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Si los famosos cuadernos no aparecen, ¿la causa se cae?
El jueves no pudieron encontrarlos. Centeno aún espera que lo acepten como arrepentido, teóricamente escribió durante años de chofer de un valijero K sus viajes por una Buenos Aires que parecía no mirarlo. Centeno acordó con uno de los fiscales de mayor experiencia en tribunales, Carlos Stornelli, que aceptaba autoinculparse en esa trama que admitió como delictiva bajo la figura legal de “imputado colaborador”. Centeno es un “arrepentido”, según la jerga de un lugar que tanto conoce: la calle.
El juez de la causa de los millones viajeros, Claudio Bonadio, deberá homologar el acuerdo del remisero con el fiscal para que el chofer sea oficialmente un delator con beneficios que le otorgará la Justicia. Pero Centeno no es inocente. Él mismo le afirmó a Stornelli cuál fue su rol en lo que fiscal considera que se trató de una asociación ilícita para recaudar coimas en dólares que pagaban empresarios a dos ex presidentes, Néstor y Cristina Kirchner.
¿Donde están los cuadernos? La Justicia tiene copias y acreditó con pruebas de formatos variables la existencia de los hechos que contó Centeno. Ya no importa si él escribió a mano alzada sus aventuras financieras, delictivas, con Baratta. Eran palabras escritas por él. Ahora son palabras que él le dijo a un fiscal federal, que complican su situación procesal, y que se leen desde el jueves en un expediente judicial.
¿Importa que los cuadernos originales ahora no aparezcan?
Por supuesto. Centeno deberá explicarle a Bonadio por qué le dijo a un fiscal que él los tenía en su casa y allí no estaban más. Esta pérdida no le hace perder gravedad al expediente del chofer. Ya confesó cosas que pueden llevarlo a prisión si no se confirman. O a la bancarrota total: si se demuestra que finalmente acusó ante la Justicia, pero sin sustento, a empresarios con poder y dinero, y ex funcionarios -incluidos un jefe de Gabinete, una Presidenta o ex jefe de la Inteligencia. Si se sintieran agraviados por mentiras podrían iniciarle a Centeno demandas civiles por cifras millonarias.
Creer que el “arrepentimiento” de Centeno lo beneficia (deberá vivir con custodia permanente porque su vida será considerada bajo riesgo de ataque, entre otras cosas), es como leer al revés. ¿Que gana Centeno con confesar posibles delitos que no podría probar? ¿Importa si anotó en cuadernos, que el jueves se supo que se “perdieron”, todo aquello que después declaró ante el fiscal del caso?
Buena parte de sus dichos ante el fiscal coinciden con pruebas del expediente, que muy pocos conocen, porque se tramita bajo secreto de sumario. ¿Los cuadernos de Centeno era las únicas pruebas con las que Bonadio y Stornelli detuvieron a empresarios exitosos? El juez espera que el chofer entregue más datos para considerarlo como arrepentido. Habría mucho más material comprometedor para los detenidos por la Justicia. Las copias de los cuadernos extraviados ayudaron a los investigadores a recolectar ese material en formatos múltiples.
Sus carreras se terminarían de inmediato si el trabajo que llevan adelante hace meses fuera la nada misma.
Quizás la súbita desaparición de los cuadernos podría ser leída, en el sentido figurado, al revés.
¿Quien se los llevó y por qué?
¿Y si la Justicia los busca?
¿Y si los encuentran?
Nacería otra “estrella”: el autor de ese “robo” debería explicar por qué lo cometió.
¿Y si fuera alguien vinculado a la política?
El caso de las valijas con millones transportadas a los K, según la confesión de Centeno, escalaría en gravedad.
Ninguno de los empresarios detenidos quiso declarar ante la Justicia.
Otros, como el ex presidente de la Cámara argentina de la Construcción, Carlos Wagner, estuvo prófugo un día. La negativa a declarar de estos hombres que saben mandar e imponerse sobre otros, fue consejo de sus abogados. ¿Por qué callarse si son absolutamente inocentes y nada pero nada tuvieron que ver con la explosión de millones ilegales que generaron los negocios de la energía o la obra pública K? Es una pregunta que solo pueden responder cada uno de ellos.
La Municipalidad de Berazategui, al mando de Patricio Mussi, que no tiene por qué compararse a la gestión de su padre, un peronista de larga militancia, Juan José Mussi, informó que el remisero Centeno formaba parte de los empleados estatales de ese municipio. La noticia que dieron las autoridades políticas de ese distrito es que el ahora “arrepentido” fue despedido, aunque solo sería un “contratado”, y no pertenecería a la planta estable de la Municipalidad.
¿Por que Centeno se quedó sin ese trabajo? Todos los ciudadanos argentinos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La explicación del municipio de Berazategui fue extraordinaria.
Según consignó en base a fuentes del oficialismo local, el chofer fue echado porque el miércoles no fue a trabajar. La Municipalidad de Mussi hijo explicó que no podía constatar si también había faltado el lunes y martes pasado. La comuna confirmó que el miércoles pasado, Centeno incumplió con sus obligaciones profesionales. Fue justo el día en que se supo que fue detenido en la madrugada, y por qué. Su nombre y su cara aparecieron toda esa jornada eléctrica para la política en cientos de medios argentinos, audiovisuales, gráficos, en las redes sociales, portales. E incluso en la prensa extranjera. Erráticos y misteriosos los argumentos oficiales de Berazategui sobre el despido del que se conoce como el único chofer echado de esa municipalidad en las últimas semanas.
Salvo que se lo lea al revés.
La Secretaría de Transporte dejó sin efecto el régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación, en cuya normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
De este modo, el Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.
Sin embargo, la resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, por lo que las compañías continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.
Más detalles
En los fundamentos, el gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.
En tanto, la Secretaría de Transporte argumentó que el nuevo marco regulatorio modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales, al señalar que: “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”.
La resolución también ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas.
Para acceder al beneficio se necesitará DNI y la documentación correspondiente. La reserva puede hacerse de manera online o presencial en la boletería de la empresa de transporte ingresando al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completando los datos solicitados.
La empresa debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.
En caso de que el pasajero cuente con certificado de discapacidad (no CUD) debe tener el alta como persona usuaria del sistema.
Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”
El gobierno nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN) anunció un nuevo esquema tarifario que comenzará a regir a partir de junio en doce parques nacionales. El ingreso a Cataratas tendrá un valor de $7.000 para misioneros, $20.000 para argentinos y $60.000 para extranjeros, siendo este último el ticket más caro del país.
El incremento fue oficializado este viernes mediante la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial de la Nación. En los detalles, se puede observar que la suba, en promedio, es del 86% para los argentinos, del 60% para los residentes provinciales, del 42% para los extranjeros y del 117% para estudiantes, que gozan de las tarifas más bajas.
Tras el último aumento registrado en el año 2024, a partir del 1 de junio próximo la entrada al Parque Nacional Iguazú pasará de costar $45.000 a $60.000 para extranjeros, mientras que los residentes nacionales abonarán $25.000 (cuando antes era $15.000). En tanto, los misioneros pasarán de pagar $5000 a $8000.
En cuanto al resto del país, el acceso general al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, pasó a costar $50.000 para los visitantes extranjeros. Esta suba representa un aumento del 66% respecto del anterior precio, que era de $45.000. En tanto, los residentes provinciales pagarán desde hoy $8000 en lugar de los $5000 que abonaban con anterioridad (60% más) y los argentinos del resto del país tienen una nueva tarifa de $25.000 (sufrieron un incremento del 66%).
En Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general escaló de $20.000 a $35.000 para los extranjeros, lo que representa una suba del 75%. Para visitantes nacionales, en esos mismos parques, el acceso pasó de $7000 a $15.000 (+114,3%), mientras que la categoría estudiantes aumentó de $5000 a $12.000 (+140%).
En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en cambio, el ticket para no residentes de la Argentina se mantuvo sin cambios en $40.000, aunque las demás categorías sí registraron subas: la entrada para argentinos pasó de $12.000 a $18.000 (+50%) y la estudiantil de $7000 a $12.000 (+71,4%).
Por su parte, en parques como El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas, la entrada para argentinos aumentó de $7000 a $12.000 (+71%), para extranjeros de de $20.000 a $25.000 (+25%) mientras que la tarifa para estudiantes se duplicó: pasó de $5000 a $10.000 (+100%).
Como siempre, en todos los casos, en la Argentina están exentos del pago de las tarifas los jubilados y pensionados; los niños de hasta 5 años; las visitas educativas; las personas con discapacidad; los residentes locales; las visitas protocolares; los guías y coordinadores.
Cabe recordar que a lo largo y ancho del país se encuentran distribuídos un total de 39 Parques Nacionales y 55 Áreas Protegidas Nacionales.
El Gobierno argumentó en la resolución que los incrementos generarán una “distribución más equitativa de los recursos”, de manera que el aporte de los visitantes contribuya directamente al sostenimiento y al desarrollo de esas áreas protegidas.
La norma también justifica la actualización tarifaria en la necesidad de integrar nuevas áreas al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos, además de actualizar categorías y requisitos para acceder a descuentos, particularmente en el caso de estudiantes.
Recorte a Parques Nacionales
El incremento se conoció luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, modificara el presupuesto 2026 y recortara distintas partidas. Una de ellas es para los parques nacionales, cuyo recorte es de más de $2500 millones.
Para Nahuel Huapi la quita alcanza los $191 millones. El Parque Nacional Lanín perdió $157 millones; el Parque Nacional los Alerces, $70 millones; y el Parque Nacional Tierra del Fuego, $77 millones.
Por su parte, el parque Nacional Iguazú sufrió un recorte de $41 millones, mientras que la reserva federal Campo San Juan perdería $12 millones.
En todos los casos afectará al financiamiento de obras de infraestructura ecoturística y obras de prevención y combate del fuego.
Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los datos de inflación de abril e informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,6%, mientras que el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó el 12,3%.
En tanto, el organismo precisó que, en la comparación interanual, la inflación se ubicó en el 32,4%.
Entre los rubros con mayores incrementos del mes se ubicaron Transporte (4,4%), impulsado principalmente por el aumento de combustibles, y Educación (4,2%).
A nivel de categorías, los precios Regulados encabezaron las subas con un 4,7%, debido a aumentos en transporte y electricidad. En contraste, las menores variaciones se registraron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).
Además, el Indec señaló que los precios estacionales no mostraron variación, ya que las subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.
En el desglose por regiones, el Gran Buenos Aires registró la mayor suba mensual del país con un 2,8%, seguido por el Noreste con 2,7%. En tanto, la Patagonia se ubicó en línea con el promedio nacional, ambos con un 2,6%, mientras que el Noroeste marcó un 2,5% y la región Pampeana un 2,4%. La menor variación del IPC en abril se dio en Cuyo, donde la inflación fue del 2,1%, según los datos difundidos por el Indec.
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