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Liberan a ex militar condenado por lesa humanidad y fija domicilio en Misiones

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ex militar lópez

Tras casi nueve años preso, Marcelo Edgardo López (70), un ex militar condenado recientemente junto al represor misionero Jorge Antonio (72) por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de San Juan, fue excarcelado por la Justicia y fijó domicilio en la zona de Itaembé Miní, en Posadas.

López fue uno de los 38 imputados que llegaron a juicio por la denominada Megacausa III, en la que se acumularon seis expedientes por hechos padecidos por 96 víctimas, de las cuales 13 se encuentra desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. En la pesquisa, además, se abordaron casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual.

Entre las víctimas de estos hechos investigados, aparece el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja, y justamente López aparece relacionado a esa situación.

Es que, según consta en los archivos, el nombre de López apareció en otros juicios de lesa humanidad desarrollados en esa misma provincia y fue sindicado como uno de los militares que sumarió a Gioja, que en aquel entonces era funcionario del gobernador Eloy Camus y fue preso político durante algunas semanas.

López fue detenido a mediados de 2014 en Misiones, tras lo cual fue trasladado a San Juan para enfrentar el proceso y, desde ese momento, permaneció con prisión preventiva, alojado en una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Desde allí, el viernes 30 de junio emitió sus últimas palabras antes de oír el veredicto final del Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan, en el marco de la denominada Megacausa III.

Últimas palabras desde la cárcel

Con auriculares conectados y a través de videoconferencia, López habló por varios minutos, desligándose de las acusaciones y criticando lo extenso de su prisión preventiva.

“Teniendo a Dios como testigo y tratando de entender mi situación, hoy con más 70 años, hace nueve que estoy procesado con prisión preventiva y en una unidad carcelaria. Claramente, en el transcurso de una década, mi salud física y psicológica se ha visto deteriorada, sin tener ningún tipo de morigeración”, comenzó.

Y continuó en tónica defensiva: “Cuando llegué a San Juan, en el 76, con sólo dos meses de haber egresado del Colegio Militar de la Nación, en la unidad RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña) me asignaron al cuidado de ganado mular y algunas tareas administrativas, tareas irrelevantes para un joven sin ninguna experiencia”.

El acusado también criticó el desempeño de la fiscalía durante el juicio y culminó su exposición alegando que “durante toda la carrera militar jamás supe encubrir y mucho menos participé de un hecho ilícito. Agradezco a Dios, que es la fuente de mi fuerza y mi verdad”.

Condena y excarcelación

De igual manera, nada pudo torcer su destino. Una semana después, el viernes 7 de julio, el TOF de San Juan, integrado por los magistrados Daniel Alberto Carelli, Gretel Diamante y María Paula Marisi, decidieron dictar fallo condenatorio para 16 de los acusados, entre ellos a López, quien recibió 10 años de prisión, y el misionero Olivera, que acumuló su tercera prisión perpetua.

El ex militar fue condenado como coautor penalmente responsable de “privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias o amenazas y por haber durante más de un mes” y “tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima”, en perjuicio de varias personas, entre ellas, el actual diputado peronista Gioja.

Sin embargo, nuevamente una semana después, el mismo TOF le otorgó al ex militar la excarcelación, amparado por el artículo 317, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación.

De igual manera, las autoridades le impusieron a López una serie de condicionamientos para mantener el beneficio hasta el cumplimiento total de su pena.

En ese sentido, el condenado fijó domicilio en el barrio Bicentenario de Itaembé Miní, en Posadas, de donde tendrá prohibido ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso. Tampoco podrá salir de la provincia sin permiso y bajo ningún punto de vista podrá salir del país.

Además, deberá presentarse ante la Justicia ante cada llamado y deberá abstenerse de establecer todo tipo de contacto con víctimas de la Megacausa III o con víctimas de cualquier otro proceso por crímenes de lesa humanidad, por cualquier medio y ya sea en forma directa o a través de un tercero.

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Perito repasó indicios que contradicen teoría de un robo en el caso Elsa Díaz

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Caso Elsa Díaz

El juicio oral contra Nelson Orlando De Menes (51), imputado de asesinar a su propia madre Elsa Díaz (70), continuó esta mañana en el Tribunal Penal Uno de Posadas con la declaración de seis testigos, entre ellos el de una licenciada en criminalística que encabezó las pericias en la escena del hecho y repasó en forma detallada cada uno de los indicios que contradijeron la teoría de un robo esbozada por el encartado apenas se descubrió el crimen.

Andrea Strocen Schelske es el nombre de la licenciada que aquel 10 de febrero de 2019 estaba de turno la División Criminalística de la Unidad Regional X y cuya intervención podría ser una de las claves para resolver la causa que tiene a De Menes acusado por “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

La profesional fue la tercera testigo en declarar esta mañana ante el tribunal integrado por los magistrados Viviana Cukla -presidente-, Gustavo Bernie y Miguel Ángel Faría -subrogante-.

Strocen Schelske explicó que su función fue “la búsqueda de indicios” y explicó que su manera de trabajar consiste en comenzar por el exterior y dejar el “núcleo crítico” del hecho para lo último, a fin de preservar lo máximo posible las condiciones del escenario a estudiar.

Bajo esa premisa, su intención era empezar el trabajo por el depósito ubicado en el fondo de la propiedad, pero se vio impedida de hacerlo porque De Menes afirmaba desconocer el paradero de la llave que permitía el ingreso al lugar. “Me acuerdo que me llegué a enojar porque no podía ser que no se encuentre la llave”, afirmó y admitió que hasta pensó en forzar la entrada.

La perito Strocen Schelske fue el testimonio destacado de la jornada.

Ante esa situación, decidió avanzar con su trabajo en la vivienda. “Apenas entramos vimos una billetera con efectivo sobre la mesa. Eso me llamó la atención porque estábamos ante una posible escena de robo como dijo el hombre, que había dicho que robaron una tele y una garrafa”, adelantó la perito y continuó: “No había violencia en ningún acceso a la vivienda. El lugar además estaba muy ordenado y limpio”.

Un elemento importante en la pesquisa es la presencia de una serie de pisadas de barro que tuvieron compatibilidad con una zapatilla del acusado. En ese punto, Strocen Schelske se apoyó en un plano del inmueble y con el dedo índice acompañó el recorrido trazado a partir de las huellas relevadas.

La mujer detalló que las improntas comenzaban bajo una ventana de la misma habitación donde Díaz fue asesinada de un garrotazo en la cabeza mientras dormía y avanzaban primero hacia el hall y luego hacia una salida que se dirige al depósito, lugar que horas después arrojaría más indicios que derivaron en la detención del acusado ese mismo día.

La perito especificó que las labores dentro de la vivienda comenzaron a las 8 de la mañana y recordó que recién a las 5 de la tarde pudieron encontrar la llave de acceso al depósito.

Las llaves estaban en un tacho con agua y ropa. Creo que por cansancio las terminó entregando y él mismo abrió el depósito”, dijo en relación al imputado.

“Cuando ingresamos encontramos muchas cosas encimadas y en un momento cuando cambio la mirada veo una zapatilla, la tele y la garrafa. Esas zapatillas después pusimos al lado de la huella y el tamaño coincidían”, ahondó la licenciada, que además indicó que la segunda puerta del depósito estaba obstruida desde adentro con herramientas, chapas y otros objetos.

En otro punto de su declaración también se refirió sobre las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de Díaz y precisó que el cadáver estaba sobre la cama tendida, cuya parte posterior presentaba vestigios de sangre.

En un momento, el fiscal Martín Rau se apoyó en la declaración del acusado y consultó con la perito si en la escena había “olor a sangre”, a lo que la testigo respondió que no.

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Casa impecable

En la continuidad de la jornada también declararon Carolina Rojas y su esposo Néstor Fabián Lemes, quienes residían frente a la casa de la víctima y a quienes el acusado acudió esa mañana para alertar sobre el fallecimiento de su madre.

“Él llegó diciendo que su mamá había fallecido, que la habían matado, que le habían robado la tele y una garrafa”, coincidió al recordar la pareja, que además de vecinos son agentes policiales.

Rojas incluso entró el inmueble y constató el pulso de la mujer para confirmar el deceso. “Me acuerdo que entré a la casa y nunca había visto una casa tan impecable. Ella estaba como dormidita. No había olor a nada. Ella estaba fría ya”, describió.

Los siguientes en enterarse de la situación fueron Rogelio Díaz, hermano de la víctima, y su esposa Carmen Docarmo, quienes fueron desde Santa Ana avisados del hecho por De Menes.

“Nos llamó diciendo que mi hermana quería hablar conmigo. Cuando llegamos nos encontramos con todos los efectivos. Él lloraba y decía eso, que habían matado a la mamá”, contó Rogelio.

También señaló que “él era un muchacho bueno. Le ayudaba mucho a la mamá, le cocinaba, le lavaba la ropa, limpiaba la casa. A mi me extrañó mucho lo que pasó”.

Los jueces Bernie y Cukla observando documentos de la causa.

El debate oral continuará mañana con la declaración de más peritos, agentes policiales y médicos forenses.

El crimen de Elsa Díaz se registró entre las 21 del 9 de febrero y las 8 del 10 de febrero de 2019 en su casa del barrio 2 de Febrero de Candelaria. La mujer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado con un objeto contundente.

En la primera jornada De Menes aceptó declarar y se declaró inocente.

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Suspenden inicio del juicio contra los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El Juzgado en lo Correccional y de Menores Uno de Posadas suspendió el inicio del juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, acusados por “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito”, que estaba previsto que comience el miércoles 15 de octubre.

La resolución judicial se enmarca en pedidos de la defensa de los acusados, a cargo de Eduardo Paredes, y diferentes organizaciones sociales para que el debate se realice en el Salón de Usos Múltiples del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a fin de garantizar el mayor aforo.

“Déjese sin efecto la audiencia de debate oportunamente fijada, a fin de dar trámite a lo peticionado y garantizar las condiciones para la correcta realización del juicio”, resolvió el juzgado interviniente y notificó a la defensa de los docentes.

El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), Sánchez, y la secretaria General de la CTA -Misiones, Gurina, son acusados por la Justicia misionera por “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” durante la protesta multisectorial llevada a cabo sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio del 2024.

Cabe mencionar que los docentes y sindicalistas que participan de las movilizaciones de la educación expusieron el último lunes en el Congreso de la Nación para reclamar por su “absolución” en la causa y sostienen que se trata de una “criminalización” de la protesta.

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Rechazan apartar al juez que investiga al intendente de Colonia Polana

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A dos semanas de la suspensión de la indagatoria al intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, investigado en una causa por “usurpación y amenazas” contra los hermanos Germán y Julio Llanos, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores rechazó un recurso defensivo y ratificó la continuidad del magistrado Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, al frente del expediente. 

El camino hasta llegar a esta instancia comenzó con un planteo de recusación en el que Ángel Raúl Gauto, abogado defensor del jefe comunal, acusaba al juez Sena de “pronunciamiento o prejuzgamiento dictado”, solicitud que el propio magistrado rechazó en primera instancia.

Después de ello, la defensa decidió apelar esa primera resolución y la cuestión pasó a la Cámara de Apelaciones, donde el primero en emitir opinión fue el fiscal Andrés Poujade, tal como publicó La Voz de Misiones.

En su dictamen, Poujade había considerado que “corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto”, ya que -a su entender- “la recusación articulada carece de cualquier sustento, pues no se condice con los motivos dispuestos por los arts. 48 y conc. de la ley XIV Nro. 13”.

A su vez, calificó como “jurídicamente inaceptable” el intento por apartar de la causa al juez Sena.

Tras la vista fiscal, el caso pasó a análisis de los magistrados del órgano de revisión judicial, quienes finalmente este martes decidieron rechazar el planteo defensivo.

El voto principal correspondió a la magistrada Marisa Ruth Dilaccio, quien consideró que la situación planteada “no puede ser tomada como prejuzgamiento, ya que la intervención del juez en el presente proceso se debió al cumplimiento de sus deberes jurisdiccionales y constitucionales y de ningún modo autorizan la recusación basada en la causal indicada por la defensa recurrente”.

En tanto, sobre la recusación señaló que “no encuadra en el supuesto del art. 48 inc. a) de la Ley XIV Nº 13, como asimismo en ninguno de los demás supuestos que contempla la norma citada por la defensa recurrente”.

A lo que agregó: “Los argumentos de la parte recusante en abono de su pretensión recusatoria resultan inconducentes e insuficientes al propósito de corroborar la causal de prejuzgamiento alegada”.

Y concluye: “Los motivos esgrimidos por la defensa recusante carecen de entidad para generar temor de parcialidad respecto de la actuación del juez de grado y no se advierte sustento objetivo que conduzca a poner en jaque la garantía de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial“.

Por su parte, el vocal José Alberto López adhirió al voto planteado por Dilaccio previamente, compartiendo los argumentos allí expuestos.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la Provincia de Misiones resolvió no hacer lugar a la apelación presentada por Gauto.

Citaciones y causas

Núñez fue citado en diciembre pasado en el marco de la causa que lo investiga por “usurpación y amenazas” contra los hermanos Llanos, momento en que se negó a declarar. Luego, el 19 de septiembre el recurso de apelación interpuesto anuló la indagatoria.

En este expediente Núñez es señalado como el actor principal detrás de la usurpación de 107 hectáreas en sucesión, a nombre de Julio César Llanos (padre).

Por otro lado, aún queda pendiente la resolución de otro caso vinculado al anterior por “falsificación de instrumento público”, en relación al boleto de compraventa con el cual el mandatario local habría iniciado la maniobra fraudulenta.

 

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