Judiciales
Juicio por chocar y matar: Lutz lloró, pidió perdón y adujo vista reducida
Lloró, pidió disculpas e introdujo en la historia del caso un tumor neurológico que le afecta a la vista. “Si yo hubiera conocido este problema antes, jamás hubiera manejado”, aseguró hoy Julio Werner Lutz (30) ante el Tribunal Penal Uno de Posadas en la primera audiencia del juicio oral que enfrenta por conducir en exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, chocar y matar al motociclista Fernando Vázquez (24) en agosto de 2016, circunstancias bajo las cuales fue acusado de homicidio simple, que prevé entre 8 y 25 años de prisión.
Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó minutos después de las 8.45 en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia y la palabra del único acusado se oyó pasada las 11.20, luego del cumplimiento de formalidades procesales y de la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, entre otros documentos judiciales.
Ante el tribunal, el imputado aseguró sentirse “nervioso como para responder preguntas”, pero aceptó declarar para contar su versión de los hechos.
“Quiero pedir mi más sinceras disculpas a la familia y amigos de Fernando. Fue una tragedia. Es muy doloroso, es algo que no se lo deseo a nadie, no hay un día de mi vida en que no me despierte y piense en esto. Nunca quise que esto sucediera, es una mochila, un karma que me va a seguir de por vida”, fueron las primeras palabras de Werner Lutz, que en su momento permaneció catorce meses detenido por el hecho, pero llegó en libertad a instancia de juicio.
El joven, que ahora ya es padre, recordó que esa tarde el 20 de agosto de 2016 fue a ver una exposición de autos al autódromo, donde se encontró con dos chicas y tomó “algunos tragos” de cerveza, aunque luego salió “apurado” porque ya eran cerca de las 21.30 y debía “cerrar” su local de celulares en el centro de la ciudad.
Fue en ese trayecto que ocurrió el siniestro que acabó con la vida de Vázquez, aunque la historia reconstruida por la Justicia, en base a pericias y testimonios directos, tiene marcadas diferencias al relato aportado hoy por el acusado.
Julio Werner Lutz hoy tiene 30 años. Llegó al debate en libertad.
De testimonios y pericias, al tumor en el cerebro
La plataforma fáctica sobre la cual se asienta el expediente consigna que el hecho se registró el 20 de agosto de 2016, cerca de las 21.30, sobre la ex ruta 213, casi avenida Las Américas.
En ese lugar, Vázquez esperaba la luz verde del semáforo arriba de su moto Yamaha YBR y fue embestido desde atrás por el auto Ford Fiesta Kinetic conducido por Werner Lutz, tras lo cual voló más de 100 metros hasta caer sin vida sobre el asfalto.
Dos chicas que iban como acompañantes en el auto de Werner Lutz luego declararon que el joven venía cruzando semáforos en rojo y que manejaba a una velocidad estimaba de 130 kilómetros por hora.
Las pericias efectuadas posteriormente determinaron que el rodado del imputado iba, como mínimo, a 99,5 km/h al momento del impacto, al tiempo que no se detectaron marcas de frenadas ni maniobras evasivas.
En su momento, además, las dos chicas añadieron que antes del hecho el acusado consumió cerveza y marihuana. También sostuvieron que le advirtieron al acusado sobre la presencia del motociclista sobre la arteria, aunque el implicado hizo caso omiso a todas las alertas.
Hoy, más de siete años después del hecho, el imputado se sentó frente al tribunal y desplegó su versión, aclarando que no lo había hecho anteriormente por recomendación de su antiguo abogado.
Werner Lutz expresó que “me crucé con las chicas en el autódromo, compré tres latas de cerveza y tomé unos tragos. Después vi la hora y me di cuenta que era tarde, tenía que volver a cerrar el local, entonces salí apurado”.
A partir de ahí, se adentró al momento del hecho, introduciendo también a otro vehículo en la escena. “Adelante mío iba un auto. El semáforo estaba por cambiar y yo estaba muy seguro de que el auto iba a cruzar, pero frenó y entonces pegué un volantazo. Cuando hago la maniobra impacto con algo, no sabía qué era. No caí en lo que estaba pasando, entré en shock, no podía creer porque no había visto a la moto”, narró.
Y luego, la novedad. Ya en las cuestiones preliminares su abogado, Pablo Luján, pidió incorporar al debate una serie de estudios médicos y con la declaración del imputado se entendió de qué se trataba.
Es que allí Werner Lutz contó que tiempo después de ser excarcelado fue diagnosticado con un tumor neurológico que le afectó el nervio óptico del lado izquierdo y que esto, a su vez, le redujo “campo visual periférico”.
“Cuando me entero de eso me operan y estuve una semana en terapia intensiva. El médico me dijo que esto tenía un avance evolutivo de cuatro años, es decir, que ya venía desde 2015. Si yo hubiera conocido de este problema antes jamás hubiera manejado. Mi campo visual está dañado”, lanzó.
Por último, volvió a pedir disculpas y admitió que “sé que nada va a devolver la vida de Fernando, pero ojalá algún día puedan llegar a entender lo que realmente pasó”.
El tribunal es presidido por el magistrado Gustavo Bernie (al medio).
Un perito y a la espera de más testigos
La primera jornada del debate se completó con la declaración de uno de los cuatro testigos que estaban citados hoy, ya que el resto de los testimonios fueron desistidos de común acuerdo entre las partes y serán incorporados por lectura.
De esta manera, el único en declarar esta mañana fue Juan Carlos Vázquez, licenciado en Criminalística y actual Director General de la Policía Científica de Misiones.
El perito brindó precisiones del informe pericial agregado al expediente y ratificó todas las actuaciones. Por ejemplo, sostuvo que en la escena no se detectaron marcas de frenado ni de maniobras de evasivas y afirmó que la causa del siniestro fue el “factor humano”, vinculado a un exceso de velocidad y a no respetar los semáforos.
El debate oral continuará mañana, a partir de las 8.30, nuevamente en el SUM del Palacio de Justicia, y se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre los cuales se destaca el de una de las chicas que iba como acompañante de Werner Lutz al momento del siniestro.
El juicio contra Lutz es llevado adelante por el Tribunal Penal Uno, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (por subrogancia legal). En representación del Ministerio Público Fiscal, en tanto, interviene Martín Alejandro Rau.
A diferencia de la mayoría de las causas de siniestros de viales, en este caso Werner Lutz llegó a juicio acusado de homicidio simple, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser hallado responsable.
Para la fiscalía de instrucción, de acuerdo a los elementos recolectados, quedó probado que el implicado actuó con dolo directo, es decir, que tuvo intención de matar en el hecho. Esta arista, ahora, será uno de los principales ejes de discusión.
El padre de Vázquez: “Yo no le creo”
Toda la primera audiencia del juicio fue seguida de cerca por la familia de Vázquez. Padre, madre, hermanos y amigos se acercaron al Palacio de Justicia para presenciar el proceso.
En diálogo con La Voz de Misiones, Walter, padre de la víctima, expresó que “esto no fue un accidente común. Para nosotros lo mató, lo hizo apropósito. Esto de la enfermedad es todo un invento de nuevo. Esperamos siete años el juicio y ahora recién sale a decir que está enfermo. Yo no le creo”.
“Esto a nosotros nos arruinó la vida. Él vivía con nosotros, sólo se dedicaba a trabajar y ese día fue un ‘chau pa’ hasta siempre”, agregó.
Vázquez padre admitió que confía en la fiscalía y en que se hará justicia, aunque aclaró que “nada nos dará satisfacción porque no vamos a recuperar a nuestro hijo, pero por lo menos vamos a estar tranquilos”.
Los padres de Fernando Vázquez, presentes en la primera audiencia de debate.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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