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Juicio a ex gendarmes por contrabando de granos comienza el 23 de abril

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Los ex gendarmes Marco Antonio Duette (53) y Ricardo Fabián Gómez (50) se sentaron hoy en el banquillo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas como acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en la provincia, aunque el juicio oral en sus contra comenzará formalmente el próximo 23 de abril.

La postergación del arranque previsto para hoy obedeció a que los otros dos imputados que debían estar a su lado, el cooperativista Juan Carlos Skavinsky y el empresario automotor Marcelo Da Silva, se encuentran en tratativas de juicio abreviado.

Dicha vía fue adoptada por otros ochos imputados en el mismo expediente, entre ellos el empresario Santiago Marino, uno de los sindicados “popes” de la organización desmantelada en 2021 y quien incluso en 2023 se presentó como candidato a intendente para la localidad de Mojón Grande.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en un acuerdo alcanzado con la fiscalía Marino admitió su responsabilidad en el caso y aceptó ser condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la participación de un agente de las fuerzas de seguridad, en concurso real con partícipe de asociación ilícita y autor de cohecho activo”.

De esta manera, quienes restan responder ante la Justicia por los mismos delitos son Duette, que al momento del hecho era jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería y Gómez, que cumplía servicios en esa misma dependencia. La calificación contra ambos además suma una acusación por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los ex centinelas de la patria hoy estuvieron presentes en la sala de debates del tribunal posadeño, se mostraron reacios al trabajo de los reporteros gráficos presentes y se retiraron del recinto esposados y escoltados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El inicio del debate quedó trunco hoy se pasó entonces para el próximo 23 de abril, instancia en la cual se procederá a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, entre otros documentos, y se le dará a los imputados la oportunidad de declarar ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Víctor Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco), como subrograntes y conectados de manera remota desde sus respectivos despachos.

La fiscalía está representada por Pablo Di Loreto y Gabriela Acususo, en tanto que como querellantes intervienen las letradas Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado en representación de Arca (ex Afip).

Los ex gendarmes, por su parte, son defendidos por el abogado particular Carlos Larraburu. En la breve audiencia de hoy, el letrado solicitó que sus defendidos puedan seguir el debate en forma virtual, pedido que fue desestimado por el tribunal, cuyos magistrados notificaron de una resolución de misma índole emitida días atrás.

Los acusados se retiraron esposados y bajo custodia de la PSA.

Mega operativo

La causa que se ventilará en debate oral data del 5 de noviembre de 2021, cuando el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Gallandat Luzuriaga, consideró que luego de diez meses de investigación era el momento oportuno para actuar contra una compleja organización dedicada al contrabando de granos, pesquisa que incluyó seguimientos encubiertos y escuchas telefónicas.

La maniobra consistía en trasladar granos (soja y maíz) desde provincias como Santiago del Estero, Chaco y Córdoba, entre otras, hacia Misiones para exportarlas hacia Brasil por pasos no habilitados en localidades como El Soberbio, Colonia Alicia o Colonia Aurora, evadiendo los correspondientes controles aduaneros y tributarios.

Los procedimientos de aquel entonces se ejecutaron con la intervención de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y con colaboración de la Dirección General de Aduanas.

Los operativos se realizaron en Oberá, El Soberbio, Panambí, Apóstoles, San Javier, Colonia Aurora, Mojón Grande y Florentino Ameghino, y culminaron con un importante saldo: 298 toneladas de soja secuestradas, 17 toneladas de maíz, 32 vehículos, 7 armas de fuego, 7 millones de pesos y 50.000 dólares, además de celulares, computadoras y una máquina de contar billetes.

Al margen de esos decomisos, la trascendencia del golpe también estuvo marcada por el número de detenidos: siete en ese momento, aunque el número ascendió con el avance del expediente.

Entre esos primeros siete apresados estaban Marino y Duette, dos de los implicados con mayor preponderancia en la estructura.

Conforme al avance de la causa, todos fueron procesados con prisión preventiva e incluso algunos, entre ellos Duette, llegó a ser alojado en una dependencia de la PSA en Rosario.

El empresario estuvo preso hasta octubre de 2022, cuando fue beneficiado con una excarcelación bajo caución de 20 millones de pesos que cubrió con una propiedad, mientras que el ex jefe de GNA accedió a una prisión domiciliaria a comienzos de 2023.

Pablo Di Loreto es el fiscal del caso y como querellantes hacia representantes legales de Arca (ex Afip).

Conexión

Según se desprende de la pesquisa, a Duette se lo acusa, principalmente, de liberar rutas para que los camiones cargados con granos de contrabando pudieran circular sin inconvenientes hasta las costas del río Uruguay, para luego ser cruzadas ilegalmente a Brasil.

Todas esas cargas, estima la investigación, eran propiedad de Marino, de quien se registran escuchas telefónicas con Duette.

En uno de los fallos de la Cámara de Apelaciones, dictado en diciembre de 2022 para confirmar una prórroga de prisión preventiva del ex uniformado, los magistrados intervinientes expusieron como prueba una serie de transcripciones telefónicas.

Según aseguran, en las escuchas se evidencia la complicidad de Duette con Marino para despejar el camino para el contrabando de soja o tomar represalias con subalternos que complicaban la operación con procedimientos.

En una de esas conversaciones, surge que Duette tenía dos camiones retenidos y, antes de avanzar, consultó con Marino si eran suyos o no.

El empresario respondió que no y le envió a su contacto en la fuerza federal los datos de los camiones que sí correspondían a su flota, para que pudieran pasar controles sin ser demorados.

“Ya te paso la info Afip, así tenés los datos correctos, los míos van a Colonia Aurora, nunca a El Soberbio la carta, mi planta está en ruta 221 y ruta costera 2, Alicia Alta, y yo tengo los míos, pero no son esas patentes”, envió el ex candidato a intendente y Duette respondió: “Excelente, me quedo tranquilo entonces”, según consta en el documento.

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso

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Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.

El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.

En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.

En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

 

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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso

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El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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