Judiciales
Juicio por el femicidio de Irma, día 2: testigo ubicó a Esteche en la escena
La segunda jornada del juicio por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), cometido en diciembre de 2016 en Garupá, continuó esta mañana con la declaración de cuatro testigos, entre ellos el ex prefecturiano que en la noche del hecho auxilió a la víctima y quien hoy identificó al imputado, Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), como la persona que salió del baldío donde la mujer apareció abusada y gravemente herida.
El mencionado testigo se trata de Lucas Frutos, quien al momento del hecho era cabo primero de la Prefectura Naval Argentina (PNA) pero hoy es abogado y funcionario judicial, fue la primera persona que en la noche entre el 16 y el 17 de diciembre de 2016 auxilió a Irma tras ser golpeada y abusada sexualmente con la rama de un árbol que le produjo gravísimas lesiones internadas que provocaron su muerte 30 horas después.
Frutos, además de recordar las condiciones en las que encontró a Irma, también describió a la persona que minutos antes vio salir de la escena del hecho y al ser consultado por las partes no dudó en marcar con el dedo que ese sujeto se trataba de Esteche, hoy imputado y presente en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Posadas, donde se desarrolla el proceso oral.
El testigo recordó que esa noche se dirigía en auto hacia la casa de su novia, ubicada sobre la calle 246, casi en frente de uno de los túneles peatonales de la autovía de la ruta nacional 12.
Mencionó que al haber sufrido hechos de inseguridad y al ser miembro de una fuerza tenía como hábito circular a baja velocidad y con las luces altas encendidas como método de prevención.
Fue en esas circunstancias que observó una persona salir del baldío lindante al terreno amurado de su pareja. Pensó que se trataba de un delincuente haciendo de “campana” para otros que pretendían entrar a robar a la vivienda, pero la situación fue muy diferente.
El fiscal Martín Rau y el defensor Edgardo Cabrera observando en un celular imágenes del baldío donde ocurrió el hecho.
“Veo un hombre que baja del terreno lindante hacia la calle. Baja en actitud sospechosa porque baja agachado. Yo ahí bajo, tomo mi arma y recuerdo haber mantenido la mirada cara a cara con esa persona. Intuí que algo había pasado. Hice una inspección en el terreno de mi pareja pero no noté nada. Pero ahí empiezo a escuchar como un maullido, de menor a mayor. No pensé que fuese una persona”, relató Frutos esta mañana. Esa persona era Irma.
Frutos agregó que quedó “perplejo” por la escena y trató de contener a la mujer sin tocarla por prevención hasta la llegada de la ambulancia que finalmente la trasladó al hospital.
Luego, el testigo indicó que “a la persona que hizo esto lo vi de frente y en la rueda de reconocimiento lo reconocí”.
En esas circunstancias, el fiscal Martín Rau le solicitó que indicara si esa persona que vio esa noche estaba hoy en la sala y Frutos respondió: “Sí, está a mi derecha”, apuntando con su dedo índice a Porteño Esteche, que se mantuvo cabizbajo y en silencio.
Luego declaró Sonia Poterala, pareja de Frutos, y quien estaba con él esa noche en la que fueron testigos de lo sucedido.
La mujer ratificó que vio a un hombre saliendo del lugar donde Irma apareció malherida. “Veo que sale un hombre, flaco y alto en ese momento. Pensé que estaba saliendo de mi propiedad y que me habían entrado a robar. Pasó caminando como si nada, me miró fijo. Fue una mirada fría, fea, por eso hoy no quería ni verlo”, sostuvo la testigo que pidió declarar sin la presencia del imputado.
Poterala también recordó haber oído los gemidos de dolor de la víctima, pero afirmó que no vio a la víctima en ningún momento.
Por último, expresó que “hasta el día de hoy pienso que podía haber sido yo. Si yo ese día volvía sola capaz que a mí también me podía haber pasado algo”.
“Fue lo peor que vi en mi vida”
Otra testigo de la jornada fue Mabel Ferreyra Da Rocha, hermana de Irma, quien en una declaración cargada de angustia y emotividad, recordó a la víctima y contó cómo la encontró al visitarla en el hospital.
“No lo voy a olvidar nunca. La víctima era mi hermana. La vi arreglarse esa noche porque pasó por mi casa a buscar un delineador. Fue la primera vez que la vi feliz. Tenía muchos hijos y las criaba sola. Vivía para ellos. Era muy reservada”, sostuvo al principio de su testimonio.
Mabel Ferreyra Da Rocha, hermana de Irma, declarando ante el Tribunal Penal Uno.
Luego, agregó que “me acerqué al hospital y ahí encontré algo que no se lo deseo a nadie. Ni a un animal se le hace algo así. Fue lo peor que vi en mi vida. Me quedó un trauma de por vida. Ya desde afuera de la sala se escuchaba como mi hermana gemía de dolor. Ya no tenía uñas, se las había arrancado tratando de escapar o tratando de agarrar algo. Le pregunté mil veces quién fue, pero nunca me respondió. Sólo preguntaba por su hijo. Ya estaba con la mirada perdida. Sentía vergüenza e impotencia por la humillación que sufrió. Sólo le caían lágrimas”.
Por último, la mujer dio un mensaje y agradeció la labor de los investigadores y de la Justicia en caso, sabiendo que otros hechos permanecen impunes. “Este señor -en referencia a Esteche- tiene que pagar la condena. Siempre hay rumores y comentarios, pero acá la Justicia hizo rápido lo que tenía que hacer. Rápido lo agarraron. Estoy muy agradecida por eso, porque otras familias que pasaron por lo mismo hoy no tienen esto. Pido que se haga la justicia necesaria”.
El debate oral continuará mañana con la declaración de más testigos. El proceso prevé la realización de al menos ocho audiencias más.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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