Judiciales
Juicio por chocar y matar: Lutz lloró, pidió perdón y adujo vista reducida
Lloró, pidió disculpas e introdujo en la historia del caso un tumor neurológico que le afecta a la vista. “Si yo hubiera conocido este problema antes, jamás hubiera manejado”, aseguró hoy Julio Werner Lutz (30) ante el Tribunal Penal Uno de Posadas en la primera audiencia del juicio oral que enfrenta por conducir en exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, chocar y matar al motociclista Fernando Vázquez (24) en agosto de 2016, circunstancias bajo las cuales fue acusado de homicidio simple, que prevé entre 8 y 25 años de prisión.
Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó minutos después de las 8.45 en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia y la palabra del único acusado se oyó pasada las 11.20, luego del cumplimiento de formalidades procesales y de la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, entre otros documentos judiciales.
Ante el tribunal, el imputado aseguró sentirse “nervioso como para responder preguntas”, pero aceptó declarar para contar su versión de los hechos.
“Quiero pedir mi más sinceras disculpas a la familia y amigos de Fernando. Fue una tragedia. Es muy doloroso, es algo que no se lo deseo a nadie, no hay un día de mi vida en que no me despierte y piense en esto. Nunca quise que esto sucediera, es una mochila, un karma que me va a seguir de por vida”, fueron las primeras palabras de Werner Lutz, que en su momento permaneció catorce meses detenido por el hecho, pero llegó en libertad a instancia de juicio.
El joven, que ahora ya es padre, recordó que esa tarde el 20 de agosto de 2016 fue a ver una exposición de autos al autódromo, donde se encontró con dos chicas y tomó “algunos tragos” de cerveza, aunque luego salió “apurado” porque ya eran cerca de las 21.30 y debía “cerrar” su local de celulares en el centro de la ciudad.
Fue en ese trayecto que ocurrió el siniestro que acabó con la vida de Vázquez, aunque la historia reconstruida por la Justicia, en base a pericias y testimonios directos, tiene marcadas diferencias al relato aportado hoy por el acusado.
Julio Werner Lutz hoy tiene 30 años. Llegó al debate en libertad.
De testimonios y pericias, al tumor en el cerebro
La plataforma fáctica sobre la cual se asienta el expediente consigna que el hecho se registró el 20 de agosto de 2016, cerca de las 21.30, sobre la ex ruta 213, casi avenida Las Américas.
En ese lugar, Vázquez esperaba la luz verde del semáforo arriba de su moto Yamaha YBR y fue embestido desde atrás por el auto Ford Fiesta Kinetic conducido por Werner Lutz, tras lo cual voló más de 100 metros hasta caer sin vida sobre el asfalto.
Dos chicas que iban como acompañantes en el auto de Werner Lutz luego declararon que el joven venía cruzando semáforos en rojo y que manejaba a una velocidad estimaba de 130 kilómetros por hora.
Las pericias efectuadas posteriormente determinaron que el rodado del imputado iba, como mínimo, a 99,5 km/h al momento del impacto, al tiempo que no se detectaron marcas de frenadas ni maniobras evasivas.
En su momento, además, las dos chicas añadieron que antes del hecho el acusado consumió cerveza y marihuana. También sostuvieron que le advirtieron al acusado sobre la presencia del motociclista sobre la arteria, aunque el implicado hizo caso omiso a todas las alertas.
Hoy, más de siete años después del hecho, el imputado se sentó frente al tribunal y desplegó su versión, aclarando que no lo había hecho anteriormente por recomendación de su antiguo abogado.
Werner Lutz expresó que “me crucé con las chicas en el autódromo, compré tres latas de cerveza y tomé unos tragos. Después vi la hora y me di cuenta que era tarde, tenía que volver a cerrar el local, entonces salí apurado”.
A partir de ahí, se adentró al momento del hecho, introduciendo también a otro vehículo en la escena. “Adelante mío iba un auto. El semáforo estaba por cambiar y yo estaba muy seguro de que el auto iba a cruzar, pero frenó y entonces pegué un volantazo. Cuando hago la maniobra impacto con algo, no sabía qué era. No caí en lo que estaba pasando, entré en shock, no podía creer porque no había visto a la moto”, narró.
Y luego, la novedad. Ya en las cuestiones preliminares su abogado, Pablo Luján, pidió incorporar al debate una serie de estudios médicos y con la declaración del imputado se entendió de qué se trataba.
Es que allí Werner Lutz contó que tiempo después de ser excarcelado fue diagnosticado con un tumor neurológico que le afectó el nervio óptico del lado izquierdo y que esto, a su vez, le redujo “campo visual periférico”.
“Cuando me entero de eso me operan y estuve una semana en terapia intensiva. El médico me dijo que esto tenía un avance evolutivo de cuatro años, es decir, que ya venía desde 2015. Si yo hubiera conocido de este problema antes jamás hubiera manejado. Mi campo visual está dañado”, lanzó.
Por último, volvió a pedir disculpas y admitió que “sé que nada va a devolver la vida de Fernando, pero ojalá algún día puedan llegar a entender lo que realmente pasó”.
El tribunal es presidido por el magistrado Gustavo Bernie (al medio).
Un perito y a la espera de más testigos
La primera jornada del debate se completó con la declaración de uno de los cuatro testigos que estaban citados hoy, ya que el resto de los testimonios fueron desistidos de común acuerdo entre las partes y serán incorporados por lectura.
De esta manera, el único en declarar esta mañana fue Juan Carlos Vázquez, licenciado en Criminalística y actual Director General de la Policía Científica de Misiones.
El perito brindó precisiones del informe pericial agregado al expediente y ratificó todas las actuaciones. Por ejemplo, sostuvo que en la escena no se detectaron marcas de frenado ni de maniobras de evasivas y afirmó que la causa del siniestro fue el “factor humano”, vinculado a un exceso de velocidad y a no respetar los semáforos.
El debate oral continuará mañana, a partir de las 8.30, nuevamente en el SUM del Palacio de Justicia, y se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre los cuales se destaca el de una de las chicas que iba como acompañante de Werner Lutz al momento del siniestro.
El juicio contra Lutz es llevado adelante por el Tribunal Penal Uno, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (por subrogancia legal). En representación del Ministerio Público Fiscal, en tanto, interviene Martín Alejandro Rau.
A diferencia de la mayoría de las causas de siniestros de viales, en este caso Werner Lutz llegó a juicio acusado de homicidio simple, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser hallado responsable.
Para la fiscalía de instrucción, de acuerdo a los elementos recolectados, quedó probado que el implicado actuó con dolo directo, es decir, que tuvo intención de matar en el hecho. Esta arista, ahora, será uno de los principales ejes de discusión.
El padre de Vázquez: “Yo no le creo”
Toda la primera audiencia del juicio fue seguida de cerca por la familia de Vázquez. Padre, madre, hermanos y amigos se acercaron al Palacio de Justicia para presenciar el proceso.
En diálogo con La Voz de Misiones, Walter, padre de la víctima, expresó que “esto no fue un accidente común. Para nosotros lo mató, lo hizo apropósito. Esto de la enfermedad es todo un invento de nuevo. Esperamos siete años el juicio y ahora recién sale a decir que está enfermo. Yo no le creo”.
“Esto a nosotros nos arruinó la vida. Él vivía con nosotros, sólo se dedicaba a trabajar y ese día fue un ‘chau pa’ hasta siempre”, agregó.
Vázquez padre admitió que confía en la fiscalía y en que se hará justicia, aunque aclaró que “nada nos dará satisfacción porque no vamos a recuperar a nuestro hijo, pero por lo menos vamos a estar tranquilos”.
Los padres de Fernando Vázquez, presentes en la primera audiencia de debate.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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