Judiciales
Juicio a ex gendarmes por contrabando de granos comienza el 23 de abril

Los ex gendarmes Marco Antonio Duette (53) y Ricardo Fabián Gómez (50) se sentaron hoy en el banquillo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas como acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en la provincia, aunque el juicio oral en sus contra comenzará formalmente el próximo 23 de abril.
La postergación del arranque previsto para hoy obedeció a que los otros dos imputados que debían estar a su lado, el cooperativista Juan Carlos Skavinsky y el empresario automotor Marcelo Da Silva, se encuentran en tratativas de juicio abreviado.
Dicha vía fue adoptada por otros ochos imputados en el mismo expediente, entre ellos el empresario Santiago Marino, uno de los sindicados “popes” de la organización desmantelada en 2021 y quien incluso en 2023 se presentó como candidato a intendente para la localidad de Mojón Grande.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en un acuerdo alcanzado con la fiscalía Marino admitió su responsabilidad en el caso y aceptó ser condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de “contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y por la participación de un agente de las fuerzas de seguridad, en concurso real con partícipe de asociación ilícita y autor de cohecho activo”.
De esta manera, quienes restan responder ante la Justicia por los mismos delitos son Duette, que al momento del hecho era jefe del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería y Gómez, que cumplía servicios en esa misma dependencia. La calificación contra ambos además suma una acusación por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los ex centinelas de la patria hoy estuvieron presentes en la sala de debates del tribunal posadeño, se mostraron reacios al trabajo de los reporteros gráficos presentes y se retiraron del recinto esposados y escoltados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El inicio del debate quedó trunco hoy se pasó entonces para el próximo 23 de abril, instancia en la cual se procederá a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, entre otros documentos, y se le dará a los imputados la oportunidad de declarar ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Víctor Alonso (Corrientes) y Juan Manuel Iglesias (Chaco), como subrograntes y conectados de manera remota desde sus respectivos despachos.
La fiscalía está representada por Pablo Di Loreto y Gabriela Acususo, en tanto que como querellantes intervienen las letradas Rossana Sienra y Yamila Soledad Amado en representación de Arca (ex Afip).
Los ex gendarmes, por su parte, son defendidos por el abogado particular Carlos Larraburu. En la breve audiencia de hoy, el letrado solicitó que sus defendidos puedan seguir el debate en forma virtual, pedido que fue desestimado por el tribunal, cuyos magistrados notificaron de una resolución de misma índole emitida días atrás.

Los acusados se retiraron esposados y bajo custodia de la PSA.
Mega operativo
La causa que se ventilará en debate oral data del 5 de noviembre de 2021, cuando el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Alejandro Gallandat Luzuriaga, consideró que luego de diez meses de investigación era el momento oportuno para actuar contra una compleja organización dedicada al contrabando de granos, pesquisa que incluyó seguimientos encubiertos y escuchas telefónicas.
La maniobra consistía en trasladar granos (soja y maíz) desde provincias como Santiago del Estero, Chaco y Córdoba, entre otras, hacia Misiones para exportarlas hacia Brasil por pasos no habilitados en localidades como El Soberbio, Colonia Alicia o Colonia Aurora, evadiendo los correspondientes controles aduaneros y tributarios.
Los procedimientos de aquel entonces se ejecutaron con la intervención de los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y con colaboración de la Dirección General de Aduanas.
Los operativos se realizaron en Oberá, El Soberbio, Panambí, Apóstoles, San Javier, Colonia Aurora, Mojón Grande y Florentino Ameghino, y culminaron con un importante saldo: 298 toneladas de soja secuestradas, 17 toneladas de maíz, 32 vehículos, 7 armas de fuego, 7 millones de pesos y 50.000 dólares, además de celulares, computadoras y una máquina de contar billetes.
Al margen de esos decomisos, la trascendencia del golpe también estuvo marcada por el número de detenidos: siete en ese momento, aunque el número ascendió con el avance del expediente.
Entre esos primeros siete apresados estaban Marino y Duette, dos de los implicados con mayor preponderancia en la estructura.
Conforme al avance de la causa, todos fueron procesados con prisión preventiva e incluso algunos, entre ellos Duette, llegó a ser alojado en una dependencia de la PSA en Rosario.
El empresario estuvo preso hasta octubre de 2022, cuando fue beneficiado con una excarcelación bajo caución de 20 millones de pesos que cubrió con una propiedad, mientras que el ex jefe de GNA accedió a una prisión domiciliaria a comienzos de 2023.

Pablo Di Loreto es el fiscal del caso y como querellantes hacia representantes legales de Arca (ex Afip).
Conexión
Según se desprende de la pesquisa, a Duette se lo acusa, principalmente, de liberar rutas para que los camiones cargados con granos de contrabando pudieran circular sin inconvenientes hasta las costas del río Uruguay, para luego ser cruzadas ilegalmente a Brasil.
Todas esas cargas, estima la investigación, eran propiedad de Marino, de quien se registran escuchas telefónicas con Duette.
En uno de los fallos de la Cámara de Apelaciones, dictado en diciembre de 2022 para confirmar una prórroga de prisión preventiva del ex uniformado, los magistrados intervinientes expusieron como prueba una serie de transcripciones telefónicas.
Según aseguran, en las escuchas se evidencia la complicidad de Duette con Marino para despejar el camino para el contrabando de soja o tomar represalias con subalternos que complicaban la operación con procedimientos.
En una de esas conversaciones, surge que Duette tenía dos camiones retenidos y, antes de avanzar, consultó con Marino si eran suyos o no.
El empresario respondió que no y le envió a su contacto en la fuerza federal los datos de los camiones que sí correspondían a su flota, para que pudieran pasar controles sin ser demorados.
“Ya te paso la info Afip, así tenés los datos correctos, los míos van a Colonia Aurora, nunca a El Soberbio la carta, mi planta está en ruta 221 y ruta costera 2, Alicia Alta, y yo tengo los míos, pero no son esas patentes”, envió el ex candidato a intendente y Duette respondió: “Excelente, me quedo tranquilo entonces”, según consta en el documento.
Judiciales
Misionero acusado de liderar red de pedofilia irá a juicio el 27 de agosto

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un último planteo presentado por el ex Gran Hermano Marcelo Corazza y confirmó para el 27 de agosto el inicio de las audiencias del debate oral donde se lo juzgará junto a otros cuatro acusados, entre ellos dos misioneros, de integrar una red de trata y pedofilia que captaba víctimas en la tierra colorada.
Los misioneros imputados en esta causa son Francisco Rolando “Rolo” Angelotti Notarbartolo (48), sindicado líder de la organización, y su ladero Leandro Aguiar. Los demás involucrados son Andrés Fernando Charpenet (46) y Raúl Ignacio Mermet (44), además del ya mencionado Corazza, que fue el primer ganador del reality Gran Hermano.
Justamente, el ex GH, quien a diferencia del resto de los imputados se encuentra excarcelado, fue quien presentó un escrito que buscaba suspender el inicio de las audiencias, pero el máximo tribunal penal federal del país desestimó el recurso defensivo por “improcedente”.
La resolución fue firmada en las últimas horas los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes además ratificaron el inicio del juicio previsto para el próximo 27 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 3 de Caba, con sede en Comodoro Py 2002.
En esa instancia, los involucrados deberán responder como acusados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”.

Aguiar y Notarbartolo, los dos misioneros imputados en la causa que llega a juicio.
Operativo, ardid y escuchas
Cuatro de los involucrados fueron arrestados el 20 de marzo de 2023 tras tras una serie de operativos simultáneos ejecutados en Oberá, donde Angelotti residía, y en diferentes puntos de Buenos Aires.
En el requerimiento de elevación de juicio oral de la causa, los fiscales Carlos Rívolo y Alejandro Mángano sostuvieron que en base a la información recolectada surge “indubitablemente” que los cinco imputados conformaron “una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.
En la pesquisa global se analizaron al menos 100 horas de escuchas telefónicas y las transcripciones de esas conversaciones dan cuenta del modus operandi de Angelotti y otros dos imputados: Charpenet y Mermet.
De ese contenido se desprende, por ejemplo, esta conversación:
– Angelotti: Le dije escuchame… Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (…) Mañana cumple “16″ viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: “Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: “Bueno dale, dale, sí de una jaja…”.
– Charpenet: jajaja, claro!
– Angelotti: Olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?
– Charpenet: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajaja.
– Angelotti: Ah sí, me dijiste, te arreglaste con él.
– Charpenet: Ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.
Luego, aparece otro fragmento donde Angelotti se jacta de sus encuentros con menores de edad.
Esa conversación se da con una persona identificada como “G”, donde se refieren a una fiesta y a sus invitados. Allí, “G” le cuestiona al misionero por estar con menores de edad, pero Angelotti retruca: “Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”.

Marcelo Corazza, ganador del primer GH, es el único que aguarda el juicio en libertad.
Los funcionarios judiciales además reconstruyeron que las maniobras delictivas se desarrollaron al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando fueron detenidos mediante los allanamientos ejecutados.
Los fiscales consideran que las pruebas reunidas demuestran que para captar a las víctimas Angelotti se apoyaba en maniobras de seducción y engaño utilizando aplicaciones de citas.
En ese rol también ubicaron más tarde a Leandro Aguiar, un ladero de Angelotti que fue detenido en agosto de 2024 tras un allanamiento concretado en el barrio Yacyretá de Posadas.
Y en el avance de la pesquisa, el misionero, que en Oberá primero tuvo un ciber, luego administró unos boliches y finalmente ofrecía un pizzas a domicilio, e incluso participó como chef jurado en un torneo de asado, también acumuló acusaciones por abusos sexuales perpetrados contra varios de los mismos chicos que a su vez entregaba a los clientes de la red.
Preventiva a Angelotti: asociación ilícita, trata, abuso y pedofilia
Judiciales
Pidió el desalojo de su mamá en el microcentro y la Justicia lo rechazó

El Juzgado Civil y Comercial Dos de Posadas falló en contra de un pedido de desalojo presentado por un hombre que mantiene una disputa con su madre por el inmueble donde reside la mujer de 75 años en el microcentro de la ciudad.
El fallo que desestima la acción de desalojo fue firmado este lunes por la magistrada Silvina Inés Bacigalupi, quien consideró improcedente el pedido formulado en razón de que la mujer señalada reside en esa propiedad con autorización de otra hija que figura como copropietaria del lugar, entre otros argumentos.
La acción legal fue interpuesta por el abogado y actual presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, Jair Miguel Ángel Dib, en carácter de apoderado del ciudadano Antonio Germán Vigo (45), quien solicitó desalojar a su madre de un inmueble ubicado en calle San Lorenzo 1376, en el microcentro posadeño.
En su planteo, el demandante señaló que en primera instancia prestó el inmueble a su madre hasta que ella consiguiera un lugar donde residir, pero los años pasaron y la propiedad nunca fue restituida a pesar de los pedidos efectuados y de los intentos por conciliar un contrato de alquiler entre las partes.
También se argumentó que “ha quedado demostrada la presencia de personas extrañas habitando el inmueble sin autorización alguna del Sr. Vigo, lo que demuestra que la demandada abusó de la confianza que depositó el actor e hizo inconsultamente un cambio de uso y destino de la vivienda ya que el préstamo lo era para su uso personal y no para que ella alquilara determinadas unidades funcionales existentes”.
Respuesta y rechazo
Ante esta situación, la señora Chavez respondió la demanda efectuada por su propio hijo y lo hizo bajo la representación legal del abogado Sebastián Mieres, que presentó las pruebas de parte y expuso que su clienta cuenta con la autorización de otra hija que aparece como copropietaria del inmueble en litigio.
En el escrito de respuesta, Mieres esgrimió que el demandante “no ha acreditado su legitimación activa al bien, circunstancia por la cual su posición dentro del proceso no se halla sostenida por la prueba” y además enfatizó en que el hombre le “ha despojado de más de 17 lotes a su madre y ahora pretende despojarla del lugar en el que vive”.
Los planteos de ambas partes fueron analizados entonces por la magistrada Bacigalupi, quien resolvió rechazar el pedido de desalojo al advertir que Chávez está autorizada a ocupar el inmueble en disputa.
“El desalojo solo procedería si el ocupante estuviera menoscabando los derechos de todos los condóminos o si su permanencia no estuviera respaldada por ningún título legal. Este no es el caso, ya que la señora Chávez ha demostrado que tiene un título que justifica su ocupación”, señala la resolución a la que La Voz de Misiones tuvo acceso.
“Si bien el actor reclama su derecho a la coposesión del inmueble, lo cierto es que la situación planteada no se encuadra en los supuestos habilitantes de la acción de desalojo”, desarrolla después.
Y sobre el final explica: “Ello es así porque la demandada no ha ingresado al inmueble en calidad de intruso, precarista o sin título, sino como tenedor derivado de un contrato celebrado con una de las coposeedoras, cuya legitimidad, aunque discutible frente a la otra condómina, no ha sido objeto de análisis ni ha sido cuestionada mediante una acción que tienda a obtener la nulidad del comodato, la partición del condominio o indemnización por el uso exclusivo”.
Judiciales
Piden reconocer el crimen de Carlos Tereszecuk como de lesa humanidad

La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó que se dicte una sentencia por el derecho a la verdad en el caso del militante misionero Carlos Enrique Tereszecuk, detenido, torturado, asesinado y desaparecido en noviembre de 1976, tras su paso como preso político en la Jefatura de la Policía chaqueña.
El pedido fue formulado por el fiscal ad hoc de Derechos Humanos Diego Vigay a la jueza federal Zunilda Niremperger, con el objetivo de que se reconstruya lo sucedido y que se establezca que el misionero fue ultimado por razones políticas, declarándolo así víctima de un crimen de lesa humanidad en el marco de las acciones de terrorismo de Estado perpetrado por el régimen militar que llevó adelante un gobierno de facto en el país entre 1976 y 1983.
El requerimiento se da a raíz del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero, y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk, cuyos restos recién fueron identificados en 2018 gracias a un trabajo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los familiares de Tereszecuk acompañaron el planteo al considerar que un pronunciamiento de este tipo garantiza el derecho a la verdad con un sentido de reparación y contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Tereszecuk -al medio- junto a otros militantes misioneros.
Detenido, torturado, asesinado y desaparecido
Para la fiscalía, las pruebas recolectadas permiten reconstruir que el misionero fue secuestrado en los primeros días de noviembre de 1976 y posteriormente fue llevado a la Jefatura de la Policía de Resistencia, donde fue alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que estaba dirigido de manera conjunta entre la fuerza provincial y el Ejército Argentino.
Tereszecuk fue visto en ese lugar en pésimas condiciones de salud como consecuencia de las graves y diversas torturas padecidas. Su deterioro físico era tal que, según los testimonios recogidos, ya ni podía mantenerse en pie y necesitó ayuda hasta para bañarse.
En la segunda semana de noviembre finalmente fue asesinado y arrojado al río Paraná. Sus restos fueron encontrados días después en la costa de Empedrado y el misionero fue sepultado como NN en el cementerio local.
Los investigadores entienden que entonces que el caso Tereszecuk “su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen”.
El pronunciamiento requerido también solicita que la Justicia declare al arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una maniobra sistemática, respondiendo a un patrón común de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas durante la dictadura.
“Cuerpos desnudos, atados con alambres en manos y pies, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, reconstruye la fiscalía.

Sus restos fueron identificados en 2018 gracias al trabajo del EAAF.
Carlos Tereszecuk
Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Estudió para ser sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero abandonó la carrera.
Luego tuvo una activa militancia estudiantil y política, siendo elegido en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones y en 1975 participó de la campaña electoral del Partido Auténtico, pasando a ser secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.
Como secretario legislativo realizó un gran trabajo con representantes de gremios, comisiones barriales, colonos, tareferos, trabajadoras de casas particulares, siendo el autor de diversos proyectos de ley de protección de sus derechos.
En 1975 un operativo de efectivos de civil intentó secuestrarlo en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar, debiendo pasar a la clandestinidad.
En 1976 se refugió en Corrientes, siendo visto finalmente como detenido político y muy torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia Chaco.
Con la vuelta de la democracia su hermano Norberto Tereszecuk realizó la denuncia en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y ante el Juzgado Federal de Resistencia.
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