Judiciales
Juicio por contrabando de soja: 90.000 toneladas y USD 36 millones evadidos

Previo a la exposición del fiscal Pablo Di Loreto, quien solicitó penas de 8 y 6 años de prisión para los dos gendarmes enjuiciados por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, las abogadas querellantes en representación de Arca (ex Afip), Rossana Sienra y Yamila Amado, brindaron detalles del perjuicio económico sufrido por el Estado y estimaron que la organización alcanzó a exportar 9o.000 toneladas sin efectuar ningún tributo, lo que se traduce en una pérdida estimada de 36 millones de dólares para las arcas del país.
Las letradas se explayaron durante una hora ante el Tribunal Oral Federal de Posadas (TOF) presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira, instancia en la hicieron un repaso global de la causa, desde la denuncia que dio inicio al expediente, hasta las medidas investigativas efectuadas y el rol atribuido a cada uno de los integrantes de la organización, entre los cuales ubicaron los gendarmes imputados Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), pero también pusieron cifras al daño económico producido con las maniobras de evasión.
“Si algo le sobra a esta causa es carga probatoria. Tal es así que 9 de los 11 imputados aceptaron un juicio abreviado”, plantó bandera Sienra, dando cuenta que, a excepción de Duette y Gómez, la totalidad de la banda admitió su responsabilidad en el caso, entre ellos el empresario Santiago Marino, una de las figuras más importantes de la trama.
Para Sienra y Amado, mediante lo recolectado durante el debate oral quedó completamente acreditado que ambos uniformados formaban parte activa de la organización, dedicándose a la liberación de las rutas 14 y 2 para asegurar el paso de los camiones que transportaban los granos hacia puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio, por donde eran cruzados hacia Brasil.
Las letradas explicaron que en base a los 193 CD de escuchas telefónicas efectuadas se desprende que la tonelada de soja en Brasil valía 400 dólares, lo que significaba una ganancia mucho de lo que se podría obtener en el mercado legal argentino producto de la política cambiaria y las retenciones que imperaban durante 2020 y 2021. El negocio era tal que en una de las escuchas uno de los imputados en la maniobra afirmó que “eso de la soja deja más plata que la falopa”.
Para graficar aún más la magnitud del esquema evasor orquestado por la banda y “el daño inmenso efectuado al Estado en general y al Arca”, las querellantes tradujeron todo en cifras.

Al igual que la Fiscalía, la querella solicitó 8 y 6 años de prisión para los imputados Duette y Gómez.
Dólares frescos
En primer lugar, describieron que al momento de los hechos Misiones tenía una producción anual de 10 toneladas de soja y requería otras 10 toneladas provenientes de otras provincias para cubrir lo requerido por las dos únicas industrias y los pequeños consumidores que hacían uso este cultivo.
Sin embargo, solo entre enero y octubre de 2021 a la tierra colorada ingresaron 100 toneladas de soja, de las cuales 90 fueron a parar a Brasil, sin tributar absolutamente nada.
“Si cada tonelada de soja en Brasil se pagaba 400 dólares. Las 90 toneladas perdidas hablan de una operatoria de aproximadamente 36 millones de dólares”, calculó Sienra y acotó: “Acá todos se enriquecieron a partir del Estado nacional”.
Tal es así que la letrada describió que con las ganancias obtenidas ilegalmente Santiago Marino no solo construyó en San Javier el complejo turístico Palmar del Río, sino que también adquirió otras 103 hectáreas de tierra en la provincia.
Por todo lo expuesto, las letradas no solo efectuaron el mismo pedido de prisión planteado por el fiscal Di Loreto, sino que también solicitaron que a la hora de dictar sentencia el tribunal ordene el decomiso de todos los bienes que fueron fruto de estas maniobras: vehículos, propiedades, remanentes de soja, dinero en efectivo ya incautado y hasta el dinero puesto en plazos fijos.
“Necesitamos que todo esto sea reparado”, culminaron las abogadas de Arca.
El debate oral continuará el próximo 9 de junio, instancia a la que será el turno de alegar para los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.

El fiscal Pablo Di Loreto y la abogada Rossana Sienra, protagonistas del día en el juicio contra los gendarmes.
FOTO PRINCIPAL: gauchazh.clicrbs.com.br
Piden 8 y 6 años de cárcel para gendarmes por facilitar contrabando de soja
Judiciales
Juzgan a policías acusados de “tortura seguida de muerte” contra Guirula

Transcurridos 4112 días desde el hecho, este lunes comenzó el juicio oral contra los seis ex policías acusados de la muerte del albañil Carlos Guirula (33), registrada el 19 de julio de 2014 durante un procedimiento en un motel de Posadas.
Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó esta mañana, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos últimos en carácter de subrogante legal.
El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre y a lo largo de las catorce jornadas fijadas se oirá el testimonio de casi 90 testigos, entre trabajadores del motel, agentes policiales, peritos, médicos forenses y más.
En representación de la fiscalía interviene Vladimir Antonio Glinka, mientras que los acusados cuentan con diferentes abogados defensores, tanto oficiales como particulares.
Los imputados son la oficial Lourdes Beatriz Tabarez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián. Todos ellos están acusados por el delito de “tortura seguida de muerte” y llegan a esta instancia en libertad por el vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque culminado este juicio pueden ser condenados a prisión perpetua.
Una vez planteada las cuestiones preliminares, el tribunal dará inicio al proceso y el primer paso será la lectura del requerimiento y del auto de elevación a juicio del expediente.
Culminado ese trámite, se prevé que el tribunal consulte a los imputados si desean prestar declaración.
La audiencia se desarrolla ante una sala con aforo repleto y puede verse a través de Youtube: https://www.youtube.com/live/D69m61FqSDA?si=EOFCOVCf9bF1EPxr
El hecho
El hecho que se busca esclarecer ocurrió durante la madrugada del 19 de julio de 2014 en un motel ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas.
En ese lugar estaba Guirula junto a unos amigos hasta que se produjo una discusión que derivó en la intervención de la Policía. Los primeros en llegar fueron tres agentes de la comisaría Decimotercera y más tarde se sumaron uniformados del Comando Radioeléctrico Centro.
Según la reconstrucción del caso, el albañil se resistió al procedimiento y en un momento se atrincheró en su vehículo, pero después de ello logró ser reducido, instancia en la que sufrió lesiones de diversa índole.
Después de ello, Guirula fue cargado a la caja de una camioneta y trasladado a la Decimotercera, donde llegó sin vida. La autopsia marcó que la causa de muerte fue un estallido de pulmón y también detectó marcas de borceguíes en el cuerpo del albañil.
Judiciales
Un policía será juzgado por la muerte de Luciano Villalba en un operativo

El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido.
El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido.
Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.
Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados.

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.
Operativo y muerte
El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.
Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.
En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.
Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos.
A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.
En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.
Judiciales
Grooming en Garupá: uno de los policías se defendió y pidió la excarcelación

El sargento Mario Enrique M. (43), uno de los dos policías detenidos en la causa que investiga delitos de grooming en perjuicio de una niña de 12 años que se encontraba cautiva en una fábrica abandonada de Garupá, aceptó declarar ante la Justicia este sábado y se dijo absolutamente inocente, desligándose de los hechos y negando conocer a los demás involucrados.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, al momento de comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Uno por subrogancia legal, el uniformado tomó la decisión de declarar y brindó su versión de los hechos, descartando su participación en el hecho investigado.
Las fuentes de este medio señalaron que en el desarrollo de su declaración el sargento afirmó que el domingo 12 de octubre, día en que se reporta la desaparición de las niñas del hogar Papa Francisco y en que presuntamente son trasladadas al galpón de Garupá, él estuvo todo el día en su casa junto a su familia dado que estaba de franco.
Agregó que al día siguiente se presentó a trabajar normalmente en la oficina del 911 en el microcentro posadeño y más tarde cumplió adicional en la planta de una reconocida empresa de lácteos en Garupá, de donde afirmó no moverse en ningún momento. Solicitó que se revisen cámaras de seguridad para que se coteje su relato.
Al día siguiente, ya martes, día en que se produjo el rescate de la niña, el uniformado llevó su auto al taller y llegó un poco más tarde a su trabajo con autorización de la Jefatura. Poco después terminó siendo detenido y en esa condición continúa, aunque su defensa legal, encabezada por el letrado Nicolás Emanuel Zayas, solicitó la excarcelación, lo cual podría resolverse en los próximos días.
Más implicados
En paralelo, la investigación continuará su curso. Este sábado también comparecieron ante el juez Monte los otros cuatro implicados que fueron detenidos el martes pasado. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y Matías C. (19).
Los tres primeros fueron capturados en el interior de la fábrica abandonada de la ex firma Envasadora Misionera, donde también fue encontrada y rescatada la niña de 12 años que estaba desaparecida desde el domingo. El restante implicado trabaja en una gomería de la zona y se cree que él tuvo alojada en ese lugar a la otra menor que logró escapar para llegar a la comisaría Quinta pidiendo auxilio.
La causa tiene un sexto implicado. Se trata de Cristian Rolando M. (38), otro agente de la Policía de Misiones que está sospechado de cometer hechos de abuso contra la misma niña.
El sargento fue detenido el viernes a la madrugada, cuando se entregó en el antiguo edificio de la seccional Quinta de Garupá. Su indagatoria fue programada para el lunes.
Todas las capturas se dieron gracias a un trabajo articulado entre la propia fuerza provincial y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), con coordinación conjunta entre el procurador general Carlos Giménez, el juez Juan Manuel Monte, el fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche y el subjefe de la Saic Juan Pablo Vedoya Recio.
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