las partes enumeró y detalló las múltiples heridas cortantes relevadas durante el examen forense.
“El cuerpo tenía múltiples lesiones punzo cortantes en distintas regiones y lesiones que eran potencialmente mortales. Esas eran tres y estaban en la región cardíaca del tórax. Una vez que abrimos el cuerpo encontramos una perforación del ventrículo derecho del corazón, que eso es una causa de muerte”, precisó Heredia ante la primera consulta del fiscal Rau.
Luego, detalló que “el informe se acompañó con un esquema donde están separadas las lesiones por las zonas que afecta” y enumeró: “6 en la cabeza; 4 en el cuello; 8 en el tórax; 2 en la región lateral izquierda; 3 en el dorso; y 2 en el dorso del brazo izquierdo”.
Según definió Heredia, todas esas heridas tenían “características de vitalidad”, es decir, que fueron producidas cuando la víctima aún con vida, al tiempo que sostuvo que ninguna lesión compatible con “signos de defensa”.
Y todo lo descrito por el profesional médico luego fue graficado por Edison Arlei, colombiano amigo de Gallego Rojas y uno de los primeros en ingresar a la escena a la hecho ante los llamados de alerta.
“Esa noche fue un sábado. Yo me iba a ver con Gustavo, que era como un papá para mí porque me ayudó mucho desde mi llegada a Argentina. Siempre nos veíamos los sábados, pero ese día un cliente se demoró en pagar y no llegué a la hora que habíamos concordado”, lamentó Edison.
El testigo narró que esa noche recibió un llamado por parte de Ariel Vázquez, un vecino de Gallego Rojas, quien le había alertado sobre gritos provenientes de la departamento de la víctima, además del accionar sospechoso de dos hombres que habían estado en el lugar previamente.
“Nos llamó Ariel diciendo que se habían apagado las luces del departamento y que se oían golpes. Cuando llegamos no pudimos entrar. Yo me asomé por la ventana y en el piso había una carnicería. A mí como era el más chiquito después me metieron por el balcón y yo fui directo al cuarto, que estaba todo saqueado y había sangre por todos lados”, describió.
Edinson recordó que como no encontraba al dueño de casa pensó que Gallego Rojas había alcanzado a irse malherido a algún hospital, hasta que buscando la llave llegó hasta la zona del lavadero y se topó con el cadáver de su amigo. “Seguro que ya estaba muerto pero yo como amigo lo primero que pensé fue por ahí aún estaba vivo”, señaló.
Gustavo Gallego Rojas fue asesinado a puñaladas dentro de su casa en la chacra 103 del barrio Yacyretá.
Los movimientos
Entre los testigos de hoy también declaró Emilio Jara, quien conoce desde pequeño a José Ramón Ramírez (30) -el otro imputado en la causa- y por eso se sintió “traicionado” cuando cayó en la cuenta de que había sido usado por el muchacho que ahora también enfrenta una posible prisión perpetua.
Jara contó que el viernes 26 de febrero de 2021, un día antes del crimen de Gallego Rojas, Ramírez golpeó la mano de su casa pidiéndole pasar una noche en el lugar. “Era época de pandemia y me dijo que había venido desde Corrientes para presentarse a un laburo. Vino con otro señor, que no sabían quién era”, recordó.
El testigo recordó que los dos jóvenes usaron su auto de prestado en la tarde del sábado 27 y tras devolverlo en horas de la noche volvieron a salir, pero cuando regresaron por última vez se encontraban “transpirados y nerviosos”.
“Vinieron y José me pidió la llave mi auto y uno de los dos sacó un cuchillo finito, de mango blanco, no muy largo. Ahí se fueron nuevamente”, ratificó hoy Jara cuando se leyó su declaración brindada durante la etapa de instrucción de la causa.
En ese lapso de tiempo que se ausentaron de la casa de Jara fue que ambos imputados visitaron a Gallego Rojas y así lo prueba el testimonio de Ariel Vázquez, quien atendía un kiosco frente a la casa de la víctima en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas.
Vázquez también declaró hoy y recordó: “Ese día Gustavo me compró una cerveza y me preguntó si me iba a quedar hasta más tarde porque estaba esperando gente. Después de eso me quedo fumando en la ventana y veo pasar a los dos muchachos que estaban ahí. Yo salí preocupada por mis hijas que estaban tomando tereré en la vereda. Una de ellas después entró a la casa, asustada y llorando. Ahí contó que escuchó ruidos del departamento y vio cuando salió uno de los muchachos con la ropa ensangrentada”.
El kiosquero agregó que después de esa situación fue hasta la casa de Gallego Rojas para ver qué había sucedido, pero nadie le atendió, tras lo cual llamó a los amigos del dueño de casa, entre ellos a Edinson, quienes finalmente acudieron y entre todos lograron entrar al departamento para descubrir el crimen.
En medio de su relato, tras una intervención del fiscal Rau, el testigo viró hacia su derecha y reconoció a los dos imputados presentes en la sala como aquellos dos “masculinos” que protagonizaron la secuencia descrita.
Casso Acosta es defendido en este debate por la letrada particular Lilia Vargas, mientras que Ramírez cuenta con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez. El juicio oral continuará mañana con más testigos y se extenderá hasta el 30 de septiembre.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante).
Acusado de matar a prestamista colombiano se defendió y pidió perdón
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
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